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14ago19
Brasil autoriza la extradición a España de uno de los autores de la matanza de Atocha
La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición del ciudadano español Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza de los abogados izquierdistas cometida en en la calle Atocha de Madrid, en 1977, confirmó este martes la Fiscalía. El prófugo huyó de España hacia Paraguay tras haber obtenido la libertad condicional en 1991 y fue detenido el pasado 5 de diciembre en la ciudad brasileña de Sao Paulo.
La segunda sala del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil siguió la petición de la Fiscalía brasileña y autorizó la extradición por unanimidad, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público Federal (MPF). En su decisión, los jueces de la máxima corte del país suramericano consideran que se cumplían los requisitos necesarios para la extradición, entre ellos la tipificación de los crímenes y la no configuración de un delito político.
En un escrito enviado al Supremo, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, recomendó la extradición al "no verificar" que la petición realizada por las autoridades españolas "haya sido presentado con "la finalidad de perseguir o castigar al extraditado por opiniones políticas". La Audiencia Nacional de España había pedido al Gobierno que solicitara a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito y le quedan por cumplir 3.855 días de prisión.
García Juliá pasó de ser un asesino fugado cuando en 1994 dejó de dar señales de vida en Paraguay a dedicarse al narcotráfico en Bolivia, tras lo que siguió su huida por cuatro países más: Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, donde fue finalmente detenido y se dedicaba a conducir para Uber, según declaró.
Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que este autor de la matanza de Atocha de 1977, condenado a 193 años de cárcel por la Audiencia Nacional, viajó en diciembre 1994 a Asunción (Paraguay) con permiso del juez de vigilancia penitenciaria para "hacer efectiva una aceptación de oferta laboral".
Llevaba en libertad condicional desde septiembre de 1991, tras 14 años en prisión, y no cumplió en Paraguay con su obligación de comparecer cada mes en la Embajada de España. Al contrario, salió de este país y se fue a Bolivia, donde continuó su carrera delictiva dedicándose al tráfico de estupefacientes, por lo que fue detenido en mayo de 1996, según explica una de las varias órdenes de detención internacional cursadas contra él por la Audiencia Nacional, la última de 2017.
Fue en agosto de 1996, pocos meses después de ser detenido en Bolivia, cuando la justicia española revocó su libertad condicional, y en 2001 pidió su arresto preventivo para extraditarle, pero esta entrega nunca se llegó a realizar. Ese año entró en Brasil por el estado de Rorarima, limítrofe con Venezuela, y lo hizo bajo una identidad falsa venezolana: Genaro Antonio Materan Flores.
En Sao Paulo y bajo ese nombre solicitó un visado provisional en 2009, donde hizo constar que trabajaba como conductor de Uber. Antes de su arresto, García Juliá pasó por otros tres países, Chile, Argentina y Venezuela, escondiéndose siempre bajo identidades falsas. En Brasil pasó desapercibido todos estos años hasta que en julio de 2018 la Policía Federal brasileña detectó su presencia en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española.
En España, según el cómputo de la Audiencia Nacional, le restan por cumplir 3.855 días de condena, unos 10 años y medio, en los que, como preso fugado, le será más difícil acogerse a los beneficios penitenciarios de los que disfrutó cuando en 1991 fue puesto en libertad condicional.
García Juliá, que era de la Falange, tiene ahora 63 años y tenía solo 24 cuando en enero de 1977 entró junto con otro condenado y también fugado en Latinoamérica, José Fernández Cerrá, en el despacho laboralista de Comisiones Obreras en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Ambos comenzaron a disparar contra los abogados que había allí y lo hicieron, según la sentencia de la Audiencia Nacional, en nombre de un grupo de ultraderecha compuesto por cuatro personas que rechazaba el cambio hacia la democracia. Tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal, murieron a causa de sus disparos.
[Fuente: República de las ideas, Ep, Madrid, 14ago19]
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