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15dic10
El Supremo rechaza a la mitad de los testigos de Garzón que iban a declarar a su favor.
El Tribunal Supremo no da ni un respiro a Baltasar Garzón. En un nuevo auto, ha rechazado los testigos que el magistrado, imputado por prevaricación, había solicitado para que declarasen a su favor en el juicio por la Memoria Histórica. De los 41 testigos solicitados, tan solo declararán en la vista oral 22. Sin embargo, todos ellos son miembros de las asociaciones de Memoria Histórica. Todos los magistrados, fiscales y juristas internacionales que iban a dar repercusión mediática al proceso y que pretendían defender a Garzón públicamente no podrán acudir; el juez se queda sin apoyos de peso.
La Sala de lo Penal del Ato Tribunal ha rechazado, entre otros, a la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Carla del Ponte, o al magistrado que investigó la dictadura chilena, Juan Guzmán. En su escrito, advierte a Garzón que les ha citado para que expliquen causas abiertas en otros países que nada tienen que ver con la dictadura española. Sus testimonios, sostiene, no guardan relación con el delito de prevaricación del que se acusa al juez por investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no era competente.
Baltasar Garzón también citó a los tres magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron en un Pleno que la Audiencia Nacional sí era competente para instruir esta causa. Sus votos particulares no fueron suficientes porque la mayoría de los componentes de la Sala de lo Penal acordaron que Garzón debía abandonar la investigación. Es decir, la comparecencia de Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez no es necesaria porque sus opiniones ya están recogidas en sus votos particulares, según explica el auto.
Unos hechos amnistiados
Garzón también pidió que declarasen a su favor el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y la fiscal Dolores Delgado, encargada del 'caso Scilingo'. "No es procedente que aporten su opinión personal sobre los hechos objeto de enjuiciamiento", indica. Hay que recordar que Zaragoza fue el fiscal que junto a Garzón se encargó de la querella interpuesta por los crímenes del franquismo. En varios escritos, el representante del Ministerio Público pidió al magistrado que archivara la causa.
El fiscal jefe tenía claro que la querella no podía ser admitida a trámite. Entre otras cosas, porque los presuntos responsables han fallecido y, por tanto, no se puede seguir una causa penal cuando no hay responsables. Además, entendía que la Audiencia Nacional no es competente para investigar este tipo de delitos y, por último, recordaba que, en todo caso, estos hechos delictivos estaban amnistiados.
El juez instructor del Supremo, Luciano Varela, imputó a Garzón por un delito de prevaricación y abrió fase de juicio oral. Ahora, está pendiente que la Sala de lo Penal fije la fecha del juicio para que el magistrado se siente en el banquillo de los acusados.
[Fuente: C. Guindal, El País, Madrid, Esp, 15dic10].
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