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06jun14
Los jueces votarán el día 26 incorporar a su ley el aforamiento de Juan Carlos y Sofía
El Consejo General del Poder Judicial va a plantear incorporar en su informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial el aforamiento de los reyes abdicados. En el proyecto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se incluye entre los nuevos aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y a los Príncipes. Claro está que esto se propuso antes de conocerse la abdicación de Don Juan Carlos, quien hasta ahora no necesitaba de tal fuero porque era inimputable y, por tanto, jamás podía ser juzgado.
Sin embargo, con la abdicación ya presentada, la reforma de la ley queda coja porque los todavía Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, quedan desprotegidos, es decir, que si no hay ningún cambio cualquier juzgado puede actuar contra ellos por hechos que puedan cometerse tras la abdicación. Por eso, alguno de los vocales de la Comisión Permanente va a plantear que se incorpore a los reyes abdicados a los protegidos por el aforamiento ante el Alto Tribunal, según ha podido saber El Confidencial.
La propuesta de la Comisión Permanente tiene que ser votada posteriormente por todo el pleno del órgano que regula los jueces y que está convocado para el próximo 26 de junio. Esta propuesta se incluirá entre otras muchas sobre el texto de Gallardón, en la que no quedará exenta una crítica al elevado número de miembros aforados. Estas fuentes explican que en el caso de los reyes salientes, reina y príncipes, este privilegio tiene sentido pero no el de los 10.000 aforados que existen actualmente en este país.
El CGPJ dio traslado a toda la carrera judicial para que hicieran propuestas a la norma. Llegaron más de 1.400 aportaciones que, según fuentes del órgano, se están analizando e incorporando al informe que se presentará al pleno para su votación.
Por su parte, el Consejo Fiscal también tiene convocado para el próximo día 13 un pleno para debatir el informe que se va a entregar a Justicia sobre a la reforma de la norma. Precisamente, ayer mismo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce -que preside el Consejo Fiscal- defendió públicamente que alguien como el Rey, que ha representado la máxima instancia del Estado, "debe tener una consideración especial" una vez que deje el cargo, porque tiene una carga simbólica y real, aunque subrayó que es decisión del Gobierno y del Parlamento aforar o no a Don Juan Carlos cuando se haga efectiva su abdicación.
Fuero para privilegiados
Antes de la abdicación del Rey, desde la carrera judicial se sentía que había pocas posibilidades de que la reforma de la LOPJ fuera finalmente aprobada. Por un lado, ha sido un texto muy criticado por gran parte de los miembros de la carrera y, por otro lado, se veía que en clave electoral iba a ser un error para el PP sacar adelante esta ley. Entre otros puntos conflictivos, Ruiz-Gallardón apuesta por la creación de los tribunales provinciales de instancia con sede en las capitales de provincia, aunque no se descarta también en ciudades de tamaño significativo. Esto supone la eliminación de los juzgados de los pueblos, lo que obligará a los ciudadanos a desplazarse a la capital de su provincia siempre que tengan que acudir ante la Justicia. Este cambio tiene muy mala venta para los alcaldes, quienes en un año se presentan a las elecciones municipales y autonómicas.
Sin embargo, con la salida de Don Juan Carlos del trono, la ley apremia porque hasta que no se apruebe el monarca queda sin ningún tipo de blindaje judicial.
El asunto de los aforamientos ha sido muy criticado por toda la carrera judicial, que comprobó que con la nueva ley presentada por el Ministerio de Justicia no se buscaba una solución a unos privilegios que muchos jueces y fiscales consideran desproporcionados. Es más, en la junta de fiscales del Tribunal Supremo se expuso la necesidad de la supresión de los aforamientos, aunque reconocen que su eliminación total es imposible porque esta prerrogativa está reconocida en la Constitución. A su juicio, este privilegio es una "anomalía histórica" que debe restringirse al máximo, ya que atenta contra el principio de igualdad de trato ante la ley, también recogido en la Carta Magna, "constituyéndose en un privilegio procesal cada vez más intolerable".
En esa reunión, que refleja el sentir de muchos miembros tanto de la carrera judicial como fiscal, se explicó que el aforamiento es un privilegio de los poderosos. Las causas penales contra aforados no pueden investigarse con un mínimo de rigor porque el juez instructor, al tratarse de un aforado, tiene un freno a su investigación por razón de competencia "objetiva", "que, en el fondo, es lo más subjetivo que existe", analizaban estos fiscales.
Otro de los problemas de los aforamientos es que los tribunales que estudian estas causas, es decir, los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo, son "más sensibles" a las presiones de los propios aforados.
Críticas iniciales
Cuando el Consejo de Ministros aprobó esta reforma, las críticas por aumentar el aforamiento a la Reina y a los Príncipes no tardaron en surgir. Desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD) se dijo que en España "ya hay un número desproporcionado de personas con foro" y consideraba que no tiene sentido aumentarlo, menos aún en un momento en el que se está investigando a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, por el juez de Palma José Castro, dentro de la pieza separada conocida como caso Nóos. Según explicaban entonces, el aforamiento es una medida anticuada y no debería seguir existiendo en un país con un Estado de derecho "consolidado" y donde los tribunales son independientes y, por lo tanto, uno ordinario puede juzgar a "cualquier miembro de la Casa Real".
En la misma línea, la asociación judicial Foro Judicial Independiente sostiene que establecer tribunales autónomos en función de la calidad de las personas va en contra del principio de igualdad. Desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura sí se defendieron estos nuevos aforamientos porque tanto la Reina como los Príncipes representan a una institución "de alto valor para la nación" y por ello los pronunciamientos judiciales que les afecten deben ser "sólidos" y "sin ninguna posibilidad de modificación ulterior"
[Fuente: Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 06jun14]
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