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09dic36

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Decreto-Ley dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados

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El Movimiento Nacional requiere como medida indispensable que todos aquellos ciudadanos que, desempeñando funciones públicas, hubieran contribuido con una actuación política y social significada a que España llegara al estado de anarquía y barbarie aún padecidos por algunas provincias, sean debidamente sancionados como garantía de justicia, sin que las resoluciones de esta clase puedan ser impugnadas ante la jurisdicción contenciosa, a la cual solamente le corresponde actuar dentro de situaciones normales de Derecho.

A este efecto,

DISPONGO:

Artículo primero. La junta Técnica del Estado y demás organismos creados por Ley del primero de octubre último, dispondrán la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forme en que ingresaren y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la Provincia o Municipio.

Artículo segundo. Las empresas concesionarias de servicios públicos o Monopolios, separarán de sus puestos, a indicacación del Presidente de la junta Técnica del Estado, a todo empleado que se considere incompatible, opuesto o peligroso para el Movimiento Nacional y a aquellos que no sirvan con eficacia o lealtad al presente régimen. La Junta Técnica del Estado, formará en estos casos, y como base de la resolución de su Presidente, ligero expediente o exposición de hechos o circunstancias justificativas de la medida.

Artículo tercero. Todas las resoluciones que se hayan dictado o se dicten en lo sucesivo por el Presidente de la Junta Técnica del Estado, Gobernador General, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretaría de Guerra, imponiendo sanciones a los funcionarios públicos dependientes de las mismas y como consecuencia de sus actuaciones políticas, sean anteriores al Movimiento Nacional, o por su actuación durante el misino, no podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para dictarlas.

Dado en Salamanca a cinco de diciembre de mil novecientos treinta y seis.

FRANCISCO FRANCO

[Fuente: Boletín Oficial del Estado núm. 51, pp. 349 a 350, 09dic36]

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