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07nov04
Memoria y democracia.
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Por Carmen Molinero.
A lo largo de la década de los noventa se ha producido una eclosión de la reflexión sobre la función de la memoria en la sociedad actual. Paralelamente, en diversos países europeos se han consolidado proyectos institucionales que han creado lugares de memoria, espacios en los que se conservan fragmentos del pasado, se explica su sentido y se reflexiona sobre su trascendencia. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública no es espontánea, sino que es el resultado de una selección de hechos para el recuerdo; se debe decidir qué recordar y para qué.
Afortunadamente se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato. En particular se ha extendido en los últimos años un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.
Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria democrática y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen. Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes.
Por fin la situación ha cambiado. La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. La sociedad española reclama que no sea posible en el ámbito público la manipulación de la historia como todavía hoy -casi treinta años después de la desaparición de la dictadura- se hace en libros de texto, como el manual sobre geografía e historia de España que deben estudiar los soldados y marineros que aspiran a un empleo permanente en las Fuerzas Armadas, que mantiene la argumentación franquista de que el golpe de Estado de 1936 fue una respuesta al caos provocado por el desgobierno republicano, incapaz de controlar "las masas obreras, organizadas en torno a grupos revolucionarios" (EL PAÍS, 20-5-2004). La sociedad española reclama que el callejero y los monumentos ejerzan la función didáctica que les corresponde como lugares de memoria que son y dejen de exaltar las figuras de la dictadura como patrimonio colectivo.
Favorecer la convivencia no implica de ninguna manera practicar un relativismo ético según el cual todas las ideologías son buenas porque muchos individuos creyeron en ellas. Desde la conciencia democrática no es posible nivelar la División Azul con los exiliados españoles enrolados en la División Leclerc. En el primer caso, los expedicionarios españoles se incorporaron al ejército nazi, que estaba batallando en el territorio europeo por imponer un Nuevo Orden donde las sociedades debían estar perfectamente jerarquizadas, donde los individuos carecían de derechos y la desigualdad en la condición humana afectaba incluso al derecho a la vida. ¿Qué valores transmiten las instituciones cuando se equipara la actuación de los que lucharon defendiendo las políticas nazis con los que luchaban para que las sociedades europeas se organizaran bajo los viejos principios de libertad, igualdad, fraternidad?
En los últimos diez años se han desarrollado centenares de iniciativas para recuperar la memoria de la represión franquista y la lucha por las libertades. Finalmente las instituciones están recogiendo esa demanda social; la primera en hacerlo ha sido la Generalitat de Catalunya, que ha impulsado la constitución del Memorial Democrático, pero otras iniciativas de esa naturaleza empiezan a otearse en el horizonte y la decisión del Gobierno de crear una comisión para la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas del franquismo es un paso decisivo en esa dirección. El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones la significación de la II República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Una política pública de la memoria debe tener como objetivo proclamar solemnemente la vigencia de los valores democráticos como fundamento de organización y convivencia social.
Recuperar la memoria histórica como base de la ciudadanía democrática es un deber de justicia histórica, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
[Fuente: El País, Madrid, 07nov04]
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