| Information |  | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
| Information | | |
Derechos | Equipo Nizkor
| ||
25abr20
Asociaciones de jueces y fiscales cuestionan la tibieza del Gobierno frente a Iglesias
Las asociaciones de jueces y fiscales esperaban ayer a que alguien del Gobierno saliese a dar la cara por la independencia judicial después de que el vicepresidente Pablo Iglesias expresara públicamente su sensación de «injusticia» por la condena de la portavoz en Madrid de su partido. Y además se hiciera eco de la idea de que en España hay corruptos que quedan impunes mientras a otros se les sentencia por parar un desahucio.
Sin embargo, que la portavoz María Jesús Montero enmarcase en la libertad de expresión esas afirmaciones, que han sublevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue una decepción para la mayoría de los consultados, que ven cómo el Ejecutivo confunde los términos porque dicen, una cosa es que cada uno pueda libremente opinar sobre cualquier asunto y otra, que desde un sillón en un poder del Estado se ponga en duda la labor de otro.
De esa libertad de crítica hablaba ya la declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expresaba su rechazo a las declaraciones de Iglesias. Decía que sus palabras iban más allá, porque estaba extendiendo «una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales». Esa era la clave del reproche y frente a ella, en foros como la Asociación Profesional de la Magistratura echan en falta más contundencia en la defensa de la independencia judicial. Para la portavoz, María Jesús Barco, «al Gobierno se le debe exigir la misma responsabilidad institucional que se le profesa» desde el Poder Judicial. Insiste en este asunto porque entiende que ya «es evidente que hay libertad de expresión» pero al Ejecutivo en su totalidad le vincula el respeto hacia el resto de instituciones del Estado. No puede, en este asunto, echar balones fuera.
Una excusa
En la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por su parte, son tajantes: «La libertad de expresión no puede ser excusa para justificar declaraciones que suponen un incumplimiento de deberes del cargo público». El portavoz Jorge Fernández Vaquero destaca que «si no se deja claro el apoyo, sino que se alude a la libertad de expresión, hay que preguntarse hasta qué punto está dispuesto el Gobierno a tolerar que por intereses políticos, coyunturales, se pongan en cuestión instituciones básicas del Estado».
De excusas habla también Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente, para quien ha quedado claro que «el Gobierno tiene un error de concepto», ya que «cuando se ostenta o encarna un poder público» las declaraciones se hacen desde esa posición. «Es muy grave», lamenta, para dejar caer que hay quienes «ahora hablan de libertad» pero cuando el toque del CGPJ se lo llevó el exministro de Justicia Rafael Catalá (PP) no lo veían así.
Ignacio González Vega, de Juezas y Jueces para la Democracia, reconoce malestar por las palabras de Iglesias. «Sus declaraciones se pueden entender en la libertad de expresión pero es evidente que no compartimos y vemos criticable que una persona ocupando un puesto en el Ejecutivo pueda poner en cuestión el sistema judicial español». Sobre cambios de postura, la del CGPJ. Critica su «criterio selectivo» y sus «escandalosos silencios» en otros casos.
Por otro lado, en las asociaciones de la Carrera Fiscal coinciden en que este no es un debate sobre la libertad de expresión porque lo que subyace, es el modo en que se ha tratado a la institución. «Es lamentable. Parece que la dinámica de este Gobierno es dejar hacer, no contrarrestar. Sabe mal que en el Gobierno no den la cara por la división de poderes y el Estado de derecho», explica Cristina Dexeus, de la Asociación de Fiscales. Insiste en la idea de que «las críticas pueden ser razonadas y razonables, pero no puede haber una injerencia con afirmaciones que ni son de recibo ni se compadecen con la realidad». «No se pueden desgastar todas las instituciones», afirma.
Cuestión de respeto
«Obviamente, dentro de esa libertad de expresión los políticos pueden hacer las manifestaciones que quieran e incluso discrepar del fallo y el contenido de un pronunciamiento judicial, pero siempre desde el respeto», añade Teresa Peramato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. Pone el acento en esa cuestión porque los miembros del Gobierno en cualquier caso «son un referente para la sociedad y tienen que ser ejemplo del respeto a otros poderes del Estado».
En la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Palladares incide en este punto: «Se puede criticar una sentencia. Tacharla de injusta es ya de por sí un término muy desafortunado, pero desde su posición de vicepresidente del Ejecutivo es una auténtica irresponsabilidad». «Si además, el Gobierno sale a defender su libertad de expresión en este asunto, me parece una barbaridadad», zanja.
[Fuente: Por Isabel Vega, ABC, Madrid, 25abr20]
Donaciones
Radio Nizkor
 | This document has been published on 04May20 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |