Equipo Nizkor - El juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina.

La pieza del caso Villarejo sobre el vicepresidente segundo del Gobierno se ha vuelto en su contra. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional se prepara para pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan a que pudo cometer al menos dos delitos en el manejo de datos personales de una de sus colaboradoras. El auto en el que el magistrado Manuel García-Castellón le retira la condición de víctima del comisario no deja espacio a la duda sobre cuáles serán sus siguientes pasos. Apunta a la comisión de dos delitos, revelación de secretos y daños informáticos, y sienta las bases para elevar el procedimiento al alto tribunal.

En su parte dispositiva, el magistrado requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional "que esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas a las que pudo ser sometida" una tarjeta telefónica que le fue sustraída a la empleada de Podemos Dina Bousselham, y que, pese a ser entregada a Iglesias en 2016, tardó meses en ser restituida a su propietaria. En ese periodo, el contenido fue copiado varias veces para después destruir el soporte original. Iglesias, que reconoció que consultó los datos que contenía, es ahora aforado, por lo que la competencia para investigarle corresponde a la Sala de lo Penal del TS. El auto parece el prólogo del envío de una exposición razonada que, en un futuro, deje la instrucción en manos del alto tribunal.

Para entender el aprieto en el que se encuentra el vicepresidente hay que remontarse a 2017. Durante un registro realizado en noviembre de aquel año, los responsables de la investigación sobre el comisario hallaron en la vivienda de Villarejo un soporte de memoria con información obtenida a partir de un móvil de la colaboradora de Iglesias Bousselham. Los archivos habrían sido extraídos del teléfono a lo largo de 2016, cuando Dina ejercía como asesora. Según declaró en 2019 la pareja de Bousselham, el móvil se lo robaron a la política del bolsillo de su chaqueta cuando ambos se encontraban en el Ikea de Alcorcón.

Además de información de índole personal y fotografías comprometedoras, la memoria del aparato guardaba abundante documentación sobre el funcionamiento ordinario de Podemos y conversaciones privadas con otros dirigentes del partido. Parte de los datos afectaba directamente a Pablo Iglesias, que consideró el supuesto robo como una estrategia para dañarle públicamente. Tras abrirse una pieza separada bautizada como Dina en el marco de la causa en la que se investiga a Villarejo, el propio Iglesias declaró como perjudicado en la Audiencia Nacional que Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', le entregó la tarjeta del móvil en enero de 2016.

El auto dictado este lunes es demoledor. No solo señala el camino que conduce al alto tribunal sino que destaca diversas inconsistencias del vicepresidente y rechaza la pretensión de la Fiscalía de que la supuesta perjudicada, Bousselham, "perdone" a Iglesias en una nueva declaración judicial. Desvela que a lo largo del procedimiento se han descubierto "contradicciones" incompatibles con su supuesta posición de damnificado. Todo lo contrario, apunta, y precisa que el vicepresidente ocultó entre cinco y 36 meses un 'pendrive' con esas fotos íntimas de su asesora. También destaca que el contenido del móvil se copió y después se destruyó. Para cuando Dina recuperó la tarjeta SIM, esta estaba inutilizada.

"Nunca me ha funcionado"

Así lo reconoció ella misma en sede judicial, como refleja también el auto. "Hay una cosa que yo no conté, porque no sabía si podía contarlo, porque me lo había dicho Pablo y era una cosa confidencial. A él le intentan dar una tarjeta SIM con supuestamente fotos mías y me dice que le han intentado vender las fotos (...) yo nunca he llegado a abrirla porque nunca me ha funcionado, de hecho intenté recuperar la tarjeta SIM ", explicó antes de aportar al juez la tarjeta.

La memoria, según un informe de la Sección de Ingeniería e Informática Forense aportado al Central 6, presentaba graves daños físicos. "La tarjeta Micro-SD de la marca Samsung, de 32 GB de capacidad, aportada por Dina Bousselham al juzgado, presenta daños físicos (está parcialmente quemada), como se puede apreciar en la imagen, lo que impide que se pueda leer, y por lo tanto, no se puede realizar la imagen forense ni acceder a los datos contenidos en su interior para poder cotejarla con los dispositivos intervenidos y con los aportados por todos los medios de comunicación que publicaron noticias sobre dicha información, al ser requeridos judicialmente por ello", dice.

"La devolución a Dina de dicha tarjeta SIM no puede datarse con precisión", explica el auto. "Esta circunstancia, unida a las demás contradicciones del relato de Dina Bousselham, permite sostener que Pablo Iglesias habría mantenido en su poder la tarjeta SIM de Dina Bousselham durante un periodo que podría oscilar entre cinco y 36 meses, una vez recibida la tarjeta el 20 de enero de 2016. El periodo más breve (cinco meses) se situaría en el caso de que la devolución se hubiese efectuado en junio de 2016, y el más extenso (el de 36 meses), para el supuesto de que la entrega de la tarjeta se hubiera realizado en el mismo juzgado, el 27 de marzo de 2019", concluye García-Castellón.

Otro de los informes incorporados al auto indica que existen copias "antiguas" de los archivos pero también que al menos seis de ellos fueron copiados "el 14 de abril de 2016". "Los ficheros localizados en esta evidencia (...) fueron copiados en este 'pendrive' desde otro dispositivo" ese día y colocados bajo el título DINA 3. "Contienen multitud de información de la usuaria como datos personales, bancarios o fotografías, conversaciones". Esa copia de abril también incluía pantallazos de conversaciones de Dina con dirigentes de Podemos.

El juez trata ahora de averiguar cuándo se produjo exactamente la entrega de la tarjeta móvil de Iglesias a Bousselham y si esta la llevó o no a alguna empresa para tratar de acceder a su contenido. Las declaraciones sobre este extremo de Dina resultan contradictorias, ya que indicó en el juzgado que la envió a una compañía alemana para ver si podían abrirla pero, sin embargo, constan correos electrónicos en el procedimiento en los que queda demostrado que fue su pareja sentimental la que se dirige a una tienda de Madrid reclamando acceder al contenido.

La resolución supone un duro varapalo para Iglesias, que centró en esta causa y, en general, en los supuestos ataques de las cloacas del Estado toda la campaña electoral de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. También su expulsión del procedimiento, a pesar de que el actual vicepresidente del Ejecutivo sostenía que el comisario Villarejo y sus teóricos colaboradores sustrajeron en 2015 un móvil a una de sus asesoras en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, para filtrar la información a la prensa con la intención de atacarle. Pese a tener acceso a esos datos en enero de 2016, Iglesias nunca denunció.

Revolcón a la Fiscalía

Tampoco la Fiscalía sale bien parada en el escrito del magistrado. El juez insinúa que Anticorrupción ha llevado a cabo una maniobra para conseguir que se extinga la acción penal y, con ella, desaparezcan los delitos que indiciariamente pudo cometer Iglesias. "Al pretender la aclaración de Dina Bousselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal, respecto del cual el artículo 200.3 del mismo texto legal prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal", dice.

"De ser así", añade, "se estaría asumiendo la realidad de unos hechos que, como se ha venido exponiendo a lo largo de este auto, en este momento exigen mayor esfuerzo probatorio. En efecto, debe rechazarse la solicitud por innecesaria, por su falta de proporcionalidad, porque existen dudas más que razonables sobre la infracción cuya comisión se presume". Un desestimiento de acciones por parte de la afectada no desactivaría un futuro procedimiento si el delito de daños es intencionado. La vertiente dolosa del ilícito no admite perdón del ofendido.

La exasesora de Pablo Iglesias dejó todas sus responsabilidades en Podemos hace poco más de 10 días. Pasó de la gestora del partido en Madrid y de integrar las listas de la candidatura del líder de la formación en la tercera asamblea ciudadana de Podemos para formar parte de los órganos de dirección estatales a desvincularse para ponerse al frente de un nuevo medio, 'La Última Hora". El periódico digital, que se ofrece como estandarte de la información "veraz, libre y valiente", ha recibido el apoyo expreso de Podemos, que en un 'e-mail' a sus inscritos califica su lanzamiento como "imprescindible" y les pide apoyarlo como socios.

26may20

El juez se prepara para pedir al Supremo investigar a Pablo Iglesias por el caso Dina

[Fuente: Por Beatriz Parera, El Confidencial, Madrid, 26may20]

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