14jul10

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Una secretaria de Endesa culpa a un muerto de los pagos a Garzón para sus cursos en EEUU

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Endesa aportó 125.000 dólares en 2006, cuando presidía la compañía Manuel Pizarro, a los cursos sobre terrorismo dirigidos por Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York. Pero el entonces máximo responsable de la eléctrica pareció sufrir ayer un agudo ataque de amnesia durante su declaración como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa contra el juez por presunto cohecho y prevaricación.

Pizarro dijo no recordar ningún detalle de ese patrocinio, aseguró que nunca habló de ese asunto con Garzón y confesó que él carecía de competencias para otorgar subvenciones. Pero quien rizó el rizo de la desmemoria fue Monserrat Carrión, una de las secretarias de Endesa y también testigo en la causa, que apenas tuvo un momento de lucidez para responsabilizar de los pagos a Garzón a una persona ya fallecida, Alejandro Fernández Rey, administrativo de la empresa.

Garzón remitió en febrero de 2006 un requerimiento a Endesa para que patrocinase con 125.000 dólares el curso sobre Terrorismo y Seguridad que el juez ahora suspendido dirigió en la Universidad de Nueva York. La carta estaba firmada por Karen Greenberg, directora del Centro de Derecho y Seguridad de la citada universidad, pero el sobre llevaba el membrete oficial de la Audiencia Nacional y en él figuraba Garzón como "Magistrado Juez Juzgado Central 5".

"En este mundo de Madrid..."

Pese a que Pizarro fue el máximo responsable de Endesa entre 2002 y 2007, el también ex diputado del PP aseguró ayer al juez Marchena que no tenía "poderes ejecutivos" para conceder subvenciones, y dijo que remitió la carta de Garzón al jefe de Comunicación y Patrocinios de la compañía, Gabriel Castro. "Siempre he sido partidario de respetar el ámbito decisorio de otros responsables de la empresa", se defendió Pizarro, que añadió que jamás trató con el juez estrella el asunto de la financiación de sus cursos en Nueva York, entre otras razones porque no mantenía con él una "relación personal", aunque admitió que lo conocía porque "en este mundo de Madrid se suele coincidir con muchas personas de relieve público".

Los esfuerzos de Pizarro por desvincularse de los pagos a Garzón chocaron con una aparente contradicción cuando Marchena le preguntó si dio alguna "indicación o sugerencia" a Castro para que autorizase la subvención de 125.000 dólares para los cursos del juez. "En materia de terrorismo, objeto principal del curso, mi posición institucional me hacía ser especialmente sensible". Y recordó los casos del ingeniero de la central nuclear de Lemóniz José María Ryan, secuestrado y asesinado por ETA en 1981, y del industrial vasco de origen alemán José Lipperheide, secuestrado por la banda terrorista en 1982 y liberado un mes más tarde tras el pago de un rescate.

"Dado el tiempo transcurrido..."

Carrión, secretaria de Castro -el responsable, según Pizarro, de aprobar los patrocinios-, tampoco acertó a recordar nada de tan espinoso asunto durante su declaración ante Marchena. "Dado el tiempo que ha transcurrido no puedo precisar nada acerca de lo que se me está preguntando", respondió reiteradamente al juez y a los dos abogados que ejercían la acusación popular, José Luis Mazón y Antonio Panea. Pero recobró súbitamente la memoria para señalar a Fernández Rey, un administrativo de Endesa ya fallecido, como el responsable de tramitar, por orden de Castro, los "documentos de interés", entre ellos el patrocinio a Garzón.

Antes de concluir su declaración, Carrión añadió: "Quiero dejar constancia de que mi falta de memoria no se debe ni a una causa patológica ni a un deseo de no colaborar con la Justicia", sino a que a partir de 2007, cuando se desvinculó de Endesa, su "objetivo vital" fue superar un "grave problema familiar".

[Fuente: El Confidencial, Madrid, 14jul10]

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