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29jul06
El Govern insiste en pedir que se anulen los juicios.
El Gobierno catalán no se da por vencido. La Generalitat seguirá reclamando la anulación de los consejos de guerra franquistas, entre ellos el que en 1940 condujo ante el pelotón de fusilamiento al president Lluís Companys, según confirmó ayer el portavoz del Govern, Joaquim Nadal.
Tras el jarro de agua fría que el Consejo de Ministros echó ayer sobre las expectativas del Ejecutivo catalán en relación a la ley de memoria histórica, la Generalitat, aunque no puede presentar enmiendas, abogará porque el proyecto de ley sea enmendado durante el trámite parlamentario para que la reparación a las víctimas de la dictadura del general Franco tenga carácter jurídico además de meramente moral.
Y si ese camino tampoco fructifica, apuntó Nadal, la Generalitat buscará "otras vías" que rehusó especificar. Frente a los problemas de corte legal que aduce el presidente José Luis Rodríguez Zapatero para anular los juicios franquistas, el Ejecutivo catalán dispone de un informe jurídico que juzga perfectamente factible las invalidaciones.
Seguridad jurídica.
Tanto con una ley que anule de golpe todos los consejos de guerra como con una norma que los revise uno por uno, este dictamen técnico sostiene que la anulación se ajustaría plenamente a la Constitución y sería compatible con el principio de seguridad jurídica.
Pero la Generalitat no quiso entrar ayer en discusiones técnicas sobre la viabilidad jurídica o no de las invalidaciones de los juicios sumarísimos de la dictadura. El Gobierno catalán tiene claro que no se trata de un asunto técnico, que considera superado con las conclusiones del dictamen citado, sino una cuestión de voluntad política.
Sin pestañear.
El PSC, partido mayoritario en el Gobierno catalán, encajó sin pestañear la renuncia de Zapatero a su promesa de resarcir jurídicamente a las víctimas. El secretario de organización, José Zaragoza, justificó la propuesta "moderada" del presidente por "la necesidad de unificar y no separar". Lo importante, agregó, es la voluntad del Gobierno de reconocer a las víctimas "sin revanchismos" y buscando el acuerdo del PP. Eso sí, dejó abierta la puerta parlamentaria para la demanda de invalidar los juicios.
[Fuente: Por Luis Mauri, El Períodico, Barcelona, 29jul06]
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