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oct12
Trabajadores pobres y empobrecimiento en España
Índice
Trabajadores pobre: una realidad compleja
1. El concepto de "trabajadores pobres" y su aplicación al caso de España
2. Factores que configuran la pobreza de trabajadores y trabajadoras en España
II. La evolución reciente de la pobreza en España
1. El impacto de la crisis en la evolución de los trabajadores pobres
2. Rasgos diferenciales de la pobreza en España frente a la UE
III. Políticas de recortes y perspectiva de un incremento de la pobreza en España
1. Las reformas del marco laboral, un severo recorte a los derechos de trabajadores y trabajadoras
2. Recortes sociales y desmantelamiento de las políticas sociales del Estado del Bienestar
Las políticas de recortes están intensificando y extendiendo la pobreza en España hasta alcanzar al 27 por ciento de la población.
El empobrecimiento de la población trabajadora no es una consecuencia "natural" de la crisis: la falta de reacción en un primer momento, las medidas erráticas en un segundo momento, la caída de la inversión y, finalmente, la instauración de una línea abiertamente neoliberal desde las instancias políticas, arrojan un saldo en el que a la intensa y prolongada destrucción de empleo hay que unir la precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección de los derechos laborales en el marco del mercado de trabajo y el drástico recorte de los recursos sociales que definen el Estado del Bienestar, unido a profundas reformas que auguran su desmantelamiento.
Todos esos elementos están provocando un empobrecimiento acelerado de la población trabajadora que alcanza al 27 por ciento de la población. Tras cuatro años de una crisis que, teniendo su origen en la economía financiera, se transmitió rápidamente a la economía productiva y ha producido efectos devastadores en términos de destrucción de empleo, la tasa de pobreza de la población española se sitúa en cuatro puntos porcentuales más que al inicio de la crisis.
En un contexto de empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.
El fenómeno de los trabajadores pobres es estructural únicamente en determinadas sociedades, donde a las precarias condiciones de empleo se une la escasez de recursos sociales. Sin embargo, en los estados sociales europeos, el volumen de población en riesgo de pobreza venía siendo atemperado por las políticas públicas de carácter social, bien por la vía de la transferencia de rentas (pensiones, prestación por desempleo, rentas básicas), bien por la amplitud y densidad de los servicios públicos, especialmente en lo que se refiere a la provisión gratuita en el momento de su uso de bienes esenciales como la educación o la sanidad.
En la actualidad, el fenómeno de los trabajadores pobres se está haciendo más persistente como consecuencia de los recortes que se han presentado como panacea para la resolución de la crisis y que, sin resolverla, no han hecho sino socavar hasta los cimientos el modelo de Estado que garantizaba la cohesión social, agrandando las fracturas preexistentes tanto en términos de segmentación del mercado de trabajo como de fractura y exclusión social, e impidiendo así una pronta salida de la crisis y, lo que es más grave: que la salida sea justa.
Los bajos salario, un factor determinante para explicar la pobreza.
Aún cuando pueda parecer una obviedad, el fenómeno de la pobreza, su comprensión y explicación, parten de una cuestión clave: la desigual distribución de la riqueza y de la renta, tanto en sentido "vertical" (rentas del trabajo y rentas del capital) como en sentido "horizontal" (distribución de recursos entre la población).
En estos últimos años la evolución interanual de las retribuciones salariales ha sido negativa; no así la de las rentas del capital, que han experimentado una evolución creciente |1|. A ello hay que añadir la enorme desigualdad en la distribución de los recursos económicos de la población en España que hace que se sitúe a la cabeza de la desigualdad europea: en el último año, la población con más recursos percibió unas rentas 6,8 veces superiores a la población con menos recursos justo por delante de Letonia (6,6) y superando a Lituania (5,8). En este periodo de crisis el índice de desigualdad Gini ha aumentado en más de 2,5 puntos, hasta situarse considerablemente por encima de la media de la UE |2|.
Indudablemente, no son ajenas a esta evolución la desregulación e individualización de las relaciones laborales, el incremento de la discrecionalidad empresarial a través de la reforma de la Negociación Colectiva, el abaratamiento del despido y la menor tutela jurídica de éste que se derivan de la Reforma Laboral (RDL 3/2012): la tentación de destruir empleo estable y bien remunerado por otro empleo más vulnerable y peor remunerado por parte de las empresas se va materializando y, a pesar de la intensa contestación social, no son pocos los trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a aceptar peores condiciones salariales con el objetivo de mantener sus empleos.
Los recortes en derechos sociales y prestaciones amplían el fenómeno de la pobreza.
Con todo, y aunque en los casos extremos los ingresos son determinantes para la posición con relación a la pobreza de las personas (ingresos muy altos o muy bajos), no son el único factor que determina la situación de pobreza; a los bajos ingresos hay que añadir la mayor o menor dificultad (en el extremo, la imposibilidad) para acceder a determinados bienes o servicios para satisfacer necesidades básicas, teniendo en consideración, además, que no todas las personas están en edad de trabajar o pueden hacerlo.
Aquí el papel de las políticas públicas de carácter social es determinante, y aquí es donde también encontramos una de las claves para el incremento de la pobreza en España.
Las draconianas condiciones con que se quiere "garantizar la estabilidad presupuestaria" desde el gobierno están suponiendo un durísimo recorte para las condiciones de vida del conjunto de la población, pero tienen una mayor incidencia en sus grupos más vulnerables.
Con una tasa de paro del 24,6 por ciento en el segundo trimestre de 2012, y una cobertura de la prestación por desempleo del 67 por ciento, el Real Decreto 20/2012 impone graves recortes a la protección social para quienes se encuentren en situación de desempleo, y especialmente a quines perciben la prestación asistencial o el subsidio, esto es, precisamente, a quienes están en una peor situación. Otro tanto cabe decir del endurecimiento de las condiciones para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI), al incorporar, como nuevo requisito, haber extinguido la prestación por desempleo (contributivo o no).
Para valorar el impacto de estas medidas en términos de pobreza, hay que señalar que en la actualidad se contabilizan en España 476.000 familias con todos sus miembros en situación de desempleo.
Educación, Sanidad, y Atención a la Dependencia, tres derechos básicos que se restringen, empobreciendo al conjunto de la ciudadanía.
Aún debemos hablar de otros factores que van a incidir seriamente en el mayor empobrecimiento de la población trabajadora, como son los recortes en materia de educación, sanidad y atención a la dependencia.
Unos recortes que, por rebajar necesariamente su calidad (la reducción de plantillas y de inversiones en los tres casos es una constante desde el inicio de la crisis y va profundizándose de manera contundente), hace inaccesible, de facto, este tipo de bienes para determinadas capas de la población: la dejación de la educación infantil en el sistema educativo público, el drástico recorte en becas y ayudas al estudio, el incremento de las tasas universitarias, el copago sanitario, la exclusión de las recetas de medicamentos de uso habitual, el copago de los servicios de atención a la dependencia (excepto para las rentas muy bajas), la moratoria para la prestación de este servicio a quienes tienen un grado de dependencia moderado, la reducción de la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, son algunos de los factores que van a ser determinantes para el incremento de la pobreza en nuestro país.
Una fiscalidad injusta que penaliza a quienes están en una situación más vulnerable.
Como va a ser determinante el hecho de que el gobierno, desoyendo a quienes reclaman una reforma fiscal en profundidad (Comisiones Obreras entre ellos), de carácter progresivo y por tanto, con capacidad redistributiva, haya optado por los impuestos indirectos, un incremento desorbitado del IVA en productos que son esenciales para garantizar unas condiciones de vida mínimamente dignas y salubres para la población, como el gas o la electricidad, o para garantizar la equidad en la educación, como es el caso del material escolar.
Es importante señalar que una parte importante de las consecuencias del empobrecimiento de la población es irreversible: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la de privación cultural, son sólo algunas de ellas.
La pobreza no incide de forma homogénea entre la población trabajadora.
El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo sino que viene determinado por una serie de factores de carácter laboral, y vinculados a su perfil social y a circunstancias de las unidades de convivencia.
En España, el patrón de crecimiento ha estado muy vinculado a la creación de empleos muy intensivos en mano de obra que requerían escasa cualificación, con una dinámica de externalización productiva que ha supuesto una fuerte atomización del tejido empresarial, hasta el punto de que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) concentran más del 60 por ciento del empleo en España |3| (del cual aproximadamente la mitad se encuentra en micro empresas de entre 0 y 9 personas empleadas), y asentado sobre un sistema de relaciones laborales que las sucesivas reformas no han hecho sino fragmentar e inclinar peligrosamente hacia una excesiva temporalidad en la contratación.
Pero además, las distintas situaciones laborales han mostrado una cierta "orientación selectiva" hacia determinados perfiles sociales: jóvenes, personas migradas, mujeres, lo que ha determinado no sólo una concentración sectorial y ocupacional en función de esos perfiles sociales, sino también en términos de modalidad contractual.
Esas peculiaridades del patrón de crecimiento en España hicieron que en los últimos quince años, pese al fuerte crecimiento económico, el porcentaje de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza relativa en España se haya mantenido considerablemente superior a la media europea, y la haya profundizado en la actualidad.
Una vez iniciada la crisis, y en la medida en que en su evolución las medidas tomadas no sólo no han corregido esta situación sino que, de hecho, la han agravado, la destrucción y precarización del empleo que la ha acompañado se ha cebado más en unos colectivos laborales que en otros, lo que indudablemente ha repercutido en que la pobreza se intensifique en determinados colectivos de trabajadores y trabajadoras.
El 12 por ciento de la población ocupada vive en hogares por debajo del umbral de pobreza; trabajodores y trabajadoras autónomos, a tiempo parcial o con contratación temporal superan esa tasa.
Más del 12 por ciento de la población ocupada vive en hogares por debajo del umbral de pobreza, una situación que difiere, como hemos indicado, en función de las distintas situaciones laborales, de modo que el porcentaje de trabajadores por cuenta propia, gran parte de los cuales son autónomos dependientes, que se encuentra en riesgo de pobreza se sitúa en el 40 por ciento frente al 7,1 por ciento de los trabajadores por cuenta ajena.
Dentro de este último colectivo, el 13,5 por ciento de quienes trabajan con contratación temporal, en gran medida jóvenes, vive por debajo del umbral de pobreza; el caso del trabajo a tiempo parcial, ocupado en su mayoría por mujeres, implica mayor nivel de pobreza: el 18,5 por ciento de quienes trabajan bajo esta modalidad contractual se encuentran en esta situación.
La ausencia de políticas sectoriales para actuar sobre la pobreza de determinados colectivos, significativamente sobre la población infantil, ha hecho que la pobreza se extienda.
Con todo, y como hemos señalado anteriormente, el riesgo de pobreza no está asociado únicamente a la precariedad laboral, sino que también está muy condicionado por la precariedad socioeconómica, y por situaciones vinculadas a aspectos personales como el sexo, la edad, la nacionalidad o algún tipo de discapacidad.
Desde el punto de vista socioeconómico, hay que hacer referencia a los distintos patrones de solidaridad social existentes en los diferentes países y culturas y que, en el caso de los países mediterráneos, con un menor desarrollo de los servicios y prestaciones asociados al Estado del Bienestar, están fuertemente vinculados al entorno familiar, de tal modo que la familia (la unidad de convivencia) ha jugado tradicionalmente un papel amortiguador ante los efectos de las situaciones de penuria, empobrecimiento y exclusión, bien a través de la aportación solidaria de los ingresos de distintas fuentes (salarios, pensiones, otros tipos de prestación dineraria, economía informal), bien a través de una intensificación del trabajo reproductivo y de cuidados en el entorno familiar (que compensa la falta de ingresos).
La fase de crecimiento en España no repercutió con la intensidad que podría (y debería) haberlo hecho en términos de extensión, intensidad y consolidación del Estado del Bienestar, lo que indujo a las familias a incorporarse a una fuerte dinámica de gasto en la compra de determinados servicios (guarderías, actividades educativas complementarias, servicios de atención y cuidado) y endeudamiento, vinculada, sobre todo, a la adquisición de la vivienda, lo que, de alguna manera, reforzó esa co-dependencia económica de las unidades de convivencia.
La repercusión negativa de la crisis en los ingresos familiares y en la drástica reducción de los servicios públicos de carácter social, así como la ausencia de políticas sectoriales para actuar sobre la pobreza de determinados colectivos, significativamente sobre la población infantil, ha determinado que la pobreza se extienda como una mancha de aceite.
Así, desde el comienzo de la crisis el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza relativa en España se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales desde el inicio de la crisis, hasta alcanzar un porcentaje del 27 por ciento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que sólo es superado en el ámbito de la UE por Rumania, a pesar de que un 39 por ciento de las familias tienen como referencia a una persona inactiva, de las cuales un 26 por ciento son pensionistas, un colectivo que hasta ahora ha sido el menos afectado por las políticas de ajuste en el gasto público.
Se trata de un porcentaje que presenta acusadas diferencias en función de los distintos colectivos: el 30 por ciento de la población infantil vive en hogares que se hallan por debajo del umbral de pobreza; este porcentaje es del 14,4 en el caso de la población trabajadora joven.
Presenta también notables diferencias en función de los perfiles socioeconómicos de tal modo que 1 de cada 3 personas trabajadoras de hogares con baja intensidad de empleo se encuentren en riesgo de pobreza, o que el 22 por ciento de los trabajadores de hogares con hijos a cargo vivan por debajo del umbral de la pobreza.
Se trata de un dato sin duda muy preocupante sobre todo teniendo en cuenta que el umbral que define la pobreza relativa también se redujo en este periodo en un 6 por ciento de los ingresos hasta situarse en 7.500 euros anuales |4|.
La evolución en los próximos años, de no revertirse las medidas adoptadas hasta ahora, no hará sino empeorar esta dramática situación.
Las políticas calificadas con el virtuoso término de "austeridad" (siempre deseable cuando hablamos de gasto público, pero no cuando se dicho término se utiliza para encubrir lo que no es sino una descarada apuesta por una concepción residual y meramente asistencial de lo público a favor del mercado) tienen un límite: aquél a partir del cual devienen en fractura y empobrecimiento social. Es preciso, y posible, abordar de otro modo la crisis, revirtiendo las nefastas consecuencias que para la población trabajadora están teniendo hasta el momento y orientando la acción política en otra dirección.
Una dirección que implica un mayor protagonismo de la ciudadanía y sus necesidades frente al actual protagonismo de los mercados; que implica una reactivación de las políticas de empleo y de los servicios públicos en general, que no pueden estar lastrados por condiciones y tiempos impuestos también por los mercados; que implica una reactivación del diálogo social en todas sus vertientes y dimensiones para definir una estrategia de salida a la crisis que no arrumbe los derechos conquistados duramente por los trabajadores y trabajadoras, que no deje a una gran parte de ellos en una situación extremadamente vulnerable, y que no se salde con una sociedad fracturada y empobrecida.
I.- TRABAJADORES POBRES: UNA REALIDAD COMPLEJA
Ingresos y servicios públicos determinan la situación de pobreza.
La existencia de trabajadores pobres rompe con la idea de que la integración en el mercado laboral es la condición básica para evitar la pobreza, la exclusión social o la privación material, porque aunque los salarios son claves, la pobreza va más allá, porque la pobreza se materializa en los hogares y porque las políticas públicas tienen un papel fundamental en la redistribución de la riqueza.
La pobreza no se mide igual en los países ricos y en los países pobres, aunque casi siempre se mide monetariamente. Mientras el Banco Mundial considera pobres a las personas que viven con menos de 2$ al día, en los países ricos se cuantifica de forma relativa, en función de la distribución de la renta y dejando fuera a menudo las realidades de privación material o incapacidad de acceder a determinados recursos.
Para la Unión Europea son pobres las personas que viven en hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, que se corresponde con el 60% del ingreso anual neto familiar mediano en cada país. Con la entrada de los nuevos Estados miembro se empieza a medir el "riesgo de pobreza o exclusión social", en el que se incluyen otros elementos relacionados con el acceso a recursos básicos, puesto que en países de menores ingresos, es imprescindible valorar también el acceso a determinados recursos básicos.
I.1. El concepto de "trabajadores pobres" y su aplicación al caso de España
Los trabajadores pobres, llamados en la Unión Europea "working poor" o "in-work poverty" son individuos ocupados -tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia- durante al menos siete meses en el año previo a la encuesta, y que pertenecen a hogares cuya renta anual disponible se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Este umbral se corresponde con el 60% del ingreso neto anual familiar mediano de cada país. La renta de los hogares se compone de diferentes conceptos, dentro de los cuáles se consideran las transferencias sociales.
Es importante tomar en consideración que se está utilizando una misma herramienta para medir el riesgo de pobreza en los diferentes países europeos, cuyos contextos socioeconómicos son muy dispares.
La mayor segmentación del mercado de trabajo español desborda la definición convencional de "trabajador pobre"
Esta definición convencional presenta algunas limitaciones en el caso de España, por los siguientes motivos:
- Porque la precariedad y temporalidad en el mercado de trabajo español desborda esta definición. En primer lugar, el límite que se establece entre la persona ocupada y persona que no lo está, responde de alguna manera a una concepción conservadora de un mercado de trabajo dual. El segmentado mercado de trabajo español sobrepasa esta perspectiva, ya que presenta diferentes perfiles con trayectorias diversas de entrada y salida del empleo, de participación en la economía sumergida así como de actividades reproductivas al margen de lo que se considera ocupación laboral, especialmente en los últimos años de crisis económica.
- Porque no tiene en cuenta el acceso a recursos básicos. Esta forma de medir la pobreza considera el riesgo de exclusión social en función de la desigualdad de ingresos, y no valorando el acceso a los recursos básicos para satisfacer las necesidades humanas, una perspectiva más adaptada a las realidades de los países más empobrecidos.
- Porque en los hogares no se tiene por qué compartir ingresos por igual. Se obvia, por lo tanto, la diversidad de unidades de convivencia y el reparto desigual de las diferentes fuentes de la renta de los hogares.
I.2. elementos que configuran la pobreza de los trabajadores y trabajadoras en España
En España, la pobreza de los trabajadores está muy extendida y es que el empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo y existen factores laborales, sociales y en los hogares que determinan un mayor riesgo de pobreza, así como la interrelación entre ellos.
La participación en el mercado de trabajo y las características del empleo son los factores determinantes de la pobreza.
a. Factores laborales. La participación en el mercado de trabajo y las características del empleo de las personas es el factor que mayor capacidad explicativa tiene respecto a la pobreza.
o Situación profesional. Las tasas de pobreza del trabajo por cuenta propia y de la ayuda familiar cuadruplican a las tasas de pobreza del trabajo asalariado |5|. Es un dato de enorme relevancia con relación a su proyección futura, ya que el impulso que el gobierno pretende dar a los ahora denominados "emprendedores", un tipo de trabajo que, al igual que ocurre con el trabajo autónomo, carece de sistemas de protección específicos frente a su eventual pérdida y que, dada su elevada vulnerabilidad, puede contribuir muy gravemente a intensificar la pobreza.
o Tipo de contrato. Como en todos los países de la UE, en España, las tasas de pobreza son más altas entre las personas con un contrato temporal, y entre los trabajadores temporales predominan algunos colectivos como jóvenes, inmigrantes, y personas con bajo nivel de cualificación profesional. Este tipo de contrato, en muchos casos, no es voluntario ya que está asociado a un mayor grado de precariedad. El caso español es paradigmático -aunque no el único- ya que el 90 por ciento de las nuevas contrataciones son de carácter temporal, lo que, a medio plazo, significa un empeoramiento de la calidad del empleo y un más que probable aumento de trabajadores pobres.
o Tipo de jornada. El trabajo a tiempo parcial involuntario está muy extendido en España y afecta especialmente a las mujeres (debido a la necesidad de compatibilizar trabajo y actividades de atención y cuidado de las personas en ausencia de servicios públicos suficientes) y los jóvenes. Este tipo de jornada está muy vinculado al empleo precario, debido a sus bajos salarios y un menor acceso a prestaciones sociales, como desempleo y jubilación, y tiene incidencia en términos de una menor cultura colectiva del trabajo.
o Bajos salarios e importancia del Salario Mínimo Interprofesional. El modelo productivo español ha configurado un mercado laboral de bajos salarios, sustentado sobre determinados sectores de bajo valor añadido, intensivos en mano de obra, con empleo poco cualificado y precarizado y escaso en investigación y desarrollo.
La existencia de un límite mínimo para los salarios es una condición que se ha convertido en indispensable para mitigar las situaciones de pobreza. Se trata de una de las variables con mayor grado explicativo en la evolución de la tasa pobreza y exclusión social. El salario mínimo interprofesional español dista mucho del existente en otros países europeos.
Los bajos salarios están en muchos casos vinculados a los empleos de baja cualificación, que son fácilmente reemplazables, y también a las empresas y sectores donde la representación sindical es mínima o inexistente, como también ocurre en países o sectores donde la organización sindical tiene poca fuerza y la cobertura de la negociación colectiva es menor o más débil.
Algunos perfiles sociales tienen un mayor riesgo de pobreza porque están muy vinculados a determinadas situaciones sociolaborales.
b. Perfiles sociales. Las características de algunos grupos sociales, en especial mujeres, jóvenes, personas con algún tipo de discapacidad, trabajadores de edad avanzada, inmigrantes, trabajadores de escasa cualificación, y la combinación de dos o más de estas características, indican más o especiales dificultades en el mercado de trabajo, y aumentan el riesgo de estar subempleados, trabajar a tiempo parcial, tener un trabajo precario o de bajo salario.
o Sexo. La situación de las mujeres en el mercado laboral está en clara desventaja con respecto a la de los varones. Su menor participación en el mercado de trabajo reglado, la menor valoración de las actividades que realizan (o su concentración en las actividades menos reconocidas), su mayor participación en el empleo a tiempo parcial -tanto involuntario como por carencia de alternativa ante la responsabilización de las actividades reproductivas y de cuidado-, su mayor temporalidad, los diferentes procesos de discriminación sexual como el "techo de cristal" y el "suelo pegajoso", etc. son diversos los mecanismos por los que las mujeres acceden a menores rentas salariales que los varones.
o Edad. La edad está vinculada a la pobreza en el trabajo en el caso de los jóvenes, pero no es un factor especialmente importante entre los trabajadores de más edad. De hecho, la experiencia laboral es un elemento que reduce las probabilidades de estar en situaciones de pobreza. En el caso de los jóvenes se pueden observar diferencias entre unos países y otros, debido a la importancia de las familias como sustentadoras y del mayor o menor desarrollo de la protección social. La tardía emancipación de los jóvenes españoles condiciona sus niveles de pobreza.
o Nivel educativo alcanzado. Existe una interrelación entre educación y pobreza. En términos generales, los bajos niveles de estudios se asocian a altas tasas de inactividad, la baja cualificación y las condiciones de empleo precarias.
o Nacionalidad. los trabajadores inmigrantes presentan niveles de precariedad laboral superiores a los españoles, condicionado en buena medida por su fuerte presencia en la economía sumergida y su ocupación en actividades ligadas a la temporalidad, la baja cualificación y bajos salarios.
o Discapacidad. Las personas con discapacidad tienen dificultades de inserción laboral, puesto que son proclives a sufrir discriminaciones que añaden una dificultad extra en su incorporación al mercado laboral. Sus tasas de inactividad son mayores, lo cual, unido al coste añadido en términos materiales y humanos para las actividades relacionadas con la vida cotidiana, implican una mayor probabilidad de caer en situaciones de pobreza.
La existencia de hijos o mayores económicamente dependientes está en relación directa con la exposición a la pobreza.
c. Circunstancias de los hogares. La pobreza no es individual: es necesario calcularla basándose en la composición de los hogares y sus recursos disponibles.
o Intensidad del empleo en el hogar. Esta variable mide la cantidad del tiempo anual de trabajo que se dedica al empleo, de forma que el número de personas con ingresos salariales dentro del hogar es un factor clave en la medición de la pobreza. Una persona puede tener un empleo de bajo salario o a tiempo parcial pero si no es el único perceptor de rentas, el riesgo de pobreza es más bajo que si es el único miembro del hogar con empleo
o Número de cohabitantes económicamente dependientes. El número de personas económicamente dependientes en un hogar está en relación directa con la exposición a la pobreza. La cuestión de la composición del hogar con respecto a la existencia de hijos o mayores dependientes es crucial, tanto porque su presencia influye en las decisiones sobre intensidad del trabajo, como porque la presencia de hijos afecta directamente a la renta del hogar y por tanto a los umbrales de pobreza.
Los servicios públicos son especialmente importantes en momentos de elevado desempleo y escasos recursos en los hogares.
d. Transferencias y derechos sociales. Es lo que podría considerarse como salario diferido y comprende prestaciones, servicios públicos y marco de derechos laborales.
o Servicios sociales: la educación, la atención sanitaria o a la dependencia, de calidad, financiados públicamente y de acceso gratuito, suponen la base de un modelo social que pretende mitigar las desigualdades de partida facilitando el acceso a la igualdad de oportunidades socioeconómicas y laborales. Los servicios sociales de proximidad además, se han convertido en imprescindibles como paliativos de la exclusión social que se produce en las grietas de la cobertura social. Todos estos servicios públicos son, por lo tanto, pilares básicos de un Estado Social, especialmente importantes en momentos de elevado desempleo y escasos recursos de los hogares.
o Prestaciones sociales. Representan una fuente de ingresos clave para aquellas personas que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo reglado. El mantenimiento de las prestaciones y subsidios por desempleo, las pensiones de jubilación o discapacidad es un instrumento básico para asegurar la subsistencia y combatir la pobreza.
o Marco de derechos laborales. En los Estados de Bienestar se conforma un marco regulatorio en el que se encuadran las negociaciones entre las organizaciones de los trabajadores y las de la patronal. Asegurar un marco que nivele las posiciones de poder a través de la negociación colectiva es una condición clave para asegurar la calidad de trabajo y vida de las personas, conteniendo la precarización en el empleo y la inseguridad social.
En todo caso, estos factores no pueden considerarse aisladamente, sino que se encuentran interrelacionados. Las situaciones de vulnerabilidad se van sumando unas a otras, dibujando perfiles en grave riesgo de pobreza y cada vez menos reversibles.
II. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS TRABAJADORES POBRES EN ESPAÑA
El modelo de crecimiento en España en las últimas décadas ha determinado que, a partir de la crisis, la pobreza se haya incrementado a un ritmo mayor que en el conjunto de la Unión Europea.
Los patrones de crecimiento y creación de empleo que se dieron en España desde 1996 hasta el 2007, que configuraron un modelo productivo sustentado en buen grado sobre la burbuja inmobiliaria y un mercado de trabajo segmentado, ha hecho que el fenómeno de la pobreza sea un problema que afecta en mayor medida y con más intensidad a nuestro país respecto a otros países de la Unión Europea.
Esta situación se ha producido no sólo por el hecho de que exista un mayor volumen relativo de personas en situación de vulnerabilidad, sino también porque el número personas en riesgo de pobreza se ha incrementado a un ritmo mayor que en el conjunto de la Unión Europea |6|.
Por otra parte, el umbral relativo de la pobreza ha disminuido durante la fase de crisis |7|, por lo que no sólo hay un mayor volumen de pobreza sino que además ésta se ha hecho más persistente -hay más personas con menos recursos-. Esta pobreza afecta de un modo más acusado a aquellas personas que quedan fuera del mercado laboral o han perdido su empleo, aunque tener un empleo no exime de la probabilidad de ser vulnerable a la pobreza.
Además, es preciso subrayar que la pobreza relativa no depende únicamente de la situación económica del país (medida por ejemplo a través la renta per cápita), sino que está influida por cómo se produce la distribución de la riqueza generada.
II.1. El impacto de la crisis en la evolución reciente de la pobreza en España
El modelo productivo español propició una prolongada fase de expansión desde mediados de los años 90 hasta 2007. Este dinamismo económico fue superior al experimentado en el conjunto de los países europeos, tanto en términos de producción como de personas ocupadas.
Un modelo de crecimiento y creación de empleo con serias grietas, que se mostró muy vulnerable ante la crisis.
El crecimiento, ha sido sin embargo desigual, hecho que se manifiesta en que, aunque España crecía por encima de la media europea, las tasas de pobreza tan sólo se redujeron ligeramente (del 24% al 23% entre 2004 -primera fecha para la que existen datos- y 2007, año en que se identifican los primeros síntomas de la crisis), y esta variación producida tras años de fuerte crecimiento económico no ha conseguido mitigar la distancia existente respecto a la UE-15.
Este crecimiento heterogéneo, asentado en actividades de escaso valor añadido y con mucha intensidad de mano de mano de obra, fue capaz de generar un gran volumen de empleo, pero también de elevados niveles de precariedad.
En el periodo expansivo se fue configurando un trabajo muy segmentado, de baja cualificación y con bajos salarios.
De este modo, a lo largo del periodo expansivo, se fue configurando un mercado de trabajo muy segmentado y sustentado en patrones laborales basados en la creación de empleo irregular, temporal, de baja cualificación y con bajos salarios.
Así, aunque existió un descenso de la temporalidad entre mediados de los años 90 y 2003, a partir de ese año se produjo un importante crecimiento hasta el año 2006, muy asociado al sector de la construcción. Las ocupaciones que tuvieron un mayor incremento de empleo entre 1996 y 2007 fueron los puestos de baja cualificación, Técnicos y profesionales de apoyo y los Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio. Mientras, los salarios reales tuvieron un crecimiento tan limitado que se puede considerar un estancamiento.
De hecho, si se examina la evolución de la distribución de la renta, el crecimiento de la remuneración de asalariados durante la fase de expansión es menor al seguido por el excedente bruto de explotación durante la etapa de crecimiento, algo que es especialmente destacable si se considera el aumento importante del número de personas asalariadas en dicho periodo.
De igual modo, la fase de expansión tampoco ha servido para eliminar las desigualdades existentes en España y sólo se consiguió una reducción limitada de la desigualdad; así, los ingresos de las personas con mayor renta pasaron de representar de 6 veces a 5 veces los ingresos de las personas con menos renta. Esta tendencia también se puede observar en la evolución del coeficiente de Gini -donde 0 significa la igualdad de rentas y 100 la máxima desigualdad- que descendió desde 34 en 1995 a 31 en 2007.
Además, estas pautas de crecimiento económico y creación de empleos precarios no afectaron por igual a toda la población, sino que determinados colectivos ocuparon posiciones desaventajadas en el mercado laboral.
Las personas inmigrantes, jóvenes y mujeres se vieron espacialmente afectadas por las condiciones laborales más precarias. Estos colectivos se incorporaron a un mercado laboral atomizado, cuyos empleos estaban condicionados por la temporalidad, la parcialidad involuntaria, los trabajos irregulares, los puestos considerados poco cualificados y con ello, peor remunerados.
Concretamente, el salario de las mujeres en el año 2007, representaba 70% del salario de los varones, el de los jóvenes el 47% de salario medio total, y el de los extranjeros, un 57% del salario medio de los nacionalizados |8|. De estas posiciones laborales vulnerables surgen diferentes perfiles que se ven afectados por las situaciones de pobreza en mayor o menor grado.
El crecimiento económico no se aprovechó para reforzar el Estado del Bienestar.
Entre 2004 y 2007, a la vez que se producía un intenso crecimiento económico, el gasto público en protección social crecía aunque lo hacía a un ritmo muy pausado, y el gasto publico en educación se mantuvo estancado. Así, el gasto en protección social se incrementó en este periodo paulatinamente, llegando al 21 por ciento del PIB en un contexto en el que éste también crecía, aunque entre ambos factores no consiguieron paliar el déficit social de España, ya que nuestro país permanecía cinco puntos por debajo de la media de la UE-27.
En cuanto al gasto educativo, apenas se incrementó unas décimas hasta representar el 4,3 por ciento del PIB, a cierta distancia de la media europea (con un aumento del 3,5 por ciento de la inversión en becas educativas). Asimismo se incrementó un 5 por ciento la inversión sanitaria y descendió un 1,3 por ciento el gasto en pensiones en dicho periodo.
En la última fase del periodo de crecimiento económico, se produjo una mejora de muchas de las cifras relacionadas con la pobreza.
Desde el año 2004 hasta el 2007 el crecimiento económico provocó una mejora de muchas cifras relacionadas con la pobreza.
En este sentido la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se redujo aunque muy tímidamente, pasando del 24 al 23 por ciento, mientras la tasa de paro descendía, pasando del 11 al 8,3 por ciento y la tasa de cobertura de las prestaciones crecía un 10 por ciento, el salario mediano se incrementaba un 14 por ciento y el Salario Mínimo Interprofesional lo hacía en un 24 por ciento.
Tabla 1. Evolución de algunas variables importantes (empleo, desempleo, cobertura de la prestación por desempleo, temporalidad, parcialidad, gasto social, gasto educativo, gasto sanitario, tasa de pobreza y coeficiente de Gini, (2004-2010).
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nº de ocupados (miles) 17.970,8 18.973,2 19.747,7 20.356,0 20.257,6 18.888 18.456,5 Tasa de paro (%) 11,0 9,2 8,5 8,3 11,3 18 20,1 Cobertura de la prestación por desempleo (%) 61,5 63,6 66,5 71,4 73,6 75,5 78,4 Tasa de temporalidad (asalariados) (%) 32,5 33,3 34 31,7 29,3 25,4 24,9 Tasa de parcialidad (%) 8,7 12,4 12 11,8 12 12,8 13,3 SMI 460,5 513,0 540,9 570,6 600,0 624,0 633,3 Gasto Público en Asistencia Social (% PIB) 20,2 20,4 20,3 20,7 22,1 25,0 Gasto Público en Educación (% PIB) 4,3 4,2 4,3 4,3 4,6 5,0 Gasto Público en Sanidad (% PIB) 5,8 5,9 6,0 6,1 6,5 7,0 Tasa de pobreza y exclusión social (%) 24,4 23,4 23,3 23,1 22,9 23,4 25,5 Coeficiente de Gini 30,7 31,8 31,1 31,3 31,2 32,3 33,9 Fuente: INE.
Además, en este periodo disminuye el porcentaje de hogares que tienen algún tipo de privación material: se reduce en 8 puntos aquellos que no pueden permitirse al menos una semana de vacaciones al año -hasta alcanzar los 36 puntos-, y desciende el volumen de aquellos que no pueden hacer frente a gastos imprevistos en 9 puntos porcentuales (29 por ciento), y de aquellos que tienen retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda habitual (hasta alcanzar el 6 por ciento).
Una mejora sustentada sobre pies de barro que hizo que las brechas sociales se abrieran rápidamente al comenzar la crisis económica.
La conjugación del sobreendeudamiento familiar de mano del abaratamiento del crédito bancario, acompañado de un gran número de empleos marcados por la precariedad y los bajos salarios y la creciente desprotección social, explican la mayor incidencia de los impactos de la crisis sobre los grupos vulnerables, que ha propiciado que la tendencia de reducción de la desigualdad experimentada durante la fase de expansión se transformara durante el periodo de crisis en un rápido aumento de la desigualdad, alcanzando un coeficiente de Gini de 34, mientras que la renta de las personas que más declaraban suponía casi 7 veces la de aquellos que tenían menos recursos.
A partir del año 2007, se produjo una reducción del empleo, del consumo y de la producción. Así, en los dos primeros años de la crisis se produjo una destrucción de empleo a razón de un millón anual de puestos de trabajo, lo que supuso duplicar prácticamente la tasa de paro; una destrucción que afectó más severamente en este primer momento a los sectores que habían sido más dinámicos en la etapa anterior.
Entre las ramas de actividad más afectadas por la destrucción de empleo en este primer momento se encuentran Construcción (800 mil ocupados menos), Industria manufacturera (581 mil), Comercio (294 mil) y Hostelería (82 mil).
La destrucción de empleo afectó en mayor medida a los grupos más vulnerables de la sociedad, así la tasa de paro del año 2010 fue ligeramente superior en el caso de las mujeres y muy superior en el caso de los jóvenes -61% en el caso de la población de 16 a 19 años y del 37% en el caso de las personas de 20 a 24 años-.
Asimismo, la pérdida de empleo afectó en primer lugar a las personas con contratos más precarios. Por ejemplo, el mayor efecto sobre los empleos temporales causó una disminución de la tasa de temporalidad. Concretamente se produjo una reducción de 4 puntos porcentuales en el periodo señalado como consecuencia del mayor impacto de la crisis sobre los empleos temporales, lo que afectó más significativamente a las mujeres, que registran una tasa de temporalidad superior a la de los varones.
Los efectos de la crisis sobre el empleo han hecho decrecer la participación de los salarios en la distribución funcional de la renta, que por primera vez representan un menor porcentaje del PIB que los beneficios empresariales.
Como consecuencia del incremento del desempleo, se registró un descenso paulatino del volumen de rentas provenientes del trabajo, registrándose por primera vez una inversión en la distribución funcional de la renta, de forma que las rentas del salario representa un menor porcentaje del PIB que los beneficios empresariales.
Esta diferenciación entre rentas salariales y beneficios empresariales es relevante ya que refleja cómo se reparte la renta entre capital y trabajo.
Gráfico 17. Evolución de la remuneración de asalariados, excedente bruto de explotación-rentas mixtas brutas en % del PIB (excluidos los impuestos) (2004-2012).
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Datos brutos. Medias trimestrales para el periodo (2004-2011), INE.
En este sentido, diversos organismos alertan de la disminución de la participación de los salarios en el PIB, lo que contribuye a aumentar el volumen de personas trabajadoras que se sitúen en riesgo de pobreza.
El menor peso de los salarios es especialmente grave, debido al fuerte endeudamiento de las familias y a su impacto negativo en términos de consumo interno.
Esta situación de reducción del peso de los salarios en la renta nacional es especialmente grave en España, debido a la importancia de las deudas contraídas por las familias para hacer frente a la adquisición de vivienda y el consumo durante la fase de expansión.
Por otra parte, se suele esgrimir que es necesario promover políticas de moderación salarial para reforzar la competitividad de las empresas, obviándose en parte la dimensión del salario como principal ingreso de la población trabajadora y por tanto como factor generador de la demanda interna.
La primera fase de la crisis hizo que se dispararan los principales indicadores asociados a la pobreza.
Con la crisis económica, y ante las señaladas situaciones de segmentación laboral y fragmentación social que se habían estado larvando durante la fase de crecimiento, las situaciones de pobreza empiezan a empeorar.
Y la situación se agudiza a partir del 2010.
La tasa de pobreza y exclusión social aumenta más de un 16 por ciento, y el número de familias con todos sus miembros en paro aumenta; se amplían fuertemente las situaciones de hogares en situaciones de privación material. Crece en 9 puntos el porcentaje de hogares que no puede afrontar gastos imprevistos (hasta alcanzar el 33 por ciento), se incrementa en 7 puntos el porcentaje que no puede permitirse al menos una semana anual de vacaciones, y en 3 puntos el porcentaje de ellos que tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda habitual (hasta alcanzar el 48 por ciento de la población).
Esta preocupante evolución se produce en un contexto de serios recortes públicos y reformas que precarizan las condiciones laborales y de vida de los ciudadanos. Destaca también la evolución del Salario Mínimo Interprofesional que se incrementa un 5 por ciento -33 euros- en estos años hasta alcanzar los 633 euros mensuales.
Las personas ocupadas en riesgo de pobreza son más pobres.
Un elemento central que precisa atención a la hora de evaluar las tasas de pobreza es la evolución de los ingresos medianos de los hogares, que está estrechamente ligada a la evolución del desempleo, de la cobertura de las prestaciones por desempleo y al aumento del gasto de los hogares.
Tal como se observa, el descenso de los ingresos en los hogares, que se materializó ya desde los inicios de la crisis, ha provocado una reducción de umbral de la pobreza desde el año 2009. Esto implica que las personas trabajadoras que viven por debajo del umbral, no sólo se han visto incrementadas en términos cuantitativos (son más), sino que lo han hecho también en términos cualitativos: son más pobres.
Gráfico 1. Evolución del umbral de riesgo de pobreza en España. 2004-2011 (En Euros).
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat 2012.
II.2. Rasgos diferenciales de la pobreza en España frente a la UE
En España, el peso de los trabajadores en riesgo de pobreza es superior a la media europea y la diferencia ha crecido considerablemente en los últimos años de crisis económica |9|.
En España, el porcentaje de trabajadores en hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza - es decir, al 60 por ciento de los ingresos medianos-, es considerablemente superior a la media europea. Una realidad que se ha visto incrementada en los últimos años.
Así, si en el año 2005, el 10,4 por ciento de los trabajadores y trabajadoras se encontraban en esta situación en España, lo que la situaba un punto por encima de la media europea; los datos de la UE27 plasman que durante la crisis, la lógica de los países europeos ha determinado que la tasa media se haya ido reduciendo tibiamente, en tanto que en España se ha visto incrementada, de tal modo que la brecha entre España y la media europea asciende a 4,3 puntos de diferencia.
Gráfico 3. Diferencia con la UE27 de la tasa de riesgo de pobreza de la población ocupada (En puntos porcentuales).
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat, 2012.
España se sitúa, según los últimos datos disponibles, como tercer país de la Unión Europea con mayor índice de trabajadores en hogares pobres, sólo superada por Rumanía y Grecia. En el polo opuesto se encuentran Finlandia, República Checa y Bélgica, con porcentajes de trabajadores bajo el umbral de la pobreza considerablemente más bajos de la media europea.
En la medida en que la pobreza es, como se ha señalado, un fenómeno complejo, la diferencia proviene de la confluencia de distintos factores.
a. Factores laborales
El mayor peso del autoempleo en España y su mayor vulnerabilidad suponen un importante elemento diferencial con respecto a la UE en términos de pobreza.
El trabajo por cuenta propia representaba en España en el año 2005 el 18 por ciento del empleo, un porcentaje superior a la media europea en un punto y medio. Aunque en los últimos años se ha reducido, sigue colocándose por encima de la media de la UE27.
Los datos actuales plasman el altísimo porcentaje de trabajadores por cuenta propia cuya unidad de convivencia ingresa por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que casi duplica las cifras de la Unión Europea. El 41 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en España se encontraba en esta situación -el 44 por ciento en el caso de los varones-, frente al 22,5 por ciento de la media europea.
Estos datos contrastan con las tasas de los trabajadores por cuenta ajena, que registran una tasa de 7,4 por ciento en España y de 6,1 por ciento en la UE27 |10|.
De este modo, España se encuentra a la cabeza en el ranking europeo de pobreza de los trabajadores por cuenta propia, después de Rumania (50 por ciento). Hungría se encontraría en la situación opuesta, con una tasa del 7 por ciento.
Gráfico 4. Tasa de riesgo de pobreza de trabajadores por cuenta propia y cuenta ajena, por sexo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
La elevada temporalidad en España: otro elemento diferenciador en términos de pobreza.
La elevada temporalidad en España ha sido un elemento diferenciador con el resto de mercados de trabajo europeos a lo largo de la última década, que llegó a situarla en el primer lugar de los países europeos con más temporalidad (un 33 por ciento en 2005, ocho puntos porcentuales por encima de Polonia, que ocupaba la segunda posición. En los últimos años esta tasa se ha reducido considerablemente ante la masiva destrucción de empleos. Sin embargo, sigue encontrándose en las primeras posiciones, con un 23,7 por ciento en el segundo trimestre de 2012.
En el año 2005, el 10,6 por ciento de los trabajadores temporales vivían bajo el umbral del riesgo de pobreza, una tasa levemente superior a la media global de los ocupados en España y un punto inferior a la media europea de trabajadores en esta situación. La tasa creció 3 puntos en tan sólo tres años, colocándose 3 puntos por encima de la tasa media de pobreza para la población ocupada en España al iniciarse la crisis, una dinámica que no ha hecho sino consolidarse con el tiempo.
Las tasas de trabajadores indefinidos son, por el contrario, considerablemente reducidas, pues rondan en 5 por ciento, aunque han ido creciendo tímidamente.
Esta similitud con las tasas europeas al desagregar por tipo de contrato, permite pensar que las diferencias entre las tasas globales medias de la UE27 y las españolas puedan deberse a la elevada presencia de trabajo temporal existente en España.
Gráfico 5. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores por tipo de contrato. España y UE27.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
La tasa de pobreza de las mujeres con contrato temporal supera en casi dos puntos la correspondiente media europea.
En el año 2005, la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres asalariadas temporales era de 10,2, inferior a la de los varones. La evolución de este factor muestra un incremento más pronunciado entre las mujeres, de forma que por primera vez supera en casi un punto la tasa de ellos (13,9 por ciento de las mujeres frente al 13 por ciento de los varones).
En relación al conjunto de Europa, en el año 2005 la tasa de pobreza era ligeramente entre las asalariadas temporales españolas, mientras que los datos actuales indican que esta tasa supera en casi dos puntos a la tasa media de pobreza de las asalariadas europeas.
Gráfico 6. Tasas de riesgo de pobreza de trabajadores por tipo de contrato y sexo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
La tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores que llevan trabajando al menos un año completo apenas divergen de la media global, pero es considerablemente superior a la tasa europea de trabajadores en esta situación.
En el año 2005, el 10 por ciento de los trabajadores con empleo durante al menos un año vivían en hogares con ingresos por debajo del umbral del riesgo de pobreza, 2 puntos más que en la media europea. Esta situación se agrava con la crisis económica superando una tasa del 12 por ciento e incrementando la diferencia con la tasa europea, que se sitúa en 5 puntos.
Gráfico 7. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de los trabajadores en función del tiempo que llevan trabajando. Estaña y UE27.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Los trabajadores ocupados durante menos de un año han incrementado su tasa de pobreza que ahora presenta porcentajes similares a la media europea.
En el periodo de crecimiento, en el año 2005, el 14 por ciento de los trabajadores con menos de un año de empleo se encontraban en hogares bajo el umbral del riesgo de pobreza en España, un porcentaje menor que en la Unión Europea, probablemente debido a la mayor solidaridad en el entorno familiar en el caso de España.
Con el desencadenamiento de la crisis, el riesgo de pobreza de los trabajadores en esta situación creció considerablemente, sin mostrar apenas diferencia con la cifra europea, lo que puede explicarse en la medida en que los ingresos de las unidades de convivencia se han visto reducidos y ya no pueden atemperar, como hicieran antes, la situación de pobreza.
Además, se acortan las diferencias con respecto a aquellos trabajadores que llevan trabajando al menos un año.
Los trabajadores a tiempo parcial tienen mayor riesgo de pobreza que aquellos a tiempo completo y se intensifica con la crisis.
La tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores a tiempo parcial en 2005 era del 13 por ciento, casi dos puntos superior a la media de la Unión Europea, y su crecimiento es más pronunciado que en el caso de los ocupados a tiempo completo.
La evolución durante la crisis de la pobreza entre quienes trabajan a tiempo parcial muestra que esta se ha intensificado en el caso de España muy por encima de lo que lo ha hecho en la media de la UE 27, con casi cuatro puntos de diferencia en esa intensificación de la pobreza.
Gráfico 8. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Los países europeos con mayor tasa de pobreza de trabajadores a tiempo parcial son Rumania, donde la mitad de estos trabajadores se encuentran en esta situación (50,7%), Portugal (32,7%) y Bulgaria (30,3%). Bien distinta situación muestran otros países, con tasas por debajo de la media europea: Países Bajos (4,5%) o Bélgica (5,8%).
Por otra parte, la importante diferencia entre los riesgos de pobreza de los trabajadores a tiempo parcial en España respecto a las cifras europeas deja entrever las precarias condiciones asociadas a este tipo de empleo. La elevada involuntariedad asociada a estos trabajos son buena muestra de ello.
Los bajos salarios son una de las principales causas de la existencia de más trabajadores pobres en España.
El gráfico 8 comentado anteriormente pone también de manifiesto la peor situación de los trabajadores a tiempo completo en lo que se refiere al riesgo de pobreza con respecto a la media de la UE 27, una diferencia que supone que, en tanto en la UE 27 la crisis no parece haber afectado significativamente a este colectivo laboral en cuanto al riesgo de pobreza se refiere, sí lo ha hecho en el caso de los trabajadores y trabajadoras españolas, que han pasado a incrementar su vulnerabilidad a la pobreza en dos puntos porcentuales.
Y es que durante la crisis, el porcentaje de personas que percibe un salario igual al SMI o inferior a él se ha incrementado, alcanzando al 35 por ciento de la población ocupada (Gráfico 3), incremento que hay que achacar al desplome del colectivo de trabajadores que cobraba entre 1y 2 veces el SMI y en el tramo siguiente (de 2 a 3 veces el SMI), en tanto la evolución del resto de ingresos salariales plantea un perfil similar. Esto significa que se ha empobrecido sobre todo el segmento de trabajadores ingresos bajos y medios.
Gráfico 9. Evolución de las percepciones salariales con referencia en el SMI en España.
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Estructura Salarial, INE.
b. Perfiles sociales
Las mujeres que trabajan forman parte de hogares menos pobres, aunque la situación es más acusada en España que en el conjunto de la Unión Europea |11|.
A pesar de estar afectadas en mayor grado que los varones por condiciones más precarias en el mercado laboral (temporalidad, parcialidad o bajos salarios), las mujeres trabajadoras presentan menores tasas de pobreza que ellos.
En la mayor parte de los países europeos, la tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores varones es superior a la de las mujeres. España es uno de los países en los que ésto ocurre más acusadamente, ya que prácticamente el 14% de los trabajadores españoles pertenecen a hogares en riesgo de pobreza, frente al 11 por ciento de las trabajadoras. Esta diferencia es mucho mayor que la que registra la media de la Unión Europea, donde la distancia entre las tasas de los hogares de ellas y ellos es de 1 punto.
La posible explicación estaría vinculada al carácter complementario del trabajo asalariado de las mujeres en el caso de España, donde el ingreso principal de los hogares seguiría siendo el de los varones, frente a un mayor protagonismo e independencia económica de las mujeres en el entorno europeo que, en un contexto de empobrecimiento, juega esta vez en su contra.
Gráfico 10. Tasa de riesgo de pobreza de trabajadores y trabajadoras ocupados, 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Rumanía, Malta, Irlanda y Grecia son los países que, junto con España, tienen esa pronunciada brecha entre trabajadoras y trabajadores. A excepción de Malta, se trata de países con elevados niveles de riesgo de pobreza de trabajadores. Es posible que esta realidad se corresponda con los modelos sociolaborales mediterráneos de "varón sustentador", donde el hecho de que las mujeres aporten un salario, reduce considerablemente el riesgo de pobreza de sus hogares.
Los hogares con jóvenes trabajadores: más afectados por la crisis en España que en el conjunto de la Unión Europea.
Es imprescindible contextualizar la situación de las personas jóvenes en el empleo y apuntar que el paro juvenil entre los 16 y los 24 se ha disparado en los últimos años: desde el 2005 hasta el 2010 se duplicó, y en el primer trimestre de 2012 ya se puede afirmar que más de la mitad de los jóvenes que quieren trabajar no pueden acceder a un empleo, situación que se acrecienta en el segundo trimestre.
Gráfico 11. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores de 18 a 24 años, por sexo. UE27 y España
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Además, este segmento de población se encuentra especialmente afectado por situaciones de precariedad laboral: temporalidad, parcialidad, bajos salarios y empleo sumergido. Cabe intuir que los jóvenes que se incorporan a este mercado de trabajo precario estando en edad educativa pertenecen a familias de escasos recursos, y sus salarios resultan escasos para mejorar la economía de su hogar.
En los años anteriores a la crisis, el 8,2% de los y las jóvenes trabajadores (18-24 años) vivían en hogares en riesgo de pobreza, porcentaje que no ha dejado de aumentar y que se disparó tras el inicio de la crisis.
En tan sólo cinco años, ha crecido en más de 6 puntos, pasando de una situación favorable a la media española y europea, a una nueva posición de considerable desventaja frente a ambas medias. Así, los últimos datos disponibles señalan que el 14,4% de los trabajadores de 18 a 24 años se encontraban en hogares en riesgo de pobreza, frente al 10,7% de la media europea.
En España, los hogares de las mujeres jóvenes trabajadoras presentan mayor riesgo de pobreza que los de los varones jóvenes, un dato que presenta valores muy diversos en el entorno europeo.
En el año 2005, tanto las mujeres como los varones trabajadores jóvenes mostraban tasas de riesgo de pobreza 3 puntos inferiores a la media Europea. En tan sólo tres años, la situación de las mujeres jóvenes empeoró fuertemente, mientras que la de los varones lo hizo en menor grado, generando una brecha entre ellas y ellos de 4 puntos. El desarrollo de la crisis ha supuesto que esta diferencia se acorte al aumentar el riesgo de pobreza de las trabajadoras jóvenes (hasta 15,3%) pero más fuertemente en el caso de los varones (hasta 13,7%).
En la Unión Europea, la situación de los hogares de los trabajadores jóvenes es diversa. Existen varios países en los que el riesgo de pobreza de este grupo de población es superior a la media, al igual que ocurre con España. Son los casos de Dinamarca, Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y Suecia. En el extremo contrario, se encuentran República Checa, Eslovenia o Eslovaquia, con niveles de riesgo de pobreza inferior.
Las tasas de riesgo de pobreza de los trabajadores de mayor edad son también superiores a la media española y a la correspondiente tasa europea.
La población trabajadora de más edad (de 55 a 64 años), aún teniendo tasas de paro menores, también se ha visto profundamente afectada por el desempleo.
En el tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis, su tasa de paro se ha multiplicado por más de dos, y en el 2012 asciende al 17 % - más de 6 puntos por encima de la registrada en 2005-. A esto se añade el creciente porcentaje de parados que llevan dos años o más buscado empleo, que en el primer trimestre de 2012 se sitúa en el 44% de los parados de este grupo de edad.
En el año 2005, en pleno contexto de desarrollo económico, la tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores de 55 a 64 años en España, rebasaba en un punto la media española y en 2,5 puntos la media europea.
Esta diferencia con la UE no ha dejado de crecer, dado que la situación europea mejoraba mientras que la española se mantenía en 2008 pero que empeoraba considerablemente a partir de entonces, hasta llevar a que la brecha entre la Unión Europea y España sea de 6,5 puntos.
Actualmente, España es el cuarto país cuya población trabajadora de más edad supera los niveles europeos de riesgo de pobreza, sólo sobrepasada por Rumanía, Portugal y Grecia.
Gráfico 12. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores de 55 a 64 años, UE27 y España.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Los trabajadores que sólo alcanzaron la primera etapa de secundaria viven en hogares con una tasa de pobreza más de 10 puntos superior a los universitarios.
Se trata evidentemente de un círculo vicioso, dado que el nivel de estudios está condicionado en parte por el nivel socioeconómico de los hogares.
En todo caso, no se puede obviar uno de los grandes abismos existentes entre España y el resto de la Unión Europea: se trata del fracaso escolar y el abandono escolar temprano de los estudios, condicionado en buen grado por el modelo de crecimiento y creación de empleo previamente mencionado. Los últimos datos disponibles indican que la tasa de abandono escolar temprano de jóvenes de 18 a 24 años es de 28,4 |12|, superior en 14 puntos a la media europea.
Gráfico 13. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores con formación secundaria (primera etapa), España y UE27.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
En el grupo de los trabajadores de bajo nivel formativo ha aumentado considerablemente la tasa de riesgo de pobreza en los años de crisis.
En el año 2005, el 16% de los trabajadores de bajo nivel formativo se encontraban bajo el umbral del riesgo de pobreza, 5,5 puntos por encima de la media, aunque más de un punto por debajo de la media de estos trabajadores en la UE.
La situación de esta población ha ido empeorando en España, especialmente a partir del comienzo de la crisis económica, en contraste con la paulatina mejora de la media europea.
Los datos indican que la tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores de baja formación supera a la media europea en 3,5 puntos. Se pueden destacar cuatro países europeos cuya población ocupada con nivel formativo bajo mostraban altas tasas de riesgo de pobreza: Rumania, Polonia, Grecia y Bulgaria. En el extremo contrario se encuentran Países Bajos o Finlandia.
Gráfico 14. Tasas de riesgo de pobreza de trabajadores con formación superior. España y UE-27. 2005, 2008 y 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Las tasas de riesgo de pobreza de los trabajadores con estudios superiores son muy inferiores a la media española, aunque considerablemente mayores a la media europea de este grupo de población.
En el año 2005, el 4% de los trabajadores con formación superior se encontraban en riesgo de pobreza, 6,4 puntos por debajo de la media general. Desde entonces, la tasa no ha cesado de crecer -a excepción de los estudiantes-, especialmente en el periodo de crisis, hasta colocarse en 6,1. Mientras en España la tasa crecía, en Europa apenas lo hacia, aumentándose asi la diferencia de partida, hasta el punto que la tasa española casi duplica la europea.
c. Circunstancias de los hogares
La intensidad laboral de los hogares mide el porcentaje de sus integrantes que se encuentran ocupados, siendo 0% si no trabaja ningún integrante y 100% si están todos ocupados |13|. Se consideran hogares de baja intensidad laboral aquellos con una intensidad entre el 0,2% y el 45%, y de alta intensidad laboral a aquellos entre 85% y 100%.
Como consecuencia de los bajos salarios, la intensidad laboral se constituye como uno de los elementos clave en la entrada o salida de los hogares de las situaciones de pobreza. Las transferencias y las prestaciones sociales no salvan, por lo tanto, las diferencias de casi 30 puntos que existen en España (aún mayores en Europa) entre las tasas de los trabajadores de hogares con baja intensidad de empleo de aquellos de hogares con una participación superior al 45% en el mercado laboral.
Los trabajadores que viven en hogares con baja intensidad de participación en el mercado laboral presentan similares tasas de pobreza a la media europea.
En el año 2005, el 30,3% de trabajadores que vivian en hogares con baja intensidad laboral se encontraban bajo los umbrales de riego de pobreza, unos niveles muy similares a la media europea. En el año 2008 se produjo un aumento muy fuerte de la tasa española en linea con la tasa europea. En el periodo de crisis se volvió a reducir, y los últimos datos apuntan a que ambas tasas presentaban cifras 3 puntos por encima de las registradas en 2005.
Los países con las tasas de riesgo de pobreza más elevadas de la UE referidas a los trabajadores en este tipo de hogares son Bulgaria (57%), Rumania (45%), Lituania (49%) y Grecia (43%). Los estados con tasas más bajas son Países Bajos (15%) e Irlanda (15,7%).
Gráfico 15. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores en hogares de baja intensidad de empleo, España y UE27.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
El porcentaje de riesgo de pobreza de trabajadores en hogares con gran ocupación de sus miembros es inferior a la tasa global, aunque superior a la media europea. En los últimos años ha crecido fuertemente y se acerca a los datos globales.
La tasa española de riesgo de pobreza de trabajadores en hogares de muy alta intensidad en el empleo se situaba en el 5,5% de la población ocupada en 2005, 0,8 puntos por encima de la media europea. En el año 2008 las tasas se mantuvieron estables, pero con la crisis económica, la tasa española se disparó, alcanzando el 8,1% de los trabajadores de hogares con muy elevada ocupación que se encontraban por debajo de los umbrales de pobreza, a tan sólo 4 puntos de la media general, y a 3,5 de la media europea de trabajadores en esta situación.
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza de los trabajadores en hogares altamente ocupados, sólo precedido por Rumanía (13,1). Hungría (1,6), Malta (1,7) y República Checa (1,9) son los países con las tasas más bajas.
Gráfico 16. Evolución de las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores en hogares de muy alta intensidad de empleo, España y UE27.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat, 2012
Tener hijos económicamente dependientes: elemento de peso en la pobreza de los hogares españoles
En España, los hogares con hijos económicamente dependientes presentan tasas de pobreza mayores que la media europea, mientras que son menores en las situaciones familiares sin hijos a cargo.
Resulta especialmente significativa la cifra de padre o madre trabajadora con hijos a cargo: el 24% de estos hogares se encontraba en España en 2005 bajo el umbral de la pobreza, frente al 17% de la media europea.
En los últimos años esta cifra se ha disparado en España, hasta situarse en el 32 por ciento, 11 puntos por encima de la media de la UE27.
Estas diferencias ponen de relieve dos realidades: las peores condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras españolas, y el más limitado alcance de las transferencias y prestaciones no salariales en España.
III. POLÍTICAS DE RECORTES Y PERSPECTIVAS DE UN INCREMENTO DE LA POBREZA EN ESPAÑA
Desde que comenzara la crisis económica, el fuerte desempleo se está viendo acompañado de profundas reformas laborales y ajustes presupuestarios que están sentando las bases para un crecimiento vertiginoso de las situaciones de pobreza y exclusión social.
La crisis económica se está utilizando como excusa para realizar un profundo cambio del modelo social. Las distintas medidas del ajuste basadas en la contención del déficit y la deuda pública suponen la alteración de buena parte de las paredes del edificio del Estado de Bienestar construido en los últimos treinta años: recorte presupuestario, aumento de los impuestos en su vertiente más regresiva, sin acometer una reforma fiscal en profundidad, reforma laboral y drástica reducción del gasto social, van a ahondar la recesión en la que estamos inmersos, con dramáticos efectos sobre los ciudadanos, haciendo que éstos sean más pobres.
La reducción del gasto público tiene un efecto negativo sobre la demanda interna y un impacto extraordinariamente negativo sobre los colectivos sociales más débiles.
La apuesta por la denominada "austeridad", que no es sino la disminución estricta del gasto público, tienen un efecto negativo sobre la demanda interna, y un impacto extraordinariamente negativo sobre los colectivos sociales más débiles. Entre ellos se destaca que se hace más difícil la vida de las personas en paro ya que empeora el acceso a la prestación por desempleo, y así como otras reformas realizadas en otros ámbitos sociales (como por ejemplo la nueva regulación de la Renta Activa de Inserción).
A la altísima tasa de desempleo y el endeudamiento de las familias se añade el aumento de los impuestos, especialmente la decisión de incrementar el IVA, que grava por igual a las rentas altas que a las bajas, lo cual además de que empeora la equidad, contrae más el consumo y prolonga la recesión económica, confirmando la inutilidad y lo injusto y regresivo de la rebaja del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Las políticas de recorte presupuestario contrastan con el mantenimiento de un sistema de recaudación fiscal insuficiente e injusto.
Estas políticas de recorte presupuestario contrastan con el mantenimiento de un sistema de recaudación fiscal insuficiente e injusto. Por un lado, pese a los cambios producidos con las últimas reformas, se trata de un sistema poco progresivo fiscalmente, a lo que se suman las reducciones en los gravámenes de sociedades, patrimonio o donaciones y sucesiones. Por otro, por la falta de determinación política para poner límite al fraude fiscal que se estima especialmente relevante en España, que incluso ha pasado a ser amparado institucionalmente a través de las recientes medidas de amnistía fiscal a las grandes fortunas.
Consecuencias de las reformas llevadas a cabo a lo largo de 2012
A continuación se realiza un breve repaso sobre las principales reformas llevadas a cabo en el año 2012, en primer lugar en lo que referido a la legislación laboral y en segundo a otras medidas de recorte en los pilares básicos del Estado de Bienestar. Por último, partiendo de este contexto, y tomando como referencia los últimos datos disponibles, se dibuja el escenario futuro.
III.1. Las reformas del marco laboral: un severo recorte a los derechos de trabajadores y trabajadoras.
Desde el año 2010, los distintos gobiernos han venido adoptando diversas medidas que han supuesto un significativo un aumento de la desprotección de los trabajadores y trabajadoras y la degradación de sus condiciones laborales.
Las reformas laborales adoptadas en los últimos años (Ley 35/2010, RDL 7/2011, RDL 3/2012) |14|, unidas a la reducción del gasto público (con la consiguiente reducción de empleo público y salarios de los funcionarios), han significado un ataque directo a los derechos laborales de la población trabajadora, así como a las organizaciones que los representan, debilitando por esta vía la capacidad contractual de trabajadores y trabajadoras e incrementando el poder empresarial y su discrecionalidad, a la par que ha generado un fuerte rechazo y contestación social.
El impacto que están teniendo estas medidas ha sido claro: una mayor desregulación del mercado laboral y aumento del paro. Los pretendidos objetivos de aumento del aumento y calidad del empleo han quedado olvidados: según los datos de la EPA, entre 2010 y 2012 (segundos trimestres) se han destruido un millón de puestos de trabajo, 885 mil si tomamos como referencia el año 2011. Los datos más recientes procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal apuntan igualmente una reducción de la contratación del 5% registrada hasta agosto de 2012 con respecto al año anterior.
A continuación, de forma resumida se sintetizan las principales medidas que se han adoptado en el ámbito laboral en España a lo largo de 2012, con especial interés al impacto que han tenido en la situación laboral de la población trabajadora, de su empleo y condiciones laborales.
a) Reforma laboral de 2012 (RDL 3/ 2012 |15|)
La última reforma laboral ha tenido como principal objetivo el fortalecimiento del poder empresarial y el debilitamiento de la negociación colectiva, de los derechos sindicales y de los derechos de los trabajadores.
En términos generales, se puede considerar que se trata de una reforma que presenta serios visos de inconstitucionalidad, que descausaliza el despido, establece el despido libre y barato, otorga al empresario un mayor poder sobre las condiciones laborales, incluyendo las salariales, de la población trabajadora, incrementando la fragmentación del mercado laboral y rompiendo el marco existente de negociación colectiva. Supone, en definitiva, un claro apoyo a la parte más fuerte del contrato de trabajo, el empresario, frente a la protección de la parte más débil de la relación laboral, los trabajadores y trabajadoras |16|.
Abarata y facilita el despido, disminuyendo así las indemnizaciones percibidas por trabajadores y trabajadoras
En relación con el despido, la reforma laboral ha modificado las condiciones de salida del mercado laboral. Ha significado el aumento de la flexibilidad en la entrada en el mercado de trabajo, flexibilidad en el contenido de la relación laboral, y flexibilidad en la salida. En concreto, y en lo que atañe a su vinculación con el fenómeno de los trabajadores pobres, se pueden mencionar los siguientes elementos:
- En el caso del despido colectivo, solo es necesario que se prevean pérdidas o disminución persistente de 3 trimestres consecutivos de ingresos o ventas.
- Se elimina el requisito de que la medida sea autorizada por la Autoridad Laboral.
- Se abarata el despido por causas objetivas.
- Se amplía las facilidades para el despido por absentismo laboral.
- Se abarata el despido improcedente, con la generalización de los 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.
- Se eliminan los salarios de tramitación.
En el breve periodo de aplicación de la reforma laboral, de marzo a junio de 2012 se ha registrado un incremento del 7% en el número de altas de beneficiarios de prestación de desempleo contributiva (11,4 mil altas), como consecuencia sobre todo por las altas producidas por suspensión o jubilación parcial o por la finalización del contrato temporal. De forma acumulada, entre enero y junio de 2012 se han producido 172,6 mil altas de prestación contributiva de desempleo y 83 mil de carácter asistencial.
Otro de los ámbitos reformados con relación al despido ha sido la modificación de los expedientes de regulación de empleo. Los expedientes de extinción que suponían un 4,5% del total de despidos en 2008 han aumentado al 10,2% en 2012.
Los datos |17| evidencian que, desde el inicio de la crisis, se está produciendo un enorme incremento de despidos colectivos y objetivos.
Desde que se aprobó la reforma laboral, los trabajadores y trabajadoras comenzaron a sufrir los efectos de la supresión de la autorización administrativa (que se mantiene exclusivamente para los supuestos de empresas en situación de concurso y en los casos de fuerza mayor); el acortamiento de los plazos de ejecución y la ampliación de las situaciones en las que se puede utilizar esta modalidad de despido.
Como datos que avalan está afirmación, basta con verificar las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: a fecha 22 de abril de 2012, con la reforma laboral en vigor únicamente dos meses, resulta muy reseñable que, hasta la entrada en vigor de dicha norma, los procesos que acababan en acuerdo ("pactados") alcanzaban el 95% del total, y en solo dos meses, éstos se han reducido al 85% en marzo, y al 73,6% en abril. Esta cifra indica que sin duda se continuará con esta tendencia debido al hecho de que ya no es necesaria la autorización por parte de la Administración, valiéndose de lo previsto en el RDL 3/2012.
La reforma laboral supone, en definitiva, una pérdida de derechos y garantías jurídicas por parte de los trabajadores, unida a una merma en las prestaciones económicas vinculadas a la extinción de la relación laboral.
Se incrementa la precariedad del empleo, abaratando así las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras.
Con la reforma laboral de 2012 también se desregulan aún más las condiciones de contratación de los trabajadores. Pese a los cambios que se realizaron durante los años anteriores hacia una disminución de la temporalidad en el empleo, a través del no encadenamiento de contratos temporales, la reforma laboral ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en la flexibilidad laboral, permitiendo uso discrecional por parte de las empresas y abaratando sus condiciones laborales.
En concreto, a partir de la reforma laboral se estable un marco en el que los contratados en empresas de menos de 50 trabajadores, que suponen el 98% de las empresas y que agrupan a más del 41% de los trabajadores, podrán ser despedidos sin causa y sin ninguna indemnización durante el periodo de prueba de un año; los contratados temporales podrán ser despedidos con una indemnización de 9, 10, 11 y 12 días por año en 2012, 2013, 2014 y 2015; y se amplia su duración eliminando el límite al encadenamiento.
Como avance del impacto en la contratación, entre marzo y agosto de 2012 los datos del Servicio Público Estatal de Empleo apuntan una caída del número de contratos indefinidos (-0,5%) y un aumento de la contratación temporal (3,4%), aunque bien es cierto que los datos acumulados hasta agosto ponen de manifiesto una tendencia mantenida de destrucción de empleo, con una reducción de la contratación del 6,5% en la contratación temporal y del 3,4 en la contratación temporal. El impacto de la reforma también se observa en la conversión de los contratos temporales en indefinidos, cuya modalidad cae un 13% en agosto con respecto al año anterior.
La introducción de una mayor flexibilidad en la contratación temporal tendrá una repercusión futura en la tasa de temporalidad, que en la actualidad se sitúa en torno al 25% (segundo trimestre de 2012, según la EPA), y que durante la crisis se ha visto reducida como consecuencia de la destrucción de empleo.
Aparición del contrato de apoyo a los emprendedores, detrayendo recursos públicos para la formación de las personas en situación de desempleo.
La reforma laboral también incorpora medidas de fomento del empleo a emprendedores, así, tal y como se afirma, se establece que, "con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores". Un contrato por tiempo indefinido y a jornada completa, con un periodo de prueba de un año, en el que la empresa tiene derecho a ciertos incentivos fiscales en función de los colectivos contratados (menores de 30 años, desempleados, mayores de 45 años etc.)
La realidad es que este tipo de contrato apenas está teniendo impacto en los datos de contratación. Entre marzo y agosto de 2012 se han registrado un total de 3,6 mil contratos indefinidos bajo esta modalidad (conversión en indefinidos RDL 3/2012, según la estadística del Servicios Público Estatal de Empleo). Es una cifra muy reducida si se considera que representan el 3,4% del total de contratos firmados en ese mismo periodo (107,8 mil).
Bajo el barniz del discurso del apoyo a los emprendedores (que no trabajadores), este tipo de contrato no hace otra cosa sino precarizar aún más las condiciones laborales, pues permite establecer un periodo de prueba de un año (modificando el art. 14 del ET, que lo fijaba entre 2 y 6 meses), lo cual facilita al empresario disponer de una forma más discrecional de la mano de obra a coste cero, a la vez que reduce la protección de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de aquellos colectivos que más dificultades tienen de acceder al empleo (jóvenes, mujeres, etc.).
Modificación del contrato de formación y tiempo parcial: mayor carga laboral a menor precio.
La reforma laboral también modifica el contrato de formación y aprendizaje, aumentando la edad del trabajador a quien se contrata en esta modalidad, y se incrementa el tiempo de trabajo con respecto al de formación, favoreciendo el fraude en la formación en las empresas. Este tipo de modalidad tiene poco peso en conjunto de contratos registrados, representando menos de 1% (hasta agosto de 2012 se han firmado 3,5 mil contratos de formación sobre 996 mil contratos).
Además, en el caso de los contratos a tiempo parcial se permite la realización de horas extraordinarias a los trabajadores contratados bajo esta modalidad, que hasta la reforma laboral estaba reguladas como horas complementarias, con un límite en cuanto a la duración, y sujetas al acuerdo entre el empresario y el trabajador, o en su defecto, a lo dispuesto en el marco del convenios colectivo sectorial, o en su caso de ámbito inferior (art. 12. del E.T.). Existía, por tanto, un ámbito de acuerdo y garantías para los trabajadores con respecto a la realización de más horas de trabajo en las jornadas a tiempo parcial.
Para valorar el impacto de esta medida hay que recordar que durante la crisis se ha producido un importante crecimiento del empleo con jornadas a tiempo parcial (un 6% entre 2008 y 2012, frente al -14 de las jornadas a tiempo completo), que se ha traducido en un aumento relevante de este tipo de empleo, hasta alcanzar el 14% del empleo en España en 2012. Este fuerte incremento se debe sobre todo a la destrucción del empleo de los varones a tiempo completo, algo que se evidencia al analizar los motivos de la parcialidad.
En estos cuatro años de crisis, el porcentaje de varones con estas jornadas que afirman que la realizan por falta de una alternativa a tiempo completo se ha duplicado. En el caso de las mujeres, el empleo a tiempo parcial está muy relacionado con la distribución del trabajo y el trabajo reproductivo, aunque también muestran un alto grado de disconformidad por no haber podido acceder a un empleo a tiempo completo.
Se eliminan derechos individuales y colectivos de los trabajadores y trabajadoras, incluidos los salariales.
Otro de los cambios más relevantes que introduce la reforma laboral es la ruptura que se establece con respecto al derecho a la negociación colectiva de los trabajadores, en el que se otorga al empresario un enorme poder y campo de actuación propio en las relaciones laborales, que supone un cambio cualitativo sin precedentes en la protección de los trabajadores, tanto de sus derechos individuales como colectivos.
Así, entre otros muchos aspectos, la reforma laboral establece que: el empresario puede disponer del 10% de la jornada para su distribución irregular sin necesidad de llegar a acuerdo con el trabajador; que puede imponer al trabajador funciones diferentes de las que realiza sin justificación; y puede aplicar la movilidad geográfica para el traslado de centro de trabajo sin justificación. Asimismo, el empresario tiene la capacidad de realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que implique reducción salarial alegando razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Al mismo tiempo, la reforma laboral permite el 'descuelgue' de aspectos fundamentales del convenio como jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones para la movilidad funcional y mejoras protectoras de la Seguridad Social, cuando exista disminución de ventas o beneficios durante 2 trimestres consecutivos.
Con respecto a la estructura de la negociación colectiva, uno de los cambios más relevantes de la reforma laboral es que se establece la prioridad de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior sin limitación de ningún tipo, y que elimina la prórroga automática de los convenios.
A partir de la información ofrecida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recogida por la Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO, se puede interpretar que existe un importante descenso en la negociación de los convenios colectivos de 2012 y los dos años anteriores, con respecto a los negociados en 2009 y años anteriores, y este descenso corresponde fundamentalmente a los convenios que deberían haber sido revisados y no lo hacen, hasta el punto de que a finales de junio de 2012 estos convenios apenas superan el 50% del número de convenios revisados en el mismo periodo del año anterior.
En el mes de junio se cerró el año estadístico de 2010 con 5.067 convenios, 622 menos que en 2009, y afectando a 10.794.334 personas, 763.500 menos que en 2009. En 2011, los convenios registrados hasta junio de 2012, son 3.068, casi 2.000 convenios menos que en el año anterior y que afectan a casi 7.800.00 trabajadores. En 2012, los convenios registrados hasta junio de 2012, son 1.113, y afectan a menos de tres millones de trabajadores. Como se puede apreciar, el impacto de la reforma laboral es evidente: a menos convenios colectivos menos trabajadores sin cobertura, y con ello, menos garantías en la defensa de unas condiciones laborales de calidad.
b) Recortes laborales a los empleados públicos (RDL 20/2012 |18|)
A medidos de julio, el Gobierno aprobó también el RDL 20/2012 que modifica de forma sustancial las condiciones laborales de los empleados públicos, introduciendo "medidas de ajuste" que están teniendo incidencia en la evolución del empleo del sector público e, indirectamente, en la calidad de los servicios públicos y con ello un posible deslizamiento "hacia abajo" del umbral de pobreza.
El empleo público ve cómo se decreta su precarización tanto en condiciones laborales como en materia de retribuciones.
De acuerdo con los datos de la EPA, el sector público ha reducido su empleo un 2% entre el primer y segundo trimestre de 2012 (66 mil ocupados), que se acumula a las caídas ya registradas en los trimestres anteriores. Por tipo de administración la mayor reducción se ha producido en la Administración Central (4,2%), seguidas por las Entidades públicas e instituciones financieras de carácter público (3,9%), Administración Local (2,5%) y Administración Autonómica (1,5%). Es previsible que, de acuerdo con la previsión de reducción de gasto público de las administraciones, esta tendencia de destrucción del empleo público se consolide a lo largo de los próximos trimestres, dejando un sector público tremendamente debilitado.
De forma sintética, se pueden señalar los siguientes cambios sustanciales:
- Reducción de retribuciones de los empleados públicos: incompatibilidades de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones similares con retribuciones públicas; supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 del personal del sector público (funcionario y laboral); reducción de prestaciones económicas a los empleados públicos que estén en situación de incapacidad temporal |19|; congelación salarial para 2013.
- Permisos, vacaciones y días adicionales de los funcionarios públicos: modificación y reducción de días de permisos y vacaciones y medidas sobre días adicionales. Esta cuestión tiene impacto sobre el volumen total de empleo, contrayéndolo, con lo que se priva de una oportunidad de empleo a muchas personas en situación de desempleo y rebaja, por tanto, indirectamente, la intensidad laboral en el hogar.
- Suspensión o modificación de acuerdos colectivos aplicables a los empleados públicos, otorgando más poder a las Administraciones Públicas como empleadores: suspensión o modificación de convenios colectivos o acuerdos ya suscritos y aplicables al personal laboral; suspensión de acuerdos, pactos y convenios de los empleados públicos que no respeten las previsiones del RDL en materia de permisos, vacaciones y días adicionales; suspensión de pactos, acuerdos y convenios contrarios a lo dispuesto en el título I del RDL; suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos y acuerdos que afecten al personal funcionario o laboral por alteración sustancial de las circunstancias económicas.
- Igualmente, se facilita el despido de los empleados públicos, a quienes se añade un nuevo supuesto de extinción de contratos por causa objetiva, como es la insuficiencia presupuestaria sobrevenida o persistente; una insuficiencia que, de otro lado, hay que subrayar que puede ser inducida desde unas administraciones a otras.
c) Reformas en el sistema de protección al desempleo (RDL 20/2012)
Los recortes en el sistema de protección por desempleo afectan al segmento más débil del mercado de trabajo.
El Gobierno también ha introducido cambios en el sistema de protección de desempleo, que modifican tanto las condiciones y requisitos de acceso, como las prestaciones a las que tienen las personas en situación de desempleo y que afectan especialmente a los parados de larga duración.
a) Recortes en la prestación contributiva por desempleo.
- Reducción de la cuantía de la prestación contributiva por desempleo a partir del sexto mes.
- Incremento de la cotización a cargo del trabajador durante la percepción de la prestación.
b) Recortes en la prestación asistencial por desempleo: subsidio por desempleo.
- Endurecimiento del requisito de carencia de rentas.
- Supresión del subsidio por desempleo de trabajadores mayores de 45 años que hubieran agotado una prestación contributiva por desempleo de 720 días.
- Recortes en el subsidio por desempleo a trabajadores mayores de 52 años: incremento de la edad de acceso que pasa de 52 a 55 años, reducción de la duración del subsidio y reducción de la cotización a la Seguridad Social.
c) Reducción de la cuantía del subsidio por desempleo a los trabajadores a tiempo parcial, que se calcula ahora en función de las horas trabajadas y no como cuantía fija del 80% del IPREM.
d) Reformas en las prestaciones
- Nuevas obligaciones a los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios.
- Mayor control de las prestaciones por desempleo.
e) Nuevas exigencias y nuevos requisitos respecto al acceso a la condición de beneficiario de la Renta Activa de Inserción.
d) Endurecimiento de las condiciones de acceso al programa PREPARA.
f) Cualquier incumplimiento de la persona en situación de desempleo implica la supresión del subsidio.
Es pronto para analizar las consecuencias que la reforma laboral está significando desde el punto de vista de las prestaciones de desempleo y su cobertura, en todos y cada unos de sus aspectos.
En todo caso, es importante señalar que entre marzo y julio de 2012, se redujo el número de personas con prestación por desempleo (un 1,7%), sobre todo debido a que 79 mil personas han perdido la prestación por desempleo asistencial. Esto ha hecho que la tasa de cobertura haya caído un punto porcentual en este periodo, que se acumula a la pérdida de cobertura que se viene registrando en estos años de crisis (entre enero y julio de 2011 era del 71,7% y en 2012 del 66,7%).
III.2. Recortes sociales y desmantelamiento de las políticas sociales del Estado de Bienestar
Los servicios públicos son esenciales tanto para mitigar las consecuencias del aumento de la pobreza como para generar las bases para la recuperación económica.
El fuerte desempleo y las precarias condiciones de trabajo que se perfilan, otorgan un papel de gran relevancia a los servicios públicos tanto para mitigar las consecuencias del aumento de la pobreza, como para generar las bases para la recuperación económica. Sin embargo, las decisiones políticas no han ido encaminadas al fortalecimiento del Estado de Bienestar, sino a la reducción de su cobertura, avanzando a la denominada "sociedad del bienestar", es decir, aquella en la que las prestaciones básicas tienen únicamente un carácter asistencial a partir del cual deben ser adquiridas en el mercado.
Para hacernos una idea del impacto que ese cambio de paradigma tiene, según datos de la OCDE, a finales de los 2000, mientras en España la tasa de pobreza era del 20,6 por ciento (pese a las insuficiencias en la intensidad de los Servicios Públicos de carácter social, en USA, paradigma de la sociedad del bienestar, la tasa de pobreza era del 24,4 por ciento.
Existe una clara demanda de políticas públicas de carácter social por parte de la población.
Las altas tasas de paro y el descenso de los ingresos procedentes de las rentas del trabajo están provocando que las familias tengan que cubrir sus necesidades a partir de las prestaciones sociales de jubilados y pensionistas.
De acuerdo con los datos de la EPA, en el segundo trimestre de 2012, un 39% de las familias tiene como persona de referencia a una persona inactiva, de las cuales un 26% son jubilados o pensionistas. La importancia que están adquiriendo estas prestaciones sociales es cada vez mayor si consideramos que en ese mismo trimestre 475 mil hogares tienen a todos sus miembros activos en paro.
En relación a la situación de los hogares, es necesario remarcar que la crisis económica está poniendo en primer plano las dificultades a las que se enfrentan las familias, con un alto nivel de endeudamiento, así como con la falta de cobertura de necesidades sociales básicas. Es por ello, por lo que, en 2012 un 26% de las familias manifiesta tener dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, que se une al 29% que afirma tener cierta dificultad (Encuesta de Condiciones de Vida). De la misma forma, también destaca que un 36% de las familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos.
También hay que considerar que las familias tienen en la actualidad un alto nivel de endeudamiento, que se ha generado a lo largo del periodo de crecimiento de las últimas décadas. La deuda de los hogares aumentó considerablemente entre 1994 y 2010, pasando de 211 mil a 724 mil millones de euros constantes, según los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.
Este nivel elevado de endeudamiento fue potenciado por una combinación de factores (acceso al crédito barato de las instituciones financieras, el estancamiento del salario real, la financiación del consumo privado, etc.). Además, la deuda se ha repartido de forma muy desigual entre las familias. En 2010, la deuda pendiente de los hogares pobres (cuartil inferior en relación a la riqueza) representaba 17 veces más en relación a su patrimonio que en caso de los hogares con mayor riqueza (cuartil superior).
Por otra parte, en relación con la vivienda de las familias, en estos últimos años se ha producido un aumento de los desahucios como consecuencia de la imposibilidad de hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda (que se efectúa como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial de desahucio o embargo) han aumentado de 26,7 mil en 2008 a 58,2 mil en 2011, en tanto la dación en pago tiene un carácter voluntario por parte de las entidades bancarias.
Todos estos indicadores reflejan, por tanto, que existe un claro incremento de las necesidades de la población española en términos de bienestar, y con ello, una demanda expresa de la población de intervención y cobertura a través de las políticas sociales, que permitan paliar los gravísimos efectos de la crisis económica.
Las políticas de recortes y las reformas en los servicios públicos están generando una merma en la capacidad protectora y de intervención por parte del Estado.
Frente a las necesidades de protección de la población, de demanda de empleo estable y de garantías de derechos socioeconómicos y laborales, el camino emprendido durante la crisis económica con las políticas de austeridad, con recortes y reformas sociales, están conduciendo a la merma de la capacidad protectora y de intervención por parte del Estado.
El gasto social en España a lo largo de la última década ha oscilado entre el 20 y 21% del PIB, según los datos de Eurostat. Esta evolución no se ha correspondido con el crecimiento económico experimentado a lo largo de las últimas décadas, ya que la riqueza generada no se tradujo en un incremento del gasto social en la misma medida (S. Llopis, et al, 2010). Además, este dato es un claro indicador del débil desarrollo y financiación del Estado de Bienestar en España, que ha venido registrando un gasto considerablemente inferior a la media europea (en torno a 5 puntos porcentuales).
Aunque la crisis ha supuesto en un primer momento un aumento del gasto en protección social hasta el 25%, aunque hay que considerar que este efecto se debe en gran medida al incremento de las prestaciones por desempleo como consecuencia de la crisis económica. A pesar de este repunte, el esfuerzo en protección social sigue siendo muy inferior a la media europea (6,4 puntos porcentuales sin considerar las prestaciones de desempleo, teniendo en cuenta, además, que el PIB se ha reducido).
Los servicios públicos básicos -sanidad, educación y servicios sociales- han tenido que afrontar el incremento de las necesidades de la población, que no se ha visto acompañado del correspondiente esfuerzo fiscal (a través de una reforma que debería haberse puesto en marcha en tiempos de bonanza) sino que, al contrario, ha ido acompañado de drásticos recortes en el gasto público, y cuya consecuencia ha sido una notable reducción de la calidad de los mismos.
Así, respecto a la riqueza que se ha generado a lo largo de los últimos años, el esfuerzo público se limita y se consolida la distancia con la media europea (que no alcanza el 65% del gasto europeo). Este déficit en protección social, que se acentúa si no se consideran la protección de desempleo y su cobertura, supone una fractura de la protección pública básica, que agravan las dificultades económicas de las familias, así como la garantía y desarrollo de los derechos sociales.
Las políticas de ajuste suponen un duro castigo a la clase trabajadora y sirven para sentar las bases para un modelo netamente asistencial de protección social.
En un contexto de recesión económica severa, en el que son más necesarias las políticas públicas que garanticen la cobertura de las necesidades económicas y sociales de la población, las propuestas neoliberales para salir de la actual crisis económica siguen profundizando en la idea de recortar el papel de Estado y su intervención en la economía, lo cual supone un claro ataque a la clase trabajadora.
La mayor parte de los países europeos -en pos del control del déficit público- están llevando a cabo recortes sociales de gran calado, que se manifiestan en un descenso significativo del gasto social, lo cual supone, en último término, una merma efectiva de la calidad de los derechos sociales.
En el caso de España, el razonamiento del Gobierno es que es necesario presentar unas cuentas públicas con más recortes, lo cual daría las garantías de que, como país, se devolverá el dinero prestado. Pero bien es cierto que a estas alturas, es cada vez más evidente que este relato de la crisis es contrario a los intereses de la mayoría de la población.
Las reformas de las políticas sociales que se están desarrollando en la actualidad van encaminadas a un claro desmantelamiento de los servicios públicos
La reducción del gasto público por habitante, la disminución de la intensidad protectora y los procesos de reestructuración institucional con un alto grado de segmentación y privatización de los servicios públicos son un buen ejemplo de ello (Antón, 2012).
Se trata de medidas orientadas a reducir la capacidad de intervención del Estado como garante de la protección, a la vez que se argumenta una supuesta falta de eficiencia del sector público para enmascarar un cambio de modelo de "protección" en el que el sector privado gobernado por el puro mercado vaya adquiriendo un mayor peso.
Este tipo de reformas sientan las bases para que se produzca una fuerte segmentación de la protección social, y con ello a desarrollar un modelo asistencial, en el que se contempla la cobertura por parte del Estado de los sectores más vulnerables de la población y el mercado para las clases sociales con recursos económicos.
Esto supondrá un aumento de las desigualdades sociales, la disolución efectiva de los derechos sociales de carácter universal hacia derechos estrictamente contributivos cuando no hacia la compra de determinados servicios esenciales, lo que implica el deterioro intencionado de los servicios públicos (y, como se ha dicho, de las condiciones de trabajo y el volumen de empleo de los mismos), el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, así como la exclusión social de importantes sectores de la población.
Sanidad, educación y atención a la dependencia, principales objetivos del "saneamiento de las cuentas públicas", mientras se perfila un próximo recorte de las pensiones.
El llamado "saneamiento de las cuentas públicas" involucra de forma muy importante a tres pilares básicos del Estado de Bienestar, que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de las personas: educación, sanidad y la llamada 'racionalización del sistema de atención a las personas en situación de dependencia', mientras se avisa de un próximo recorte de las pensiones.
A lo largo del último año, en un marco de recortes presupuestarios, se han acometido diversas medidas que afectan a los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, garantes de los principios de igualdad de oportunidades, libertades y cohesión social, sentando las bases para la segregación social y estableciendo insalvables barreras a un acceso igualitario a las prestaciones sociales.
Se establecen en estas reformas marcos legislativos que estrechan los márgenes de autonomía de la Autonomías en la gestión de competencias que en principio detentan ellas. En todo caso, la concreción de estas medidas se plasma a nivel autonómico, con lo que sus consecuencias podrían verse paliadas o endurecidas en función de las políticas autonómicas y las llamadas "competencias impropias" de los Ayuntamientos y corporaciones locales, principalmente las referidas a salud pública y atención a la dependencia.
Algunos cambios introducidos en los ámbitos sanitario, educativo y de atención a la dependencia en el año 2012 han sido los siguientes:
a. Sanidad
La reforma sanitaria introduce importantes cambios que diseñan un nuevo modelo sanitario con una clara injerencia del mercado.
La reforma sanitaria, RDL 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introduce importantes cambios que terminan por diseñar un nuevo modelo sanitario, en el que gran parte de los servicios se abren total o parcialmente al mercado, dificultando su acceso para la población con menores rentas o empobreciéndola severamente.
- Se rompe el modelo de atención sanitaria universal. Esta reforma vincula la atención sanitaria con el aseguramiento y limitando éste mediante su vinculación estricta con la situación laboral (en un contexto de generalizado desempleo), de manera que quedaría excluida de la atención sanitaria toda persona no asegurada.
- Se abre la posibilidad del aseguramiento sanitario a empresas privadas aseguradoras. No se especifica como sí ocurría en la anterior legislación (1986) que ese aseguramiento haya de ser a la Seguridad Social, de forma que se abre la posibilidad de que surjan diversos modelos diferenciados de seguro para cubrir la asistencia médica. Paralelamente, el Estado disminuye su aportación a la MUFACE, mutua aseguradora de los funcionarios civiles del estado, lo que, a buen seguro implicará que éstos vean disminuidas sus prestaciones sanitarias en cantidad o en calidad.
- Las personas inmigrantes en situación irregular no están cubiertas. Se excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados y les impone condiciones más rígidas para acceder a la Tarjeta Sanitaria. Se trata de una medida discriminatoria de amplio calado ético, cuya implantación podría repercutir negativamente a las arcas de la seguridad social, dado el escaso gasto sanitario que esta población implica y los serios problemas para el conjunto de la población, en el ámbito de la salud pública, concretamente en términos de prevención y control de enfermedades.
- Se amplían las prestaciones sanitarias que dejan de estar cubiertas en su totalidad por el SNS. Se separan los servicios del Sistema Nacional de Salud en tres modalidades: básica, suplementaria y accesoria. Mientras que la primera se identifica como gratuita, las otras dos siguen normas de copago. De esta manera se ven especialmente afectados los enfermos crónicos y las rentas más bajas, para quienes podría ser inaccesible cubrir sus necesidades sanitarias.
- Algunos medicamentos de uso común dejan de estar cubiertos. Exclusión de medicamentos que antes se financiaban. La ciudadanía ha de pagar por los medicamentos para síntomas menores, cuyos precios cabe suponer que subirán al dejar de ser negociados con la Seguridad Social. Se establece un porcentaje del 60% y el 40% del precio de venta al público para personas con la condición de asegurado activo y sus beneficiarios, y del 10% del PVP para los pensionistas con rentas inferiores a 100 mil euros. Esta modificación supone un cambio cualitativo ya que los pensionistas antes estaban exentos de cualquier copago farmacéutico y se incrementan los porcentajes de copago farmacéutico para una gran parte de la población.
- El "prepago" farmacéutico de las personas pensionistas. Disminuirá drásticamente los recursos que estas personas aportan a la unidad de convivencia, especialmente en aquellas que ya viven en una situación de pobreza, lo que, a buen seguro, incidirá en su salud.
Se trata, por lo tanto, de un cambio de modelo sanitario, que deja sin protección a una parte importante de la población y que abre las puertas a un modelo dividido entre seguros privados, atención pública y la beneficencia, es decir, rompiendo uno de los ejes básicos que aseguran la cohesión social y, más específicamente, la igualdad en términos de esperanza de vida libre de enfermedad y calidad de vida.
b. Educación
La reforma del sistema educativo atenta contra el acceso universal a la educación, excluyendo a grandes capas de la población trabajadora y limitando así la movilidad social.
La reforma del sistema educativo -RDL 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, introduce una serie de cambios que atentan contra la calidad educativa pública, el acceso universal y las condiciones laborales de sus profesionales.
En las enseñanzas no universitarias se establece:
- Aumento de la ratio de alumnado por docente. Ante la paralización de nuevas incorporaciones docentes, se permite aumentar un 20% el número de alumnos por clase esta medida supone una merma en la calidad del sistema educativo al limitar las posibilidades de atención individualizada, a la par que supone una mayor transferencia de los recursos públicos hacia las empresas educativas privadas de carácter concertado, cuyos conciertos se establecen en función del número de alumnado.
- Aumento de las horas lectivas del profesorado. Se establecen 25 horas lectivas para infantil y primaria y 20 para el resto de enseñanzas. Bajas que no se sustituyen. No se contratan interinos para cubrir las bajas de 10 días o menos, teniendo que ser resueltas por el propio centro; nuevamente se trata de una medida que afecta a la calidad del sistema y además tiene un fuerte impacto en el empleo del sector público, con lo que se incrementa la población en riesgo de pobreza.
- Se pospone la implantación de enseñanza de formación profesional. Aquella formación que tenía prevista su implantación en el curso 2012-2013, se pospone.
- Se establece la escolarización obligatoria en los términos estrictamente legales. La educación infantil se ve así relegada de la enseñanza pública lo que implica que, o bien se acude al mercado para cubrir este tramo educativo, o bien deberá ser atendido desde el hogar, fundamentalmente por parte de las mujeres, rebajando así la intensidad del trabajo en el hogar.
- Reducción de las becas de comedor y de material escolar. En un contexto de incremento de la pobreza entre los trabajadores y trabajadoras (y del conjunto de la población), la reducción de las becas de comedor reviste una especial gravedad, en la medida en que puede derivar en malnutrición infantil. En cuanto a las becas de material escolar (cuando el IVA de éste se ha incrementado notablemente) supone una situación casi imposible de abordar por las capas más desfavorecidas económicamente.
En las enseñanzas universitarias:
- El Gobierno se arroga la potestad de determinar los requisitos básicos para la creación o mantenimiento de los centros y estructuras universitarias. La creación, modificación o supresión de dichos centros habrán de ser acordadas entre los Consejos de Gobierno universitarios y las Comunidades Autónomas. Se trata de una medida de gran calado dado que no sólo rompe con el principio de la autonomía universitaria, sino que abre paso al establecimiento de requisitos de índole económica para el desarrollo de determinadas actividades universitarias. Tal como se ha puesto de manifiesto en previas reformas educativas, la capacidad de financiación con escasos fondos públicos ha constituido uno de los elementos valorados para la aprobación de nuevas enseñanzas universitarias, animando por lo tanto a acuerdos con empresas privadas inversoras en educación. Cabe temer la supresión de determinadas actividades y enseñanzas universitarias cuyos contenidos no sean considerados de interés para los inversores privados. La desaparición de éstas abocan a una universidad orientada primordialmente a la actividad económica privada, dejando de lado la enseñanza e investigación en campos de gran relevancia socioeconómica para las necesidades presentes y futuras de un país y su población.
- Aumento de las tasas universitarias
o En las enseñanzas de Grado, se establecen horquillas de cobertura pública de los costes, de forma que los precios públicos de las tasas pueden suponer entre el 15% de los costes en la primera matrícula, hasta el 100% de la cuarta en adelante. Esta medida supone una clara barrera económica para el acceso a los estudios universitarios, quebrando uno de los ejes de igualdad de oportunidades. A modo de ejemplo, el precio de la matrícula para un curso completo (60 créditos) en una universidad madrileña de un grado de experimentalidad intermedia supera para el curso 2012-13 los 1.600€, 2,4 veces el SMI mensual
o En las enseñanzas de Máster, se diferencia entre aquellas enseñanzas habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas en España, y aquellos que no lo son. En el primero de los casos, las horquillas de las tasas son iguales a las establecidas para los Grados, en el segundo, los precios públicos se establecen desde el 40% del coste de la primera matrícula y el 75% a partir de la segunda.
o Las personas extranjeras sin permiso de residencia sin financiación para estudios universitarios. Habrán de pagar hasta el 100% del coste de la matrícula universitaria.
o Recortes autonómicos en materia de becas y tasas.
El aumento de las tasas universitarias representa un difícil obstáculo para el acceso a los estudios universitarios por parte de muchos jóvenes y familias.
Las consecuencias de la segregación económica en el acceso a estudios superiores no pueden sino derivar en una profunda marcha atrás en términos de igualdad de oportunidades y de construcción de un modelo productivo sostenible social, económica y medioambientalmente de cara al futuro.
c. Dependencia
La atención a la dependencia queda reducida a sus grados más severos y se generaliza el copago de todos los servicios excepto para rentas muy bajas.
Los distintos recortes que se han venido produciendo en los últimos meses alarman sobre un posible desmantelamiento del sistema de atención a la dependencia, recortando las prestaciones que de por sí ya resultaban escasas y poco desarrolladas.
Es preciso subrayar que este desmantelamiento supone una importante pérdida en términos de empleo, y que toda pérdida de empleo incide en términos de pobreza por dos vías: porque merma los recursos de las personas y porque merma los recursos del estado, bien porque deba hacerse cargo de la prestación por desempleo, bien porque deja de ingresar el IRPF.
Entre otros recortes, se pueden destacar:
- Se introducen sistemas de copago excepto para las rentas muy bajas. Tan sólo las personas dependientes cuyas rentas no superen los 532 euros al mes y el precio podrá suponer hasta el 90% del valor de la prestación.
- Se suspende la incorporación de las personas en situación de dependencia moderada hasta el año 2015. Muchas personas y familias, por lo tanto, quedarán relegadas de su derecho.
- Se simplifican las categorías de dependencia a 3 grados. De esta manera, se teme que las valoraciones a la baja que se llevan a cabo de las situaciones de dependencia podría reducir o incluso excluir a las y los ciudadanos de estas prestaciones.
- Se reduce la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar (ya muy exigua) un 15%, ahondándose de esta manera las situaciones económicas vulnerables, tanto de las personas dependientes como de sus entornos familiares.
- Se deja de cotizar a la seguridad social por los cuidadores no profesionales. Con la reforma ellos mismos han de hacerse cargo de tal cotización. Esta medida afecta especialmente a las mujeres y sus derechos, ya que representan buena parte de las personas cuidadoras de los entornos familiares.
Los recortes suponen la vulneración de los derechos, no sólo de las personas en situación de dependencia, sino de las personas que se dedican a su cuidado, principalmente mujeres.
No sólo no se avanza hacia una red de servicios públicos atención a la dependencia, sino que se recortan los escasos y familiaristas sistemas ya puestos en marcha, suponen un paso más hacia el empobrecimiento de las familias, serios problemas de salud entre las personas que configuran el entorno familiar, una renovada invisibilización de la labor social de las mujeres como cuidadoras que se mantiene como imprescindible, y un serio retroceso en términos de bienestar social.
Todas estas medidas suponen pasos decididos hacia el desmantelamiento de lo que ha sido llamado "Estado del Bienestar", ampliando la desprotección social, la desigualdad, la pobreza y el conflicto social.
III.3. Escenarios futuros para la pobreza en España
Las fuentes estadísticas oficiales que existen en España no permiten analizar en detalle la situación actual de la pobreza, de los hogares y de los trabajadores pobres (tal y como sucede con la Encuesta de Condiciones de Vida, cuyos datos más recientes -y provisionales- son de 2011). Esto hace que la información de la que se dispone proceda de estudios, registros o informes resultantes de aquellas instituciones u organizaciones no gubernamentales encargadas de paliar los efectos de la pobreza y la exclusión social.
Las perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares, así como las previsibles nuevas políticas de recortes supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de sus condiciones de vida.
A pesar de esta importante falta de información, todos los indicadores de los que disponemos hoy en día permiten aventurar que, tanto la pobreza como los trabajadores pobres, crecerán notablemente a lo largo de próximos años. Las perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares, así como las previsibles nuevas políticas de recortes supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de sus condiciones de vida.
Repasemos para ello algunos de los datos más relevantes que se pueden rescatar en este ámbito durante el periodo 2011-2012.
Con relación al desempleo, la evolución reciente de los principales indicadores muestra unas perspectivas nada favorables:
- Entre 2011 y 2012 (segundos trimestres), la tasa de paro refleja un incremento de 3,7 puntos, hasta alcanzar el 24,6%. En términos absolutos, este crecimiento se traduce en 859 mil nuevos desempleados, llegando a la cifra de 5,6 millones de personas en paro |20|;
- En ese mismo periodo, se ha incrementado un 29% el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro (107 mil). Con ello, son ya 476 mil los hogares que se encuentran en está situación en el segundo trimestre de 2012 |21|;
- El número de beneficiarios de prestaciones de desempleo ha aumentado un 3% entre 2011 y 2012 (enero-julio) hasta alcanzar los 2,9 millones de personas |22|;
- En el periodo de enero a julio de 2012, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha sido del 66,7%, muy por debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior (71,7%) |23|.
Aunque no existen datos actualizados sobre los recursos materiales de los hogares, (sobre todo en lo que se refiere a las rentas salariales procedentes del trabajo), se puede apuntar que las rentas de las que disponen las familias se han visto reducidas en estos dos últimos años, cambiando incluso su procedencia:
- En 2012, un 39% de las familias tiene como persona de referencia una persona inactiva, de las cuales un 26% son jubilados. Entre 2011 y 2012 (segundos trimestres), 73 mil familias han pasado a estar sostenidas por una persona jubilada o con pensión, siendo 4,5 millones los hogares que se encuentran en esta situación en 2012;
- Las pensiones se han incrementado 1%, en términos generales, con arreglo a la previsión Gobierno de inflación, aunque el alza de las pensiones mínimas y no contributivas llega al 2,9% como consecuencia de la desviación de precios registrada en 2011;
- El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha congelado, sin registrar incremento alguno entre 2011 y 2012, para mantenerse en 641,40 euros;
- A ello hay que añadir la repercusión que tendrá la subida del IVA en el gasto familiar, ya que sube en tres de sus cuatro tipos, en productos y servicios necesarios para la población (en productos como la carne, el pescado o el transporte, hasta el 10%; o en luz, agua o gas, hasta el 21%).
Las "políticas de austeridad" suponen un fuerte recorte de las políticas sociales, de empleo y de servicios públicos, que inciden en el agravamiento de la pobreza y en su extensión.
La política de austeridad, iniciada en 2010, y cuya continuación asistimos en 2011 y 2012, se están traduciendo en un fuerte recorte de las políticas sociales, del empleo y de los servicios sociales destinadas a cubrir las necesidades de la población. Desde mediados de julio de 2012 el Gobierno ha redoblado sus iniciativas reformistas de recortes, que se mantendrán a lo largo de los años 2013 y 2014 para cumplir con los objetivos de déficit.
Esta reducción, ha supuesto, por ejemplo, que en educación y sanidad se hayan recortado 15 mil millones de euros en este ejercicio (de los 65 mil millones que se prevén hasta 2014, que serán mayores según las previsiones actuales), que están teniendo una clara repercusión en distintos ámbitos: reducción del número de profesores; así como ayudas y becas; incremento de las tasas universitarias; menos profesionales de la salud; copago sanitario; incremento del gasto farmacéutico de las familias, etc. En dependencia se estima las medidas adoptadas suponen un recorte de 816,6 millones de euros en 2012, que habrían supuesto 20 mil puestos de trabajo, con un impacto negativo en las arcas públicas de 352 millones de euros. En cambio, 700 mil personas verán reducido su nivel de cobertura y se destruirán 10 mil puestos de trabajo |24|.
Si, tal y como ha avanzado el Gobierno en sucesivas ocasiones, esta tendencia de recortes de las políticas sociales se mantendrá a lo largo de los próximos años, la situación de la población no será mucho mejor. Así, por ejemplo, se estima que la tasa de paro se situará en un 25,2% para el año 2013 (de acuerdo con previsiones realizadas por FUNCAS, entre otros organismos).
Dentro del ámbito de los posibles escenarios futuros, y considerando que existen factores de distinta índole que alteran la evolución de la pobreza (entre los que se pueden mencionar los impactos de la crisis y la destrucción de empleo, la reducción del gasto público y de las familias en salud, protección social y educación, etc.) se puede estimar un notable incremento de la pobreza (y aumento de los trabajadores pobres) a lo largo de los próximos años.
Las estimaciones de la tasa de paro para el futuro, junto con una hipótesis de congelación del SMI arrojan una estimación de la pobreza del 30 por ciento de la población para 2013 y el 31 por ciento en 2014.
De acuerdo con los datos más recientes, se observa que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional (SMI) o la tasa de paro tienen una incidencia notable en la evolución de la pobreza (y explican buena parte de las variaciones de la pobreza) |25|. Así, un incremento del 1% del SMI produciría una reducción cercana al 0,8% de la tasa de pobreza y exclusión social; de la misma forma un incremento de 1 punto porcentual de la tasa de paro implicaría un incremento del 0,8% en la tasa de pobreza del año siguiente.
Gráfico 3: Evolución de las Tasas de paro del año anterior, tasa de pobreza y exclusión social y del SMI (2004-2014*)
Nota: TPES: Tasa de pobreza y exclusión social, *Previsión de la Tasa de pobreza para el periodo 20122014. Estimaciones de la tasa de paro (2012-2013) y estimaciones del SMI (2013-2014). TP (t-1): Tasa de paro en el año anterior. SMI: Salario Mínimo Interprofesional Fuente: Periodo 2004-2011, INE, Eurostat y elaboración propia.
A partir de la evolución de estas dos variables durante el año 2011, de las que sí que se tienen datos oficiales (con una congelación del SMI y un incremento de la tasa del paro del 7,8%), se puede estimar, más allá de los datos actuales, una cifra de pobreza cercana al 28,5% para el año 2012.
Tomando como referencia las estimaciones de la tasa de paro de FUNCAS para los años 2012 y 2013, y estimando una congelación del SMI para los años 2013 y 2014, se puede estimar unas tasas de pobreza cercanas al 30% para el año 2013 y al 31% para el año 2014.
IV. CONCLUSIONES
1. El acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza. La precarización de las condiciones de trabajo, los procesos de desprotección en el mercado de trabajo y el debilitamiento de los recursos sociales del Estado de Bienestar están provocando un empobrecimiento creciente de la población trabajadora, cuyo porcentaje se ha incrementado en un 12 por ciento desde el comienzo de la crisis, hasta alcanzar al un porcentaje del 27 por ciento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social.
2. En el proceso de empobrecimiento de los trabajadores intervienen varios factores, pero está asociado fundamentalmente a la precariedad laboral y socioeconómica, y afectado por determinados aspectos personales como el sexo, la edad o la nacionalidad, y a los contextos familiares de acceso al empleo, miembros en condiciones de dependencia económica o realidades de privación material y social.
3. En España las erróneas e injustas medidas tomadas, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de la reducción de los marcos de protección social y la contracción de los servicios públicos, están contribuyendo a que el fenómeno de los trabajadores pobres se haya incrementado de una manera muy acusada.
4. Una parte importante de las consecuencias del empobrecimiento de la población es irreversible: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación cultural, son sólo algunas de ellas.
5. En España, el fuerte crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo, un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis.
6. El mayor empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras en España está vinculado con las características del modelo productivo, social y del mercado de trabajo y explican, además, su desigual distribución entre determinados grupos sociales: jóvenes, mujeres, personas migradas, personas con algún tipo de discapacidad...
7. La crisis económica ha agudizado la pobreza de las personas con empleo, con diferente impacto en función de las desigualdades laborales previamente existentes. Como consecuencia de la crisis (y amparándose en ésta), se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora. La fuerte precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia. A ello se añaden los cambios que se están produciendo en el marco de relaciones laborales de España, que modifican sustancialmente las relaciones de poder y los ámbitos y capacidad de la negociación, (dando más poder al empresariado), y con ello, obstaculizan la capacidad de asegurar la calidad de trabajo y de vida de las personas.
8. La reforma laboral decretada recientemente supone un fuerte recorte de derechos laborales y sociales. Lejos de solucionar las debilidades del mercado laboral, la reforma precariza el acceso al empleo, aumenta la segmentación del mercado de trabajo, abarata el despido, otorga al empresario un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores en materias básicas (incluyendo el salario), quebranta el derecho a la negociación colectiva y termina con la ultraactividad de los convenios. Se configura así, un nuevo marco de derecho laboral que permite ahondar en el riesgo de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras, sobreendeudados en un contexto de alza de los precios de los productos más básicos.
9. El empobrecimiento de los trabajadores no es homogéneo. El trabajo por cuenta propia, la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza. Por lo otro lado, también son claves las circunstancias de los entornos familiares, como la intensidad de empleo en el hogar, que se ha visto reducida gravemente en estos últimos años debido a la elevadísima destrucción de empleo.
10. La calidad de los servicios públicos está en juego: el descrédito de la función pública, el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en ella, y los incesantes recortes en prestaciones, dan prueba de ello. Las diversas medidas que se están llevando a cabo en los últimos años están suponiendo pasos firmes hacia el desmantelamiento del sector público, y la mercantilización total o parcial de gran parte de los servicios asociados a él, lo que los hará inaccesibles para los grupos sociales más vulnerables, profundizando así en la situación de riesgo de pobreza.
11. Los diferentes recortes implicarán la vuelta de las mujeres a las labores de cuidado en el hogar. El coste de oportunidad de participar en un mercado de trabajo especialmente precarizado para ellas, el incremento de las tasas educativas, la supresión de la educación infantil pública así como las becas de comedor, los recortes en la atención a la dependencia. El incremento de la carga de trabajo reproductivo para compensar los bajos ingresos salariales, o la posible regulación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo, dibujan un panorama que parece llamar a una desactivación de las mujeres en el mercado laboral regularizado.
12. Los problemas económicos de los hogares pueden agudizar el problema demográfico en España. Las dificultades de las familias hacen preveer un descenso aún más marcado de la natalidad, y con ello un envejecimiento creciente de la población en España. No se trata de un asunto baladí, ya que dificulta la sostenibilidad económica de la protección social de jubilación.
Mientras recaiga el cuidado tanto de la vejez como de la niñez sobre las mujeres en los hogares -cada vez más empobrecidos- no cabe sino esperar un retroceso en la natalidad. Esta evolución puede verse especialmente afectada por una ley de interrupción voluntaria del embarazo regresiva, que dificulte la capacidad de elección de las mujeres, implique un pago cuantioso para las intervenciones y deteriore la salud de las mujeres.
13. Las barreras económicas para el acceso a la educación de calidad tiene importantes consecuencias para los hogares y el futuro del país. Las reformas educativas atentan directamente contra la calidad y el acceso a un servicio público clave para la asegurar la igualdad de oportunidades. El aumento de las tasas en la educación superior sienta las bases de un sistema educativo elitista y semiprivatizado, que deja fuera a las personas de hogares con menos recursos y coarta la autonomía universitaria para la investigación y reflexión en campos que podrían ser fundamentales para un cambio de modelo productivo y social más sostenible, igualitario y libre.
14. Las consecuencias de estas medidas ya se están haciendo palpables, mientras la cobertura social se adelgaza. El aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social implica un incremento de la demanda de servicios sociales, que sin embargo, se están viendo seriamente afectados por los recortes. La sanidad, la educación, la atención a la dependencia, pilares básicos del Estado de Bienestar, ya ha sufrido importantes recortes que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de las personas, aseguran la igualdad de oportunidades y son los principales garantes de la cohesión social. Las consecuencias de la quiebra de estos principios acarrea consecuencias sociales y económicas de gran calado.
15. Las pensiones y las prestaciones por desempleo han supuesto en España una de las claves para contener las situaciones de pobreza de las personas en los márgenes del mercado de trabajo y sus familias. Los límites para el acceso a los derechos de cobertura por desempleo así como el incremento del gasto familiar por prestaciones sociales ya no cubiertas (en materia educativa o sanitaria) merman la capacidad de supervivencia de las más de 5,5 millones de personas en situación de desempleo y de los 475 mil hogares con todos sus miembros en paro. A esta dramática situación se suma la previsión de importantes recortes tanto en la cobertura por desempleo como en el sistema de pensiones, cuyas consecuencias pueden incrementar gravemente las situaciones de pobreza en los hogares.
16. A la altísima tasa de desempleo se añaden el fuerte endeudamiento de las familias y las medidas impositivas regresivas. Esta situación no sólo agrava la inequidad social, sino que implica una contracción del consumo y con ello una prolongación de la recesión económica. El mantenimiento y refuerzo de un sistema de recaudación fiscal insuficiente e injusto no hace sino empeorar la situación, con las reducciones en los gravámenes de sociedades, patrimonio o donaciones y sucesiones, a lo que se suman las recientes medidas de amnistía fiscal.
17. Las perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares para los próximos años, así como las previsibles nuevas políticas de recortes, supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de la calidad de sus condiciones de vida. Los datos existentes hasta la fecha permiten apuntar que al finallizar 2012 es previsible que se haya alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%, y cabe esperar que, ante los importantes recortes sociales, el ritmo de aumento de la pobreza se acelere significativamente en los próximos años. Igualmente, estos datos permiten reforzar la importancia de otros factores (como el Salario Mínimo Interprofesional) que tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza.
18. El escenario de crisis económica está siendo aprovechado para realizar un profundo cambio del modelo social. El recorte presupuestario, el aumento de los impuestos, la reforma laboral y la drástica reducción del gasto social suponen una remodelación del Estado de Bienestar, si no su propio desmantelamiento. La política de recortes no es otra cosa sino un cambio sustancial del modelo de intervención del Estado, un impulso ideológico de que se dirige hacia la protección individual del riesgo y la cobertura de las necesidades a través de la iniciativa privada.
19. El trabajo decente o de calidad parece haberse convertido en un lujo para quien lo mantiene y una quimera irreivindicable para quien quiere acceder a él. Es necesario romper con esta situación: es imprescindible voluntad política para convertir el trabajo decente en una apuesta de futuro. No se trata tan sólo potenciar una economía capaz de crear puestos de trabajo, sino puestos de trabajo de calidad, que garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que se extienda la protección social y que promueva el diálogo social. El empleo de calidad es clave para generar un modelo económico sostenible con una salida más justa e igualitaria de la crisis, centrado en las condiciones de vida de las personas y capaz de mantener la cohesión social.
[Fuente: Por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luis de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia Otaegui, Elvira S. Llopis, Fundación 1º de Mayo, Madrid, oct12]
V. BIBLIOGRAFÍA
ANTON, A. (2012): Recortes y Perspectivas de la política social. Comunicación para el I Congreso Trabajo Economía y Sociedad de la Fundación 1° de Mayo. CANTILLON, B (2011): The Paradox of the Social Investment State. Growth, Employment and Poverty in the Lisbon Era. CSB Working Paper. University of Antwerp. CRETTAZ, E., BONOLI, G. (2010): Why Are Some Workers Poor? The Mechanisms than Produce Working Poverty in a Comparative Perspective. Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe. FRASER, N., GUTIERREZ, R. y PEÑA-CASAS, R. (2011): Working Poverty in Europe. A Comparative approach. Ed. Palgrave Macmillan. FUNCAS (2012): Panel de previsiones de la economía española. Dirección de Coyuntura y Estadística FUNCAS. (Disponible on-line: www.funcas.ceca.es/) GUTIERREZ, R. (2009): "La dinámica de la pobreza de trabajadores" en Revista Internacional de Organizaciones. GUTIÉRREZ, R. Y GUILLÉN, A. (2007): "Protecting the working-poor in Spain: a comparative overview" en Paper for ISSA 5th International Research Conference on Social Security. MARTINEZ, A., OTAEGUI, A. (2012): La pobreza en España en tiempos de crisis. Comunicación para el I Congreso Trabajo Economía y Sociedad de la Fundación 1° de Mayo. MYLES, J. Y QUADAGNO, J. (2002): "Political theories of the welfare state" en Social Service Review. Marzo 2012. OIT (2008): Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. OIT. OIT (2009): Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los objetivos de desarrollo del milenio. OIT. PEÑA-CASAS, R. Y LATTA, M. (2004): Working poor in the European Union, Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo. VV.AA. (2012): Exclusión y desarrollo social. Análisis y perspectivas. Fundación Foessa. Cáritas. VVAA (2010): Working poor in Europe. Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo.
Notas
1. Contabilidad Nacional Trimestral de España [Volver]
3. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2011 [Volver]
4. El umbral de la pobreza, situado en el 60% del ingreso mediano por unidad de consumo, se redujo un 6% al pasar de 7,9 mil euros al año en 2009 a 7,5 mil euros en el año 2011. [Volver]
5. Social Inclusion and Living Conditions, 2009. (SILC, en sus siglas en inglés) [Volver]
6. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado en España de 19,6% en 2008 a 21,8% en el año 2011. [Volver]
7. El umbral de pobreza se corresponde con el 60% de los ingresos medianos. En el año 2008 esta cifra es de 7.770 euros anuales, mientras que en el año 2011 es de 7.509 euros. [Volver]
8. Fuente: Estadística tributaria de la Agencia Tributaria. [Volver]
9. En este apartado se analiza la situación de los trabajadores en riesgo de pobreza, a partir de la información recabada por la "Statistics of Income and Living Conditions'. Los últimos datos disponibles de trabajadores en riesgo de pobreza se corresponden al año 2010, algo que tan sólo permite un acercamiento a la primera etapa de la crisis económica. En todo caso, los datos de los años 2005, 2008 y 2010 pueden ser suficientes para conocer las tendencias de los últimos años. La lectura de estos datos no es sencilla, dado que combinan dos universos de estudio: el individual y el de los hogares. En el riesgo de pobreza, de tal manera, se unen diversos contextos referidos a las condiciones socioeconómicas de las unidades de convivencia, su participación en el empleo, las condiciones salariales de los individuos. A esto hay que añadir los diferentes componentes de los ingresos, que no son tan sólo salariales, sino también otros ingresos privados así como las transferencias sociales. [Volver]
10. Este umbral de pobreza significa que en el caso de España, el 41% de los trabajadores por cuenta propia y el 7% de los trabajadores por cuenta ajena declaran en el año 2011 unos ingresos inferiores a 7.509 euros anuales. [Volver]
11. Aunque se trate en este apartado específicamente, las diferencias por sexo aparecen analizadas transversalmente en la mayor parte de los indicadores. [Volver]
13. Para el cálculo de la intensidad se toma en consideración aquellos adultos en edad de trabajar que no sean hijos económicamente dependientes -se considera económicamente dependiente a niños menores de 16 años y a aquellos con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años que conviven en el hogar y que son económicamente inactivos-. [Volver]
14. Para un examen en profundidad de las medidas adoptadas puede consultarse la documentación generada por el Gabinete Jurídico Confederal de Comisiones Obreras, que dispone de una amplia selección de estudios e informes sobre las reformas laborales (http://efectosreformalaboral.ccoo.es/libros/reforma/bienvenida.do).
Igualmente, se puede consultar un análisis de las reformas laborales anteriores a 2012, como por ejemplo la reforma laboral adoptada en el RDL 10/2010 o las reformas de las Administración Pública y las pensiones incluidas en el RDL 8/2010. [Volver]
15. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. [Volver]
16. Informe jurídico sobre el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Febrero, 2012. Comisiones Obreras. [Volver]
17. Informe sobre los Expedientes de Regulación de Empleo, de la Secretaría de Empleo y Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, julio de 2012. [Volver]
18. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. [Volver]
19. Con posterioridad se ha anunciado la congelación de los salarios de los empleados públicos para el año 2013. [Volver]
20. Datos procedentes de la EPA, INE. [Volver]
22. Boletín de Estadísticas Laborales, MEYSS. [Volver]
24. Fuente: Asoc. Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. [Volver]
25. Se ha realizado un análisis de regresión lineal entre el salario mínimo, la tasa de pobreza y la tasa de paro, datos procedentes de la Encuesta de Población Activa y de la Encuesta de Condiciones de vida. El periodo considerado para la realización de este análisis ha sido el comprendido entre 2004 y 2011, dado que son los años en los que se dispone de datos para la Tasa de pobreza y exclusión social. [Volver]
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