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28nov06
El PSOE se ve obligado a aplazar la ley de memoria histórica por falta de apoyo.
El proyecto de ley sobre la recuperación de la llamada «memoria histórica», una de las iniciativas «estrella» del Gobierno dentro de sus planes de revisar los acuerdos de la Transición y establecer algún paralelismo entre la II República y la etapa abierta con la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, está a punto de entrar en vía muerta dentro de su tramitación parlamentaria.
El PSOE sigue sin contar para el proyecto con el apoyo de sus aliados fijos, Izquierda Unida y ERC, que defienden enmiendas a la totalidad y con texto alternativo. Además, la reedición del tripartito catalán cierra la puerta al eventual apoyo de Convergencia y Unión, que era la única salida que le quedaba al Gobierno para aprobar la ley frente a la oposición del PP, que en este caso tiene la compañía de los nacionalistas más radicales y comunistas, aunque sea justo por lo contrario.
En fuentes parlamentarias reconocen que el Grupo Socialista se ve abocado a pedir en la Mesa del Congreso nuevas prórrogas del trámite de enmiendas que le sirvan para «saltarse» los próximos Plenos del mes de diciembre con el objetivo de darse tiempo durante las vacaciones parlamentarias de enero para reconducir el texto con sus socios fijos.
De la Vega con Llamazares
En los últimos días la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha entrevistado con el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pero no ha conseguido que sus aliados cedan en sus exigencias: resarcimiento moral y económico de las víctimas del franquismo o de sus descendientes y revisión de los juicios sumarísimos de la época.
La reedición del tripartito en Cataluña, esta vez con Montilla al frente, tampoco ha flexibilizado la posición de ERC. Su portavoz, Joan Tardá, reiteró ayer mismo en declaraciones a Servimedia que considera requisito fundamental «el reconocimiento jurídico de la condición de víctima de los represaliados, la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas por lo que respecta a los derechos humanos, y la anulación de las causas sumarísimas y las sentencias de los tribunales políticos del franquismo.
ERC e IU han interpretado al pie de la letra la promesa electoral de Zapatero en materia de «memoria histórica», mientras que el Gobierno pulió en julio su primera iniciativa para quedarse en las «reparaciones» de índole moral para los perdedores de la Guerra Civil. A juicio de IU, el Ejecutivo de Zapatero se conforma ahora con cuestionar la Transición, pero no quiere asumir todas las consecuencias económicas y jurídicas de ese paso.
El interés por sacar el proyecto adelante procede más del Gobierno que del grupo parlamentario socialista, donde aún quedan algunos diputados protagonistas de la transición y ex dirigentes del partido en la etapa de Felipe González que consideran improcedente reabrir las heridas cerradas en aquella etapa, también con el apoyo del PSOE, y puestos a abordar el asunto, prefieren una ley lo más aguada posible.
Aunque en el Grupo Socialista se impone la tesis de que es mejor ganar tiempo ante el riesgo evidente de ver rechazado el proyecto en el pleno del Congreso, el calendario tampoco juega a favor de los intereses electorales del Partido Socialista.
A tres meses de mayo.
En febrero, cuando se podrían reactivar las negociaciones, quedarán tres meses para las elecciones autonómicas y municipales. La posible aprobación en el Pleno de la Cámara Baja y los posteriores trámites de ponencia y comisión asegurarían una presencia informativa de «memoria histórica» que podría agradar a la izquierda, pero poco a los sectores más moderados.
[Fuente: ABC, Madrid, Esp, 28nov06]
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