| Información |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Información | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
20may14
La UDEF evita 'in extremis' el desbloqueo de 52 propiedades de lujo de los cabecillas de la Gürtel
Amarres de yates en los puertos deportivos más exclusivos, chalés, fincas, parcelas, apartamentos, viviendas de lujo, plazas de garaje, locales comerciales, edificios de oficinas... El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado recientemente un auto en el que ordena prorrogar el bloqueo de 52 propiedades inmobiliarias de lujo escrituradas a nombre de tres presuntos cabecillas de la trama Gürtel y de cinco de sus empresas 'pantalla' después de que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le alertase de que la prohibición de disponer de dichos bienes estaba a punto de caducar tras cuatro años intervenidos judicialmente. En su escrito, el juez acuerda que esta medida cautelar se mantenga durante otros cuatro años, por lo que estos bienes estarán bajo control de la Audiencia Nacional al menos hasta el año 2018, un plazo de tiempo que las fuentes jurídicas consultadas estiman suficiente para que se celebre el juicio y haya sentencia.
El informe de la UDEF es del pasado 8 de abril, y en el mismo los responsables policiales informaban a Ruz de que estaba próxima la "caducidad de las anotaciones preventivas de disponer [de dichos bienes] acordadas cautelamente por este juzgado". Tras recibir el escrito, el magistrado dio traslado del mismo a la Fiscalía, que el pasado 7 de mayo remitió un escrito al Juzgado en el que apoyaba "la prórroga" del bloqueo de dichos bienes. Dos días después, el juez emitía el auto en el que ordenaba dicha medida ya que, como recalcaba en su texto, continuaban "vigentes las circunstancias que justificaron la adoptación de tales medidas cautelares". Ruz ordenaba también el envío inmediato de su decisión a los diferentes registros de la propiedad para asegurarse la "efectividad" de la medida.
En concreto, la medida afecta a los bienes bloqueados a María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Francisco Correa, presunto líder de la red de corrupción, y a los de sus dos lugartenientes, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y Pablo Crespo, exdirigente del PP gallego y supuesto 'número 2' de la organización. Además, también se ven afectados los bienes puestos a nombre de cinco empresas patrimoniales supuestamente utilizadas por estas tres personas para ocultar sus bienes. Se trata, en concreto, de las mercantiles Inversiones Kintamina SL, Osiris Patrimonial SA, Caroki SL, Castaño Corporate SL y Hator Consulting. Las propiedades de todos ellos están repartidas entre las localidades madrileñas de Boadilla del Monte, Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas, las gaditanas de Algeciras, Tarifa y San Roque, Marbella (Málaga), la isla de Ibiza, Cambados (Pontevedra) y Altea (Alicante).
Marbella, Sotogrande...
Así, en Marbella, la orden afecta a doce propiedades. Se trata, en concreto, de un apartamento, un ático, un piso y nueve plazas de aparcamiento en la urbanización 'El embrujo de Playa'. Aunque, donde más propiedades están intervenidas es en San Roque y, más en concreto, en la lujosa zona de Sotogrande. Allí, el juez ha prorrogado la prohibición de disponer de 20 propiedades, muchas de ellas amarres para yates, aunque también hay dos viviendas, media docena de parcelas y dos aparcamientos. El pasado verano, el juez Ruz ordenó a los peritos de la Audiencia Nacional que tasaran una docena de propiedades de esta urbanización para proceder a su venta y, de este modo, conseguir fondos con los que mantener a flote las empresas intervenidas hasta que se celebre el juicio y haya una sentencia que decida qué hacer con ellas.
También en la provincia de Cádiz, la prórroga del bloqueo afecta dos parcelas de la Hacienda 'La Conejera', situadas en la localidad de Algeciras, y otras siete fincas en la turística Tarifa. Todas ellas a nombre de Inversiones Kintamina. En Ibiza, la medida se aplicará a una parcela en el municipio de San Juan Bautista, un solar en Punta Grossa y una finca en la Parroquia de San Agustín. En la localidad alicantina de Altea, la propiedad es un "paraje" en La Nucia, una zona en la que la trama invirtió buena parte del 'botín' que supuestamente obtuvo con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y que se saldó con un sonoro fracaso ya que los terrenos que adquirieron nunca fueron recalificados. Además, el auto del juez menciona una plaza de garaje en Sanxenxo, Pontevedra, a nombre de Pablo Crespo.
En la provincia de Madrid está situada otra parte importante de las propiedades afectadas por la decisión del juez Ruz. Así, en Collado Villalba hay cuatro locales comerciales, una vivienda y una plaza de garaje, aunque el grueso de las propiedades en esta comunidad autónoma se sitúan en Boadilla del Monte, uno de los feudos de la trama. En esta localidad, la red de Correa disponía de tres edificios de oficinas que sumaban un total de 33 locales comerciales y 178 plazas de garaje. Una operación urbanística considerada por la Policía ya en 2009 como uno de los ejemplos más claros de cómo actuaba la trama en aquellos municipios en los que contaba con la supuesta complicidad de los alcaldes.
Además, la trama tenía una parcela en el término de Las Rozas y una plaza de garaje en Majadahonda. Ésta última es especialmente llamativa, ya que en el bloque en el que está situada se intervino también un duplex de lujo a nombre de la mujer de Correa. Sobre este último. el juez no tuvo más remedio que levantar hace unos meses la prohibición de venderlo que pesaba sobre él después que Bankia, la entidad financiera con la que María del Carmen Rodríguez Quijano tenía suscrita una hipoteca, se lo adjudicase en subasta tras dejar ésta de pagar el préstamo. Desde entonces, la vivienda ha estado a la venta por algo más de 380.000 euros, según se podía leer ayer en la portal inmobiliario de la entidad financiera.
[Fuente: Vozpópuli, Madrid, 20may14]
 | This document has been published on 21May14 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |