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02mar15


El TSJA abre diligencias contra cuatro ex consejeros de la Junta


El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto causa contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo- señalados por la juez Mercedes Alaya en la instrucción del caso ERE. El instructor será el magistrado Miquel Pasquau, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Granada al que el PSOE promovió como magistrado del Alto Tribunal andaluz hace 14 años.

A mediados de marzo de 2001, el pleno del Parlamento andaluz elevó una propuesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA tras someterse a votación una terna de juristas. Pasquau obtuvo 103 votos, frente a los 43 de María del Pilar Bensusan Martín y los 34 de José María López Galán. El TSJA justificó ayer el nombramiento de este instructor por ser el único titular actualmente en plantilla de esta Sala.

La apertura de diligencias contra los aforados autonómicos lo ha decidido la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior del Alto Tribunal en un auto fechado este lunes, desoyendo así la petición de la Fiscalía Superior, que ha pedido que se devuelva la causa al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla puesto que tras las elecciones del 22 de marzo los aforados no mantendrán el aforamiento al no ir en las listas.

La Sala entiende que debe declararse provisionalmente competente por cuanto "las acusaciones y los aforados señalados en la exposición razonada no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia que resulte útil para la investigación, lo que no podrían hacer ante el Juzgado de Instrucción n6 de Sevilla por carecer, de momento, de toda competencia para actuaciones directamente enfocadas a la investigación de la participación concreta de los todavía aforados en los hechos objeto de la causa".

El auto del TSJA se ha dado a conocer horas después de que la Fiscalía Superior informara del contenido de su escrito en el que pedía que la causa se devolviera a la juez Alaya por "economía procesal".

[Fuente: Por A. Salvador y S. Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 02mar15]

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