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29jul06
La reparación moral a las víctimas de la dictadura será una nota en el BOE
El Consejo de Ministros aprobó por fin ayer, con más de un año de retraso, la conocida como ley de memoria histórica, rebautizada con un alambicado título. Inmune a las presiones y ajeno a las expectativas suscitadas, el Gobierno ha excluido del proyecto la prometida "satisfacción jurídica" a los represaliados por el franquismo, que exigía la anulación de los consejos de guerra y otros juicios sumarísimos de la dictadura. A cambio, si lo solicitan el afectado, sus herederos o alguna institución, el Boletín Oficial Estado (BOE) publicará una escueta nota sobre la injusticia de la condena. Sin efecto jurídico alguno, por supuesto.
"Proyecto de ley de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura." Este es el ampuloso nombre de una norma que equipara a las víctimas de ambos bandos decepcionando a propios y extraños: a la izquierda, por sus carencias; y a la derecha, por su mera existencia.
Coordinadora del proyecto, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega llamó el jueves a todos los portavoces parlamentarios, incluido el popular Eduardo Zaplana, para avanzarles su contenido, inspirado por el "espíritu de concordia y conciliación", y para ofrecerles consenso en el trámite parlamentario. Su objetivo, confesó ayer, es pactar le ley "con todos los grupos". Incluso el PP.
Con 25 artículos y tres disposiciones, la norma abarca desde la reparación "moral" a las víctimas hasta las ayudas económicas, pasando por la búsqueda de fosas comunes y la sistematización de los archivos. Estas son las principales medidas:
Dos años de plazo para la rehabilitación simbólica
En su exposición de motivos y en los primeros artículos, el texto recoge "un reconocimiento general y solemne" del dolor sufrido por republicanos y nacionales durante la guerra civil, y después por los primeros bajo el yugo franquista. También alude al "carácter injusto" de los consejos de guerra y otros juicios políticos sin garantías sufridos por miles de españoles en esta etapa.
Lo que no establece el proyecto, como ya avanzó este diario, es la anulación de todas estas sentencias que califica de "injustas". Ni siquiera un mecanismo para que las revisen los tribunales. Y eso que Fernández de la Vega se comprometió en octubre del 2004 a brindar una "satisfacción jurídica" a Lluís Companys, el president de la Generalitat fusilado en 1940 en Montjuïc tras un consejo de guerra, y al resto de los represaliados por el régimen del general Francisco Franco.
Para justificar este flagrante incumplimiento, el Ejecutivo pretexta que quiere ahorrar a los ciudadanos largos y onerosos procesos judiciales, pero se escuda sobre todo en la doctrina del Tribunal Constitucional que, a su juicio, impide la aplicación retroactiva de normas aprobadas tras la Carta Magna. No es ese el criterio, sin embargo, de prestigiosos juristas como Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín y Baltasar Garzón.
A los condenados y a sus deudos solo les quedará un consuelo: que el Estado declare públicamente --si este concepto engloba al BOE-- la injusticia de las sentencias que padecieron. Durante el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley podrán solicitarlo los supervivientes, sus familias o las instituciones --la Generalitat en favor de Companys, sin ir más lejos--, y la petición será analizada primero por una comisión ministerial y, en el plazo de otros 12 meses, por una comisión de cinco expertos designados por el Congreso. En la elección de ese consejo el Gobierno ha otorgado al PP el derecho de veto, pues precisará una mayoría de tres quintos del Congreso, inalcanzable sin el concurso de los populares.
Esa reparación estrictamente "moral", como su propio adjetivo indica, no tendrá efectos jurídicos ni dará derecho a indemnización.
Compensación Económica.
Equiparación de ayudas y mejora de las pensiones
Más completo es el capítulo financiero del proyecto, fruto de un exhaustivo informe sobre las 574.000 pensiones e indemnizaciones concedidas a las víctimas desde la transición, por un importe de 16.356 millones de euros. La ley eleva a 132,86 euros la pensión de orfandad --congelada desde 1981-- y amplía el número de beneficiarios de esta ayuda y de la de viudedad, que podrán obtener los herederos de todas los fallecidos a causa de la guerra civil, aunque murieran años después, y de la posterior represión.
También mejora la indemnización por prisión --6.012 euros por los tres primeros años de cárcel y 1.202 más por cada trienio posterior--, a la que accederán, para equipararlos en derechos, los reclutados por los batallones disciplinarios. Estas ayudas estarán exentas del IRPF con efectos retroactivos, esta vez sí, desde 1999.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en la memoria económica de la ley, para sufragar estas nuevas ayudas el Estado deberá desembolsar unos 20 millones de euros, en torno a 3.324 millones de pesetas.
Los abusos policiales desde 1968 hasta 1977
Con esta iniciativa del Gobierno, los fallecidos en enfrentamientos con la policía en la etapa final del franquismo correrán mejor suerte que quienes, como Salvador Puig Antich, fueron ejecutados tras un consejo de guerra. La familia de Puig Antich seguirá sin obtener compensación alguna, pero sí percibirán 135.000 euros los descendientes de, por ejemplo, los cinco obreros que perdieron la vida a manos de la policía en la brutal represión de una manifestación en marzo de 1976 en Vitoria, que se saldó con 150 heridos.
Los beneficiarios de esta disposición serán los muertos por abusos policiales desde el 1 de enero de 1968 y hasta la amnistía del 6 de octubre de 1977. ¿Por qué en este periodo? Pues porque las víctimas del terrorismo de ETA, nacida en 1968, ya han sido indemnizadas, y por eso el Congreso pidió equiparar a las restantes para evitar agravios.
El resto de las medidas destinadas a colectivos específicos son la concesión de la doble nacionalidad a los brigadistas internacionales y una condecoración, la Gran Cruz del Mérito Civil, para las asociaciones que defienden a las víctimas del franquismo y luchan por la recuperación de la memoria histórica.
Ayuda para abrir las fosas, pero no económica
No hay cifras oficiales, pero se sabe que miles de republicanos fueron fusilados y abandonados en fosas comunes por toda España. Sin apenas ayudas, familias y asociaciones llevan muchos años buscando estas fosas y tratando de exhumarlas para identificar a los muertos mediante costosos análisis de ADN. Para su disgusto, el proyecto aprobado ayer no satisface sus reivindicaciones, pues solo establece que las administraciones estarán obligadas a "facilitar" la búsqueda de estos osarios, pero no a sufragar la identificación de los restos. A lo sumo, podrán conceder subvenciones a quienes las pidan, algo que ya pueden hacer ahora. Antes de autorizar una exhumación, los ayuntamientos deberán atender tanto a los afectados que la soliciten como a quienes la rechacen.
La Memoria Documental
Digitalización de archivos y un centro para Salamanca
A raíz de la polémica desatada por la devolución a Catalunya de los papeles de Salamanca, incautados a la Generalitat durante la guerra civil, el Gobierno intentó compensar a esta ciudad castellana con la promesa de instituir en el Archivo Nacional de la Guerra Civil un Centro Documental de la Memoria. Ahora se funda por ley este centro y se apuesta por la próxima digitalización de todos los archivos históricos de España.
[Fuente: El Periódico, Barcelona, 29jul06]
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