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22may09
Tentativa de reforma de la competencia universal en España: un paso atrás en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves
La FIDH y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) lamentan la adopción, el martes 19 de mayo de 2009, por parte del Parlamento español, de una resolución que pretende restringir el principio y, por tanto, limitar la implementación de la competencia universal por los tribunales españoles.
Esta propuesta de resolución aprobada por el Congreso de los Diputados determina, en contra del Derecho internacional, que sólo se ejercerá la jurisdicción universal si los presuntos delincuentes se encontraren en territorio español o si hubiera víctimas españolas y, en todo caso, cuando siempre que un tribunal internacional o el país donde ocurrieron los hechos no esté procediendo a su persecución efectiva.
Esta propuesta parlamentaria surge justo después de que los jueces de la Audiencia Nacional hayan iniciado investigaciones sobre crímenes presuntamente cometidos por oficiales israelitas en Gaza en 2002, así como por oficiales chinos en los acontecimientos ocurridos en el Tíbet, por responsables estadounidenses en Guantánamo o, también, por los crímenes cometidos en el genocidio ruandés o bajo las dictaduras chilena, argentina o guatemalteca. Los jueces de la Audiencia Nacional habían decidido iniciar un procedimiento en estos casos tras haber establecido que no estaba en curso ninguna investigación independiente o procedimiento imparcial en el Estado territorialmente competente.
“Lamentamos que las consideraciones políticas y diplomáticas puedan conducir a España a dar marcha atrás en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes más graves, dado que su legislación forma parte de las más avanzadas para el ejercicio de la competencia universal”, ha declarado Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH.
Nuestras organizaciones subrayan que la competencia universal constituye el último recurso para las víctimas de crímenes internacionales que desean obtener la verdad, la justicia y la reparación y, por consiguiente, hacen un llamamiento al gobierno y al parlamento españoles para que no permitan que las presiones internacionales les hagan recular ante las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos.
Madrid, 22 de mayo de 2009
FIDH y APDHE
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