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16dic06
Una ley de la Memoria para olvidar
Aquellos que confiaban en que la ley de Memoria Histórica del Gobierno corrigiera una de las mayores injusticias de ese perfecto proceso de amnesia que fue la Transición pueden esperar cómodamente sentados o, mejor aún, desesperar para siempre. Se trataba de ofrecer la única reparación moral posible a las víctimas del franquismo, que es la anulación de sus condenas, y en su lugar recibirán un diploma de buena conducta, siempre claro que pasen un examen ante un comité de sabios. Eso sí, la identidad de quienes ordenaron su muerte, la de quienes les denunciaron, les torturaron o les condenaron será convenientemente silenciada. Las víctimas o sus familias podrán tener así el certificado colgado en el salón de su casa mientras en los archivos oficiales seguirán figurando como delincuentes quienes defendieron el orden legítimo o lucharon contra la dictadura.
El argumento que ha dado el Ejecutivo para dar el estatus de cosa juzgada a las aberraciones del franquismo es el de la seguridad jurídica. El informe de la comisión interministerial que se constituyó en septiembre de 2004 así lo establece, al tiempo que alude a las dificultades enormes que conllevarían revisar hechos acaecidos en un tiempo lejano y apreciar su certeza. Es decir, hay que dar por buenos los juicios montados por órganos militares subordinados al poder ejecutivo, desarrollados sin garantías de defensa, porque sería difícil demostrar ahora la inocencia de los condenados. "La anulación que se demanda –dice el informe en otro momento- no puede ser acogida en sus propios términos por impedirlo así la Constitución". Los estudios que la Comisión dice haber encargado para llegar a estas conclusiones se mantienen también en el anonimato, en otro homenaje al silencio.
Se llega así a la paradoja de que mientras abrazamos la doctrina de la jurisdicción universal, exaltamos la anulación de las leyes de punto y final, aplaudimos que los crímenes contra la humanidad no prescriban y nos sumamos con entusiasmo a la creación de tribunales internacionales, la anulación de los sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos ideológicos y políticos, las del Tribunal de Orden Público o las del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo han de ser preservadas a mayor gloria de nuestra seguridad jurídica.
Uno no se explica, por ejemplo, qué ha sido de la seguridad jurídica en Alemania, donde una ley derogó los fallos del nazismo y declaró nulas sus leyes de esterilización o de aquellas otras que amparaban la "solución final" contra los judíos. ¿Tenía Argentina que mantener las leyes de punto final para dar seguridad jurídica a su sistema? ¿Debe mantener Chile, en contra de lo que propone su presidenta, *Michelle Bachelet*, la ley de Amnistía de 1978?
Lo que ha perpetrado el PSOE con su proyecto de ley de Memoria Histórica es un quiero y no puedo que, y esto es lo grave, legaliza el régimen franquista de manera definitiva. En una equidistancia inadmisible se establece el carácter injusto de las condenas o sanciones durante la Guerra Civil "cualquiera que fuera el bando o la zona en la que encontraron quienes la padecieron". O lo que es lo mismo: un golpista que hubiera sido detenido en Madrid en el año 1936 y luego hubiera protagonizado actos de represión durante la dictadura tendría derecho "a la reparación de su memoria personal y familiar". El disparate completo.
Pudiera hablarse de un error de principio, que es haber metido en el mismo saco de la ley la guerra civil y dictadura. De hecho, los actos de violencia cometidos en un contexto de guerra civil, por muy salvajes que hayan sido, no son equiparables a los acontecidos en la dictadura, donde los que ejercieron la represión sólo estuvieron en un bando. Aun así, el franquismo ya se ocupó de documentar la "barbarie roja", de celebrar exhumaciones oficiales y enterramientos rituales de sus víctimas, de crear un Registro Central de Ausentes, además de grabar sus nombres en piedra y homenajearlos desde las lápidas que han colgado de las iglesias de todo el país.
La localización e identificación de las víctimas merece mención aparte. *Franco* lo hizo mejor. Una orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones "de cadáveres de asesinados por rojos" estableció que toda persona que deseara "exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio" lo solicitara al gobernador civil de la provincia correspondiente. Ahora el asunto se confía en buena medida a las ONG, para las que "podrán arbitrarse subvenciones".
El PSOE ha logrado, aunque por razones distintas, concitar el rechazo del PP, de IU y de ERC. Meritorio es, sin duda. Desde que el 1 de junio una proposición no de ley en el Congreso sobre el reconocimiento de las víctimas instara al Gobierno a estudiar las vías de resarcimiento, los socialistas se han metido en un berenjenal de amplias proporciones.
Las dilaciones han sido constantes. La comisión interministerial dirigida por la vicepresidenta *Fernández de la Vega* ha tardado casi dos años en establecer sus conclusiones. Se ha esperado hasta el mes de diciembre para someter el proyecto a su primer trámite parlamentario. Cerrado el Parlamento hasta febrero por las vacaciones parlamentarias, con las municipales y autonómicas a continuación, las vacaciones de verano, la tramitación de los Presupuestos de 2008 a partir de septiembre y las generales en el horizonte, las posibilidades de que la ley salga adelante en esta legislatura son escasas. El PSOE quiere olvidarse de su ley de la Memoria Histórica. Es lo único que se merece.
[Fuente: Por Juan Carlos Escudier, El Confidencial, Sábado 16 de diciembre de 2006]
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