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07ene07
La negativa del Partido Popular anularía el aspecto más novedoso de la Ley de la Memoria Histórica.
La ley más polémica del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, la que honra a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, se enfrenta a un problema sin aparente solución. Mientras otros partidos de izquierda exigen al Ejecutivo ir más allá, aparecen esquelas de uno y otro bando en los periódicos y se suceden las acusaciones de querer reescribir la historia, el Partido Popular anuncia que bloqueará el nombramiento del tribunal de cinco notables para rehabilitar a las víctimas, el corazón del proyecto de ley y su principal novedad.
Los socios del PSOE piden la anulación de los juicios franquistas por ilegítimos
El Grupo Parlamentario Popular ha confirmado a este periódico su intención de no colaborar en nada que tenga que ver con la futura ley de la Memoria Histórica y exige su retirada inmediata. Mariano Rajoy la ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla contra José Luis Rodríguez Zapatero, casi al mismo nivel que el terrorismo.
En cualquier otra norma, eso no supondría ningún problema: el PP está en la oposición y las leyes se aprueban sin su apoyo. Los demás grupos, los socios del PSOE, quieren ir más lejos, pero apoyan la idea del proyecto, con lo cual el acuerdo es posible.
El laberinto sin salida llega al leer el artículo cinco del proyecto legal. El tribunal de cinco notables que estudiará las peticiones de las víctimas o sus familiares para que se rehabilite su nombre y se declare oficialmente que sufrieron un juicio o una muerte injusta requiere un apoyo de tres quintas partes del Congreso de los Diputados para ser nombrado. El PP supera los dos quintos, por lo que, efectivamente, puede bloquear la elección del órgano clave de la ley y dejar sin efecto el corazón de la iniciativa.
El PSOE se enfrenta así a una disyuntiva. Puede cambiar el sistema de elección y someterlo a una mayoría absoluta que sí tiene, pero con ello el tribunal perdería el espíritu de organismo constitucional que los socialistas querían darle -por tres quintos se eligen órganos básicos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Poder Judicial-. La otra opción pasa por cambiar la fórmula del tribunal y elegir otra que pueda obtener más consenso, algo también muy delicado. Los socios del PSOE piden directamente la anulación de todos los juicios franquistas como ilegítimos, en vez de crear un tribunal especial que analice caso por caso y sólo a solicitud de las familias.
Ante la evidencia de que la iniciativa es apoyada por todos los grupos menos el PP, aunque su actual redacción sólo gusta en el PSOE, los socialistas se muestran dispuestos a cierta flexibilidad, pero "sin desnaturalizarla", según aclara el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido.
Los socialistas no quieren oír hablar de la posibilidad de que el PP bloquee el nombramiento del órgano fundamental de la ley. Sin embargo, el diputado de la oposición encargado de defender este asunto en la tribuna, Manuel Atencia, lo ha definido como "una especie de tribunal de la Inquisición".
Su homólogo en el PSOE, José Andrés Torres Mora, consciente de que la norma tendrá un desarrollo parlamentario largo y complejo de final incierto -tanto que podría decaer si no se impulsa su aprobación, puesto que la legislatura entra en su fase final- considera "inconcebible" que el PP "impida la aplicación de una ley aprobada por las Cortes Generales". Porque, tal como está previsto en la iniciativa legal, los populares no podrían impedir la aprobación de la norma, sólo la formación del tribunal que ésta crea.
Tras las vacaciones parlamentarias se reanudarán las conversaciones con el intento de atraer a CiU y PNV, cuyas posiciones serían susceptibles de acercamiento. Con ERC e IU-ICV las cosas están más difíciles. Ellos quieren legislar sobre la memoria colectiva para reivindicar la II República y la lucha contra el franquismo, y ése no es el planteamiento de los socialistas. "Eso es otra ley", señalan.
Torres Mora remacha la dificultad al añadir que el PP quiere enmendar "una ley que no existe". Este partido está criticando aspectos, como el de reescribir la historia, que no aparecen en ninguno de los artículos de la norma, dedicada más bien a facilitar la reapertura de fosas a los familiares que lo soliciten, a dar ayudas a las víctimas que quedaron fuera de otras normas, a eliminar símbolos franquistas en los edificios de la Administración central o a garantizar que no continúen realizándose reuniones fascistas en un lugar público como el Valle de los Caídos.
Y además, o sobre todo, a crear un tribunal para rehabilitar el nombre de las víctimas, como reclaman sus familiares, y determinar la injusticia de los asesinatos durante la Guerra Civil de uno y otro bando (a ese órgano podrían acogerse las víctimas de las matanzas republicanas cometidas en Paracuellos del Jarama, por ejemplo) y especialmente de la dictadura que siguió.
Procedimiento legal.
El texto actual prevé que los ciudadanos afectados soliciten al tribunal la reparación moral del daño sufrido por la Guerra Civil o la dictadura, a fin de obtener una declaración que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
"Al objeto de resolver sobre las solicitudes de declaración, se constituye un Consejo integrado por cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de las ciencias sociales, elegidas por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados", señala el artículo 5 del proyecto.
Aunque el PSOE lograra el apoyo de todos los demás grupos, seguirían faltándole seis escaños para llegar a los tres quintos, porque el PP tiene 146 de los 350 del Congreso. Esto es, si se quiere sacar adelante este tribunal antes de las próximas elecciones, los socialistas tendrían que convencer al PP o cambiar la fórmula.
El PSOE, abierto.
"Estamos abiertos a mejorar la ley, en la medida que se pueda, pero nuestro objetivo es la reparación de las víctimas, no reescribir la historia. Si se llega a la conclusión de que hay fórmulas mejores que la que ahora dice la ley para esa reparación moral y del honor, se puede estudiar, pero siempre sin desnaturalizarla", asegura López Garrido. Para convencer a IU y a ERC de que colaboren y sean copartícipes de este paso que pretende honrar a las víctimas del franquismo, los socialistas y el propio Zapatero han insistido en público y en privado en la idea de que nunca un gobierno había llegado tan lejos en la democracia.
Valle de los Caídos.
En algunos temas hay margen para el acuerdo. IU-ICV, más predispuesta al pacto que ERC, según fuentes gubernamentales, pretende que el Valle de los Caídos se convierta en un memorial del horror franquista, donde se enseñe a los escolares lo que significó aquello. Algo parecido a lo que sucede en Núremberg (Alemania), la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Argentina) o está previsto para Villa Grimaldi (Chile). Ahora la ley se limita a prohibir allí actos políticos como el que los falangistas organizan cada 20 de noviembre.
Acabar con los símbolos.
En el tema de los símbolos hay posibilidades de avanzar. El Gobierno retiró a última hora de la ley una recomendación a los ayuntamientos para retirar nombres de calles y monumentos franquistas, y sólo dejó la exigencia para la Administración central. Sin embargo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega señaló en el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso: "Somos respetuosos con las competencias de cada cual, pero a este criterio general pueden acogerse todas las administraciones, instituciones y entidades". Con este "entidades", aunque sin citarla, De la Vega podría referirse a la Conferencia Episcopal, ya que las fachadas de decenas de iglesias españolas conservan la lista de los "caídos por Dios y por España".
El Ejecutivo no ha querido molestar a la Conferencia Episcopal, con quien mantiene unas excelentes relaciones tras el pacto que alcanzó para incrementar su financiación pública, pero la izquierda le exige que haga algo para acabar con ese constante recordatorio de los luchadores fascistas en las plazas de pueblos y ciudades españolas, algo único en Europa.
[Fuente: Por Anabel Díez y Carlos E. Cué, El País, Madrid, Esp, 07ene07]
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