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15dic15
La reforma procesal penal se convierte de hecho en una ley de "punto final"
La Justicia española está al borde del colapso. La Fiscalía tiene que revisar sí o sí nada menos que 647.793 causas penales antes del 7 de junio para evitar que sean archivadas. Son una media de casi 300 expedientes para cada uno de los 2.259 fiscales, una cantidad que desde el Ministerio Público ven inasumible debido a que es un trabajo adicional al mucho que ya se genera a diario en los juzgados. De momento, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dirigido ya un oficio urgente tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias en la materia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia) para la incorporación inmediata de 80 "abogados fiscales sustitutos" y de 117 funcionarios como "refuerzo". Demanda incluso que se paguen horas extra.
Esta situación crítica viene motivada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde el pasado 7 de diciembre. La nueva normativa procesal ha fijado un plazo máximo de seis meses para la investigación judicial de las diligencias penales y la primera derivada es que todas las causas acumuladas en los juzgados españoles deberán resolverse también en ese tiempo, es decir, antes del 7 de junio. Los plazos sólo se podrán ampliar a 18 meses si la instrucción se declara "compleja". La ley prevé prórrogas, pero siempre que los fiscales revisen la causa, agoten las posibilidades de investigación en el tiempo fijado y motiven una solicitud de ampliación de plazo.
En este escenario, la Fiscalía general ordenó recientemente a todos sus representantes provinciales un recuento exhaustivo de las diligencias pendientes. El resultado, un documento interno al que ha tenido acceso EL MUNDO, es demoledor. En los juzgados españoles se acumulan 647.793 expedientes a los que hay que dar salida. Sólo en la Comunidad de Madrid esperan 212.136 causas, un tercio del total. En toda España es la oficina de Inca la que peor situación afronta, ya que cada fiscal deberá revisar allí 1.459 causas de aquí a medio año. Las fuentes consultadas reseñan que también habrá problemas en localidades grandes que no son capitales "en la zona del arco mediterráneo" (Marbella, Torrevieja, Benidorm). Muy por encima de la media también se hallan Melilla, Málaga o Sevilla.
"Se considera, como objetivo, la revisión semanal de al menos 25 diligencias previas por juzgado", plantea Madrigal a todos sus responsables provinciales, según se les ha trasladado por escrito. Eso supone cinco casos por día de trabajo para cada uno de los fiscales. "Eso va a ser imposible", se apresura a asegurar un fiscal jefe, que recuerda que de 20 días hábiles al mes 16 se dedican al trabajo de sala, a la participación en juicios o interrogatorios. "Durante la mañana no puedes hacer papeleo, no ya la revisión, sino el trabajo normal. Tenemos suficiente trabajo diario que ahora, además, tiene plazos más limitados. Es imposible. No se dan cuenta de que revisar una causa es también pedirla y que te la entreguen (no están informatizadas), leerte 200 ó 300 folios como mínimo y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Le dedicamos sólo unos minutos a cada asunto?", relata con indignación este alto funcionario.
Otro compañero, que también solicita anonimato, puntualiza que del total de funcionarios de la Administración de Justicia tan sólo el 5% trabaja en la Fiscalía. El gran malestar motivado por los cambios procesales es que se ha situado una enorme responsabilidad a hombros del Ministerio Público sin dotarle de los medios necesarios. Madrigal plantea 80 fiscales de refuerzo, "por un periodo inicial de tres meses sin perjuicio de su prórroga hasta un máximo de seis". También reclama que no haya restricciones económicas por parte de las autoridades "para la autorización de prolongaciones de jornada", es decir, de horas extraordinarias.
Esta reforma procesal realizada a última hora por el Gobierno del PP ya motivó hace unas semanas un histórico comunicado de todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Ven "absurdo" el sistema, a medio camino con otros modelos en los que la Fiscalía dirige la investigación, y estiman que abre la puerta a la "impunidad" de muchos criminales. Entienden que resulta imposible con los medios actuales completar en plazo todas las instrucciones. "Es, por lo tanto, una auténtica ley de punto final", concluyen. El Consejo de Estado también alertó en su dictamen previo a la reforma de un posible colapso de la Justicia.
[Fuente: Por Iker Rioja Andueza, Victoria, El Mundo, Madrid, 15dic15]
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