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28oct11
Garzón se sentará en el banquillo el 29 de noviembre por las escuchas de la 'Gürtel'
El próximo 29 de noviembre, Baltasar Garzón tendrá que sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados. No será la última vez, pero sí la primera que se vea ante una Sala del Tribunal Supremo interrogándole sobre sus actuaciones como instructor en el 'caso Gürtel'. Está acusado de un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales por intervenir las comunicaciones entre los tres principales imputados de la mayor trama de corrupción en torno al PP y sus abogados desde la cárcel.
El juicio se esperaba a la vuelta de verano. Fuentes del Alto Tribunal dijeron en su momento que la vista se celebraría una vez que el presidente del órgano judicial, Carlos Dívar, diera por abierto el curso judicial. Después vino el anuncio de las elecciones generales para el 20 de noviembre y la fecha se retrasó. La decisión del tribunal fue esperar a que se celebrasen los comicios para ver la imagen de Garzón ante sus compañeros de la carrera judicial.
La pesadilla judicial de Garzón se inició con otra causa, la de los crímenes del franquismo. Por ese asunto, el Consejo General del Poder Judicial decidió suspenderle de manera cautelar de sus funciones como instructor de la Audiencia Nacional. Se le acusa de querer investigar los crímenes y desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no era competente.
Ese asunto levantó mucho ruido. Plataformas sociales y víctimas del franquismo se lanzaron en su defensa. Hasta tal punto, que el Tribunal Supremo ha decidido dilatar el caso para evitar que fuera el primero. La intención es que el Supremo no sea tildado de tribunal político. La tercera causa a la que deberá enfrentarse es algo más espinosa. Recibir dinero por parte del Banco Santander a través de unos cursos que impartían en la Universidad de Nueva York, y que patrocinaba la entidad, cuando el magistrado tenía una causa abierta contra su presidente, Emilio Botín.
En el caso del que se le va a enjuiciar ahora, el magistrado que ha instruido la causa, Alberto Jorge Barreiro, fue muy duro y clarividente en el auto de procesamiento. Utilizó frases tan duras como que "amputa" el derecho fundamental de defensa, "mutila de plano" y provoca un "desarme total" del ejercicio de la profesión.
Paradójicamente, de las tres causas que tiene abiertas en el Alto Tribunal, ésta era la que más retrasada iba. Desde que en febrero se admitió a trámite la querella interpuesta por el letrado Ignacio Peláez, sólo se conocía que Garzón había acudido a declarar en calidad de imputado. Cierto es que Barreiro tenía poco margen de maniobra después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara estas escuchas y sacara de la causa todo lo relacionado con ellas.
Aún así, tanto el juez que instruye el 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, como la Fiscalía consideran que las intervenciones acordadas por Garzón entran dentro del principio de proporcionalidad por la gravedad de los hechos. Barreiro se opone de manera radical a esta tesis por una sencilla razón. Garzón ordenó grabar las conversaciones entre el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y sus dos acólitos, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, con sus letrados. Había sospechas que uno de ellos, José Antonio López Rubal, podía estar ayudando a su cliente a blanquear dinero obtenido a través de actividades ilícitas. Fue investigado e imputado. Los imputados cambiaron de letrados poniendo a trabajar en su defensa a abogados que nada tenían que ver con la trama. Sin embargo, Garzón prorrogó la intervención a los nuevos letrados y a pesar de la advertencia de la Fiscalía.
Para el magistrado del Tribunal Supremo, "el germen de la infracción ya lo anidaba la redacción inconstitucional" de los dos autos de prórroga de las actuaciones. Por tanto, no se puede quedar únicamente en la nulidad de tales intervenciones, tal y como apuestan Pedreira y la Fiscalía, sino que es necesaria una infracción penal. No había ningún indicio de criminalidad contra los letrados, tal y como reconoció el propio Garzón en su declaración, y, por tanto, las escuchas eran totalmente innecesarias. Lo que consiguió fue "vaciar" de contenido el derecho de defensa de los imputados y "lesionar" uno de los principios básicos del sistema procesal penal, "retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho".
Para Barreiro, Garzón ha mermado varios derechos fundamentales, como el de defensa, el de secreto profesional, el de intimidad y el de no declararse culpable. "El querellado sabía que estaba cercenando de forma excepcionalmente gravosa mediante el uso de artificios técnicos importantes derechos fundamentales de tres imputados", explica.
[Fuente: Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 28oct11]
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