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03abr13
Los miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid se repartieron 1,4 millones en créditos
Los miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid aprovecharon su posición de privilegio en la entidad para autoconcederse préstamos personales, avales, cuentas de crédito e hipotecas por importe de 1.423.000 euros entre 2008 y 2010. Así consta en la documentación aportada por Bankia al Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga el proceso de fusión de la entidad y su posterior salida a bolsa.
Se da la circunstancia de que los miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid durante el periodo sometido a escrutinio fueron nombrados directamente por el Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida y por los sindicatos UGT y CCOO, una práctica habitual en las cajas de ahorro hasta la reforma de la ley que regulaba estas entidades en julio de 2010. Al menos un representante de cada uno de estos partidos y sindicatos obtuvo fondos de Caja Madrid para financiar diferentes actividades privadas, según demuestra la información aportada por Bankia a Fernando Andreu, el magistrado instructor del caso.
Las comisiones de control de las entidades financieras velan por el cumplimiento de los estatutos de cada entidad y fiscalizan las decisiones que pueden implicar un excesivo riesgo para sus cuentas. La designación de miembros de diferentes sensibilidades políticas debía servir para crear un sistema de contrapesos que garantizara el buen gobierno de la entidad. Pero en la práctica, el sistema nunca funcionó. En el caso de Caja Madrid, el tiempo ha demostrado que la dejación de funciones de la Comisión de Control fue habitual, impidiendo que se frenaran préstamos y créditos de alto riesgo que acabaron provocando la nacionalización de la caja junto a las otras seis entidades que se integraron en Bankia.
Financiación para actividades personales
Los datos entregados ahora por Bankia en la Audiencia Nacional prueban que, además de no realizar un control efectivo de Caja Madrid, los miembros del órgano interno de fiscalización utilizaron su poder en la cúpula de la entidad para conseguir líneas de crédito con las que financiar actividades privadas.
En concreto, Francisco José Pérez Fernández, designado a propuesta del PSOE, consiguió en 2008 un préstamo familiar con un plazo de devolución de 20 años por importe de 234.000 euros. Ángel E. Gómez del Pulgar y Perales, también nombrado por el PSOE, logró en 2008 un aval de 6.000 euros a reembolsar en 18 meses. Y Miguel Ángel Abejón Resa, miembro en representación de UGT, consiguió en el mismo ejercicio un aval de 5.000 euros para devolver en 12 meses.
Los dos miembros de la Comisión de Control que se beneficiaron de más operaciones fueron María Carmen Cafranga Cavestany, designada por el Partido Popular, y Rubén Cruz Orive, con asiento en representación de Izquierda Unida. En concreto, Cafranga se autoconcedió una línea de aval multiempresa de 100.000 euros en 2008 para reintegrar en 12 meses y, en 2009, repitió la misma operación por idéntico importe, también con un periodo de devolución de un año. Por su parte, el consejero vinculado a IU figura como beneficiario de fondos de Caja Madrid en los tres años requeridos por el juez. En 2008, obtuvo una cuenta de crédito de 100.000 euros; en 2009, consiguió un préstamo hipotecario de 85.000 euros para reembolsar en 20 años; y, en 2010, logró un préstamo personal de 15.000 euros.
Las sospechas del magistrado
Otro consejero, Miguel Araujo Serrano, nombrado también por el Partido Popular, validó un préstamo personal en el que él mismo figuraba como beneficiario por un importe de 60.000 euros en el año 2010 a pagar en un plazo de cinco años. Curiosamente, el miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid que obtuvo la mayor cantidad de fondos de la entidad fue Antonio Rey de Viñas y Sánchez de la Magestad, el miembro-representante de Comisiones Obreras en este órgano. En 2010 se llevó un aval empresa de 718.000 euros con una comisión trimestral del 0,5%.
La documentación aportada por Bankia no aclara el estado actual de estos créditos y avales, pero le permitirá al juez Andreu seguir profundizando en los errores de gestión que condujeron al deterioro de los balances de Caja Madrid. El magistrado sospecha que los directivos de la caja pudieron relajar sus funciones de supervisión a cambio de préstamos y avales personales adjudicados por ellos mismos en condiciones favorables. No obstante, ninguno de estos consejeros se encuentra entre los 33 imputados por Andreu hasta el momento por su posible implicación en las decisiones que provocaron el deterioro contable de Bankia.
El periodo que investiga la Audiencia Nacional se caracterizó por las dificultades para la obtención de financiación de las entidades españolas. Sin embargo, los datos enviados a Andreu demuestran que los miembros de la Comisión de Control no tuvieron dificultades para lograrla.
[Fuente: Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 03abr13]
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