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08nov06
Malestar en el Ejército por la apertura de los archivos militares con motivo de la ley de la memoria histórica.
Malestar en el Ejército y sorpresa en el ministro Alonso. La apertura de los archivos militares con motivo de la ley de la memoria histórica no ha gustado en la institución castrense. No sólo porque se van a quedar sin esos archivos sino porque, además, la desorganización de los mismos es tal que nadie le augura ningún futuro a esta ley, una normativa por la que se intenta resarcir los agravios cometidos en la Guerra Civil.
Los archivos de la justicia militar van a ser fundamentales para cumplir las previsiones de la ley de la memoria histórica que tramita el Congreso de los Diputados. Lo serán para emitir las certificaciones sobre “el carácter injusto de las condenas y sanciones del franquismo por motivos políticos e ideológicos” previstas en la ley y también para acreditar el derecho a indemnización a quienes sufrieron cárcel y trabajos forzosos –6.010 euros por tres años o más de condena- y que no fueron resarcidos por la ley de 1990.
Pero los jueces militares y el personal judicial consultados por este diario reconocen que la situación real de los archivos es deplorable. Los ficheros no están informatizados; las fichas, escritas a mano o a máquina en cartulinas, son deficientes y no contienen todos los datos individuales; muchos condenados en procesos colectivos no fueron fichados; los legajos se hallan en mal estado y su búsqueda y traslado al tribunal resulta penosa. Así, la ley de la memoria histórica no sólo no cuenta con el apoyo de partidos como IU o ERC sino que, además, se basa en unos documentos archivados sin orden ni concierto.
Ni medios ni funcionarios.
Sólo en Madrid, donde el Tribunal Militar Territorial número uno todavía tramita certificaciones de la amnistía de 1977, la búsqueda de un expediente puede tardar hasta dos años. Así lo denunció en mayo pasado Amnistía Internacional sin que por ello el Ministerio de Defensa haya dotado al archivo de más medios y personal. Los cuarteles de Fuencarral albergan los legajos de unas 30.000 condenados al término de la Guerra Civil con cargo a la 'ley de responsabilidades políticas'. Aunque este tribunal extendía su jurisdicción sobre Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid, para atender las solicitudes de información y las certificaciones de los interesados y sus familiares sólo dispone de dos funcionarios laborales.
La situación se repite en los tribunales territoriales de Andalucía, Castilla-León y Cataluña y Aragón. El número de expedientes de la justicia castrense por 'rebelión' y 'auxilio a la rebelión' se estima en unos 100.000, a los que hay que sumar los instruidos por la jurisdicción naval. Se han dado casos como el del sacerdote D. F., que solicitó el expediente de su padre, condenado a muerte, para percibir la modesta compensación del Gobierno de Murcia por los años que estuvo en prisión, y no pudo obtenerla y enviarla a una misión en América Latina, a la que dedicó gran parte de su vida, como era su propósito, porque falleció un año después sin haber visto satisfecha su solicitud.
Trabajo para la Universidad.
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, asume las obligaciones que se derivarán de la nueva ley de la memoria histórica y estima que el mejor modo de ordenar y modernizar el acceso a los archivos militares será poniéndolos en manos de la Universidad. En todo caso, la ley prevé la desmilitarización de los archivos y el libre acceso a los mismos al cabo de cincuenta años. Pero para no perder el control sobre los mismos, algunos magistrados y fiscales consultados opinan que sería conveniente que Defensa creara una dirección general específica.
[Fuente : El Confidencial, Madrid, Esp, 08nov06]
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