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23jun16
Cómo se pudo espiar al máximo responsable político de la seguridad del Estado en su propio ministerio
Su antecesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, nunca tuvo florero en su despacho del Ministerio del Interior, en el número 5 del paseo de la Castellana. Jorge Fernández Díaz tampoco. Pero alguien tuvo que grabar las dos entrevistas, de cuatro y dos horas, que el actual ministro en funciones de Interior y el todavía director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el magistrado Daniel de Alfonso, mantuvieron en el despacho ministerial los días 2 y 16 de octubre del 2014. Quizás no sea la primera vez que alguien osa grabar una conversación del máximo responsable de la seguridad del Estado, pero sí que tras hacerlo filtra el audio. Si es que el que grabó y filtró después al diario Publico.es son la misma persona.
El despacho del ministro del Interior se encuentra en la primera planta de un palacete. Para acceder se supera un control que tutela la Guardia Civil, pasar cualquier bolso o cartera por un escáner y traspasar un arco de seguridad. Unas medidas que se relajan cuando el que accede es una autoridad que tiene una cita previa con el ministro, como era el caso de Daniel de Alfonso.
No hay inhibidores en el despacho, pero periódicamente se realizan barridos de seguridad para comprobar que no hay micrófonos. ¿Entonces quién grabó? Puede que alguno de los dos interlocutores tuviera interés en dejar constancia de lo que hablaban, teniendo en cuenta que en las competencias de uno y otro si está reunirse, pero no negociar investigaciones a medida.
En las múltiples entrevistas que ha concedido De Alfonso desde que Publico.es empezó a difundir las grabaciones, el magistrado negó haber grabado "intencionadamente" las reuniones. Pero también reveló que su móvil fue monotorizado por la Policía Nacional a los que lo entregó para que el teléfono fuera examinado y descartar que estuviera manipulado. Sin sutilezas, De Alfonso planteó que pudieron ser policías los que manipularon su teléfono para que actuara como micrófono durante esas las reuniones. De esa forma, desde el exterior alguien pudo controlar esa grabación y guardarla. Entonces, la siguiente cuestión es si alguien del equipo de máxima confianza del ministro, actualmente todos mandos de la Policía Nacional, hicieron la grabación de su superior político.
¿Quién además de Fernández Díaz y De Alfonso sabía que esas dos reuniones se iban a celebrar? Pues precisamente un mando de la Policía Nacional, el inspector Miguel Ángel Gago. Un policía que aparece en las grabaciones y al que cita De Alfonso. Gago sería el "hombre de confianza" encargado de que se compartiera la información sensible sobre políticos catalanes.
El inspector Gago es la mano derecha y hombre de total confianza del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino. Este último se jubila precisamente hoy, y ayer se desconvocó el acto que se iba a celebrar para despedirle. Tampoco hay sucesor, todavía, pese a que en las últimas horas sonó con insistencia el nombre de otro comisario, José Luis Olivera.
Al DAO se le atribuye el haber creado, auspiciado y dirigido una unidad secreta porque no figuraba en el organigrama de la Policía, integrada por un grupo de agentes que desde el 2012 se han dedicado en exclusiva a buscar indicios de corrupción vinculados a dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno. En ese grupo ha destacado otro polémico comisario, José Manuel Villarejo, quién está a punto de jubilarse pero que precisamente ayer supo que tendrá que declarar, como imputado, por otro escándalo que ha evidenciado la guerra sucia que están protagonizando dos sectores de la cúpula de la Policía Nacional, el caso del pequeño Nicolás.
El comisario Villarejo fue el hombre que haciéndose pasar por abogado convenció a Victoria Álvarez para que declarara contra su exnovio, Jordi Pujol Ferrusola. Ese grupo de agentes fueron los autores del borrador apócrifo que advertía de las corruptelas del clan Pujol, y no la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a pesar de que eran los competentes. Es en el contexto de esa batalla sin escrúpulos por el poder el seno de la Policía y en la cúpula de Interior en el que aparece otro comisario, Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos y que se enfrentó a Villarejo. Perdió y mientras el primero era condecorado el segundo era defenestrado.
La investigación que Fernández Díaz ha encargado al comisario de la Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, dirá si el origen de la grabación y la filtración está en esa guerra. O quizás no le de tiempo. Se jubila el 17 de julio.
[Fuente: Por Mayka Navarro, La Vanguardia, Barcelona, 23jun16]
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