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07jul16
Bruselas achaca el desvío del déficit de España a la reforma fiscal y reclama una nueva tanda de ajustes
La Comisión Europea ha adoptado este jueves el dictamen negativo sobre las medidas tomadas por el Gobierno para cumplir con los objetivos de reducción de déficit, al considerar que "relajó" el esfuerzo en 2015 pese a las recomendaciones de Bruselas, lo que en la práctica supone activar el proceso para multar a España con hasta 2.000 millones de euros y la congelación de parte de los fondos comunitarios. Esa decisión no se adoptará hasta el próximo martes, cuando está previsto que se reúna el Ecofin. Pero haya o no multa, de lo que no se va a librar España es de otro duro ajuste para cumplir con los nuevos objetivos que nos imponga la CE.
Bruselas va a exigir a España que reduzca el déficit al 3,7% del PIB este año y al 2,5% del PIB el próximo, lo que supone un ajuste extra de unos 8.000 millones. De todas formas, las estimaciones difundidas este jueves por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, alertan de que España volverá a incumplir y podría situar el déficit público en el 3,9% en 2016 y en el 3,1% en 2017. Ello supondría que nuestro país necesitaría dos años de prórroga y no uno como planteó inicialmente Bruselas en el mes de mayo para que baje del 3%, aunque este jueves el Ejecutivo comunitario ha advertido de que el calendario barajado en primavera ya no tiene validez y que presentará uno revisado "más adelante".
"Estamos obligados a constatar la ausencia de acciones efectivas para controlar el déficit nominal y el estructural. Son los hechos y la decisión que transmitimos", ha indicado ante la prensa Moscovici, horas después de que el dictamen negativo de Bruselas fuera comunicado al Consejo.
Para la CE, las medidas de consolidación incluidas en la reforma de la Administración o de las pensiones no han sido suficiente para compensar el impacto de las medidas expansivas adoptadas en 2015 -como la rebaja de los impuestos o el pago parcial de las pagas extras de Navidad atrasadas- y del aumento del gasto ligado al envejecimiento de la población. Por eso exige un ajuste que tendrá que ser asumido por el próximo Gobierno, ya sea del PP o -lo que resulta altamente improbable- de un conglomerado de la izquierda y los partidos nacionalistas, cuando empiece a elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que será su tarea más urgente en cuanto inicie su andadura.
En concreto, el documento señala las consecuencias de decisiones como la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades y la restitución parcial de las pagas extraordinarias de Navidad anteriormente retiradas. Dombrovskis y Moscovici han aprovechado su comparecencia para defender los tiempos elegidos por Bruselas para tomar las decisiones sobre España y Portugal, pese que sus evaluaciones del resto de países se cerraron el pasado mes de mayo. En el caso de España, han explicado, se debió a que había un proceso electoral en marcha sobre el que no quisieron interferir.
En definitiva, el ajuste y la posible multa serán la consecuencia directa del incremento de gasto de las comunidades -la excusa a la que se ha acogido el Ejecutivo de Rajoy- pero sobre todo de su rebaja fiscal, aprobada con fines electoralistas. Y eso es lo que denuncia la Comisión Europea en su informe: "Se relajó la política presupuestaria, en particular mediante una reforma fiscal y un crecimiento dinámico del gasto". El documento aprobado por el Colegio de Comisarios certifica que España "no ha tomado medidas efectivas" para cumplir con las recomendaciones y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y advierte de que "no es probable" que logre una corrección "oportuna y duradera" del desvío en 2016.
Ecofin y plazo de alegaciones
Si el Consejo valida el 12 de julio estas opiniones, se activará un plazo de 20 días para que la Comisión proponga una multa, que incluye un plazo de 10 días para que el Gobierno presente sus alegaciones en contra. Ello permitiría al Colegio de Comisarios proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego, el próximo 27 de julio. Si el Consejo no se opone al castigo en un plazo de diez días, la multa propuesta se formalizará a mediados de agosto.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha repetido varias veces en los últimos días que no va a haber multa. Este jueves lo ha asegurado de nuevo con un convencimiento que induce a pensar que dispone de suficiente información para descartar que el procedimiento sancionador conduzca a ese desenlace.
Las reglas de disciplina fiscal prevén para los países incumplidores una multa equivalente al 0,2% de su PIB, lo que en el caso de España ascendería a unos 2.000 millones de euros, aunque Bruselas tiene margen para reducir hasta cero el precio del castigo. El modelo de sanción incluye, además, la congelación de una parte de los fondos comunitarios asignados al Estado miembro en el año posterior, es decir, a 2017. A este respecto, Dombrovskis ha admitido que habrá "contactos estrechos" entre Bruselas y Madrid y Lisboa para evaluar la situación y "tener en cuenta" los esfuerzos asumidos por los países y sus alegaciones para evitar el castigo.
El vicepresidente comunitario ha insistido en que las reglas de rigor se aplican de manera "inteligente", lo que permite contemplar el escenario de "reducir las potenciales sanciones o, incluso, de reducirlas a cero".
[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 07jul16]
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