Equipo Nizkor - La Fiscalía estudia, tres años después, el cierre de las investigaciones al emérito.

La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que ya no se puede seguir alargando más las investigaciones al rey emérito por sus fondos no declarados en el extranjero. Las primeras diligencias se abrieron en diciembre de 2018. Se va a cumplir tres años desde que el ministerio público le tiene la lupa puesta sin llegar a una conclusión determinante.

En la Fiscalía se plantea desde hace tiempo dos líneas a seguir. Por un lado, quienes consideran que si no se hayan indicios suficientemente sólidos respecto de Juan Carlos I como para presentar una querella ante el Tribunal Supremo, proceder al archivo de las actuaciones.

Fuentes del ministerio público explican a La Vanguardia que todavía queda por recibir información de comisiones rogatorias libradas a distintos países. Parte de los fiscales encargados de la investigación defienden cerrar el asunto y en caso de que en un futuro se reciba nueva información que implica al rey emérito más directamente en actuaciones ilegales no prescritas, se reabra.

Sin embargo, desde el entorno próximo a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha explicado en reiteradas ocasiones que la investigación a Juan Carlos I es lenta pero necesaria para llegar a conocer la información que debe enviarse desde el extranjero. De hecho, desde dentro de la Fiscalía ha habido críticas veladas por un interés en alargar las diligencias respecto del rey emérito, perjudicando a la monarquía como institución.

Prórroga de las diligencias

La clave para que se de ahora un paso al frente es que en diciembre se debe prorrogar las diligencias. Cada seis meses, los fiscales encargados del caso deben dar una argumentación de porqué se debe continuar con una investigación no judicializada. Fuentes del ministerio público reconocen que tres años es mucho tiempo para que siga abierto el asunto sin adoptar una decisión al respecto, de archivo o presentación de querella.

El Confidencial anunciaba hoy que es cuestión de semanas que se firme el decreto de archivo de las diligencias. Actualmente, la Fiscalía mantiene abiertas tres causas, y la más problemática es la primera, la de la comisión del AVE a La Meca. En este asunto, el ministerio público ha contado con información ofrecida por el fiscal suizo Yves Bertossa, quien encontró una fundación con cuenta en el banco suizo Mirabaud, a través de la cual se recibió una transferencia de 64 millones de euros por parte del entonces rey de Arabia Saudí Abdulah bin Abdulaziz al Saud en 2008. La sospecha es que pudo ser un dinero por la intervención del emérito por la adjudicación del AVE a La Meca, aunque la versión oficial es que fue un regalo. Es dinero acabó en manos de la examina del rey, Corinna Larsen.

Sin embargo, para que la Fiscalía pueda acreditar la existencia de un delito de blanqueo de capitales y delitos fiscales necesita más datos. Para que pueda acusarle de blanqueo necesita acreditar que el origen de la donación es delictivo, por ejemplo el amaño de la adjudicación. Para eso habría que certificar que el rey saudí le pagó como intermediario del consorcio español, el beneficiario final de aquel contrato.

Todo lo que el emérito no declaró antes del 2014 no es perseguible porque entonces era jefe del Estado y, por tanto, inviolable a ojos de la justicia. Y la prescripción de los delitos fiscales es de cinco años, por lo que ya quedaría fuera de investigación lo ocurrido en el 2014 y el 2015, dado que la prescripción no queda interrumpida hasta que se presente una denuncia o querella, extremo que todavía no ha ocurrido. La clave judicial es descubrir si, después de donar el dinero a Larsen en el 2012, Juan Carlos I hizo uso de la cantidad para su beneficio personal.

El ministerio público lleva otros dos años analizando el uso por parte del monarca de unas tarjetas vinculadas a cuentas bancarias de terceros para sus gastos personales. De la investigación se desprende que esas cuentas estarían a nombre de un empresario mexicano y de un coronel del Ejército del Aire, aunque el beneficiario último sería el monarca emérito. Lo que se investiga es si se tejió un sistema para que estas personas pagaran diversos gastos y luego se les reintegraba de alguna manea, incluso desde otras cuentas en el extranjero, esas cantidades.

Ocho millones regularizados

Y por último, desde hace un año analiza una información remitida por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre un posible trust vinculado a Juan Carlos en la isla de Jersey. Fuentes de la Fiscalía reconocen que la obtención de información sobre este asunto es altamente complejo.

Y a todo esto se añade que ante las alertas por la investigación de la Fiscalía, el emérito ha realizado dos regularizaciones fiscales para evitar la persecución penal por delitos fiscales, lo que complica aún más una posible querella contra él. En total, casi ocho millones de euros regularizados por rentas no declaradas en varios ejercicios fiscales.

Estas cantidades se referirían a vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, y lo que podría entenderse como un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

06oct21

La Fiscalía estudia, tres años después, el cierre de las investigaciones al emérito

[Fuente: Por Carlota Guindal, La Vanguardia, Barcelona, 06oct21]

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