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13oct15
La Junta aprueba la ley de la memoria impulsada por IU cuando gobernaba en coalición con el PSOE
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas de reconocimiento de las víctimas de la represión franquista y que amplía su horizonte temporal desde la Segunda República hasta el 11 de enero de 1982. La ampliación del ámbito temporal hasta 1982 permitirá, entre otras cosas, incluir entre las víctimas a Manuel José García Caparrós, que murió por un disparo de la policía en la manifestación de 1977 en Málaga para reclamar la autonomía plena.
Aunque el proyecto se mantiene prácticamente sin variaciones respecto al remitido al Parlamento en la anterior legislatura y que decayó por el anticipo de las elecciones, se incluye además como novedad la ampliación de consideración de víctima a colectivos como los familiares de los represaliados y los niños robados. El régimen sancionador de la norma fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización.
El proyecto de ley, impulsado por IU en la anterior legislatura cuando gobernaba en coalición con el PSOE, incluye el estudio de los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza, aunque no como una asignatura. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información "rigurosa" sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil.
La norma, que sigue las recomendaciones del relator de las Naciones Unidas sobre esta materia, se adapta y supera la legislación estatal en vigor, según ha destacado en conferencia de prensa la consejera de Cultura, Rosa Aguilar. Tras recordar que en Andalucía se lleva trabajando en este ámbito desde hace muchos años, pues un primer decreto de 2001 ya fijó indemnizaciones a expresos políticos, ha expresado su voluntad "firme y decidida" de que sea una ley "de todos y para todos", por lo que ha apostado por el diálogo "como mejor camino para concitar la unanimidad, a la que (la Junta) no renuncia".
Ha informado también de que ha mantenido conversaciones con los miembros de la Comisión de Cultura del Parlamento para que se pueda "acompasar" este proyecto con la Ley de Patrimonio Histórico para solventar "algunas disfunciones". En relación con los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo, al tiempo que se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.
La ley reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática, y facultará a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal. De acuerdo con los ayuntamientos, se prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas.
Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores, al tiempo que la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de ADN.
Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas. En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de las entidades memorialistas, los ayuntamientos, el Gobierno y la Junta, que ha invertido más de un millón de euros en todo lo relacionado con la Memoria Histórica.
[Fuente: Diario de Sevilla, Efe, Sevilla, 13oct15]
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Impunidad y crímenes franquistas
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