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06ene05
Entrevista sobre los "papeles de Salamanca" a José Alvarez Junco, uno de los expertos.
«Es justo devolverlo incautadoa punta de pistola»
En las dos primeras reuniones, hizo las veces de presidente de la comisión de expertos que deliberó y, después, emitió un informe sobre los documentos del Archivo de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca, que reclamaba la Generalitat de Cataluña. Hombre culto y sereno, el zamorano José Alvarez Junco, director general del Instituto de Estudios Políticos y Constitucionales y Premio Nacional de Ensayo por su obra «Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XXI», analiza el dictamen de esos especialistas, el anuncio gubernamental de devolución de los legajos y otras vivas cuestiones.
-El comité de expertos -14 votos a favor y 3 abstenciones- estimó «justas y legítimas» las razones aducidas para la devolución de los fondos documentales de la Generalitat que se conservan en el Archivo General de la Guerra Civil. Tal se dice en su informe técnico-jurídico. Ese dictamen, aunque no era vinculante, ha sido decisivo en la resolución del Gobierno. ¿Era justo y necesario?
-Sí, creo que era justo. Es justo devolver lo incautado a punta de pistola, sin respetar la mas mínima norma jurídica. Y era necesario; la opinión catalana llevaba reclamándolo años y años, con una sensación de agravio que era preciso eliminar. En conjunto, pocas veces en mi vida he sentido tan pocas dudas sobre cuál era la decisión correcta.
-Y llama la atención la rapidez del Gobierno en adoptar la resolución.
-Había un mandato de las Cortes para que se resolviera antes del 31 de diciembre.
-La comisión da vía libre al desmantelamiento del Archivo, pues aconseja dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de titularidad y posterior restitución de documentos de particulares y de otras instituciones. ¿No han ido muy lejos? ¿Eso no llevará a un simple museo de copias, por muy auténticas que sean?
-No. La comisión ha recomendado criterios muy restrictivos para futuras devoluciones. Sólo podrán reclamar instituciones que existieran en el momento de la incautación. Es decir, que se excluyen a las actuales comunidades autónomas, a quienes nadie incautó nada, pues no existían. El cálculo es que los documentos a devolver (siempre dejando copias en Salamanca) no alcanzarán el 5% del total allí acumulado.
-El informe destaca que «debe evitarse» que la devolución de los legajos «se convierta en motivo de confrontación entre instituciones y más aún entre los ciudadanos pertenecientes a las mismas». Parece, por las reacciones, que no se ha conseguido tal propósito.
-Eso parece, pero no es culpa de la comisión, sino de periodistas y políticos locales decididos a atizar las pasiones. Verdaderamente, lo creo una irresponsabilidad. En España ha habido, desde hace tiempo, un problema de distribución del poder, de tendencias a la centralización y a la descentralización, pero nunca se han producido enfrentamientos étnicos. Deberíamos cuidar de no entrar en ese ciclo.
-El PP solicita que los expertos de la comisión acudan al Congreso para explicar su dictamen. ¿Estaría dispuesto a tal cosa?
-Estaría encantado. Creo que, si lo explicáramos bien, se quedarían sin respuesta. Como se quedaron los miembros de la comisión que, aun sintiéndose en contra del dictamen por lealtad hacia las instituciones castellano-leonesas que les habían nombrado, se encontraron tan desprovistos de argumentos que optaron por abstenerse, en lugar de votar en contra.
-¿Cómo se desarrollaron las sesiones? ¿Hubo tensión, como se ha sugerido en algún momento?
-No. Le aseguro que no hubo excesivas tensiones. Algo, era inevitable. Los catalanes venían dolidos y desconfiados, tras muchos años de negativas o de promesas incumplidas. Y los, digamos, pro-salmantinos veían con dolor y temor un posible desmantelamiento del Archivo. Así lo veía yo también, y creo que lo veía la mayoría, y por eso establecimos las cautelas y límites para futuras devoluciones.
-En tres sesiones se adoptó la resolución. ¿Los comisionados lo tenían tan claro, tan claro...?
-Tres sesiones plenarias, con varias sesiones intermedias de las subcomisiones y múltiples contactos personales, vía telefónica o electrónica.
-¿Qué principios éticos, aparte de los jurídicos, históricos y archivísticos, se tuvieron en cuenta a la hora de la resolución del conflicto?
-Los principios eran dos: rehacer un entuerto histórico -es decir, devolver lo injustamente arrebatado a la Generalitat- y salvar la unidad del Archivo. Lo primero era ética y jurídicamente debido. Lo segundo era más bien político y sentimental, representaba un respeto hacia la sensibilidad salmantina, y castellana, en relación con un Archivo que se había convertido en señal de identidad colectiva. Cómo compatibilizar esos dos principios era lo problemático y es lo que se intentó resolver con el dictamen.
-Nadie discute el prestigio de los integrantes de la comisión. Pero sí se cuestionan sus vínculos corporativos e ideológicos en algunos casos. ¿No se pudo o no se quiso evitar tal cosa?
-Las vinculaciones eran menos importantes que el prestigio. Y, en todo caso, estaban equilibradas: un grupo de miembros de la comisión tenían vínculos con la Generalitat y otro con la Junta de Castilla y León o con el Ayuntamiento de Salamanca. Eran grupos semejantes, unos cuatro por cada lado; pero quedábamos otros siete sin vinculaciones. No sé cuáles son las vinculaciones políticas o corporativas de Mayor Zaragoza, de Malefakis, de Fusi... Y sí sé muy bien cuánto es su prestigio.
-Julio Valdeón decía que «el Archivo de la Guerra no se creó por métodos académicos, pero la dispersión sería un error». ¿Cuál fue la actitud del vallisoletano en la comisión?
-No creo que deba revelar interioridades. Valdeón no estuvo muy activo, pero fue siempre respetuoso y mesurado, como es él. Repito mi impresión de que no había argumentos de peso en favor de la negativa a devolver los papeles de la Generalitat y que eso hacía difícil su posición.
-¿Qué piensa cuando escucha, en boca de la consejera de Cultura de Castilla y León, que la comisión estaba «teledirigida por el Gobierno»?
-Pues pienso que, como no tienen argumentos, se refugian en una visión conspirativa y paranoica. Que den argumentos, que expliquen cuál es el mandato ético o el principio jurídico según el cual no se debe devolver lo injustamente arrebatado.
-Al comunicarse el dictamen, se produce un sentimiento de «victoria» en Cataluña y de «derrota» en Castilla y León. ¿Se vuelve a declarar una especie de guerra entre dos comunidades?
-Espero que no, espero que no. Sería un error terrible.
-¿Las palabras de Carod Rovira, en Barcelona, y de Julián Lanzarote, en Salamanca, alejadas de la racionalidad, han contribuido al progresivo enrarecimiento de la cuestión?
-No han contribuido a apaciguar las pasiones. De todos modos, Carod no ha sido tan extremista: podría haber reclamado de manera inmediata los papeles de Esquerra Republicana, su propio partido, y seguir con el victimismo. Y lo ha evitado.
[Fuente: Por Jesús Hernández, Zamora en La Nueva España, Asturias, 06ene05]
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