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23dic15
El Juez de Prada afirma que la apertura del caso Zapata reviste sesgos políticos o ideológicos
El juez archiva, la sala reabre el caso. El juez vuelve a archivar y la sala vuelve a ordenar al instructor investigar. El caso de los tuits del exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata (Ahora Madrid), tras el último carpetazo decretado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, comienza a tomar tintes grotescos. La sección segunda de ese tribunal ha revocado de nuevo el archivo de la causa y ha vuelto a ordenar al instructor que siga investigando al edil madrileño. El tribunal, en una resolución de la que ha sido ponente el conservador Enrique López, va todavía más allá y exige al juez que abra juicio contra el concejal.
Esta vez el caso se reabre gracias a un recurso de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que impugnó el sobreseimiento libre (archivo definitivo) ordenado por Pedraz el pasado 7 de octubre. El archivo se produjo solo una semana después de que la Audiencia le ordenara reabrirlo, aquella vez a petición del fiscal. La resolución está firmada por los conservadores Concepción Espejel (presidenta) y Enrique López (ponente), así como por el progresista José Ricardo de Prada, que ha redactado un voto particular.
La nueva resolución se centra en el tuit que Zapata envió y que se refería a Irene Villa. Su texto decía expresamente: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos". Los magistrados aseguran que la frase "se refiere a una víctima en concreto y se considera de forma objetiva que es susceptible de entrañar descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".
La sala insiste en que esa frase "está revestida objetivamente de relevancia penal", a pesar de que la propia Villa exculpó en su momento a Zapata. El hecho de que Pedraz no apreciara delito, según los magistrados, no permite al juez decretar el archivo definitivo. Los magistrados aseguran que tendrá que ser el tribunal sentenciador el que tome esa decisión tras analizar las pruebas durante el juicio oral. Es decir, que la sección segunda entiende que el concejal debe de ser procesado por esas afirmaciones en la red social.
Previamente, Pedraz tendrá que solicitar a la Policía y a la Guardia Civil sendos informes para constatar que los tuits fueron publicados en la cuenta de Twitter del querellado entre el 31 de enero de 2011 y el 13 de junio de 2015, la identificación del autor de la publicación y todo aquello que acredite y sirva para determinar las acusaciones contra Zapata que contiene la querella de Dignidad y Justicia.
Proceso "ideológico" contra el edil
El único de los magistrados que votó en contra de la resolución, el progresista José Ricardo de Prada, ha emitido un durísimo voto particular. En él acusa a sus compañeros de tribunal de guiarse en este caso por "criterios personales o sesgos políticos o ideológicos". Tanto Concepción Espejel como Enrique López han sido apartados por sus compañeros del juicio del caso Gürtel al tener dudas sobre su imparcialidad en la principal causa de corrupción que afecta al PP, el partido que les ha propuesto para varios cargos de libre designación.
De Prada recuerda también que cuando el tribunal ordenó reabrir el caso Zapata por primera vez el pasado 1 de octubre, lo hizo únicamente para obligar a Pedraz a tomar declaración a Zapata, algo que el instructor ya hizo antes de archivar el caso por segunda vez. El magistrado se pregunta por qué la sala no obligó entonces al instructor a pedir los informes a la Policía y Guardia Civil que ahora considera indispensables.
Además, el magistrado progresista subraya que la propia Irene Villa no se ha dado por afectada ni humillada por el tuit de Zapata. "Se da la circunstancia de que la persona afectada a la que expresamente se refiere el tuit controvertido ha manifestado expresamente que no se ha sentido desacreditada, humillada, menospreciada", recuerda en su voto particular. "No se ha producido humillación de la víctima por lo que el delito, simplemente, no existe", concluye.
[Fuente: Por Manuel Altozano, El Confidencial, Madrid, 23dic15]
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