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25may20
La jueza defiende a la Guardia Civil y tomará medidas si considera el cese una intromisión
La destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coincidió este lunes con la decisión del juzgado de Madrid para el que trabajan sus hombres de avanzar en el procedimiento sobre el 8-M. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ordenó a la Guardia Civil que elaborara los informes de la discordia en el marco del procedimiento por presunta prevaricación que sigue contra el Gobierno central, notificó a primera hora de la mañana, antes de que se conociera el cese, una providencia en la que cita para junio al delegado del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Franco, por mantener la manifestación del Día de la Mujer. Además, según fuentes jurídicas, la jueza ha avisado de que si descubre que el cese es una intromisión en una investigación, tomará medidas. La magistrada había ordenado que los agentes solo reportaran a ella y había avisado contra las filtraciones
Estas fuentes apuntan que, tras conocer la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de relevar a Pérez de los Cobos, la magistrada expresó su confianza en los miembros de la Policía Judicial que la asiste en las instrucciones. En su opinión, el atestado presentado el pasado jueves, el mismo que desencadenó el cese fulminante del jefe del Instituto Armado en Madrid, es el resultado de una "magnífica investigación". Ese informe, de unas 80 páginas y que fue adelantado por este diario, le costó el puesto a Pérez de los Cobos tras una llamada de Marlaska. Interior lo ha justificado en una "pérdida de confianza".
El ministro ya había tenido problemas antes con el instituto armado por no haber sido informado de operaciones relevantes como una contra los CDR en Barcelona. Cuando Pedro Sánchez fue preguntado por ello en un viaje oficial, demostró desconocer que existía la operación. El caso sentó muy mal en Interior y en Moncloa, porque daba una imagen de que el ministro no conocía las operaciones más relevantes de los agentes.
La magistrada no eludió la polémica en la providencia en la que ordena la comparecencia del representante del Gobierno en Madrid. Pese a respetar de forma "absoluta" las decisiones del Ejecutivo, avisa de forma velada de que ni el jefe de la unidad ni los miembros de la propia unidad pueden desvelar a terceros la deriva de sus investigaciones. Ni siquiera al ministro del Interior. En una referencia al asunto, especifica que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes guarden "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". "Solo se informará a esta magistrada-juez", lanza.
Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que, desde el primer momento en que se abrieron las diligencias a finales de marzo, la Guardia Civil tenía orden expresa de informar en exclusiva a la instructora, como especifica el artículo 15 del Real Decreto 769/1987 de 19 de junio de Policía Judicial. La norma indica que los funcionarios integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan. Añade que infringir este deber tiene consecuencias disciplinarias e incluso penales.
La magistrada no dudará en iniciar acciones en el caso de que se demuestre que la destitución ha venido provocada por la falta de información del ministro sobre el contenido del informe, que señalaba al delegado del Gobierno y mencionaba también a Fernando Simón. En caso de que le conste "de forma oficial y fehaciente" que la causa del cese tiene relación con no plegarse a contravenir estas órdenes expresas, tomará decisiones en el ejercicio de su competencia, aseguran las fuentes consultadas.
Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles, ya instruyó el caso máster que ha llevado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes al banquillo por la falsificación de un acta sobre la lectura del trabajo fin de máster y que fue desvelado por este diario. En aquel procedimiento, se dirigió al Tribunal Supremo por ver indicios delictivos en el caso de Pablo Casado.
La jueza remitió también hoy, el día en el que se ha desatado la tormenta perfecta, una carta al Ministerio en la que reflejaba la misma idea. Indicaba en la misiva que la policía judicial no sólo se rige por el citado artículo sino también por la Constitución que en su artículo 126 indica que depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Advirtió que debía autorizar el contenido de hipotéticas notas de prensa que pudieran elaborarse sobre la investigación.
[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 25may20]
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