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11ago12
El ex consejero Antonio Fernández abandona la prisión tras pagar la fianza
El ex consejero Antonio Fernández, en prisión preventiva desde el pasado 24 de abril por su presunta implicación en el fraude de los ERE, ha abandonado en la noche del viernes la cárcel tras depositar la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla. Fernández se encuentra ya en su domicilio de Jerez de la Frontera.
El abogado del antiguo titular de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha confirmado a EL MUNDO.es que su cliente ha salido del centro penitenciario de Morón de la Frontera antes de las 22 horas. Martínez del Hoyo ha insistido han logrado reunir la cuantía de la fianza "gracias a cientos de aportaciones individuales" de sus amigos.
La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ordenó su ingreso en prisión comunicada sin fianza el pasado 24 de abril tras cuatro días de declaración. La Audiencia de Sevilla corrigió a la instructora y ordenó libertad para Fernández si éste depositaba 450.000 euros, cantidad que Alaya posteriormente se negó a rebajar. Tampoco aceptó que se pudiera sustituir el dinero en metálico por avales.
Antonio Fernández es el primero de los tres imputados que se encuentran en prisión que logra salir en libertad. Ni el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero ni el antiguo chófer de éste, Juan Francisco Trujillo Blanco, han logrado reunir el dinero de la fianza impuesta.
Investigación en el Parlamento
Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, aseguró en su declaración como imputado que el sistema de ayudas implantado en 2001 "era legal y lo sigue siendo" y defendió su eficacia al ser más operativo para ayudar a trabajadores y empresas.
El ex consejero está citado el próximo 24 de agosto en la comisión de investigación creada por el parlamento andaluz y su abogado había anunciado que no acudiría a declarar si para entonces seguía preso por el daño que a su derecho a la imagen le podría crear "hacer el paseíllo esposado o custodiado por la Policía". Esa era la única razón para no acudir y no un deseo de no colaborar con el parlamento, afirmó entonces su defensor.
En su auto de prisión, la juez acusó a Fernández de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía debido al "despilfarro continuado" de los fondos públicos.
De la declaración del ex consejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta "indiscriminadamente" y no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.
[Fuente: Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, El Mundo, Madrid, 11ago12]
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