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11feb14
Las doce causas que la nueva ley anulando la jurisdicción universal ordena archivar
La Audiencia Nacional tiene abiertas doce causas en las que investiga delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como 'justicia universal', que el PP quiere restringir según una proposición de ley que debate hoy el pleno del Congreso.
La proposición, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), propone que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.
Los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
Las doce causas de justicia universal que instruye la Audiencia Nacional y que pueden verse afectadas por esta iniciativa son:
Genocidio en el Tíbet
En 2006, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Ismael Moreno a investigar una querella contra cinco ex líderes comunistas chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, por el supuesto genocidio en el Tíbet en los ochenta y los noventa.
Moreno cursó ayer órdenes de detención internacional contra todos ellos a efectos de su ingreso en prisión, después de que en noviembre le instará a ello la sección cuarta. El 11 de octubre de 2013 esta querella se amplió al ex presidente Hu Jintao chino.
Genocidio en Guatemala
El juez Santiago Pedraz instruye la querella de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra ocho ex altos cargos guatemaltecos por genocidio, terrorismo y torturas después de que el Supremo ordenara en 2003 que se investigara, aunque sólo los hechos que afectasen a españoles, en este caso el asalto a la embajada de España en 1980 y los asesinatos de sacerdotes españoles.
Muerte de José Couso en Irak
El 27 de mayo 2003 la familia del cámara español José Couso, muerto en Irak el 8 de abril de ese año, presentó una querella en la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses, que han sido reclamados en cuatro ocasiones por la justicia española a Estados Unidos para que sean juzgados en España.
La familia de José Couso ya ha mostrado su disposición a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "si el Gobierno da luz verde a la reforma que supondría el archivo del caso" para investigar las circunstancias de su muerte.
Genocidio en el Sáhara
Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro derechos humanos denunciaron el 14 de septiembre de 2006 a 31 militares marroquíes por la desaparición de 542 saharauis desde que España se retiró del territorio en 1975.
Esta causa, que afecta entre otros al ex ministro del Interior de Marruecos Driss Basri, fue ampliada por el juez Pablo Ruz, que admitió a tramite otra querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino y que hizo que la activista Aminatu Haidar prestara declaración.
Falun Gong
El 6 de junio de 2006, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia Nacional la investigación de la muerte entre 1999 y 2002 de seguidores de Falun Gong, práctica espiritual prohibida por China en 1999, al estimar un recurso de ese movimiento.
Exterminio de españoles en la IIGM
El 17 de julio de 2008, el juez Ismael Moreno admitió a trámite una querella interpuesta por supervivientes españoles contra cuatro guardias de las SS en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, que ahora residen en EEUU.
En septiembre de 2009, Moreno dictó una orden internacional de detención contra Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf, supuestos miembros de la organización SS Totenkopf-Sturmbann ("Batallón de la Calavera").
Vuelos de la CIA
El 12 de junio de 2006, el juez Moreno se declaró competente para investigar las posibles escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos.
Genocidio en Ruanda
El juez Fernando Andreu admitió a trámite en febrero de 2005 una denuncia contra 69 altos cargos de Ruanda por el asesinato de nueve españoles y cuatro millones de ruandeses entre 1994 y 2000, lo que le llevó a ordenar en 2008 la detención de 40 militares de Ruanda.
Asesinato de Carmelo Soria
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el 24 de mayo de 2012 al juez Pablo Ruz el procesamiento de siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 durante el régimen del dictador Augusto Pinochet.
Una semana después, el 30 de octubre, el juez Pablo Ruz ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de todos ellos y cuya entrega a España fue rechazada por un juez de la Corte Suprema chilena el 26 de julio.
Asesinato de Ignacio Ellacuría
Casi veinte años después del asesinato de seis jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, y dos de sus empleadas en El Salvador en 1989, el juez Eloy Velasco admitió una querella contra catorce miembros del Ejército salvadoreño presuntamente implicados en esos asesinatos.
El 30 de mayo de 2011, el magistrado ordenó la busca y captura de 20 militares salvadoreños acusados de asesinatos terroristas y lesa humanidad.
Ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad de Gaza
Dos cooperantes españoles presentaron el 23 de julio de 2010 una querella por crímenes de guerra y contra la humanidad contra las autoridades israelíes por el asalto armado que comandos de ese país habían lanzado en mayo del mismo año contra una flota de ayuda a Gaza, que se saldó con nueve muertos.
El 30 de julio de 2010, el magistrado Pablo Ruz abrió diligencias previas a fin de determinar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación.
Ataque al campo de refugiados iraníes de Ashraf
El juez Fernando Andreu mandó el 1 de diciembre de 2009 una comisión rogatoria a Irak para informarse si la justicia de ese país investigaba un ataque del Ejército iraquí el pasado julio al campo de refugiados iraníes de Ashraf, que costó la vida a 11 personas y otras 36 fueron secuestradas.
[Fuente: El Mundo, Efe, Madrid, 11feb14]
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