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28ene11
Un asesor controvertido
El presidente Juan Manuel Santos confirmó esta semana que ha mantenido contactos con el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, con el propósito de que "nos preste una asesoría en materia de derechos humanos". La noticia ha sido bien recibida por las ONG dedicadas a estos temas, pero ha despertado prevenciones en otros sectores.
Esto último se explica por el hecho de que Garzón es un personaje controvertido que, en estos momentos en España, es objeto de investigaciones y ha sido suspendido de su cargo de magistrado en la Audiencia Nacional, por decisión unánime adoptada hace nueve meses por el Consejo General del poder judicial.
Es loable la intención del presidente Santos de buscar figuras de prestigio internacional -y más allá de las controversias, Garzón lo tiene- para mejorar tanto los resultados mismos, como la imagen de Colombia en el exterior, en temas sensibles y fundamentales como el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la invitación al funcionario ibérico también puede generar explicables resistencias, pues muchos analistas creen que es un personaje con afán protagónico e intenciones de involucrarse, más allá de sus atribuciones, en asuntos de países diferentes al suyo, como ya lo ha hecho varias veces en el pasado.
Pero, además, el llamado al juez puede acarrear problemas diplomáticos con España al inmiscuir al país en una disputa que no le corresponde. No tanto ahora, que gobiernan los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han respaldado a Garzón en su proceso por extralimitación de funciones al investigar crímenes del franquismo, que, según los denunciantes del caso, quedaron atrás con la amnistía general que los españoles aprobaron durante la transición a la democracia en los años setenta. Pero es que el año entrante -o incluso antes, si el deterioro de la situación del actual gobierno continúa- habrá elecciones generales y todas las encuestas apuntan a una amplísima ventaja del Partido Popular, constante crítico del magistrado, cuyos líderes han mostrado su acuerdo con la suspensión determinada.
Al confirmar los contactos que ha sostenido con el juez español, el presidente Santos ofrece nuevas pruebas de su inclinación a buscar expertos internacionales para que aporten sus experiencias y conocimientos al caso colombiano. Y eso está bien sin que se llegue a excesos en materia de asesores, aunque resulta más fácil de entender dicha tendencia en campos como la economía, el comercio exterior, la supervisión minera o la ayuda para la reconstrucción tras la catástrofe invernal.
En el terreno judicial, en cambio, las cosas son mucho más delicadas. En especial porque un personaje como Garzón, si bien tiene gran reputación entre los defensores de derechos humanos, no está exento de acusaciones de tener una agenda política propia. Y eso es algo que, en un futuro, en vez de contribuir a resolver los problemas colombianos en este campo, puede terminar enredándolos.
En conclusión, el Gobierno debe sopesar muy bien todos estos puntos antes de dar el paso definitivo de contratar al juez Garzón para que asesore al Estado colombiano. En un ejercicio de valoración de costos y beneficios, debe poner sobre la balanza las ventajas y desventajas de esa vinculación. No se trata de desconocer los aportes potenciales (que pueden ser muchos), sino también de calcular debidamente los riesgos que esa decisión comporta, y que no son despreciables. Porque una vez se defina enganchar al controvertido magistrado será difícil, si surgen problemas, echar reversa con una figura de renombre, conocida internacionalmente.
[Fuente: El Tiempo, Editorial, Bogotá, 28ene11]
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