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12may10
Garzón, al banquillo: Varela ordena apertura de juicio oral por la causa de la memoria histórica
La última pirueta del juez Baltasar Garzón, su maniobra in extremis para marcharse como asistente del fiscal argentino Luis Moreno Ocampo en la Corte Penal Internacional de La Haya, puede haber llegado tarde. El magistrado Luciano Varela, instructor de la causa contra él por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, ha decidido abrirle juicio oral por la primera de las tres causas que Garzón tiene pendientes en el Alto Tribunal.
La decisión se esperaba de forma inminente. Varela hará público hoy mismo el auto por el que sentará a Garzón en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación. En este nuevo contexto, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que llevar la suspensión cautelar del polémico juez al pleno del próximo miércoles, 19 de mayo, y aprobarla de forma automática como marca la ley. La suspensión podría llegar antes incluso de que el CGPJ resuelva el otro expediente administrativo que debe decidir si se le concede o no la excedencia solicitada ayer por el juez para irse a La Haya.
Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Tribunal Supremo. Una de ellas se refiere a los fondos librados por el Banco Santander para patrocinar los cursos que el magistrado impartió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, mientras que en la otra -en la que ayer mismo declaró como imputado- se le investiga por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta rechazó el pasado día 7 de mayo la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra Varela. Martínez Arrieta inadmitió la recusación de plano en un auto contra el que no cabía recurso.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones contra Garzón -Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad- y el propio Varela habían pedido que se rechazara esta recusación por estimar que el instructor no tiene interés personal directo o indirecto en la causa.
[Fuente: El Confidencial, Madrid, 12may10]
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