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27abr10
Varela retrasa su decisión sobre la recusación de Garzón
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha aplazado hoy pronunciarse sobre la recusación que Baltasar Garzón presentó en su contra el pasado viernes. El juez de la Audiencia Nacional achaca a Varela "tener interés directo o indirecto en el pleito" que instruye contra él por investigar los crímenes del franquismo.
La ley no fija ningún plazo para que Varela se pronuncie, pero se supone que debe hacerlo cuanto antes, ya que el artículo 223.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "formulada la recusación, se dará traslado a las demás partes del proceso para que, en el plazo común de tres días, manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación propuesta o si, en aquel momento, conocen alguna otra causa de recusación". Y agrega poco después: "El día hábil siguiente a la finalización del plazo previsto en el párrafo anterior, el recusado habrá de pronunciarse sobre si admite o no la causa o causas de recusación formuladas".
Y Varela no ha dado traslado a las otras partes para que se pronuncien sobre la recusación. Ello podría significar que el juez del Supremo tiene previsto rechazar de plano la recusación. Lo único que ocurre es que esa circunstancia, sólo es posible, de acuerdo con la reforma de la ley en diciembre de 2003, en el caso de que la recusación no contenga los motivos en los que está basada o si no se hubiera acompañado la documentación correspondiente.
Pero ese no es el caso. La recusación de Garzón está fundada en que Varela dio la semana pasada una segunda oportunidad a Falange Española de las JONS y Manos Limpias para que subsanasen los defectos de forma que contenían sus escritos de acusación, en los que se solicitaban 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación.
Si el magistrado no les hubiera abierto esa puerta, dándoles además instrucciones para realizar las correcciones pertinentes, hubiera tenido que dar los escritos de acusación por inadmitidos, como en su día ocurrió con la acusación del Partido Popular en el caso Filesa. Eso hubiera supuesto el fin del proceso por falta de acusación, puesto que la fiscalía ha solicitado reiteradas veces el archivo de la causa por estimar que no existe delito.
[Fuente: El País, Madrid, 27abr10]
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