Equipo Nizkor - La obscena privatización de la sanidad madrileña.

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30dic12

La obscena privatización de la sanidad madrileña

Hay que reconocerle a Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, que así se llama el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un arrojo político indudable. Nunca -desde que a los 16 años ingresó en las juventudes del Partido Popular- ha ocupado puestos relacionados con la sanidad pública o privada, pero ha sido capaz de impulsar la mayor reforma del sistema sanitario desde que en 1978 nació el viejo Insalud.
Lo sorprendente, sin embargo, no es su desconocimiento profesional de una realidad compleja -estudió Derecho y Ciencias Políticas y ha hecho carrera siempre dentro del PP ejerciendo de fontanero de sus jefes: Esperanza Aguirre y Aznar- sino que en sus intervenciones públicas suele establecer una especie de superioridad moral de lo privado frente a lo público a la hora de gestionar hospitales y centros de salud. Y eso que toda su vida profesional la ha hecho al calor de la cosa pública.
Lo relevante no es que lo piense Lasquetty -al fin y al cabo muchos ciudadanos tienen la misma opinión de manera totalmente legítima- sino que, en ningún momento, ha sido capaz de acreditarlo con cifras o con información basada en la experiencia internacional, lo cual es más preocupante.
Este es, en realidad, el mayor problema de la reforma sanitaria aprobada en Madrid: que ni los propios impulsores conocen sus consecuencias e hipotéticos beneficios. Al contrario de lo que sucede en otras esferas de la economía, en el campo de la salud la eficiencia y la productividad no están relacionadas directamente con el hecho de que la gestión sea pública o privada, sino con factores mucho más complejos vinculados a parámetros exógenos.
EEUU, por ejemplo, es el país del mundo que más gasta (salvo Luxemburgo) en sanidad per cápita (7.960 dólares); pero es, al mismo tiempo, el más ineficiente. La sanidad norteamericana precisa más dinero para dar la misma calidad al no haber tejido una red asistencial capaz de aprovechar las economías de escala que se derivan de un modelo sanitario integrado. España, muy al contrario, ocupa el puesto número 19 (año 2009) en cuento a gasto sanitario total per cápita dentro de Europa (3.032 dólares) incluyendo fondos públicos y privados, pero existe una coincidencia general en que el sistema es globalmente muy satisfactorio. Incluso países como Suecia, que ahora se ponen como ejemplo, gastan más que España por cabeza pese a que la gestión de su sistema sanitario es mayoritariamente privada tras las reformas de los primeros años 90.
Los costes estructurales
¿Es mejor el sistema sueco que el español? La respuesta, como en la canción de Dylan, está flotando en el viento. Simplemente porque la realidad socio-económica y demográfica de ambos países es radicalmente distinta, toda vez que el gasto sanitario está influido mayoritariamente por dos variables: el número de enfermos crónicos (que en la mayor parte de los casos sufren distintas enfermedades de manera simultánea) y los avances tecnológicos, tanto en medicamentos como en equipamiento hospitalario. En el primer caso, y según algunos estudios, más del 70% del gasto sanitario se concentra en el 5% de la población con mayor necesidad de atención sanitaria, precisamente los enfermos de carácter crónico.
Sin duda que detrás de esta realidad se encuentran tanto el estilo de vida de cada país como los antecedentes económicos, sociales y culturales de la población atendida, cuyas circunstancias son muy distintas por razones históricas, por lo que no es posible establecer ninguna comparación homogénea. Es por eso que las investigaciones más recientes han encontrado la respuesta acudiendo a la gestión integrada de la atención sanitaria de los pacientes crónicos, incluyendo los servicios sociales y la dependencia.
Estos nuevos sistemas de gestión por supuesto que no tienen nada que ver con que la organización de la atención sanitaria sea pública o privada, sino con una nueva forma de aproximarse al problema. La otra clave, por el contrario, es aumentar la autonomía de gestión hospitalaria y la política de incentivos. Y ambas cosas, que ahorran costes, se pueden hacer hoy por hoy con la ley en la mano. De verdad alguien cree que un Gobierno que se ha subido impuestos, revolucionado a los funcionarios etc… no puede propiciar la autonomía de gestión de los hospitales y articular una política de incentivos.
¿Cuál es el problema? Que eso supone hacer política con mayúsculas, gestionar, aplicar el sentido común y brearse en el terreno de la administración de recursos, siempre escasos. Y eso es lo que no parecen querer en el PP de Madrid, complicarse la vida y actuar. Es mejor que lo hagan otros. Las empresas privadas que se quedarán con la gestión hospitalaria y los centros de salud. La política de incentivos se puede aplicar en ambos modelos, y eso, de hecho, es lo que se pretendía con la creación de fundaciones públicas, que intentó en su día Núñez Feijoo con Romay Beccaría de ministro.
La experiencia privatizadora sueca, como han puesto de relieve numerosos estudios, ha revelado que la economía de la salud no pasa por construir un sistema basado en la competencia, sino en la cooperación, que es, precisamente, lo que pretende el Ministerio de Sanidad -con acierto- cuando habla de crear una gran central de compras integrada en el sistema nacional de salud.
El pago por resultados es, desde luego, una fórmula válida tanto en uno u otro sistema, pero siempre que el sistema de evaluación sea objetivo y transparente, algo que hoy por hoy nadie es capaz de garantizar en los sistema mixtos de titularidad pública y gestión privada; y menos en un país como España, donde los intereses del sector público y del privado se entremezclan de forma obscena. Ahí está el caso de las autopistas radiales de Madrid que han tenido que ser salvadas de la quiebra con dinero público. Y ahí está la inasumible y escandalosa rentabilidad asegurada por la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de siete hospitales en la región: nada menos que un 11,22% anual garantizado por contrato, y sin pagar impuestos hasta pasados 17 años desde el inicio de la concesión. Muchas empresas querrían un chollo similar.
Un documento impagable
Existe, en este sentido, un documento impagable y esclarecedor que pone de relieve la estulticia de algunas políticas. Lo envió el 13 de abril de 2011 el anterior presidente de Seopan, David Taguas, al propio Lasquetty como representante de las empresas concesionarias. En el documento, aparte de quejarse de que el pliego de condiciones no cubre los gastos reales, las empresas concesionarias admiten que no hay forma de medir las intervenciones quirúrgicas. Y lo hacen en estos términos: "Transcurridos tres años desde la apertura de los 7 nuevos hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto mostrar en estadística".
Todo un reconocimiento de parte que lleva aparejado una reclamación: la administración madrileña ha generado una deuda no reconocida de tres millones de euros al año porque a las concesionarias no les salen las cuentas. Algo parecido sucedió con el hospital de Alzira, que tuvo que renegociar el contrato de concesión con la Comunidad valenciana, como sostiene la sociedad española de salud pública. Con razón, el profesor Guillem Lopez Casanovas se preguntaba hace algún tiempo qué tipo de incentivos tenía un proveedor del servicio sanitario (el gestor privado) para darle información veraz a quien financia (el sector público) habida cuenta de que puede ir contra sus propios intereses en el momento de corregir las tarifas.
No es de extrañar, por lo tanto, que la Cámara de Cuentas de Madrid dijera en un informe que elaboró sobre la sanidad de la región que "una gran parte de los indicadores previstos para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos presupuestarios sólo representan la actividad que se prevé llevar a cabo, pero no sirven para medir el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones". Pues bien, sobre la base de esta deficiente información es la que la Comunidad de Madrid ha procedido a privatizar buena parte de la gestión sanitaria.
Una inutilidad
Y es que ningún método de evaluación de resultados objetivo es capaz de medir realidades distintas, y, por lo tanto, trasladar un modelo u otro a un país es simplemente inútil. Como han puesto de manifiesto los profesores Mas, Cirera y Viñolas, del IESE, un reciente estudio de la OCDE elaboró un ránking de países estimando las muertes que se podrían haber evitado con una atención sanitaria eficiente. Y el resultado fue que el país con una menor mortalidad evitable era Francia, mientras que España ocupaba el puesto número 10 de 31. No está nada mal teniendo en cuenta que está a la cola del gasto sanitario per cápita.
Estamos, por lo tanto, ante una privatización de seis hospitales y 27 centros de salud que no se hace con criterios de eficiencia en el gasto, sino por razones estrictamente ideológicas, lo cual es todavía más irracional. Lasquetty, en este sentido, es un mero ejecutor al que el presidente Ignacio González despachará en cuanto pueda. Y no es que no existan bolsas de ineficiencia, que sin duda las hay, sino que se pretende tratar de forma homogénea a problemas distinto con soluciones no contrastadas por la realidad.
Sin duda que el brazo largo de la Faes de Aznar está detrás de este movimiento hacia ninguna parte que ha iniciado la sanidad madrileña. Pero lo que choca es que nadie en el Gobierno central (que ha recurrido al Constitucional el euro por receta) haya intentado frenarlo habida cuenta de que supone un paso más en la ruptura de la unidad de mercado en España. No parece razonable que cuando el propio Ejecutivo -con buen criterio- está ultimando una ley para garantizar la unidad de mercado, una comunidad privatice la gestión de buena parte de su red hospitalaria, lo que sin duda supone una distorsión en el conjunto del sistema. Como dijo Ignacio de Loyola, es mejor no hacer mudanza en tiempo de tribulación. Y menos cuando no la reforma no aparecía en el programa electoral.
[Fuente: Por Carlos Sánchez, El Confidencial, Madrid, 30dic12]

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