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08nov12
Varapalos de Europa y de un juzgado vasco a los desahucios
La ley del Estado español que habilita los desahucios fue ayer nuevamente descalificada. Si antes fueron la ONU o el Consejo General del Poder Judicial del Estado español, ayer le tocó el turno a la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Juliane Kokott, quien calificó de «ilegal» esta normativa ya que, a su juicio, vulnera las directrices comunitarias al no garantizar una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas. Este dictamen, que no es una sentencia definitiva, responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
Esta persona solicitaba que se declarese nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria fuese considerado también nulo. En sus conclusiones presentadas este jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en el derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los estados miembros establecer las modalidades procesales. No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal estatal no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
En este sentido, la abogada general estima que «la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue». El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pese a lo cual el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empezarán ahora a deliberar y la sentencia se dictará posteriormente.
«Estado fallido»
«El hecho de que la sociedad civil y la judicatura hayan tenido que liderar una reforma legal ha demostrado que nos encontramos ante un Estado fallido, un Estado inútil, secuestrado por los poderes financieros», remarcó ayer, tras conocer la noticia, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. La activista, que lleva cuatro años enfrentándose a la voracidad de los bancos en las ejecuciones hipotecarias, destacó que todo tipo de instituciones han denunciado esta normativa. «No sé quién más se tiene que pronunciar», insistió. Pese a ello, el Ejecutivo español no ha adoptado ninguna medida efectiva. «Todo lo que se ha hecho hasta ahora, tanto la moratoria ICO del PSOE como el Código de Buenas Prácticas propuesto por el PP solo ha servido para que las entidades financieras ganen tiempo y sigan desahuciando», argumentó.
Al mismo tiempo que la justicia europea daba un nuevo varapalo a la normativa hipotecaria del Estado español, tanto PP como PSOE se congratulaban del comité de expertos que el lunes se reunirá para evaluar la situación. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no quiso entrar en plazos y trató de circunscribir la modificación legislativa al «apoyo a las familias que peor lo están pasando por la crisis». Sin embargo, el repentino hermanamiento de las dos formaciones que han tumbado hasta cuatro iniciativas contra los desahucios en el Congreso español solo genera desconfianza entre quienes se oponen a las ejecuciones hipotecarias.
«Un pacto entre PP y PSOE lo que da es miedo. La última vez que se reunieron así aprobaron la reforma de la Constitución por la que se prioriza el pago de la deuda. Es decir, que nos podemos morir pobres pero pagando. Ahora están haciendo este teatro porque la batalla social se la hemos ganado en la calle», aseveró ayer Chema Ruiz, portavoz de la PAH en Madrid. En la misma línea, Colau recordó que «son estos partidos los que han provocado el desastre y quienes han bloqueado cualquier intento de solución», denunciando la «arrogancia» de estas formaciones. Ambos coincidieron en resaltar que la «victoria social» ha obligado a PP y PSOE a intentar presentar propuestas sin contenido.
[Fuente: Por Alberto Pradillo, Gara, Madrid, 08nov12]
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