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30abr13
Un alcalde usa la ley de Griñán para expropiar cinco pisos vacíos de la Junta
Vuelta de tuerca en el decreto-ley antidesahucios del Ejecutivo andaluz. El Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva) quiere expropiar las cinco viviendas vacías que tiene la Junta de Andalucía en el municipio onubense de 8.700 habitantes regido en coalición de Gobierno por el PP y el PA desde mayo de 2011.
"Estas viviendas llevan cerradas cinco años sin ningún sentido. Nosotros vamos a seguir los pasos del decreto para que estos pisos reviertan al ayuntamiento y luego ponerlas a disposición de las familias que más lo necesiten", explica en declaraciones a El Confidencial Juan Carlos Duarte, alcalde popular de San Juan del Puerto, situado a 14 kilómetros de la capital. El Gobierno andaluz anunció la expropiación temporal de las viviendas si tras seis meses nadie las habitaba.
En este municipio, la Junta de Andalucía se alió con una promotora inmobiliaria para abaratar los costes de las viviendas para que tuvieran un precio más competitivo. El Gobierno andaluz o no las vendió o decidió quedarse con esos pisos, sin ofrecerlos al mercado del alquiler. En el mismo edificio cuenta con otras 12 viviendas que ofrece por 400 euros al mes, incumpliendo "el fin social" que acreditaba la presencia de la Consejería de Fomento y Vivienda a través de EPSA (Empresa Pública del Suelo de Andalucía). "Con la exigencia de un aval y dos meses de fianza la Junta ha ofrecido esas otras viviendas como si fuera un propietario normal o un banco", resalta Duarte, que cuantifica otros 13 pisos más que son propiedad de la Junta de Andalucía y que el Gobierno andaluz tiene vacíos en la localidad andaluza.
San Juan del Puerto sufre una tasa de paro del 40%, con seis familias en exclusión social y 150 personas demandantes de viviendas VPO. "Al estar tan cerca de Huelva no hemos tenido un tejido productivo propio y vive de prestar servicios a la capital. Hay una parte que es agrícola y alguna pequeña parte industrial", reconoce el alcalde. También denuncia cómo existe una guardería en la que la Junta de Andalucía se gastó medio millón de euros y que está cerrada por la falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y la empresa concesionaria.
El alcalde niega que esta iniciativa la haya impulsado por un tema de "oportunismo electoral" ni que exista una coordinación con el PP andaluz. "Son decisiones que hay que tomar mirando la cara de ciudadanos que me dicen que no tienen vivienda y que están a punto de irse a vivir debajo de un puente en algunos casos viviendo en condiciones infrahumanas. Algo había que hacer".
La Junta de Andalucía argumenta que esta medida del Ayuntamiento onubense carece de "base legal" para su desarrollo. "Si voy a hacer lo mismo que dice la Junta y dicen que no tiene base legal lo mío, tampoco lo tiene el decreto", destaca. "La norma es fantástica, pero la Junta no pone a disposición de quienes lo necesitan las viviendas que tienen vacías. Lo primero que tienen que hacer es exponer sus propios recursos", apunta el alcalde.
[Fuente: Por Agustín Rivera, El Confidencial, Madrid, 30abr13]
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