EQUIPO NIZKOR |
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31dic04
Expertos y papeles.
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Lo más asombroso de la trifulca política montada en torno a los llamados "papeles de Salamanca" ha sido la inmensa distorsión con que puede presentarse ante la opinión pública un problema colectivo. Supongo que en parte se debe a ignorancia y superficialidad informativa, pero me temo que abundan también los ingredientes de irresponsabilidad y mala voluntad. He conocido el asunto de cerca porque he formado parte de la llamada "comisión de expertos", cuya función era asesorar al Gobierno sobre el destino de los fondos documentales de la Generalitat catalana incautados en 1939 y depositados en un archivo, de denominaciones cambiantes a lo largo del tiempo, situado en la ciudad de Salamanca. En contra de lo que las autoridades castellano-leonesas ha declarado saber a ciencia cierta, la comisión no tenía una opinión predeterminada sobre el asunto ni ha estado en modo alguno "teledirigida" por nadie; por lo que a mí respecta, puedo dar fe de no haber recibido la menor indicación ni presión, aunque no me extrañaría, dado lo enconado del ambiente, que no se me creyera, ni aun por gentes a las que creo sensatas. Lo único que me atreví a decir a un periodista que me interrogó al comienzo de la historia fue que era una cuestión "compleja", aunque tengo que confesar que, a medida que se fueron desarrollando nuestros debates y fui leyendo informes sobre el tema, cambié de parecer, como soy testigo de que les ocurrió a otros miembros de la comisión; y, caso verdaderamente excepcional en mi repertorio de opiniones, un asunto político fue dejando de parecerme complejo y acabó resultándome "sencillo". Intentaré explicarlo.
Primero, los hechos. Aunque se haya dicho y repetido lo contrario, nadie ha discutido ni se ha planteado nunca cuál habría de ser el destino de los "papeles de Salamanca" o del "archivo de la Guerra Civil", sino sólo el de los fondos documentales de la Generalitat de Catalunya anterior a 1939. Estos fondos consisten en 507 cajas bien identificadas, de las 20.000 aproximadas de las que consta el depósito documental hoy guardado en Salamanca; es decir, que la manzana de la discordia apenas sobrepasa el 2,5% del célebre archivo. Eso es lo que hemos recomendado devolver a la institución que ha heredado el nombre de la que los generó. Podrá discutirse si hacerlo es "justo y legítimo", como nos ha parecido a nosotros, pero lo que no puede discutirse de buena fe es que no se trata del "archivo de Salamanca", sino de una parte mínima del mismo.
En segundo lugar, la comisión ha recomendado que de esos fondos documentales se deje en Salamanca una copia microfilmada y digitalizada, que tendrá valor de documento auténtico; lo que significa que los interesados o historiadores futuros podrán ver exactamente lo mismo allí que en Barcelona, ya que los originales, en serio riesgo de ser destruidos por el uso, estarán en un futuro no lejano inaccesibles para el público. Es una disputa, por tanto, simbólica. En términos prácticos, nadie pierde ni gana nada con lo decidido. Al decir esto, no pretendo quitarle importancia, pues es bien sabido que las disputas simbólicas son las menos negociables para nuestros congéneres humanos; pero debemos saber, al menos, de qué estamos hablando.
Tercero (aunque, para quienes den prioridad a los principios, debería ser lo primero): la justicia estaba de parte de los reclamantes. Eso sí que lo barruntaba desde hace tiempo, pero lo vi confirmado de manera tajante por tres juristas de prestigio, de procedencia completamente diversa, que disolvieron mis dudas y las de otros cuantos miembros de la comisión con informes inapelables: la incautación fue violenta y brutal, no respetó ni la menor norma de las que deben acompañar toda expropiación, y el derecho a la reparación del hecho injusto no había prescrito, cualquiera que fuera el plazo que se aplicara, porque desde el momento mismo en que la Generalitat pudo reclamar sus papeles, nada más ser restablecida, lo hicieron (y, por cierto, en aquel momento el señor Fraga Iribarne les dio la razón; la repentina preocupación por la "unidad del archivo" vino más tarde).
Hasta aquí, de forma muy abreviada, los hechos y las consideraciones de derecho. Pero no basta con eso. Con el paso de los años se había creado un problema político. El archivo se formó en su día con fines exclusivamente represivos, para hacer a partir de él un enorme fichero de la "anti-España" y poder pedir cuentas a todo el que hubiera dado hasta una perra chica para un monumento a Ferrer Guardia. Pero, con el curso de los años, había cambiado sus funciones. Durante la transición, sirvió para fundamentar las reclamaciones de derechos por parte de los represaliados por el franquismo y acabó por convertirse en el principal fondo documental sobre la Guerra Civil y la dictadura subsiguiente. Más importante aún era que la gran mayoría de la opinión castellana lo había interiorizado como símbolo de su memoria colectiva. Poco importa que esto último fuera producto de una manipulación. Todo lo relacionado con la "memoria colectiva" lo es. Pero la Castilla ayer dominadora anda hoy, si no miserable ni envuelta en sus andrajos, sí relativamente deprimida y con un palpable sentimiento de humillación ante la "prepotente" Cataluña. La discusión sobre quién sea aquí de verdad el dominador y quién el explotado llevaría años y serviría de muy poco. Lo que importa es que así es como lo percibe la mayoría de la opinión castellana.
La comisión tuvo estos sentimientos en cuenta. Decidió recomendar al Gobierno que protegiera el resto del archivo ante futuras reclamaciones y, sobre todo, que hiciera de él, por medio de diversas medidas, un gran centro de investigación: para empezar, con la devolución -importante devolución, de la que no se habla- de los fondos extraídos del mismo para formar la Causa General o el llamado Archivo de la Guerra de Liberación; y con la concentración, además, de fondos militares, procedentes de los consejos de guerra por "rebelión militar" o "auxilio a la rebelión" (célebre eufemismo franquista para referirse a la lealtad a la República), que hoy están dispersos y mal cuidados, cuando constituyen una fuente de información de valor probablemente superior a todo lo que hoy contiene el archivo de Salamanca. Para llevar a cabo este proyecto serán necesarios fondos, personal, edificios, y todo eso le recomendamos al Gobierno que lo proporcionara y lo situara en la ciudad del Tormes. En el último momento, y como gesto espontáneo de buena voluntad, los catalanes presentes en la comisión ofrecieron regalar a ese futuro gran centro de investigación salmantino copia de todos los documentos existentes en el Archivo Nacional de Catalunya sobre la Guerra Civil.
El dictamen era, por tanto, equilibrado y no perjudicaba a nadie. La Generalitat recibía lo que era suyo y Salamanca, aunque viera salir algunos originales, guardaba copia de todo, a la vez que volvía o era llevada allí por primera vez una cantidad de documentos muy superior a la que salía. No quiero concluir, con esto, que el resultado del arbitraje fuera perfecto. Algunos hubiéramos preferido un blindaje más claro del resto del archivo ante futuras reclamaciones. Pero no había manera de justificarlo jurídicamente y, en todo caso, dadas las condiciones estrictas que hemos recomendado al Gobierno para toda devolución, el total afectado nunca superará el doble de lo que ahora se aconseja entregar (es decir, no pasará del 5%).
Una última consideración, al margen del problema central: recientemente se ha criticado mucho a la comisión del 11-M por estar formada por "políticos". Los mismos medios de comunicación que hicieron esas críticas han lanzado ahora sus dardos contra una comisión no política, formada por puros "expertos". No creo que nadie encuentre fácil de definir en términos políticos al ex director de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisión, ni que niegue que es experto en expolios culturales; como no pertenece a ningún partido ni a ninguna región española Edward Malefakis, reputado historiador greco-estadounidense, especializado en la República y la Guerra Civil; ni son políticos los archiveros, catalanes y no catalanes, que han votado unánimemente a favor del acuerdo, sin una sola discrepancia ni abstención. Todos ellos, y la inmensa mayoría de la comisión, hasta sumar catorce votos, hemos apoyado al final la misma solución. Sólo ha habido tres abstenciones; ni siquiera un voto en contra, porque no había argumentos. Tal resultado debería hacer reflexionar a quienes de manera tan visceral siguen pronunciándose contra esta resolución. Según parece, son partidarios del "Santa Rita, Rita"; aunque aquella mezquina cantilena infantil seguía con "lo que se da, no se quita", y esos documentos no fueron nunca dados por sus dueños originales al archivo de Salamanca. Les fueron arrebatados a punta de pistola y trasladados allí en un ambiente de terror y enfrentamiento.
Ese ambiente es el que se superó, con notable éxito, en la transición a la democracia que siguió a la muerte de Franco. Y aquel clima de consenso de la transición es el que debe recuperarse hoy. En España sigue pendiente de solución el problema de la distribución territorial del poder, cuestión nada fácil pero que, por suerte, afecta casi en exclusiva a las élites políticas. Lo que no ha ocurrido aquí nunca son enfrentamientos entre grupos de población, como entre las diversas minorías étnicas de la antigua Yugoslavia. No juguemos con fuego. Atizar las pasiones colectivas de multitudes que jamás visitarán un archivo pero que por él se declaran dispuestas a morir -léase bien: a matar-, es una gravísima responsabilidad histórica. Lo último que necesitamos aquí son caudillos locales o periodistas que emulen a Tudjman o a Milosevic.
[Fuente: Por José Álvarez Junco, El País, Madrid, 31dic04 José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Actualmente dirige el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.]
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