Equipo Nizkor - Vergonzosa interpelación del diputado Joan Herrera Torres sobre la denominada "Ley de la Memoria" en la que demanda su modificación debido a su manifiesto fracaso.

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28abr10

Vergonzosa interpelación del diputado Joan Herrera Torres sobre la denominada "Ley de la Memoria" en la que demanda su modificación debido a su manifiesto fracaso

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2010 IX Legislatura Núm. 159
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES,
VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión plenaria núm. 150 celebrada el miércoles 28 de abril de 2010
-- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de la memoria histórica. (Número de expediente 172/000172.)
Formula la interpelación el señor Herrera Torres, del Iniciativa per Catalunya Verds y contesta el señor ministro de Justicia, Caamaño Domínguez, en nombre del Gobierno.

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 172/000172.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana - 28 de abril de 2010.--NÚM. 159
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación de la memoria histórica. Para formular esta interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Herrera Torres.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace dos años y medio aprobábamos la conocida como la Ley de Memoria Histórica, una ley que era un punto de partida, no era un punto de llegada, que permitía empezar a caminar en la recuperación de la memoria democrática, en un país que lamentablemente confundió el perdón con el olvido, la amnistía con la amnesia. Pero la Ley de Memoria era una ley insuficiente, con carencias, una ley que no atendió ni mucho menos todas las peticiones de las entidades memorialistas o de grupos como el nuestro. Era una ley que tenía avances --de hecho usted y yo protagonizamos algunos de los avances que se situaron en la ley-- pero era una ley que requería ambición, mucha ambición por parte del Gobierno.
Por todo ello hace poco más de un año --el 1 de abril de 2009-- yo mismo le interpelaba con el objetivo de que acelerasen el cumplimiento de la ley, que garantizasen el desarrollo de las políticas públicas, haciendo efectiva la disposición adicional tercera. También le pedimos la creación de una fiscalía especializada que acompañase a las víctimas para que estas no se viesen desprotegidas en sus derechos, y la moción se votó y los elementos más ambiciosos no prosperaron; se aprobaron parte de ellos, pero, como digo, los elementos más ambiciosos no prosperaron. Ha pasado un año desde que se presentó la moción, han pasado dos años y medio desde la aprobación de la ley y creo que a estas alturas ya podemos decir que la ley se muestra insuficiente y que el Gobierno la está desarrollando, si usted me lo permite, al ralentí; al ralentí.
La ley establecía la obligación del marco institucional para fomentar las políticas de memoria. La realidad es que hoy las políticas de memoria están en tres ministerios: fosas, en Justicia; Cultura se encarga de archivos y simbología, y Vicepresidencia de subvenciones. No hay marco institucional que acompañe a las víctimas. Bueno, sí, existe una oficina de información a las víctimas 盧on tres personas, cuatro? incapaz de dar respuesta a las peticiones que le llegan procedentes de las víctimas. En materia de símbolos yo mismo he tenido que registrar más de 300 preguntas para saber qué pasaba con la simbología franquista. Parcialmente se me ha contestado pero no de forma sistemática. 澦ay hoy alguna entidad a la que se le haya retirado la subvención por no retirar su simbología franquista? Pues no lo sé pero creo y mucho me temo que no. Y podría continuar con multitud de ejemplos.
Lo más grave, lo que es claramente hiriente, es que hay casos, hay familias, hay personas que lo que están padeciendo es un vía crucis judicial para recuperar los cuerpos de aquellos familiares asesinados, enterrados en cunetas, en fosas comunes.
El artículo 11 de la ley no quiso asumir la responsabilidad de las administraciones a la hora de acompañar a las víctimas, a la hora de responsabilizarse de recuperar los cuerpos de sus seres queridos, como sí lo han hecho comunidades autónomas como Cataluña en la Ley de Fosas. José María Mena explicaba en el paraninfo de la Universidad de Barcelona el pasado 20 de abril que los descendientes de las víctimas directas de la dictadura, víctimas ellos también legal y humanamente, pidieron amparo por las carencias de la ley al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para hallar los enterramientos ilegales de aquellas víctimas, para darles la sepultura que merecen, para establecer su desaparición y la causa de su muerte derivada de un delito, razón por la cual se dirigían precisamente al Juzgado de Instrucción penal.
El juzgado, usted lo sabe, fue recibiendo hace más de un año las denuncias, y de forma incomprensible la Fiscalía del Estado estimó que el juzgado no era competente y, según el trámite ordinario, formuló el informe correspondiente que, como es sabido, no es vinculante, simplemente es informativo para el juzgado. El juez --lo explicaba Mena, lo reitero yo hoy-- ordenó diligencias para tener la información suficiente para decidir si se daba la razón al fiscal o no, y las diligencias trataban de averiguar la veracidad de los hechos denunciados, tal como impone la ley a los jueces que reciben tales denuncias de hechos delictivos.
Para esa averiguación era lógicamente necesario descubrir los enterramientos ilegales, las causas de las muertes; era indispensable saber si se trataba o no de asesinatos colectivos, de crímenes de lesa humanidad o de cualquier otro delito competencia de la Audiencia Nacional. Aquel magistrado, juez titular del Juzgado de Instrucción número 5, a la vista de los datos que había recibido, concluyó en una interpretación jurídica e independiente, coherente y perfectamente posible, declararse competente para iniciar el proceso que las víctimas del franquismo reclamaban, para iniciar el proceso que les permitía acompañar a las víctimas, para conseguir aquello que no habíamos conseguido en el artículo 11 de la ley. El fiscal, otra vez lamentablemente disconforme con esa decisión, recurrió a la Audiencia Nacional y esta le dio la razón. 璣 qué ordenó? Que el juzgado se inhibiera a favor de los distintos juzgados de los lugares donde estaban los enterramientos ilegales. Sin dilación alguna, el juzgado se inhibió y aquí acabó todo desde el punto de vista judicial, pero no para las víctimas.
Las víctimas tuvieron que ir a un segundo escenario donde les volvieron a recordar su condición de víctimas. Empezaba su vía crucis, teniendo que ir juzgado por juzgado a ver si podían desenterrar a sus muertos, sin la responsabilidad de la Administración, porque el artículo 11 no les acompañaba. Los descendientes de las víctimas eran de nuevo víctimas, por segunda vez, buscando juzgado por juzgado los restos mortales de sus seres queridos.
El artículo 11 se demostraba que había cerrado en falso la necesidad de políticas públicas que se responsabilicen de recuperar los seres queridos de los descendientes de las víctimas del franquismo. La realidad es que la fiscalía y la audiencia les habían dado la espalda. A ese caso abierto se le sumó esa actitud insensible de la fiscalía y la falta de voluntad de esta Cámara de crear una fiscalía especial que acompañase a las víctimas. Era muy grave. Hace un año conseguimos arrancar compromisos pero no precisamente el de solventar cómo las víctimas se enfrentaban a los juzgados y conseguían recuperar los restos de sus seres queridos.
Sin embargo, hubo una tercera victimización. La primera había sido el asesinato de las víctimas y la segunda había sido cuando a las víctimas les habían dicho que se espabilaran y fueran juzgado por juzgado, pero hubo una tercera victimización.
Como recordaba también José María Mena, desde entonces aparecieron frente a los herederos de las víctimas, víctimas también ellos, los herederos de los asesinatos fascistas, fascistas también ellos, y se querellaron contra el juez. A la vez, y con sospechosa coincidencia, se querellaban también contra él los del Gürtel. El Tribunal Supremo, también con sospechosa coincidencia, admitió a trámite todas las querellas.
Lo explicaba el señor Mena mejor que yo. Se imputó al juez por el Tribunal Supremo incumplir la Ley de Amnistía, con una interpretación absolutamente sesgada de la Ley de Amnistía, confundiendo esta ley con una ley de punto final, obviando los debates parlamentarios, omitiendo la realidad, que esa ley fue pensada precisamente para que aquellos que habían luchado contra el franquismo no tuviesen que continuar en la cárceles.
Se le imputó incumplir la Ley de Memoria Histórica, pese a que esta expresamente se declaraba compatible con los procedimientos judiciales ordinarios o extraordinarios y con los tratados y convenios internacionales suscritos por España, en un redactado de puño y letra realizado mano a mano por usted y por mí con el asesoramiento de uno de los linchados en los últimos días, Carlos Jiménez Villarejo.
Esos tratados y esos convenios fueron la base además --hay que recordarlo-- de la interpretación legal con que nuestros tribunales, los nuestros, ganaron prestigio a nivel internacional y pudieron perseguir los delitos contra crímenes de las dictaduras, por ejemplo, latinoamericanas. Se le imputó al juez dilación por los once meses que dedicó a recibir las diez denuncias y a investigarlas, esa dilación que algunos no critican, por ejemplo, en el caso del Constitucional. Hoy se imputa un delito, la prevaricación, a aquel juez que intentó investigar los crímenes del franquismo, y lo han hecho aquellos que dicen que hemos ofendido el honor de un movimiento, algunos dicen una corriente de pensamiento, la Falange, que fue la causante de crímenes, de asesinatos, de delitos de lesa humanidad y de genocidio. Lo que tenemos hoy es un proceso, pero un proceso que ensucia de nuevo la memoria, que desprecia el dolor de los hijos y de los nietos y que condena las aspiraciones de justicia por tercera vez.
La interpelación de hoy busca que nuestra democracia no sea vista como es vista hoy por la prensa extranjera, como una democracia con minoría de edad, una demo cracia que hizo una ley de memoria que no fue lo suficientemente lejos, una democracia en la que el Gobierno no pone toda la carne en el asador para recuperar la memoria democrática, para acompañar a las víctimas, para garantizar el principio de justicia, verdad y reparación.
Tenemos una ofensiva sin precedentes, sí, de la derecha, pero nosotros no nos conformamos solo con denunciar esa ofensiva. Lo que queremos es que aparquen la pasividad y que digan que lo que van a hacer es reformar leyes para acompañar a las víctimas, que van a reformar leyes para que nadie pueda decir que perseguir los crímenes del franquismo es delito, para que la Ley de la Memoria diga que es responsabilidad de las administraciones acompañar a las víctimas y es responsabilidad pública de las administraciones no con parte de los gastos, sino con todos los gastos y como una responsabilidad asumida, que reformen leyes y que cumplan con lo pactado con la Ley de la Memoria en la disposición adicional tercera, con las políticas públicas de recuperación de la memoria, que no se trata de una oficina de tres o cuatro personas, sino de políticas públicas, del conjunto de las administraciones, de la Administración General del Estado, para garantizar que este no sea un país que quede en la desmemoria.
Hace año y medio le preguntaba al presidente del Gobierno qué estaba pasando y le pedía la creación de una fiscalía especial. El me contestaba: recordemos a las víctimas y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia. Nunca he compartido, nunca hemos compartido el elogio del olvido, porque en uno de los países que ha padecido más años de dictadura el elogio del olvido es un grave error democrático. Por todo ello, esta interpelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrera.
Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, la transición fue un proceso gradual de cambio político hacia la democracia, y gradual fue también el proceso de reparación y reconocimiento de quienes fueron víctimas del franquismo. En estos treinta años de democracia los distintos gobiernos promovieron medidas y actuaciones para restaurar los derechos de aquellos a los que la dictadura injustamente trató. En la pasada legislatura nos propusimos conocer y evaluar ese conjunto de medidas para hacernos una exacta composición de lugar.
Cumpliendo con un mandato parlamentario, constituimos una comisión interministerial ad hoc y tras año y medio de trabajo esa comisión emitió un informe general sobre la situación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. El informe nos permitió constatar que la reparación de las víctimas de la guerra se había ido produciendo progresiva y escalonadamente, pero también que como consecuencia de ese goteo normativo se producían situaciones injustas: viudas con pensiones tratadas de manera desigual, huérfanos, personas mutiladas. Asimismo, pudimos comprobar que había casos puntuales a los que el reconocimiento no había llegado e incluso que habían quedado obsoletas algunas prestaciones y algunos derechos con el mero paso del tiempo y que era necesario, en consecuencia, actualizar.
Con esa visión de conjunto, el Gobierno presentó un proyecto de ley por el que se reconoce y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. En ese proyecto, junto con la ampliación y reconocimiento de derechos, abordábamos sin duda la medida de reparación que para muchos todavía tenía pendiente la democracia española.
Fuimos conscientes, como lo era toda la sociedad, de que la democracia debía un reconocimiento general a las víctimas que murieron y sufrieron por defender derechos y libertades que hoy la Constitución nos garantiza a todos nosotros. Quisimos hacerlo de la manera más solemne que existe en el Estado democrático y de derecho, a través de un pronunciamiento rotundo, inequívoco del Parlamento, plasmado en una ley. Las aportaciones de todos los grupos parlamentarios durante la tramitación parlamentaria de esa iniciativa sin duda la enriquecieron de manera muy especial. Como bien sabe, entre otros, esa aportación fue también la de su grupo parlamentario.
Todo ello permitió que, una vez aprobada con un amplio consenso, la Ley 52/2207, por primera vez en la España democrática, proclamase sin ambages, con voz alta, el carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones y cualesquiera formas de violencia personal por razones políticas o ideológicas sufridas durante la guerra y en la dictadura. Y no solo eso, porque la ley añade: Declarar la ilegitimidad de todos los tribunales, de todos los jurados y de cualesquiera otras instituciones represivas, así como la de sus condenas y todas sus sanciones.
Algo que, por cierto, ha constatado recientemente en la interpretación de estos preceptos legales la Fiscalía General del Estado en el caso de Companys, que ha interpretado precisamente que este marco normativo, que estos preceptos que acabo de leer, significan la expulsión del ordenamiento jurídico de todas esas sentencias y de todos estos tribunales; por tanto, su nulidad de raíz, en tanto que ha sido el propio Estado democrático el que ha declarado para siempre su inexistencia jurídica.
Para despejar cualquier duda interpretativa y subrayar precisamente ese efecto, en la ley se puso con toda claridad, en una disposición específica, el elenco de normas franquistas que debían quedar expresamente derogadas, por si había alguna duda respecto al efecto derogatorio de la Constitución sobre las mismas. Sin embargo, consideramos que no solo bastaba con la declaración contenida en la ley y reconocimos el derecho a la obtención formal de una declaración de reparación y reconocimiento personal; una declaración individualizada que concreta para cada caso el efecto general que es propio de toda ley. Hoy esa declaración, señorías, la tienen ya en sus manos más de 600 familias en nuestro país. Estos son, sin duda, los elementos más significativos de la ley. Una ley por la que el pueblo español, a través de sus legítimos representantes, proclamó la injusticia de los actos contrarios a los derechos fundamentales y a la legitimidad de aquellas instituciones de la dictadura que los dictaron; instituciones que sencillamente declara como no existentes, como si nunca existieran ellas y sus actos, porque su ilegitimidad las contaminaba de raíz.
Junto a esta pieza principal es justo reconocer que en esa ley hay otras muchas. Facilitaron estas Cámaras, al aprobarla, la adquisición de la nacionalidad española de los brigadistas internacionales, que vinieron a nuestro país a defender nuestras libertades, y que para recuperar la nacionalidad española se veían obligados a renunciar a la suya. Facilitaron también estas Cortes Generales, con la aprobación de esa ley, la adquisición de la nacionalidad a los hijos de padres que fueron originariamente españoles, así como a los nietos de los exiliados; otro drama desgraciado vinculado a nuestra guerra civil y a la dictadura. Ordenaron estas Cortes excluir del espacio público símbolos que exaltaran la sublevación militar, la guerra o la represión de la dictadura. Mandatamos a los poderes públicos para elaborar un mapa de localización de fosas.
Se configuró un marco, en efecto, para la colaboración de las administraciones públicas bajo un protocolo de actuación científica y multidisciplinar en relación con las exhumaciones.
En fin, cuando ocasionalmente la ley ha producido algún efecto no previsto, no querido por estas Cortes, el Gobierno socialista no ha tenido ningún reparo en propiciar su reforma y mejorarla para facilitar su aplicación.
Es el caso de la indemnización prevista a favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia entre el día 1 de enero de 1968 y diciembre de 1977. Del mismo modo el Gobierno, lo acaba de hacer en el Consejo de Ministros del pasado 22 de enero, cuando fue necesario amplió los plazos dentro del juego que le permite la ley, en este caso para que los nietos de exiliados puedan adquirir la nacionalidad española que esta le reconoce.
Todas estas medidas normativas de reparación a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura se han complementado, además, con un muy importante esfuerzo presupuestario durante este tiempo.
Como S.S. muy bien sabe, desde el año 2006 el Ministerio de la Presidencia abrió una línea de subvenciones para financiar actividades relacionadas con la memoria histórica, que hasta el año 2009 ascendía a más de 14 millones de euros. Se acaba de publicar la convocatoria del año 2010 con una cuantía de ayuda y de apoyo, a través de subvenciones a las asociaciones vinculadas a la memoria, de más de 5 millones de euros y en la que, además, tal como se acordó en estas Cortes, se da prioridad a los proyectos de exhumación e identificación.
Usted mismo en el Pleno de esta Cámara reconoció que la ley que entonces aprobábamos era un punto de encuentro. En efecto, desde ahí, sin trastocar el consenso que nos trajo la democracia, aplicando la ley que acordaron estas Cortes Generales, el Gobierno está haciendo efectiva la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo.
Esta es la línea de actuación que nos han marcado estas Cortes Generales y a ella precisamente nos debemos. Por tanto, nuestros esfuerzos se centran en desarrollar las previsiones de esa ley, coordinando nuestra acción de gobierno y buscando la colaboración, en muchos campos imprescindible, de las comunidades autónomas y de los municipios, de los gobiernos locales.
Así, el 25 de enero de 2010, el Ministerio de Justicia ha firmado el convenio de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y el País Vasco, con estas ocho comunidades, para la elaboración del mapa integrado de fosas previsto en el artículo 12.2 de la ley.
Puedo adelantarle que muy pronto podremos ver a la luz ese mapa con un aplicativo informático accesible para todos los ciudadanos de este país y que, además, según tengamos mayor información y se nos suministre, se irá actualizando, día a día, de manera permanente. También se ha aprobado el protocolo unificado de exhumaciones previsto en la ley y los trabajos siguen su curso.
Señoría, con la Ley de la Memoria decidimos todos, todos los que nos implicamos en ella, no reabrir la historia y, al tiempo, trabajar en el reconocimiento y en la reparación de las víctimas.
Eso es lo que estamos haciendo, concertando políticas públicas comunes con otras administraciones públicas implicadas también en esta política de recuperación de la memoria.
Por otra parte, coordinando nuestra acción en el seno de la Administración General del Estado, sobre todo entre los ministerios de Presidencia, Justicia, Defensa, Cultura y Asuntos Exteriores.
Una coordinación que se hace, día a día, para cada una de estas políticas, y no solo desde el punto de vista de la oficina de atención al público que cumple en eso su particular cometido. Ello está permitiendo que la ley se aplique con normalidad y con regularidad, que los ciudadanos vean, día a día, que se está reparando la injusticia existente, que en los espacios públicos desaparecen símbolos que no queremos y en nuestras bibliotecas aparecen documentaciones que hasta ahora no había. Esto es lo que el Gobierno está haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Herrera, su turno de réplica.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidenta.
Hace un año y medio le pregunté al presidente si estaba dispuesto a crear una fiscalía especial. Me dijo que no. Yo le dije que estaba rompiendo el pacto de la Ley de la Memoria porque nos encontrábamos con un gobierno que no quería desarrollar a fondo la ley que habíamos pactado.
Hace solo un año, solo un año, usted y yo aprobamos en esta Cámara garantizar en la práctica
que las administraciones públicas, en el marco de sus competencias, incluida la Administración de Justicia, y con el debido respeto a la independencia judicial y la autonomía del ministerio fiscal, facilitasen a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de integración, localización e identificación. 燙abe cuál es la realidad? La realidad es tozuda, señor ministro. La realidad es que hay víctimas que acudieron a la Sala quinta de la Audiencia Nacional y que hoy tienen que ir juzgado por juzgado para ver cómo desentierran a sus muertos.
La realidad es que el artículo 11 de la Ley de la Memoria no asume la responsabilidad pública de la Administración a la hora de recuperar fosas y recuperar a los seres queridos enterrados en cunetas. La realidad, señor ministro, es que no es suficiente dar un pequeño fondo y una pequeña ayuda a aquel que padece un vía crucis judicial cuando tiene que ir, juzgado por juzgado, porque la Audiencia Nacional y el fiscal decidieron que las causas no se podían acumular en la Sala quinta. Y la realidad, señor ministro, es que hay quien interpreta la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Amnistía y el ordenamiento vigente como un ordenamiento que es capaz de tapar crímenes de lesa humanidad y de genocidio y que no es capaz de estar al lado de las víctimas. Si esa es la realidad, si esa es la ofensiva de la derecha, si el descaro, treinta y cinco años después de la muerte del dictador, es que hoy no podemos hablar con franqueza de los crímenes del franquismo, demostrando la minoría de edad de este país, mientras que en Alemania, en Rumanía, en Chile, en Argentina o en Camboya hablan de los crímenes de sus dictaduras, si eso es lo que pasa aquí, es que tenemos que ir más lejos.
Por eso, y con toda la franqueza pero con todas las ganas, le digo, señor ministro, muévanse. No se queden en un rincón esperando. Comprométanse a modificar la Ley de Memoria en su artículo 11, garantizando la responsabilidad pública de las administraciones a la hora de acompañar a las víctimas. Comprométanse creando una fiscalía especial que acompañe a las víctimas y que no permita ese vía crucis. Comprométanse cumpliendo lo pactado. Ustedes tenían una concepción familiar e individual de la memoria, nosotros hablábamos de la memoria democrática y de la memoria colectiva, y llegamos a un encuentro: disposición adicional tercera, políticas públicas de memoria, no subvenciones.
Políticas públicas no pueden ser cinco ministerios disgregados, sino que tiene que ser un departamento o un comisionado; y no con tres o cuatro personas como la Oficina de Atención a las Víctimas, sino que se encargue de las políticas públicas como se hace en Cataluña y como se hace en todos los países que han padecido años y décadas de dictadura. Eso es lo que les pedimos.
Además, no se lo pedimos nosotros, no se lo pide el diputado de Iniciativa o Gaspar Llamazares, el diputado de Izquierda Unida. Se lo pidieron miles de personas el pasado fin de semana. Se lo pide mucha gente que quiere que en este país se recupere la memoria democrática. Se lo piden los demócratas que entienden que no puede ser que un país que ha intentado perseguir los crímenes de lesa humanidad y de genocidio en medio planeta no sea capaz de juzgar los crímenes del franquismo y, sobre todo, señor ministro, de acompañar a las víctimas del franquismo a la hora de desenterrar a sus muertos.
Por eso, le pedimos que no nos diga simplemente que van a desarrollar la ley, sino que hagan lo imprescindible, lo suficiente y lo necesario para que no pase lo que está pasando: que a la víctima que fue asesinada y enterrada en una cuneta se le sume la victimización de su hijo o de su nieto que tiene que hacer el vía crucis oficial, y ahora se le sume que un pseudosindicato reaccionario y una organización hasta ahora fascista sea capaz de incriminar a aquel que ha intentado investigar los crímenes del franquismo. No es tolerable, señor ministro. Y como no es tolerable, le pedimos que muevan ficha y que no nos digan lo de siempre, que van a desarrollar la ley, porque la están desarrollando mal y de manera insuficiente y porque hoy, dos años y medio después de aprobarse la ley, se demuestra que hay preceptos que ya se tienen que reformar y les pedimos que los reformen. Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Herrera.
Señor ministro, su turno de dúplica.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, presidenta.
Señoría, hablemos de políticas públicas sobre la memoria y hablemos con datos sobre la aplicación de esta ley. Se han cumplido aproximadamente dos años de vida de la misma y solo quiero hacer un breve recordatorio de lo que, gracias a la tarea de estas Cortes Generales aprobando esa ley, ha podido llevar a cabo en estos dos años el Gobierno de España en cumplimiento de la misma.
Se han mejorado pensiones, asistencia social y médica a más de 700 viudas y 13.000 huérfanos vinculados a la guerra.
Hemos concedido indemnizaciones a quienes fueron privados de su libertad y hemos equiparado a todos los destinatarios de estas indemnizaciones en cuanto al tratamiento fiscal.
También hemos indemnizado a familiares de decenas de personas que murieron por defender las libertades entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977.
Hemos indemnizado, asimismo, a los llamados ex presos sociales, personas que fueron encarceladas sencillamente por su condición de homosexuales.
Hemos podido inscribir como españoles a más de 90.000 descendientes de exiliados, que ya pueden viajar con el pasaporte del que una radical injusticia les había privado durante tanto tiempo y, como sabe, el Gobierno ha ampliado --lo acabo de recordar-- el plazo de solicitud.
Hemos entregado a veinte briga-distas internacionales de muy avanzada edad todos ellos --claro está-- el pasaporte que España les debía y que se les había negado.
Hemos procedido a la retirada de símbolos franquistas de dependencias de la Administración General del Estado y sus organismos públicos en los términos previstos en la ley. En fin, el Ministerio de Justicia ha creado, aunque no está en la ley, una oficina de asistencia a las víctimas para asesorarlas; no para llevar a cabo todas las políticas públicas, sino para asesorar y dar información.
Estamos y vamos a seguir apoyando a asociaciones y organizaciones vinculadas a la memoria mediante subvenciones como las que antes comentaba. Y, en fin, como ya he dicho también, hemos expedido más de 600 declaraciones de reparación y reconocimiento personal. Yo mismo he entregado algunas como, por ejemplo, a la familia de Companys, y hace pocos días la vicepresidenta primera hizo entrega de la suya a la nuera y a los nietos de Miguel Hernández. Ya hemos aprobado también el protocolo unificado de exhumaciones y los ciudadanos -como les digo-- muy pronto podrán interactuar, conocer y disponer de toda la información existente en nuestro país sobre ese llamado mapa de localizaciones y de fosas.
Todos estos datos demuestran que, sin trastocar el consenso que trajo este país a la democracia, la llamada Ley de la Memoria Histórica es un marco normativo especialmente propicio y fructífero para la reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Es una ley que cambia cosas, y cosas para las víctimas muy importantes, una ley que hace justicia.
Por eso el Gobierno va a seguir aplicándola, desarrollándola al máximo en todas sus previsiones y potencialidades, porque lo que los mueve --y creo que ahí coincidimos-- es conseguir la reparación de las víctimas del franquismo.
En esta tarea de reconocimiento y de protección de derechos me reconocerá al menos, señoría, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es, yo diría sus gobiernos son los que más han trabajado, y le aseguro que en ello vamos a seguir empeñados, abiertos por supuesto al diálogo, a revisar lo que haya que revisar, continuamente.
La disposición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista creo que ha sido permanente.
Siempre estamos dispuestos a reformar y a mejorar las leyes o cualquier otra política pública desde la responsabilidad y siempre estamos dispuestos a buscar soluciones y a combatir y suprimir situaciones de discriminación o de injusticia, porque hacerlo, señoría, es algo que forma parte de nuestra manera de ser, si me permite, de nuestro ser como socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.

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