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18sep05
Zapatero echa tierra sobre su "memoria histórica".
A pesar de la urgencia y efectismo con que el Gobierno anunció su creación, en el consejo de ministros del 23 de julio de 2004 celebrado en León, la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo ha perdido todo su ímpetu un año después. La fuerte carga simbólica del lugar elegido para anunciar la nueva Comisión –la ciudad natal de Zapatero, donde en 1936 fue fusilado por los franquistas su abuelo– no ha logrado evitar que el Gobierno esté pensando en echar tierra sobre su anunciado proyecto de «memoria histórica»
El anuncio de la extensión de los trabajos de la Comisión Interministerial a la reparación de las víctimas en el bando franquista, filtrado desde Moncloa en días pasados, significa de hecho la desnaturalización del proyecto inicial, que tenía en su punto de mira la reparación de los represaliados durante la guerra y la dictadura por el bando vencedor. El golpe de timón a la Comisión Interministerial, presidida por la número dos del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se justificaría, según la filtración de Moncloa, por el deseo de ayudar a cicatrizar las heridas, en vez de reabrirlas.
El Gobierno habría descartado, por tanto, la lectura unidireccional de los desastres de la Guerra Civil para poner en pie un proyecto conciliador que asumiera no sólo la cruenta represión franquista, sino también la que tuvo lugar en el bando republicano durante la guerra. ERC y IUCV ya han puesto el grito en el cielo, exigiendo que la Comisión Interministerial se centre exclusivamente en las víctimas del bando perdedor. El Gobierno se comprometió a que la Comisión Interministerial tendría listo a finales de 2004 o principios de 2005 un informe sobre el estado de la cuestión en cuanto a anulación de juicios, retirada de símbolos franquistas, exhumación de restos de represaliados, pensiones o acceso de las familias a los archivos judiciales militares. Del informe no hay noticia hasta el momento. Después se anunció que para antes o inmediatamente después de este verano estaría redactado un anteproyecto de ley sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo, del que hoy tampoco se sabe nada.
Retraso en la Comisión.
En mayo pasado, en una respuesta parlamentaria a CiU, el Gobierno informó que la Comisión Interministerial había celebrado hasta la fecha 38 reuniones. Para justificar el retraso en los trabajos de la Comisión, el Ejecutivo se escudó en la abundante documentación que había recibido de los asuntos sobre los que debía informar: «Hasta el 14 de abril de 2005 se habían recibido en la Comisión Interministerial un total de 686 escritos, que, en muchas ocasiones, vienen acompañados de libros, ensayos de carácter historiográfico, y documentales sobre las cuestiones planteadas, lo que implica una intensa tarea de análisis y estudio jurídico».
Esta parrafada venía a confirmar que la nueva Comisión se había visto desbordada por las reclamaciones de las asociaciones y particulares afectados. Pero la excusa de los integrantes de la Comisión nadando en un océano de papeles no ha sido muy convincente para las víctimas del franquismo, que se han quejado reiteradamente al Gobierno de la falta de concreción de los trabajos. Lo que se llama marear la perdiz. Lo cierto es que el anuncio de la creación de la Comisión empezó a perder fuerza a los pocos días de su presentación. Fernández de la Vega anunció a bombo y platillo que uno de sus objetivos era redactar un anteproyecto de ley que «rehabilite moral y jurídicamente» a los afectados. Diez días después, cuando el decreto apareció publicado en el BOE, en su articulado sólo se hablaba de «reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas».
La revisión de los juicios del franquismo parece haberse convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno, que no ha dejado de jugar al Guadiana con esta reivindicación, de la que las asociaciones de represaliados y de la «memoria histórica» han hecho una de su principales banderas en sus peticiones y escritos a la vicepresidenta primera. A pesar de que la cuestión de la rehabilitación jurídica no se incluyó en el decreto de creación de la Comisión Interministerial, cuando ésta se constituyó, el 18 de octubre de 2004, el Gobierno volvió a ponerla encima de la mesa.
Tres días antes de formarse la Comisión, el 15 de octubre, el Consejo de Ministros había acordado otorgar «especial prioridad» al asunto, después de que el ministro de Justicia, López Aguilar, presentara un informe sobre las numerosas solicitudes ya recibidas sobre peticiones de nulidad de sentencias dictadas durante el régimen franquista. La vicepresidenta primera reconoció que el Ejecutivo había dado instrucciones para que la Comisión estableciera «como prioritaria en sus trabajos la necesidad de articular una solución a estas demandas».
Sin embargo, aquel nuevo impulso dado por el Gobierno recibió en abril de 2005 una ducha de agua fría por parte del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró tajantemente en un comunicado que «no tiene intención alguna de promover la revisión de los procesos militares celebrados durante el régimen del general Franco».
Ante informaciones de sentido contrario aparecidas en la prensa, Conde-Pumpido se vio obligado a aclarar que se había limitado a pedir un informe al Fiscal Jefe de lo Militar, Fernando Herrero-Tejedor, sobre cuál debía ser la Sala competente para resolver los llamados recursos de revisión. «La Fiscalía General del Estado ni quiere ni puede llevar a cabo una revisión con carácter general de todos los juicios, penales o militares, celebrados en un período de cuarenta años», agregaba el comunicado.
El «peso» del pasado. En este sentido, el Gobierno no desconoce la desafortunada combinación entre su voluntad de revisar los juicios del franquismo y el hecho de que esta tarea pudiera recaer en el citado Cándido Conde Pumpido, descendiente de un importante cargo de la justicia militar franquista, el coronel auditor Luciano Conde Pumpido, que confirmó muchas de las condenas a muerte dictadas por los vencedores en la guerra y la posguerra, algunas de las cuales podrían querer ver anuladas los deudos de los ajusticiados.
El abuelo del actual fiscal general del Estado fue designado por Franco en 1936 como vocal del Alto Tribunal de Justicia Militar, entre cuyas actuaciones figura el célebre proceso contra la tripulación del «Mar Cantábrico», donde fueron ejecutados veinticinco de sus tripulantes, dos de ellos menores de edad. Ya en la posguerra, Luciano Conde Pumpido pasó a formar parte del Consejo Supremo de Justicia Militar, por el que pasaban para su confirmación o conmutación miles de condenas a muerte.A las reticencias del Gobierno ante las peticiones de las asociaciones de represaliados, se han sumado sus dudas sobre la conveniencia de llevar a cabo las iniciativas que le exigen sus socios en el Parlamento. La más llamativa es la que se refiere al futuro del Valle de los Caídos y su conversión en un centro de interpretación sobre la represión franquista. Un listón muy alto que el Gobierno se está pensando mucho si debe saltarlo.
Existen, sin embargo, otras razones de peso para que el Gobierno esté decidido a dar marcha atrás en su reparación unilateral de las víctimas de un solo bando. El conocimiento que el ciudadano medio posee de la Guerra Civil hace imposible ocultar que el horror de la represión se repartió en ambas zonas contendientes, donde cualquiera que hubiera resultado ganador de la contienda lo habría extendido en la posguerra, como efectivamente hizo el bando franquista. No menos importante, a la hora de replantear los trabajos de la Comisión Interministerial, es el amplio espacio que aún queda al descubierto de su misión. Ya no se trata de las víctimas de un bando o de otro, sino de las víctimas que cada bando produjo en sus propias filas, por unas y otras circunstancias. Los desertores y automutilados ajusticiados en el frente, incluidos muchos voluntarios de las Brigadas Internacionales cuyas tumbas olvidadas salpican hoy el paisaje español, pertenecen a este capítulo al que nadie parece querer prestar atención.
Bien valdría para que también se fije en él la desbordada Comisión que preside Fernández de la Vega, el caso de un joven guipuzcoano, Esteban Garaitonandía, afiliado al sindicato socialista UGT. Prisionero de los franquistas en la campaña del norte, fue enviado por su captores a primera línea en el frente de Teruel, donde a su vez cayó prisionero de los republicanos a finales de 1937. Nuevamente incorporado a filas en el Ejército Popular, en diciembre de 1938 intentó desertar de sus trincheras, seguramente con intención de volver a casa y olvidar por fin aquella guerra que tan caprichosamente había jugado con su vida. Cuando ya se había alejado unas decenas de metros de sus propias alambradas, Garaitonandía murió acribillado por el fuego de las ametralladoras de sus camaradas republicanos. La pregunta es quién reparará algún día la memoria y la dignidad de este español, al que el destino convirtió en prisionero de los dos bandos. A buen seguro que ahora no lo hará la Comisión Interministerial, que parece que ya tiene bastante de qué ocuparse, empezando por la obligación de evitar que sus trabajos consistan en retrasar las agujas del reloj de España a la hora en que despiertan los viejos fantasmas.
[Fuente: La Razón Digital, Madrid, Esp, 18sep05]
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