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06ene16
El futuro de Cristina de Borbón dependerá de la 'doctrina Botín'
Por primera vez, una infanta de España de sentará en el banquillo de los acusados. Cristina de Borbón y Grecia deberá el próximo lunes rendir cuentas ante la Justicia por ser presuntamente cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. Sus abogados intentarán que se le aplique la 'doctrina Botín'. Sin embargo, su futuro judicial es, a día de hoy, incierto. Sólo tres personas lo conocen: Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín. Son las magistradas que la juzgarán.
La imagen que los medios de comunicación captarán el próximo 11 de enero en el polígono Son Rossinyol de Palma de Mallorca era hace tan sólo algunos años impensable en nuestro país. Una infanta de España, hija de reyes y hermana del actual rey sentada en el banquillo de los acusados para rendir cuentas ante un tribunal por haber cooperado supuestamente con su esposo a ocultar dinero al fisco.
Cristina de Borbón y Grecia se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la sala ubicada en la tercera planta de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) de la isla mallorquina. No sabemos si su paso por el banquillo será fugaz -porque el tribunal decida aplicarle la denominada 'doctrina Botín'- o si, por el contrario, la infanta deberá sentarse una y otra vez dentro de esa sala de vistas hasta el próximo mes de junio, fecha prevista para que concluya el juicio oral.
Junto a ella, serán juzgados 17 acusados más de cometer presuntamente delitos de corrupción -malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo- en el denominado caso Nóos.
Los dos principales imputados de esta macrocausa son su marido Iñaki Urdangarin y el ex socio de éste, Diego Torres. Ambos utilizaron el Instituto Nóos -una organización sin ánimo de lucro- para captar fondos públicos de administraciones como la valenciana, la balear o el Ayuntamiento de Madrid y desviarlo a través de un complejo entramado de empresas. La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión para Urdangarin y 16 y medio para Torres por "urdir y liderar" esa red de empresas a través de las que se desviaba el dinero de las distintas administraciones públicas.
La infanta, acusada de delito fiscal
Por su parte, la hermana de Felipe VI está imputada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por esposo en los años 2007 y 2008. El sindicato Manos Limpias - la única de las seis acusaciones personadas en el caso Nóos que aprecia indicios de delito en su proceder- solicita para ella una pena de ocho años de cárcel. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado -perjudicada directa del supuesto fraude fiscal- consideran a la infanta cooperadora de esos dos delitos contra la Hacienda Pública. Son dos bazas que la favorecen como acusada, junto con la posibilidad económica de ser defendida por el despacho del prestigioso constitucionalista Miquel Roca.
Sin embargo, pese a que el viento ha soplado de forma intermitente a favor de la encausada, Cristina de Borbón se topó con la constancia de un juez como José Castro que pensaba y piensa que todos los españoles somos iguales ante la ley. "Hacienda somos todos", dijo el instructor en el auto donde envió a juicio a la hermana de Felipe VI.
Debido en gran medida a la perseverancia de Castro -que agotó la instrucción hasta que demostró a la Audiencia Provincial de Palma que había indicios para juzgar a la hija de Juan Carlos I-, la infanta deberá el próximo lunes tomar asiento en la tercera fila del banquillo de los acusados. Delante tendrá a la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, y a su izquierda al asesor fiscal Salvador Trinxet. La sala de vistas estará presidida por una imagen de su hermano, el rey Felipe VI. A su espalda habrá una pequeña representación de los 590 periodistas de España y el extranjero que se han acreditado para cubrir el macrojuicio.
Casualidades del destino, la ex duquesa de Palma -cuya estrategia de defensa siempre ha sido la de ser una esposa fiel e ignorante- será juzgada por un tribunal compuesto por tres magistradas -Samantha Romero Adán (presidenta y ponente), Eleonor Moyá Rosselló y Rocío Martín- de su misma generación.
Su defensa: la 'doctrina Botín'
La estrategia que seguirán sus abogados está clara: plantearán en las cuestiones previas que se le aplique la doctrina con la que el Tribunal Supremo libró del banquillo al ex presidente del banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque se estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del supuesto delito. En el caso concreto de la infanta, acusada de dos delitos contra la Hacienda Pública, el perjudicado directo sería el Estado, representado en el caso Nóos por la Abogacía del Estado. Sin embargo, la abogada del Estado asignada a esta causa, Mercedes Ripoll, ha defendido siempre que Cristina de Borbón no ha cometido ningún delito.
En su escrito de acusación, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sostuvo que a la infanta se le debía aplicar la 'doctrina Botín' y que ésta tan solo debía prestar una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros por ser "partícipe a título lucrativo" de los fondos defraudados por el que fuera Duque de Palma. Horrach ha defendido siempre que no existen sobre la infanta indicios de haber cometido delito alguno, aunque cree que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero presuntamente defraudado a través de la empresa 'pantalla' Aizoon. De hecho, un "partícipe a título lucrativo" es aquella persona que sin haber cometido el delito se ha beneficiado sin saberlo de los "efectos" del mismo.
Si el tribunal entiende que Cristina de Borbón y Grecia es tan solo beneficiaria de los delitos cometidos por su marido, la infanta se librará de asistir en los próximos cinco meses al juicio de Nóos. Podrá enviar a un representante legal. Si por el contrario, la Sala no accede a aplicarle la doctrina Botín tendrá obligación como acusada de asistir día tras día a la vista oral. Aunque, finalmente, sea absuelta.
El tribunal, hermético
Pese a que las quinielas están servidas es difícil saber qué futuro judicial les esperan a la infanta y Urdangarin ya que el tribunal es muy hermético y está consiguiendo que no se produzcan filtraciones periodísticas. Además, cabe la posibilidad de que haya alguna sorpresa al inicio de la vista oral ya que las cuestiones previas son el momento de plantear los acuerdos de conformidad alcanzados entre el Ministerio Fiscal y los acusados aunque, según sostienen fuentes jurídicas, dichos pactos no llegarían a buen puerto si una sóla de las seis acusaciones se opusiese.
Asimismo, todas las fuentes del caso consultadas sostienen que es altamente probable que el sindicato Manos Limpias -acusación popular en el caso Nóos- vaya a rechazar cualquier conformidad con los principales acusados. Así las cosas habrá juicio y se prolongará durante meses en el polígono Son Rossinyol de Palma de Mallorca. Lo habrá con la infanta en el banquillo o sin ella.
[Fuente: Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 06ene16]
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