Equipo Nizkor - Simón no difundió a las CCAA una alerta de la UE sobre el coronavirus 6 días antes del 8-M.

La Guardia Civil ha puesto el foco en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al insinuar en un nuevo informe a la jueza del 8-M que esta institución no ha aportado toda la información que dispone, de manera que "podrían faltar documentos" claves para la investigación. En concreto, en un segundo informe remitido a la jueza se insinúa que Simón oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer. Entre esta documentación, la Guardia Civil apunta en concreto a una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzoque advertía de los riesgos de celebrar actos multitudinarios como el 8-M y que Simón no difundió a las CCAA.

Esta es una de las conclusiones de un segundo informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, para ampliar el primer informe y subsanar algunos errores.

En uno de los apartados del informe, que consta de 200 páginas, los investigadores sospechan que el CCAES no ha aportado toda la información que dispone sobre la pandemia con anterioridad al 8-M, como así lo requirió la Policía Judicial en un oficio dirigido a su director Fernando Simón el 16 de abril. Dice que "a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información".

La Guardia Civil cuestiona en el nuevo informe que Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo y sostiene que ese mismo día los técnicos de Sanidad ya estudiaban la necesidad de reforzar la vigilancia por positivos en coronavirus no importados.

En el informe, la Guardia Civil se centra en el documento del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) remitido el 2 de marzo a las 12.45 horas a los correos electrónicos del CCAES y de su director, Fernando Simón.

Además, contrasta la recepción de esta alerta europea el 2 de marzo con las reuniones internas ese mismo día en Sanidad, donde se detectan "casos de COVID-19 sin vínculo epidemiológico conocido ni antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria del virus". Esto último, según los investigadores, llevó a los técnicos a "sugerir a debate el intensificar la vigilancia en algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid". Pese a esta alerta europea, Simón lo reenvió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

Los agentes llegan a esta conclusión al observar que en el canal de comunicación con el Centro existen "direcciones de correo adicionales" asociadas al CCAES y "distintas a las dos facilitadas", entre ellas la del propio director Fernando Simón, "de la que no ofrecen información alguna". Añaden que "no se observa ninguna información por parte del Centro de que esos sean todos los correos efectuados en el marco de la crisis sanitaria (...) ni tampoco el número total de cuentas de correos existentes" desde las que se pudiera efectuar comunicaciones, "hecho que despejaría toda duda de la totalidad de la información aportada".

Lo que hace el Centro es limitarse a señalar que "se incluye toda la información localizada hasta la fecha" y que "cualquier otra documentación que se identifique de interés de aquí en adelante, se pondrá en conocimiento de la unidad". Para la Guardia Civil "esto arroja una sensación de incertidumbre" y de "imprecisión" ya que deja abierta la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés.

Al margen de estas insinuaciones, los investigadores llaman la atención sobre los constantes retrasos de Simón para entregar la información solicitada, desde que se le remite el oficio el 16 de abril directamente el Ministerio de Sanidad.

Según recoge el informe, el 5 de mayo un funcionario de Sanidad próximo a Simón aseguraba tener toda la información lista para entregarlas a los agentes el 11 o 12 de mayo, pero al llegar esa fecha se pospone, a pesar de asegurar desde el Ministerio "tener toda la documentación preparada a falta de la supervisión" de Simón. Después existió un nuevo compromiso del Centro para llamar a los agentes el día 20 para entregarles la documentación, extremo que nuevamente no se produjo. Y llega el día 21, cuando comparecen los agentes ante la jueza, y desde el Centro "siguen sin remitir la documentación solicitada ni ponerse en contacto por ningún medio". Ante esta situación, la jueza instó a los agentes a personarse in situ en las instalaciones del CCAES para que se les entregara todos los documentos. Una vez allí, Simón así lo hizo.

El nuevo informe también incluye parte de la conversación 'off the record' que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista de EiTB antes de ser entrevistada en la que dice que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.

Por otro lado, el informe recoge las declaraciones a la Guardia Civil de varios testigos, sobre todo de trabajadores y directivos del área de Salud y de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, cuyo titular, José Manuel Franco, declara ante la juez el próximo miércoles como imputado acusado de autorizar las manifestaciones del 8-M. De las manifestaciones de los testigos, la Guardia Civil deduce que la Delegación era ya consciente a mediados de febrero de la gravedad de la COVID-19 y, de hecho, elaboró protocolos de protección ante el virus para sus trabajadores.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado este jueves que el 8-M tuviera "evidencia científica" de la gravedad del coronavirus como para prohibir los actos de ese día. "Con el 8 de marzo, yo creo que vamos un paso más allá ¿no? Porque miremos el conjunto de actos que se celebraron en Madrid, incluso después del 8 de marzo, que hubo un concierto el día 11. Entonces, vamos a ver, ¿eh?", ha respondido Illa en su comparecencia en el Congreso al diputado de Vox Juan Luis Steegmann al ser preguntado sobre la autorización para la manifestación del Día de la Mujer.

Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Fernando Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Las acusaciones del primer informe y su filtración motivaron la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

La polémica declaración de un funcionario

Un funcionario de la Delegación del Gobierno en Madrid dice que se permitió la celebración de la manifestación del 8-M para "no alarmar" a la población y para evitar tener que "parar todo lo demás", por los efectos económicos que pudiera tener. Así se desprende de la diligencia de la comparecencia de un técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno ante la Guardia Civil, que se incluye en el segundo informe que los investigadores han entregado a la juez,en el marco de la investigación al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos al estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Según consta en el informe, este funcionario afirmó que en los días anteriores al 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria, "faltaba conocimiento sobre la tasa de hospitalización, no se informaba de ello" e indicó que "hubo una estrategia de 'no alarmar' a la población" que, en su opinión, consiguió que "no se concienciara y no se protegiera".

Así respondía a la Guardia Civil al ser preguntado, "a la vista de su especial formación en Enfermería y Sanidad Exterior", qué consideración le merece la celebración de "este tipo de reuniones/manifestaciones en fechas en que se conocían los posibles riesgos asociados al COVID-19 y en especial el día 8 de marzo en adelante".

El testigo concretó que en esas fechas "hubo muchas notificaciones y medidas contradictorias, que crearon confusión y mayor riesgo a la población. Al final, el 'no alarmar', ha provocado justo lo contrario". Añadió que "en España se ha pecado mucho de soberbia y al final ha sido muy perjudicial".

El técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales apuntó durante su declaración que no asistió a ninguna reunión relacionada con la crisis sanitaria, sino que era su superior, el jefe de Servicio, el que acude a estos encuentros y "recibe las directrices".

Asimismo, explicó que el 28 de febrero de 2020 el departamento elaboró un "documento de formación-información" sobre el riesgo del coronavirus y las medidas para prevenir el contagio y que desde la Secretaría de la Delegación del Gobierno se les encomendó "hacer algo", sobre todo por el riesgo que conllevaba la llegada de viajeros desde terceros países.

En este sentido, afirmó que la Delegación del Gobierno posee "las herramientas necesarias" para tener conocimiento de la situación del COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional porque existe el Servicio de Coordinación del Ministerio de territorialidad, con "conexión y comunicación directa con Sanidad Exterior".

Con todo ello, preguntado si "a la vista de la información relacionada con el COVID-19 existente en la Delegación del Gobierno, no le resultó extraño" que no se suspendieran las concentraciones convocadas, el funcionario manifestó que "fue todo cuestión de dinero y el no poner restricciones y no alarmar". Así, dijo que se "ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaban" porque "si paraban esas manifestaciones, tendrían que parar todo lo demás".

04jun20

Simón no difundió a las CCAA una alerta de la UE sobre el coronavirus 6 días antes del 8-M

[Fuente: República de las ideas, Agencias, Madrid, 04jun20]

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