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24dic05
España y los crímenes del franquismo.
El 14 de abril de 2004 se dio a conocer en Madrid un informe titulado ’La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas’. Fue el inicio de una campaña que se proyecta hasta el presente, destinada a dar solución a la cuestión de la impunidad de los crímenes cometidos durante los cuarenta años que duró la dictadura del general Franco.
La sublevación militar contra el gobierno de la República del 18 de julio de 1936 formó parte de la ola totalitaria experimentada por aquellos años en Europa, que encontró rápido apoyo en la Alemania nazi y en la Italia fascista. Fronteras adentro, abrió un período de represión sistemática contra todos los ciudadanos que defendieran las libertades civiles y que pretendieran restaurar la democracia y la vigencia de toda expresión política. Debido a las circunstancias internacionales, después de la Segunda Guerra Mundial -y especialmente durante la Guerra Fría-, la dictadura franquista sobrevivió a sus homólogos nazis y fascistas, quedando como uno de los pocos restos de la ideología totalitaria en Europa hasta la muerte del dictador, en 1975.
Las fuerzas en el poder durante la dictadura gozaron de total impunidad a la hora de perseguir, detener, torturar y asesinar a aquellos que eran considerados desafectos al régimen. La aplicación de la llamada ley de fugas, la práctica de torturas en las comisarías, las ejecuciones al garrote vil y los fusilamientos constituyeron crímenes cometidos desde la estructura del Estado que, según plantean ahora algunos actores políticos españoles, es necesario revisar.
Afirman que el Estado debería normalizar el tratamiento que da a su pasado más reciente: la guerra civil y el franquismo. Sobre todo, en momentos en que en España se han alcanzado niveles de desarrollo político y económico que la equiparan a los países más evolucionados de la región. En tal contexto, destacan que sería una incongruencia no esgrimir políticas de memoria imprescindibles para la mejora de la cultura política actual. Dicha normalización obedece a diversos presupuestos. De tipo científico, en la medida en que la historiografía y el mundo académico han subrayado el contrasentido de que un régimen dictatorial como el franquista no fuera homologado a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler.
Esa fue la dirección de la resolución de las Naciones Unidas del 9 de febrero de 1946, que condenó el régimen del general Franco. Los auspiciantes de la iniciativa recuerdan que el filósofo Teodoro Adorno fue quien, tras la traumática experiencia nacionalsocialista, reflexionó acerca de las causas de tal conmoción y de las maneras de encontrar un antídoto para el futuro. Adorno consideró que la memoria histórica constituía un derecho humano más y un requisito previo necesario e ineludible para la consecución de la justicia.
Por eso, recomendaba a las instituciones públicas formar a la ciudadanía a través del sistema educativo en valores e ideas democráticos mediante el cultivo activo del pasado. Esto es, ocuparse no sólo de la memoria de las víctimas sino también de todos aquellos proyectos que no pudieron ver la luz, de todas las ilusiones perdidas, de la escuela, de los maestros, de la cultura y de los derechos sociales que tardarían tantos años en recuperarse. No sólo es lo que se perdió -afirmaba- sino lo que se frustró en su desarrollo.
En el contexto aludido, el pasado 21 de noviembre se presentó en el Congreso español una proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana titulado Proyecto de ley sobre memoria histórica republicana y antifascista".
Uno de sus objetivos es de índole jurídica y radica en lograr la aplicación de la jurisprudencia nacida del proceso de Nüremberg, a través de la cual se tipificaron como crímenes contra la humanidad los delitos cometidos por el régimen nazi, y que, según consideran, deben ser sometidos también los delitos cometidos por el régimen franquista.
La proposición en cuestión apunta también a que el Estado español reconozca jurídicamente la condición de víctimas a todas las personas que sufrieron persecución y muerte. En consecuencia, se dirige a posibilitar la restitución moral y material a las personas, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo tipo que fueron perseguidas durante aquellas cuatro décadas.
Y, en definitiva, la iniciativa lleva consigo el objetivo de aportar los medios necesarios para la divulgación de la memoria histórica republicana y antifascista, transmitiendo a las generaciones actuales y futuras los horrores de la guerra y de la represión totalitaria. Aspiran a fortalecer, de ese modo, los valores de la democracia, la libertad y la fraternidad humana.
[Fuente: Por Martín Lozada, Diario Rio Negro, Arg, 24dic05 vía El Diario Internacional. Martín Lozada es Juez Penal en la Ciudad de Bariloche]
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