Equipo Nizkor - Rabat allana el camino hacia la reconciliación con la repatriación de más de 700 menores.

Marruecos ha dado el primer gran paso concreto para poner fin a la crisis que desató con España en diciembre pasado y que agravó en mayo empujando a más de 10.000 inmigrantes a entrar en Ceuta.

Las autoridades marroquíes han pactado con el Ministerio del Interior español la repatriación de entre 700 y 800 menores tutelados por la ciudad de Ceuta y que cruzaron la frontera, la mayoría a nado, entre el 17 y el 19 de mayo pasados. No son, ni mucho menos, todos los que pusieron pie en la ciudad autónoma porque algunos de ellos siguen deambulando por sus calles sin haber sido registrados y varias decenas fueron ya trasladados a la Península. El acuerdo no les afecta.

La información de la repatriación masiva, una exclusiva periodística de la 'Cadena SER', ha sido confirmada por “Le 360”, el diario digital marroquí más afín al palacio real. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió en mayo, acompaña la noticia de fotos amables de las fuerzas de seguridad españolas y no evoca los supuestos malos tratos que infligieron a los menores migrantes marroquíes.

En las últimas semanas Rabat había hecho pequeños gestos de distensión como, por ejemplo, levantar el boicot al que estaba sometida la Embajada de España en Rabat. Uno de sus diplomáticos fue invitado, la semana pasada, a participar en una visita organizada a la Oficina Central de Investigaciones Judiciales que se dedica, sobre todo, a la lucha antiterrorista.

La iniciativa de Rabat es algo más que un gesto hacia España. Trata de borrar la mala imagen que causó en Europa la invasión pacífica de Ceuta por miles de migrantes entre los que había casi un 20% de menores. Varios políticos europeos de peso criticaron entonces con dureza a las autoridades marroquíes y manifestaron su solidaridad con España.

El Parlamento Europeo votó incluso, el 10 de junio, una resolución censurando a Marruecos por primera vez en un cuarto de siglo. En ella expresaba “su rechazo a la utilización, por parte de Marruecos, (...) de la migración de menores no acompañados como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro de la Unión”. El propio rey Mohamed VI ya intentó atenuar el impacto causado por el aluvión migratorio sobre Ceuta publicando el 1 de junio un comunicado, a través de los ministerios marroquíes de Asuntos Exteriores e Interior, en el que daba instrucciones para “aceptar el regreso de los menores no acompañados debidamente identificados”.

El texto estaba plagado de informaciones falsas. Mencionaba, por ejemplo, la repatriación de “decenas de menores” de España y Francia, algo que no ha ocurrido. En España había a principios de este año algo más de 9.000 menores tutelados por las comunidades autónomas, en un 80% marroquíes, y ni uno había podido ser devuelto. Las autoridades marroquíes siempre han puesto todo tipo de pegas para cumplir con el acuerdo de repatriación de menores alcanzado con España en 2013.

Es altamente improbable que, después del paréntesis excepcional que abrió el viernes 13, Rabat acepte seguir adelante con las repatriaciones de menores marroquíes tutelados en el resto de España y en otros países europeos. Desde finales de marzo ha suspendido también las devoluciones de inmigrantes irregulares llegados estos últimos meses a España, sobre todo a Canarias. De diciembre a marzo se efectuaron al ritmo de unos 80 a la semana en vuelos regulares de Royal Air Maroc entre Las Palmas y El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

La reconciliación hispano-marroquí está en marcha, pero no va todo lo deprisa que desearía el presidente Pedro Sánchez. Para allanar el camino de la normalización de relaciones sacó del Gobierno en julio a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que se había convertido en la bestia negra de Rabat. Fue ella quién, por razones humanitarias, apostó por acoger en España el 18 de abril a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, enfermo grave de covid-19.

Ahora Antonio Urdiales, un abogado de Torremolinos con fuertes vínculos con Marruecos, está empeñado en sentar en el banquillo a Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete de González Laya y organizó la llegada de Ghali a España cumpliendo órdenes de su ministra. Por de pronto ha conseguido que el magistrado Rafael Lasala, titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, convoque a Villarino como imputado. Su objetivo es, en última instancia, lograr que la exministra sea también imputada. La decisión de hospitalizar a Ghali en España fue tomada por el propio Pedro Sánchez después de escuchar a González Laya y a su homólogo de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se mostró muy reacio.

Es posible que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haga ahora un nuevo gesto hacia Marruecos y renuncie a someter al Consejo de Ministros el nombramiento de Villarino como embajador en Moscú, cargo para el que había sido propuesto por González Laya. En su toma de posesión, el 12 de julio, Albares ya expresó su apuesta por “reforzar las relaciones con Marruecos, gran amigo y vecino del Sur”. Trató también de efectuar un viaje a Rabat, pero las autoridades marroquíes no le dieron el visto bueno.

La senda de la reconciliación es todavía frágil y puede aún torcerse. En el Gobierno español se teme que se filtre una lista de móviles españoles infectados por el programa malicioso Pegasus. El consorcio periodístico 'Forbidden Stories', que reagrupa a 17 grandes medios de comunicación, reveló el 18 de julio que las autoridades marroquíes trataron de infiltrar con Pegasus unos 10.000 móviles, 6.000 de ellos argelinos y mil franceses, incluido el del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Si aflorase una lista con teléfonos españoles —por ahora solo ha aparecido el de un periodista— el Ejecutivo se vería obligado a frenar un tiempo el acercamiento entre Madrid y Rabat.

La reconciliación también podría descarrilar si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronuncia, el mes próximo, dos sentencias desfavorables a Marruecos. Los abogados del Frente Polisario, el bufete francés Devers, han recurrido los acuerdos de asociación y pesca firmados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos porque abarcan al Sáhara Occidental sin que su población haya sido consultada.

Un veredicto contrario a sus intereses podría suscitar una reacción airada de las autoridades marroquíes consistente en expulsar a la flota pesquera europea, principalmente española, de las aguas bajo su control o en facilitar la emigración irregular hacia España como ya hizo en otras ocasiones, por ejemplo en agosto de 2014 después de que la Guardia Civil interceptase por error, en aguas de Ceuta, la lancha en la que navegaba Mohamed VI.

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Rabat allana el camino hacia la reconciliación con la repatriación de más de 700 menores

[Fuente: Por Ignacio Cembrero, El Confidencial, Madrid, 13ago21]

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