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17oct08
Los crímenes contra la humanidad del franquismo
La importancia del auto de Garzón en el que se declara competente para investigar las desapariciones de miles de españoles a manos del franquismo no radica en la persecución penal de los responsables, porque ya se sabe que los muertos son reclusos indisciplinados que siempre se niegan a salir al patio y no respetan los horarios de comidas en el talego. Lo significativo de la resolución es la calificación de crimen contra la humanidad de estos actos de barbarie y la consideración de que la insurrección de 1936 fue un acto ilegal que pretendió el derrocamiento del Gobierno legítimo de España mediante el uso extremo de la violencia como instrumento básico para su ejecución.
Basta con leer algunos de los documentos de los sublevados para entender sus propósitos, en especial las Instrucciones reservadas del general Mola, en las que confiaba al directorio militar cualquier sanción sin intervención de los tribunales y proponía castigos ejemplares para los dirigentes políticos y sindicales no afectos al Movimiento. Los decretos de la Junta Militar dispusieron que cualquier opositor fuera pasado por las armas en juicio sumarísimo y facultaron la comisión de acciones terroristas: “Deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”, según se establecía en la Octava Orden de Urgencia.
Las alocuciones desde Radio Sevilla de Queipo de Llano, un tipo humanitario y sensible, sugerían la bondad de estos salvapatrias: “¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen con uno de estos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré”. A tal punto llegaba su humanidad que se inclinaba por no matar a mujeres ya que con violarlas sería suficiente: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso también a las mujeres de los rojos que ahora, por fin, han conocido hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no les salvará”.
Lógicamente, la doctrina tuvo seguidores, lo que obligó a Franco –que, como se menciona en el propio auto judicial, se mostraba públicamente dispuesto a matar a media España- a promulgar el 23 de septiembre de 1939 una autoamnistía, por la se declaraban no delictivos los asesinatos cometidos entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1939 “por afinidad con la ideología del Movimiento Nacional”.
“En la historia contemporánea no se conoce un genocidio con formas legales de mayor entidad y número de víctimas”, aseguraba hace unos años el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, uno de los principales defensores de la doctrina de la no prescripción de estos delitos. La persecución no acabó con la Guerra. Se mandó al paredón a decenas de miles de personas en juicios sin garantías, se dio el paseíllo a otras miles sin recurrir a la farsa del juicio, hubo torturas sistemáticas, desapariciones.... Hechos semejantes implicarían en nuestros días la intervención del Tribunal Penal Internacional para castigar a los culpables.
El franquismo es responsable de crímenes contra la humanidad y, contra ello, no vale oponer una ley de Amnistía como la de 1977, que es preconstitucional y que, en consecuencia, puede ser declarada inaplicable por cualquier juez. Lo que no es posible por más tiempo es que mientras defendemos para otros la jurisdicción universal, aplaudimos la anulación de las leyes de punto final, sostenemos que estos crímenes no prescriban y animamos la creación de tribunales internacionales, aquí siga vigente una ignominiosa ley del silencio “para no reabrir heridas”. ¿De quiénes?
Siendo cierto que durante la Guerra Civil se cometieron acciones semejantes por parte de los sectores más radicales de la República, también lo es que dichos actos fueron castigados con saña por el dictador, que prolongó el clima de terror durante varias décadas con el objetivo de exterminar físicamente a los opositores.
Estamos ante la primera investigación de unos hechos que han permanecido impunes durante más de 70 años. Ya entonces tenían la categoría de actos prohibidos por el derecho de la guerra y, como recoge la resolución de Garzón, debían ser calificados de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, tal y como determinó la Comisión Multinacional de Responsabilidades de 1919. Franco está muerto, pero reconfortaría bastante que la Justicia estableciera que fue un asesino. Sería un buen punto y final para una historia que, afortunadamente, los vencedores dejaron a medio escribir.
[Fuente: Por Juan Carlos Escudier, El Confidencial, Madrid, Esp, 17oct08]
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