29may08

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El movimiento por una Memoria Democrática

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"Fue en España donde los hombres aprendieron que se podía tener razón y ser vencidos,
que la fuerza puede derrotar al espíritu y que hay tiempos en que el valor no es su propia recompensa".
Albert Camus.

Una vez aprobada la denominada popularmente "Ley de Memoria", se hacía necesario una evaluación del proceso y un análisis de la situación nueva en la que nos encontramos.

Son momentos de satisfacción y, al mismo tiempo de tristeza. Satisfacción porque el Movimiento por la Memoria Democrática Republicana y Antifascista, trabajando de forma constante, con rigor, dejándose, en muchas ocasiones, "la piel" en el camino, ha conseguido abrir un profundo debate en la sociedad española. Y, al mismo tiempo, una profunda tristeza porque, a pesar de que nuestro trabajo ha conseguido crear condiciones para que las fuerzas políticas democráticas con representación parlamentaria pudieran legislar para perfeccionar nuestra democracia, haciendo de los Derechos Humanos y la Lucha Contra la Impunidad un eje central en la articulación política y social, han sido incapaces de dar el paso necesario, desde el punto de vista legislativo, que nos llevase a mejorar esta democracia de bajo perfil en la que nos encontramos inmersos. La denominada "Ley de Memoria" podría haberse transformado, de haber tenido en cuenta la legislación internacional, las reivindicaciones esgrimidas por el Movimiento Memorialista y los documentos muy bien argumentados y estudiados por Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor, en una escalón de acceso a un nivel superior en el reconocimiento y la defensa de Derechos Sociales, Civiles y Humanos en nuestra todavía frágil democracia.

Desde los medios de comunicación y desde las fuerzas parlamentarias se ha querido dar la sensación de que la llamada, popularmente, "Ley de Memoria"iba a ser uno de los mayores logros de la actual democracia española. Sin embargo, el debate proyectado hacía la opinión pública ha implicado un falseamiento de la realidad y el secuestro del debate que una sociedad democrática madura debería haber afrontado.

Ante la opinión pública se ha presentado la cuestión como una confrontación parlamentaria entre partidarios de la "Ley" (el PSOE y sus aliados parlamentarios, salvo la excepción de ERC) y contrarios a la "Ley" (el PP). En los medios de comunicación se podía leer como PP y ERC se oponían, agregando la frase "por distintas razones" pero nunca se ha explicado claramente -salvo excepciones- cuales eran las razones del rechazo de ERC.

La Ley no contiene ni verdad, ni justicia, ni reparación, por lo que leyendo el texto nos damos cuenta de que lo que se reparte, realmente, es: dinero. Dinero para las asociaciones (con la mentalidad sumisa que existe, algunas asociaciones se sentirán "compradas" y entrarán en el "juego" al que se les invita). Y dinero para algunos familiares de víctimas que, sin profundizar en más, verán con buenos ojos la "Ley". Parece que el objetivo es convertir a las asociaciones en "empresas de servicios sin ánimo de lucro" que gestionen todo lo relativo a la Memoria Histórica, sin sentido crítico. Es decir, auténticas o-nGS que apuntalen el actual modelo democrático que empieza a dar muestras de su agotamiento.

Los debates televisivos han venido marcados por la asistencia de contertulios a favor de la "Ley" o en contra de la misma desde posiciones conservadoras. Ningún miembro del movimiento memorialista que defendía tesis distintas fue invitado nunca a esos debates. No hemos visto en ningún momento, tampoco, que se haya invitado a ninguna organización de Derechos Humanos, ni a ningún diputado de ERC.

Se ha presentado como un paso más en la reconciliación entre los españoles plasmada en la Transición para, de esta forma, mantener las estructuras de dominio político, económico y cultural, seguir presentando a la monarquía como elemento conciliador y unificador y mayor garante de las libertades democráticas, continuar con la impunidad del fascismo español y ocultar la pervivencia de muchos franquistas -reconvertidos en "demócratas de toda la vida", incluso algunos con carnet de partidos democráticos- en numerosas instituciones del estado.

El debate secuestrado ha sido el siguiente:

¿El estado democrático de derecho aplicará, o no aplicará, la legislación existente respecto a lo crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo (régimen definido como fascista por varias resoluciones de la o-nU, aún en vigor) o seguirá eludiendo su responsabilidad en el interior, mientras mantiene su imagen de "adalid" en la persecución de torturadores y genocidas en otros estados? El caso de Pinochet, procesado por criménes contra la humanidad cometidos desde 1973, o recientemente la admisión a trámite en la Audiencia Nacional de una querella presentada por monjes budistas del Tibet contra varios dirigentes chinos por crímenes contra la humanidad cometidos desde 1950, son un claro ejemplo de ello. Ambos casos contemplan crímenes cometidos en fechas coincidentes con los cometidos por la dictadura franquista.

• ¿Se va a reconocer a la II República como periodo democrático inmediatamente anterior al actual y, por tanto, referente para la construcción de la democracia?

• ¿Se va a declarar ilégitimo en su origen al régimen franquista y, por tanto, todos sus actos jurídicos represivos nulos de pleno derecho?

• ¿Se va a derogar la Ley de Amnistía de 1977, por ser una ley de punto final cuyo objetivo real era amnistiar los crímenes franquistas y contraria a la legislación penal internacional?

• ¿Se va a reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo?

• ¿Se va a reconocer la legitimidad de la lucha armada contra la dictadura fascista del general Franco?

En la "Ley de Memoria" no se hace mención a los españoles víctimas del nazismo y del fascismo europeo, ni a los españoles que combatieron en los ejércitos aliados y en la resistencia durante la II Guerra Mundial. En este sentido es grave el discurso del diputado de IU-ICV, Joan Herrera, que mencionó los campos de la muerte de Camboya para eludir mencionar Muthaussen, Gussen y otros campos en los que nuestros compatriotas sufrieron la política de exterminio del nazismo alemán. La vinculación existente del franquismo con el nazismo alemán y el fascismo italiano, plasmada claramente en las resoluciones de la o-nU, se obvia en la Ley. ¿Por qué?

¿Se obligará a las empresas beneficiarias del uso como mano de obra esclava de los presos políticos a indemnizar a estos últimos, tal como se hizo en Alemania?

Respecto a las fosas comunes ¿Cómo es posible que el ejército español realice exhumaciones de fosas comunes en Bosnia y aquí, el estado español eluda su responsabilidad cargándola sobre las asociaciones y los familiares? La transformación de algunas asociaciones en auténticas "empresas de servicios", incluidas empresas de arqueología y sociedades científicas está servida.

¿Se van a declarar las fosas comunes espacios protegidos para impedir su destrucción? Fosas como las del cementerio de Valencia, de Guadalajara o de Cádiz están en peligro. La primera y la segunda porque se quiere ampliar el cementerio, la segunda, porque se quiere construir un polideportivo. ¿Qué ocurriría si el ayuntamiento de Paracuellos del Jarama decidiese construir pisos sobre el cementerio de "los mártires de Paracuellos"?

¿Se va a investigar el apoyo del capitalismo internacional a los franquistas? Multinacionales aún no desaparecidas (ATT, General Motors, Texas Oil Company, Shell), bancos británicos y norteamericanos apoyaron sin condiciones a Franco con el ánimo de terminar con la ilusión de todo un pueblo que veía en la II República el camino hacía su emancipación en todos los sentidos. El apoyo de muchas de estas empresas a los golpistas está siendo demostrado por documentos que están viendo la luz durante los últimos años.

Las tres enmiendas presentadas a última hora por CiU e incluidas en el texto aprobado por el Congreso, constituyen unauténtico "gol por la escuadra" al llamado "acuerdo de desbloqueo" pactado entre los grupos socialista y de IU-ICV en marzo pasado:

• 1.-Renuncia a convertir el Valle de los Caídos en un memorial democrático, sustituyendo el tratamiento previsto a dicho mausoleo por una supuesta "despolitización", algo inviable mientras continúen allí los restos del dictador y del fundador del fascismo español. De hecho, posteriormente a la aprobación de la Ley se han seguido realizando actos políticos por parte de organizaciones fascistas sin que la Delegación de Gobierno de Madrid haya intervenido.

• 2.- Bula (y nunca mejor dicho) concedida a la iglesia para salvaguardar la pervivencia en templos y sedes de simbología fascista, sustentada en un difícilmente definible carácter de"bien histórico o artístico".

• 3.- Igualación explícita de los consejos de guerra franquistas con los consejos de guerra republicanos y con los tribunales populares de la República, que por muy de excepción que fuesen (excepcionalidad causada por el golpe de estado franquista) no dejaban de ser producto de la legalidad democrática. Deslegitimar la justicia y la legalidad republicana, aparte de una aberración y una falsificación histórica, implica declarar que en nuestro país no había legitimidad a partir del 18 de julio de 1936, y concluir que sólo se recuperaría ésta con la restauración borbónica en 1975.

Entre tanto, se han dado cuestiones de suma trascendencia a nivel político que debemos relacionar con este proceso:

La negociación de un acuerdo de paz en Euskadi, con posibilidad de futuras amnistías a presos de ETA. Esto produciría un choque frontal con una hipotética "Ley de Memoria" basada en el derecho penal internacional que llevaría al procesamiento de un gran número de franquistas aún vivos, cuestión que impediría al gobierno otorgar cualquier clase de beneficio penal a los presos de ETA. No sería extraño que en estos momentos el PSOE estuviese negociendo con el PP la paralización del movimiento memorialista a cambio de su silencio en un nuevo inicio de negociaciones para la pacificación de Euskadi.

La declaración de inconstitucionalidad del castigo penal de la negación de cualquier clase de genocidio por parte del Tribunal Constitucional, lo que supone considerar que negar la comisión de actos contra la humanidad, como el cometido por los nazis contra los judíos durante la segunda guerra mundial, no constituye un delito y forman parte del debate histórico. El objetivo es claro: blindar la "Ley" en sus aspectos jurídicos. Esto pone al descubierto, de forma más firme, el revisionismo y el negacionismo en el caso español, anunciándonos que no se reconocerá jurídicamente el exterminio ideológico perpetrado por el franquismo, mostrándonos, a su vez, el bajo perfil democrático de nuestra Constitución y de nuestras instituciones. Esta sentencia es acorde con el "modelo español de impunidad".

El papel del Gobierno, del jefe del estado y de las multinacionales españolas, respecto a los gobiernos democráticos de izquierda transformadora en América Latina, con constantesintervenciones, directas e indirectas, y prácticas neocolonialistas. La actuación de las empresas españolas (Repsol en Bolivia, Iberia en Argentina, Unión Fenosa en Nicaragua, etc.) junto a la actitud autoritaria del jefe del estado español, tratando a los jefes de estado de estos países latinoamericanos como si fueran súbditos, son una prueba irrefutable de ello. La vinculación de muchos descendientes de exiliados españoles con estos gobiernos, con constantes homenajes a la II República, en especial en Venezuela, el avance de la lucha contra la impunidad en Argentina y Chile y la confrontación con la rapiña que las empresas españolas desarrollan en sus países provoca graves contradicciones en el estado español:

• 1. El "modelo español de impunidad" no sólo no ha podido ser exportado, sino que queda cuestionado.

• 2. La II República es referente para estos países y no para la democracia en España. Y para más abundamiento, ni la democracia de España, ni el modelo español de transición a la democracia son referente en estos países.

• 3. El deteriorado estado del bienestar del modelo neoliberal español está basado en la explotación de muchos de estos países.

• 4. El posicionamiento del Estado Español que, con el apoyo a oposiciones que intentan excitar a las cúpulas militares de estos estados, no sólo está intentando exportar el "modelo español de impunidad", sino también su causa: golpes militares contra gobiernos democráticos progresistas y "baños de sangre" en los sectores populares que forman la base social de apoyo a estos gobiernos.

• 5. El talante autoritario del jefe del estado español.

La ley de devolución de patrimonio a partidos políticos y sindicatos. Esta ley entra en contradicción directa con la "Ley de Memoria" que al no reconocer jurídicamente a las víctimas impide la posibilidad de reclamar la devolución del patrimonio incautado a particulares por el estado fascista del General Franco. Para poder sumar a Convergencia y Unió y así poder entregar patrimonio incautado también a esta formación y así garantizar su apoyo a la Ley se reconoció oficialmente el carácter de partido histórico a Unió.

El peligro fascista como hecho real en nuestra sociedad. A parte de otras razones, la impunidad de los criminales franquistas ha derivado en un sentimiento de impunidad del fascismo actual. Nunca han sido juzgados los criminales franquistas y, por lo tanto, los fascistas jóvenes actúan y se sienten impunes. El problema no queda ahí, en las manifestaciones hemos podido ver como muchos policías antidisturbios llevan banderitas monárquicas adhesivas (muchas de ellas con el águila de San Juan franquista) en sus relojes o en la culata de sus pistolas. Se conoce perfectamente la pertenencia de miembros de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado a grupos fascistas y nazis, sin que desde el estado democrático de derecho se actúe.

Un intento de desviar la atención hacía otros momentos históricos como el bicentenario del 2 mayo de 1808. Curiosamente es el PP uno de los grandes impulsores, cuando lleva años proclamando ,cuando se habla de las víctimas del franquismo, que hay que dejar atrás el pasado y mirar al futuro. Una estapa histórica azotada por la tiranía borbónica y controlada por una iglesia oscurantista, en un país en el que todavía la Inquisición quemaba herejes, se toma como referente para la actual democracia. Mientras, miles de demócratas, defensores del Gobierno Democrático de la II República, yacen en fosas, muchas de ellas en peligro. El "¡vivan las cadenas!" de los partidarios de Fernando VII quiere ser puesto por encima del grito de Libertad de los defensores del Gobierno Democrático de la II República.

El papel de la mayor parte de la Iglesia Católica, en especial de sus jerarquías,tratando de imponer una memoria de mártires frente a una rigurosa memoria democrática y laica –avalada por el arduo trabajo de historiadores e investigadores- tratando de ocultar con el victimismo su responsabilidad en el golpe de estado franquista y la represión, intentando apuntalar con ello la influencia y el poder que, aunque en franco retroceso, todavía ostenta.

La tendencia a debilitar la o-nU como marco para solucionar los conflictos derivando las cuestiones hacia otros órganos de decisión controlados por los grandes poderes económicos y políticos (Banco Mundial, FMI, OTAN, etc.). La doctrina política de la guerra preventiva se ve fortalecida por la falta de condena del golpe de estado de 18 de julio de 1936, que no era otra cosa que el inicio de una guerra preventiva frente a un posible alineamiento de la II República con la URSS. Cuestión esgrimida durante muchos decenios por los golpistas y los historiadores del régimen franquista y que se ha mostrado como una gran falacia desmontada documentalmente por historiadores e investigadores de gran prestigio y comprobada seriedad. También, el hecho de que el Estado Español no respete las resoluciones del o-nU respecto al franquismo transforma esta cuestión en un precedente para que otros estados –por ejemplo el de Israel- no respeten otras resoluciones que les afectan, justificándose de esta forma numerosas injusticias y guerras como las que se están cometiendo en estos momentos contra los pueblos palestino e iraquí.

La "Ley de Memoria" aprobada en vez de dinamizar el Movimiento es un autentico cortafuegos contra el crecimiento y aumento de la politización del mismo que, cada vez más, tiende a definirse como memorialista democrático, republicano y antifascista. Toda una definición ideológica que resume la tendencia que puede ser destruida con la "Ley de Memoria" tal como ha quedado redactada. Da la sensación que han decidido terminar con un movimiento de estas características porque le tienen miedo… Tienen miedo a la verdad, a que recordemos el espíritu social y político de los hombres y mujeres que defendieron aquella II República y lo utilicemos para empezar a poner los cimientos de la III, de una república popular, democrática y participativa que en este movimiento puede encontrar sus raíces. Intentan impedir que sigamos consolidando la creación de un pensamiento crítico; que dejemos de hablar de las relaciones de la monarquía borbónica con el dictador fascista que transformó España en una cárcel con un inmenso paredón; que olvidemos que muchos miembros de las fuerzas armadas y de orden público, aún en activo, torturaron y mataron opositores políticos en los últimos años del franquismo y que se conozca como se incrementaron muchas fortunas y se hicieron otras asentadas sobre la represión. Quieren que la memoria histórica sea una cuestión más estética que ideológica, impulsando una "memoria de mercado" frente a una "memoria de lucha".

No creemos que los parlamentarios que han redactado esta desafortunada y vergonzosa Ley desconozcan lo que marca al derecho internacional, o si han pensado que -al igual que la Ley de Amnistía de 1977 ha servido durante varias décadas para evitar que se juzgase a los criminales franquistas de los primeros años- esta Ley servirá para que pase el tiempo suficiente para evitar que se juzgue a los que quedan vivos, muchos de ellos aún en activo en las fuerzas armadas, las de orden público, trabajando en empresas privadas (como algún conocido miembro de la brigada político-social) y la judicatura. Incluso evitar la investigación de posibles responsabilidades del actual jefe del estado. El empecinamiento por mantener el modelo español de impunidad empieza a ser realmente sospechoso. Es como si se estuviese oensando en la posibilidad de repetir la matanza en un futuro.

Con su aprobación se ha producido un cambio sustancial del escenario y del marco legal en que nos tendremos que desenvolver. El reto es intentar trabajar buscando las contradicciones y ambigüedades de la Ley e introducirnos como cuñas en ellas, seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y crear marcos organizativos unitarios para continuar con la batalla.

Si el objetivo del Gobierno era cerrar definitivamente este "problema" con la Ley y las subvenciones, no lo está consiguiendo. Como ejemplo, las denuncias ciudadanas contra el revisionismo histórico están provocando una reacción más furibunda de la derecha (tanto conservadora como fascista) que la propia Ley. Y hay que considerar que son acciones y movilizaciones no promovidas por las fuerzas políticas de la izquierda, pero sí por sus militantes, en buena parte críticos con la Ley.

El debate ha servido, al menos, para que se evidenciasen las contradicciones del movimiento y que las distintas posiciones afloraran a la luz. Por una parte están las asociaciones que han apostado claramente por la "Ley" desde el principio y que la han visto como un avance. Sus críticas siempre han sido realizadas dentro del marco de lo "posible" y de lo "políticamente correcto", para no enfrentarse con los grupos parlamentarios. Entre ellas podemos encontrar a diversas asociaciones vinculadas a los grupos parlamentarios que negociaron y aprobaron la Ley y diversas organizaciones de familiares y víctimas cuyas reivindicaciones no iban más allá de la reparación moral y alguna reparación material, sin cuestionarse el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación inexistentes en la Ley. Y por otro, las organizaciones que siempre han mantenido posiciones basadas en el asesoramiento que las organizaciones internacionales de Derechos Humanos (Amnistía Internacional y Equipo Nizkor) han brindado. Entre estas últimas se encuentra nuestra organización.

Con todo, no debemos achacar toda la responsabilidad a las fuerzas parlamentarias, también, el Movimiento Memorialista tiene, en menor medida, responsabilidad en el tema. Han sido varias las carencias y errores cometidos:

• a.- La disparidad de asociaciones, que en una innumerable "sopa de siglas" hemos sido incapaces de aunar esfuerzos que posibilitasen una mayor movilización frente al proyecto de ley que se había redactado. Varias tendencias se han dejado ver a lo largo del proceso: Los que, instrumentalizados por alguno grupo político, plantearon una batería de propuestas (los trece puntos), los que nos agrupamos alrededor del llamado documento Nizkor, los que no estuvieron alineados en ninguna de las opciones anteriores y, por último, los que se mostraron favorables al Proyecto de Ley presentado. Una vez aprobada la Ley, obviamente sólo quedan dos posiciones posibles, con matices, pero claramente visualizadas; los que se conforman con lo aprobado, y los que no estamos de acuerdo y deseamos llegar a la raíz de la cuestión: la Justicia.

• b.- La incapacidad en numerosas ocasiones para romper el "cerco mediático". Sólo hemos sido capaces de que se viera una mínima parte del trabajo realizado con mucho esfuerzo y compromiso. La falta de cohesión y unidad ha provocado también falta de coordinación para que llegase un mensaje nítido a la opinión pública. La Memoria Histórica se ha visto, casi exclusivamente, como una cuestión privada de familiares buscando los restos de sus seres queridos. No podemos achacar solo a los medios de comunicación esta tendencia; todos hemos colaborado poniendo en primer plano esta cuestión, quizás pensando que era la mejor manera de llamar la atención respecto al problema. Ha llegado el momento de cambiar esto y plantear a los medios que difundan la reivindicación principal que no está contenida en la Ley. El mensaje nítido que debemos lanzar es "Verdad, Justicia y Reparación", dejando en segundo plano la imagen nostálgica que hasta ahora hemos transmitido.

• c.- Rara vez, los manifiestos y comunicados han tenido eco si no iban acompañados de acciones concretas. La incapacidad que hemos tenido para movilizarnos y tomar la calle durante el debate y aprobación de la Ley es algo que no podemos achacar a los demás, no bastaban los manifiestos y las notas de prensa, se requería de la acción concreta en la calle para que el mensaje se hubiera dejado oír con fuerza. La proliferación de mesas informativas, recogida de firmas, concentraciones y otras actividades movilizadoras deben estar presentes en la nueva situación si queremos volver a colocar la cuestión en el debate público y la agenda política.

• d.- El voluntarismo desmedido de muchas organizaciones y la excesiva burocratización en otras, ha sido la tónica general. Este defecto, presente en la izquierda en todo momento, difícil de erradicar, es algo a estudiar. Los partidarios de la acción sin más han provocado no pocas situaciones en las que tremendos esfuerzos se han visto abocados al fracaso, en el peor de los casos y, en otros, al silencio mediático. Esto en una sociedad como la nuestra supone no existir, ya que lo que no sale en los medios "no existe". Trabajos y acciones descoordinados han hecho que el esfuerzo y el compromiso no se vieran compensados con avances reales. Por otro lado la tendencia a confundir organización y burocracia ha generado en otras asociaciones paralización en el trabajo. Clarificados los principios y los objetivos, el Movimiento debe dotarse de una forma organizativa basada en las acciones concretas que tenga que realizar. En unos momentos en los que la sociedad está desmovilizada y la militancia es eacasa, no podemos actuar como en otros tiempos en los que unos órganos debatían y decidían y, otros órganos ejecutaban; esto no es posible en la actualidad ya que nos encontramos ante una situación en la que el mismo órgano que decide debe ejecutar. Si se pierde demasiado tiempo –bien muy escaso para todos- en tomar decisiones, no se pasa a la acción. Por eso debemos intentar centrarnos en el gran objetivo estratégico y generar el mínimo de organización necesario para poder desarrollar el trabajo, pero sin desdeñar, en algunos casos, cierta dosis de voluntarismo, en especial en organizaciones pequeñas que, asumiendo principios y objetivos, no tienen capacidad para una mayor organización. Por otro lado, la posibilidad de una mayor integración de estas organizaciones pequeñas en una entidad coordinadora de ámbito estatal ayudaría a minimizar los efectos provocados por el voluntarismo desmedido.

• e.- Y, por último, el sectarismo y el localismo que todos padecemos. Desconfianzas, ansias de protagonismo y cruce de intereses han sido la tónica general. Aglutinar a todo el Movimiento alrededor de objetivos comunes y acciones concretas, respetando al mismo tiempo ámbitos de actuación sectoriales y territoriales es una tarea harto complicada pero necesaria. En la acción concreta enfocada hacía objetivos comunes puede llegar a desarrollarse la unidad. El proceso para una gran apuesta en común está abierto, pero aún queda un largo trecho para llegar a ello.

La batalla va a continuar y va a girar sobre varios ejes:

• 1.La madurez del movimiento memorialista al estar cada vez definido en sus principios políticos (memoria, democracia, derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales, república)

• 2.Confluencia de las organizaciones hacía una organización que las coordine hacía unos objetivos comunes, mediante acciones concretas.

• 3.Una mayor importancia del trabajo jurídico.

• 4.Un intento, por parte de los poderes públicos de destruir la acción reivindicativa del movimiento usando la "Ley" como instrumento, bien introduciéndolo en cauces institucionales y burocráticos que distraigan su atención de los objetivos a conseguir, bien mediante la sumisión a través de las subvenciones.

• 5.Una mayor debilidad política en el ámbito parlamentario por parte de los grupos más afines a las reivindicaciones del movimiento. Lo que nos obliga a una mayor actividad y a ser capaces de explicar a las fuerzas políticas mayoritarias cuales son nuestras posiciones. Hay que convencer a la izquierda institucional que sin defensa de los Derechos Humanos, Civiles y Sociales, se está dejando el paso abierto para el triunfode las fuerzas antidemocráticas.

• 6.La internacionalización de la lucha al buscar apoyos en el exterior, necesarios en todo caso para cualquier acción política o jurídica a emprender en ámbitos internacionales.

• 7.La vinculación con otros movimientos que actúan en la defensa de los derechos humanos, sociales y civiles.

No parece que el Gobierno vaya a torcer su brazo, los mayores enemigos de que la Ley fuese más lejos de lo que ha ido han sido situados en puestos clave: José Bono como Presidente del Parlamento, Ramón Jauregui como coordinador del grupo parlamentario socialista y María Teresa Fernández de la Vega repitiendo como Vicepresidenta. Sabemos que la izquierda en una democracia como la nuestra puede llegar al Gobierno, pero nunca tiene el poder real, transformándose, en muchas ocasiones, en cancerberos del orden social, económico y político existente. La aplicación de las normas internacionales contra la impunidad supondría un ataque contra ese poder real heredero directo de franquismo.

Tampoco debemos ser pesimistas. Si, como decíamos al principio, el Movimiento Memorialista ha sido capaz de romper, durante estos últimos años muchos cercos al que estaba sometido y si sigue trabajando en los mismos términos, cada vez más organizado y cohesionado, puede avanzar mucho más y, en todo caso, si no logra todos sus objetivos, estará mantenido una lucha que forma parte del gran combate del género humano por conseguir la emancipación total. Todo un éxito en una sociedad alienada como en la que vivimos.

José Mª Pedreño
Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Nota documenta: Artículo publicado en el nº 7, monográfico sobre la Ley de Memoria de "Memòria antifranquista del Baix Llobregat" (Marzo 2008), corregido en mayo 2008

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