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17ene21
El PSOE rechaza investigar al Rey pese al informe a favor de los letrados del Congreso
Los servicios jurídicos del Congreso han avalado por primera vez la creación de una comisión de investigación sobre el Rey emérito, según ha podido saber este diario. El informe no es vinculante y fuentes del grupo socialista ya han avanzando a este diario que votarán en contra, por lo que tendrían mayoría en la Mesa del Congreso junto a PP y Vox para rechazar su admisión a trámite. La iniciativa respaldada por los letrados fue presentada a mediados del pasado mes de diciembre por Unidas Podemos, ERC, Grupo Plural, Bildu y Grupo Mixto para investigar "el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del Rey Emérito, con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero sobre el uso de tarjetas de crédito opacas".
La investigación se centraría así en el uso de dinero sin declarar de un empresario mexicano para pagar gastos privados, que salpica también a otros miembros de la familia de Juan Carlos I. Como adelantó este diario, sus hijas Elena y Cristina y varios de sus nietos también emplearon esos fondos durante al menos tres ejercicios fiscales para abonar desplazamientos de Uber, compras en El Corte Inglés y hasta clases de piano, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento. Por contra, las pesquisas indican que ni Felipe VI, ni la reina Letizia ni tampoco sus hijas, Leonor y Sofía, tocaron ese dinero. Más allá del Rey emérito, Froilán y Victoria Federica fueron los que más recurrieron a esta línea de financiación.
La Mesa del Congreso debatirá este miércoles la admisión o no a trámite de la propuesta que cuenta con el informe favorable de los letrados del Congreso, que hasta ahora habían informado sistemáticamente en contra de abrir estos procesos de investigación parlamentaria amparándose en la inviolabilidad de Juan Carlos I. En base a ello, la Mesa del Congreso había rechazado con los votos de PSOE, PP y Vox la admisión a trámite de este tipo de comisiones investigación, "de acuerdo con los antecedentes existentes y los informes de los letrados".
Los socialistas volverán a unir sus votos a PP y Vox para tumbar esta comisión de investigación. Entienden que este informe no cambia nada porque, según fuentes del grupo parlamentario, "el Congreso tiene sus funciones tasadas en la Constitución Española y controlar al jefe del Estado no está entre ellas, como se refleja en las sentencias repetidas del Tribunal Constitucional". Asimismo, subrayan que se trata de "un tema judicializado".
Para intentar evitar que esta comisión de investigación fuese desestimada por los servicios jurídicos del Congreso como otras anteriores, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos hicieron hincapié, en la exposición de motivos del texto registrado, en que la investigación se enmarca en hechos posteriores a la abdicación del monarca. Esto es, fuera del periodo en el que estaría protegido constitucionalmente por la inviolabilidad.
"Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponderían a los años 2016, 2017 y 2018, todos ellos posteriores a la abdicación del Rey Emérito en junio de 2014. Se informa asimismo que la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de estos fondos, cuyo origen está siendo analizando por la Fiscalía Anticorrupción", sostenían en el texto registrado.
Entre los principales hechos que se pretenden esclarecer en el improbable caso de que saliese adelante esta comisión, se cita: "Si Don Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, como indican las actuaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción, habrían usado entre los años 2016 y 2018, tarjetas opacas con cuentas ubicadas en el extranjero"; "si mediante estas tarjetas se habrían pagado abundantes cuantías de dinero en gastos propios y de otros miembros de la familia real"; "si las medidas aprobadas en materia de prevención y detección del blanqueo de capitales y de delitos fiscales son eficaces" y "si es necesario adoptar reformas normativas o aumentar las actuaciones administrativas para prevenir y perseguir estos ilícitos penales".
[Fuente: Por Iván Gil y Ángel Alonso Giménez, El Confidencial, Madrid, 17ene21]
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