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11may07
Ley de la Indignidad
Este pacto realizado a espaldas de los demás grupos parlamentarios es el resultado de una negociación que ya se veía venir: en ella, IU-ICV reniega de su posición inicial de considerar irrenunciable su propuesta de anulación de las sentencias y el Gobierno abandona la suya de no modificar ni una coma de su proyecto.
El pasado día 20 de abril, el gobierno llegó a un acuerdo con IU-ICV para desbloquear el trámite del proyecto de ley sobre la Memoria. Este pacto realizado a espaldas de los demás grupos parlamentarios es el resultado de una negociación que ya se veía venir: en ella, IU-ICV reniega de su posición inicial de considerar irrenunciable su propuesta de anulación de las sentencias y el Gobierno abandona la suya de no modificar ni una coma de su proyecto.
El envite inicial se ha traducido en una compensación mutua que no añade nada, pero que se enmarca muy bien en las perspectivas electorales. Parece claro que estas negociaciones no tuvieron como objetivo asegurar la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo sino las posibles alianzas que están a punto de llegar.
Declarar que la dictadura franquista era ilegítima es una redundancia puesto que sublevarse contra la legalidad republicana situaba, desde el primer día, a los golpistas fuera de la ley, es decir, de lleno en la ilegitimidad.
Reemplazar la comisión de notables por el Ministerio de Justicia no supone ningún progreso. Las víctimas no necesitan de ningún certificado de «buena conducta», lo son porque fueron perseguidas por defender la legalidad republicana y su reconocimiento tiene que ser colectivo y no individual.
Este proyecto negociado se caracteriza por un preámbulo pomposo que luego no se concreta en su artículo repleto de generalidades. Se reconoce (lo que está muy bien), que las sentencias no fueron justas porque se violaron derechos fundamentales, pero no así que la consecuencia lógica de tal reconocimiento supone la anulación de dichas sentencias.
Afirmar que los tribunales especiales del franquismo y sus sentencias son, además de injustas, ilegítimas es una manipulación para impedir precisamente su anulación. Para más inri, tendrán que ser las víctimas o sus familiares quienes deberán acudir a los tribunales para pedir la anulación, y correr con los gastos de abogados sin tener la seguridad de conseguirla ya que hasta ahora todas las demandas han sido sistemáticamente rechazadas (¿qué pasará con los que no puedan sufragar estos gastos?).
La única sentencia anulada lo fue, no por considerarla injusta, o porque el tribunal franquista fuese considerado ilegítimo, sino por el hecho de que la víctima fue juzgada dos veces por el mismo delito (sentencia sobre Ricardo Puente, de Radio Málaga, marzo de 2006).
El Gobierno ha dejado bien claro que las modificaciones pactadas con IU-ICV sólo tienen un valor político, pero no jurídico. Y por si quedase alguna duda, el humillante y vergonzoso «certificado de víctima» expedido por el Ministerio de Justicia no significará un reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, ni podrá dar pie para solicitar reparaciones o indemnizaciones de carácter económico o profesional. Esta mezquindad, dado el ínfimo monto que representarían, es impropio de un Gobierno socialista. Y asumida, dicho sea de paso, por IU (pretendida organización de izquierda). Además, el Gobierno socialista no aplica este «rigor financiero» cuando se trata de financiar fundaciones privadas ligadas al franquismo, a la exaltación de la monarquía o a la Iglesia católica.
Lo único que consigue este pacto es aplazar el problema de la recuperación de la memoria y el reconocimiento jurídico de las víctimas dejando a los tribunales que lo interpreten, si es que algún día se convierte en ley. Además de este reconocimiento jurídico siguen ausentes del proyecto aspectos fundamentales e innegociables: la ley integral de exhumaciones que deben ser realizadas por el Estado, la eliminación de todos los símbolos franquistas y la anulación de todos los actos represivos del franquismo, distintos de las sentencias: paseos, depuraciones de jueces, maestros y militares, incautaciones de bienes, multas, destierros, etcétera.
La mesa de diálogo para la recuperación de la memoria histórica-Frente Norte sigue reiterando y apostando por la aplicación íntegra de la legislación internacional de derechos humanos en España, independientemente de cómo resulte al final de su tramitación el texto definitivo del proyecto de ley en discusión.
Tal como está -y no es probable que las enmiendas de los demás grupos parlamentarios cambien el fondo de su contenido- sigue siendo una ley de punto final y, por lo tanto, no apta para rehabilitar la dignidad de las víctimas del franquismo. Es más, se puede afirmar que será la ley de la indignidad.
Macrino Suárez
Miembro del Ateneo Republicano de Oviedo.
Ex ministro de la II República Española en el exilio.
Perteneciente a la Mesa de Diálogo para la Recuperación de la Memoria Histórica.[Fuente: Kaosenlared.net, 11may07]
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