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19may17
El juez instaló micros en los despachos de González y su testaferro activados a distancia
El micrófono instalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González permanecía inactivo la mayor parte del tiempo. Según informan a El Confidencial fuentes del caso, el dispositivo solo se ponía en funcionamiento cuando los investigadores comprobaban que el cabecilla de la Lezo iba a celebrar encuentros sensibles para el avance del caso.
El micro se colocó de madrugada hace más de seis meses, una vez quedó claro para los investigadores que el ex hombre fuerte de Esperanza Aguirre había tomado medidas de seguridad en sus conversaciones telefónicas, presuntamente, tras haber sido alertado de que se seguían sus movimientos. Agentes del Instituto Armado accedieron al lugar donde González desarrollaba su labor como abogado tras abandonar la política en compañía de un representante judicial.
El Juzgado Central de Instrucción 6 avaló la colocación de escuchas ante la especial gravedad de los delitos que se estaban investigando, pero puso límites al considerar que debía cumplirse con la nueva regulación legislativa y la jurisprudencia sentada por el Constitucional en varias sentencias. Así, los investigadores cotejaban otros indicios obtenidos de las charlas intervenidas y los seguimientos practicados para detectar citas de importancia. En ese momento, reclamaban una segunda autorización judicial para activar los micros ya instalados. El encuentro sospechoso quedaba grabado y cuando finalizaba, los agentes volvían a apagar los dispositivos mediante un sistema remoto, concretan las fuentes consultadas.
Los investigadores de Lezo no solo recurrieron a los micros en el caso de González. La UCO también instaló escuchas en el despacho de su hombre en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino. El presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, se considera pieza clave en el entramado, ya que servía de nexo de unión en varias de las patas del procedimiento. Juez y Fiscalía hacen a Rodríguez Sobrino, el único en prisión incondicional sin fianza de los imputados de Lezo junto al propio González, responsable de los negocios del Canal en América Latina y destacan que ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. Fue uno de los hilos que sirvieron para tirar de la maraña de la red masiva de desvío de fondos públicos, apuntan las fuentes consultadas.
Las conversaciones de los despachos
El juez instructor reflejó, en varios autos, conversaciones de Rodríguez Sobrino que utilizó para argumentar sus motivos para encarcelar a González. Entre los indicios, el magistrado destacó una charla de este con la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond sobre la situación económica del matrimonio González Cavero, y agregó que se produjo "durante una cita celebrada el 4 de octubre de 2016 en la que se grabaron las comunicaciones orales directas", señalaba de forma textual el magistrado.
Otra de las reuniones que fue captada gracias al micrófono ambiental colocado por la Guardia Civil por orden judicial, en este caso en el despacho de González, fue el encuentro en el que este y sus dos hermanos intentaron averiguar quién estaba investigando a Ignacio y por qué motivo, y que se relaciona con una supuesta "chivada" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
En un momento de la conversación, Isabel González pregunta: "¿Quién está en la poli ahora, Nacho?". La pregunta la responde Pablo: "Nieto. El alcalde de Córdoba". Durante el encuentro, González se mostró extrañado y preocupado a partes iguales. De hecho, el expresidente de la comunidad especuló acerca del "tema de Brasil" o "alguna conversación comprometida". "Eso es lo que más me acojona a mí. Lo que va a salir por teléfono. No creo que haya sido tan gilipollas, pero...", explicaba.
La operación de Brasil a la que se refieren es la decisión del Canal de Isabel II de comprar la empresa brasileña Emissao por 21 millones de euros, cuatro veces más de lo que costó, y que se ha convertido finalmente en uno de los episodios investigados en la operación Lezo tras la denuncia de la compra de Cristina Cifuentes a Anticorrupción. La cita concluye con González reconociendo "que empezaba a ponerse en lo peor".
[Fuente: Por Beatriz Parera y José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 19may17]
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