Equipo Nizkor - El TS ordena reabrir la causa contra una rama de financiación ilegal del PSOE con Filesa.

El mayor caso de corrupción de la historia del PSOE, archivado hace unos meses por prescripción, vuelve a revivir por decisión del Tribunal Supremo. La Sala Segunda acaba de desactivar la última de las decisiones adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid que cerró una de las derivadas del caso Filesa, a cargo del Juzgado de Instrucción número 26 de la capital, por el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los hechos. El TS ha atendido un recurso del PP, personado como acusación popular, y ha determinado que cuando se dictó la resolución acordando la prescripción de los delitos todavía no se había determinado, claramente, el objeto del enjuiciamiento, "por lo que no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo".

En el procedimiento sobreseído hasta ahora se encontraban procesados casi una decena de dirigentes y empresarios socialistas que estaban siendo investigados desde 1991 en una rama del célebre caso. Ahora, casi 30 años después de la entrada de la querella en los tribunales, la decisión del Supremo revive la posibilidad de que los investigados tengan que sentarse ante un tribunal por el presunto desvío de 42,2 millones de euros de subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales.

La estafa fue simple pero muy lucrativa. La presunta organización criminal puso el foco en las partidas liberadas por el Imserso entre 1988 y 1990 para costear el programa de vacaciones de la tercera edad para unos 250.000 jubilados. El dinero debía servir para sufragar parte de sus desplazamientos y estancias en hoteles de toda España. Sin embargo, un alto porcentaje de los fondos fue desviado utilizando las mismas sociedades instrumentales de los caso Filesa y Malesa con las que Ferraz inyectó unos seis millones de euros en su caja B, según estableció en sentencia firme el Tribunal Supremo en 1997. Entre los procesados por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y malversación de caudales, se encuentra Carlos Rodríguez Bono, primo del exministro de Defensa y expresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono.

Cargos del PSOE y UGT, implicados

Las diligencias, que arrancaron antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona y cuando Pablo Casado tenía 10 años, acumulan más de 120.000 folios. El caso gira en torno a la agencia Viajes Ceres, única adjudicataria de los concursos de vacaciones para la tercera edad de las temporadas 1988-1989 y 1989-1990. Las subvenciones fueron tramitadas por el Ministerio de Asuntos Sociales que entonces lideraba Matilde Fernández a través del Imserso, dirigido por el también militante de PSOE y UGT Ángel Rodríguez Castedo.

En total, Ceres logró contratos por valor de 7.036 millones de las antiguas pesetas, 42,2 millones de euros de la época, pero pronto saltaron las alarmas. En 1990, la compañía pública de autobuses Enatcar (absorbida por Alsa en 1999) instó el concurso de acreedores de Ceres por los cobros pendientes que acumulaba. Fue entonces cuando se descubrió que Viajes Ceres había sido completamente vaciada. Un año más tarde, la compañía de autobuses decidió querellarse contra los administradores de la agencia. Entre ellos, se encontraba Juan Bautista Calatayud, uno de los contables de la galaxia de empresas turísticas y d

e exportación que floreció a la sombra de los gobiernos de Felipe González. El propio Calatayud cobró 39 millones de euros en comisiones de la Expo 92 a través de una firma holandesa, como denunció el Tribunal de Cuentas en 1996.

Las empresas de Filesa

A Enatcar se sumó como acusación el Partido Popular. El sumario experimentó los mayores avances en sus primeros meses de vida. Se descubrió que las subvenciones del Imserso salieron de Ceres hacia mercantiles implicadas en la trama Filesa. En uno de esos movimientos, 120.000 euros fueron trasvasados desde la agencia hacia la empresa pantalla Zeuxis SA e inmediatamente desde esta mercantil a una tercera, Time Export SA, ubicada en el epicentro de la financiación ilegal del PSOE. Se trata de la misma sociedad que utilizó Ferraz para pagar a sus proveedores electorales.

En un segundo movimiento, 67.000 euros fueron transferidos nuevamente desde Viajes Ceres a otra instrumental, Eusis SA, y desde esta directamente a Filesa SA, la otra sociedad que pagó las facturas de las campañas socialistas. Al año de instrucción, ya se había determinado que al menos 5,3 millones de euros (833 millones de pesetas) de Viajes Ceres con origen en las ayudas públicas concedidas por el Ejecutivo socialista de González habían terminado en otra firma satélite de la trama Filesa, Aparthotel Aguamar SA. Parte de esos fondos circuló también por sociedades 'offshore' de Luxemburgo y las Islas de Jersey.

Entre los procesados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, se encontraban Luis Oliveró Capellades, uno de los condenados por la caja B del PSOE. Fue sentenciado a 10 años de cárcel pero el Gobierno de José María Aznar le concedió un indulto parcial en el año 2000. También se tendrán que sentar en el banquillo Antonio Mata Ramallo, expresidente de Aerolíneas Argentinas; Eligio Salgueiro, administrador y apoderado de varias sociedades de la red de malversación; el responsable de Viajes Ceres Juan Bautista Calatayud, y el primo de Bono, Carlos Rodríguez Bono, que fue administrador de una sociedad que facturó a Viajes Ceres más de 800.000 euros por seis informes falsos.

01feb22

El TS ordena reabrir la causa contra una rama de financiación ilegal del PSOE con Filesa

[Fuente: Por Beatriz Parera y José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 01feb22]

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