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30mar20
El Coronavirus sacude a España
El Coronavirus sacude a España
Después de Italia, España es el país de Europa más afectado por el coronavirus. Hasta la noche del 29 de marzo, más de 80.000 españoles han resultado infectados por el virus según datos oficiales y más de 6.700 pacientes han fallecido. La extensa prohibición de salir, que ya estaba en vigor el 14 de marzo, se ha endurecido aún más, con el resultado de que hasta el 9 de abril hay una restricción total de la libertad de circulación, de la que sólo están exentos quienes trabajen en áreas esenciales. Al mismo tiempo, el Presidente Pedro Sánchez pidió a la Unión Europea que tomara "decisiones valientes y contundentes", incluyendo los llamados "préstamos para la reconstrucción". El tono hacia los socios europeos que rechazan esta petición es cada vez más duro, al tiempo que con ello distrae la atención sobre sus propios fallos.
Dr. Wilhelm Hofmeister y Martin Friedek
España se queda quieta. La propagación del coronavirus está paralizando toda la vida pública y la economía del país. Debido al alto riesgo de infección, el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de marzo en virtud del artículo 116 de la Constitución, lo que condujo a las más severas restricciones de los derechos de la persona y de la vida pública en Europa. Desde entonces, sólo se permite salir de casa para ir al trabajo (con autorización escrita del empleador), al médico o a las farmacias y para pasear temporalmente a los perros. Cualquier otro movimiento al aire libre tiene sanción. El Congreso de los Diputados confirmó la prolongación del estado de alarma desde el 25 de marzo hasta el 11 de abril. Sólo cuatro días después, el domingo 29 de marzo, el Consejo de Ministros endureció el toque de queda una vez más. De momento, todas las empresas que todavía están trabajando deben cesar sus operaciones antes del 9 de abril. El Presidente Sánchez pidió a todos los trabajadores que se quedaran en casa y les aseguró que se seguirían pagando los salarios. Sólo las áreas realmente vitales están exentas de esta prohibición de movimiento. El Gobierno espera que esto finalmente frene la propagación del virus.
En un discurso televisivo difundido en la noche del sábado 28 de marzo, en el que anunciaba el endurecimiento del confinamiento, Sánchez pidió un esfuerzo conjunto de la Unión Europea e hizo un llamamiento urgente a los valores europeos: "La respuesta no puede ser nacional, tiene que ser europea y con todos los recursos. En el momento más crítico de la UE desde su fundación debemos remar todos juntos", dijo. Si bien acogió con satisfacción las decisiones iniciales del Banco Central Europeo, subrayó que eran insuficientes. Por lo tanto, pidió enérgicamente la emisión de bonos conjuntos, que denominó "bonos de reconstrucción", que serían el mejor mecanismo para facilitar y proteger los esfuerzos sobrehumanos de España e Italia. "Europa está en juego, no puede fracasar porque incluso los países y gobiernos más europeos, como España, necesitan pruebas de un compromiso real. Ahora es el turno de Europa". Sánchez reiteró así el llamamiento a la introducción de eurobonos en respuesta a las consecuencias económicas de la crisis, que los dirigentes de España, Francia, Italia y otros seis miembros del Sur de la UE ya habían planteado en el Consejo Europeo del 26 de marzo, pero que habían sido rechazados por los Países Bajos, Alemania y otros países del Norte. En su discurso, el Sr. Sánchez dejó claro que para el Gobierno español, una parte importante de la gestión de la crisis es responsabilidad de la Unión Europea. Esto encaja ciertamente con una evaluación realista de los limitados recursos y posibilidades del Estado español para responder a la crisis y sus consecuencias. Sin embargo, al mismo tiempo, esas declaraciones también sirven para desviar las críticas hacia la respuesta del Gobierno y su gestión de la crisis.
La propagación del Coronavirus y la extensión de las enfermedades
El 31 de enero se confirmó el primer caso de infección por Coronavirus en España. El paciente era un nacional alemán que tuvo contacto en Munich con una persona de Wuhan, el epicentro de la epidemia en la República Popular China. En febrero, el virus se propagó lentamente por España y a finales de ese mes había ya serias advertencias de una inminente ola de infecciones. Sin embargo, el Gobierno vaciló a la hora de emitir advertencias y restricciones a la libertad de movimiento porque no quería anular las manifestaciones masivas por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Había hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones de ese día, aunque el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDE) había elevado oficialmente el nivel de riesgo de infección por Covid-19 de "medio" a "alto" el 2 de marzo y había recomendado que se evitaran las aglomeraciones en Europa. No fue hasta el 9 de marzo que el Gobierno emitió sus advertencias, fijando esta fecha como la fecha oficial del comienzo de la pandemia en España. Al parecer, varios miles de personas se infectaron durante las manifestaciones, entre ellas la esposa del Presidente Sánchez, la Viceprimera Ministra Carmen Calvo y la Ministra de Igualdad Irene Montero.
Desde entonces, el virus se ha extendido exponencialmente por todo el país. La región de Madrid es la más afectada. Desde el 15 de marzo, según el Gobierno, se han realizado entre 15.000 y 20.000 pruebas diarias, especialmente en casos de enfermos graves. Hasta el momento no hay material para más pruebas. Además, el equipamiento en material y personal de los hospitales y clínicas es completamente inadecuado para la demanda actual. En España hay casi 10 camas de unidades de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, en Alemania hay 29. Faltan mascarillas respiratorias, ventiladores y trajes protectores. Los médicos y las enfermeras están completamente sobrecargados de trabajo y, debido a la falta de materiales de protección, numerosos médicos, y mientras tanto unas 10.000 enfermeras, ya se han infectado con el virus y han tenido que abandonar su trabajo. Los médicos y las enfermeras también están entre los fallecidos. Además, muchos agentes de policía y miembros de la Guardia Civil, que prestan asistencia técnica en la lucha contra el virus, se han infectado con Covid-19 debido a la insuficiencia de medidas de protección.
Circulan fotos de personas gravemente enfermas, que debido a la falta de espacio en los pasillos del hospital esperan en el suelo. En una residencia de ancianos en Madrid, se halló a los residentes fallecidos en sus camas. Los médicos se quejan de la falta de equipos respiratorios, lo que les obliga a dejar a los pacientes de edad avanzada y con menos posibilidades de recuperación a su propia suerte, optando por las personas con mejores perspectivas de recuperación. Dado que a los miembros de la familia se les prohíbe acercarse a los pacientes infectados que se encuentran gravemente, éstos mueren a menudo completamente solos.
El Gobierno nacional, y también algunos gobiernos de las Comunidades Autónomas, han intentado desesperadamente durante dos semanas comprar material en el mercado internacional. El Gobierno ha pedido incluso al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN (EADRCC), 1,5 millones de mascarillas, 500 ventiladores y 150.000 trajes protectores. El 25 de marzo, apenas dos semanas después de declarar el estado de alarma, el Ministro de Salud Salvador Illa anunció sorprendentemente que había cerrado un importante contrato con empresas chinas por valor de 432 millones de euros para la compra de 550 millones de mascarillas, 955 respiradores y 5,5 millones de tests rápidos, que se entregarán sucesivamente en las próximas ocho semanas. En vista de la evolución negativa en la dinámica del número de casos, es cuestionable hasta qué punto este período de entrega del material será realmente útil. El 26 de marzo se supo que el Ministerio de Salud estaba intentando comprar tests rápidos a gran escala en China, pero sin prestar atención a las condiciones de otorgamiento de las licencias por parte de este país. No se tuvo en cuenta una lista de empresas autorizadas que la embajada china en España proporcionó al Ministerio de Sanidad. De los 640.000 tests rápidos comprados a Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que no tiene licencia en China, en Madrid llegó a realizarse un primer tramo de 8.000 tests antes de que se anunciara que las pruebas sólo tenían un 30% de fiabilidad en lugar del 80% requerido. Los tests fueron retirados de la circulación y devueltos o cancelados. El Ministerio defendió que el material llevaba un "marcado CE" y que se había obtenido a través de un intermediario español, por lo que se asumió que funcionaba con la precisión necesaria.
Sistema de salud descentralizado
El deficiente equipamiento material del personal médico es criticado en todas partes. La asociación de enfermería ha sido de las más contundentes, preguntando directamente al Presidente Sánchez "si no siente vergüenza, indignación o miedo" cuando ve cómo las enfermeras españolas están expuestas al Coronavirus a diario y sin protección. El periódico online elconfidencial.com, ampliamente leído, escribió: "En ningún otro país el personal sanitario está tan mal protegido como lo está como consecuencia de las acciones del Gobierno español". Tales declaraciones muestran sobre todo que los nervios de muchos de los implicados en la lucha contra el virus están a flor de piel y que ya se está buscando a los culpables del fracaso del sistema de salud, que hasta ahora ha tenido bastante buena reputación.
Las deficiencias son también consecuencia de la organización del sistema de atención de salud, que, al menos desde 2002, ha sido descentralizado en gran medida. Hasta 2002, la mayoría de los hospitales se gestionaban a través del Insalud (Instituto Nacional de la Salud) (excepto en las "Comunidades Históricas" del País Vasco y Navarra). En aquel momento, el Gobierno del Presidente José María Aznar transfirió esta competencia a las Comunidades Autónomas, que desde entonces organizan su sistema de salud por sí mismas y de diferentes maneras. Aunque en las urgencias se le admitirá y tratará en hospitales de toda España, las visitas normales a un médico sólo son posibles en el lugar de residencia registrado. En principio, hay 18 sistemas sanitarios diferentes en España (17 civiles y el militar). El Ministerio de Salud nacional, por ejemplo, sigue siendo responsable de la legislación general básica, la coordinación y la supervisión del sistema de salud, la autorización de los medicamentos y el cumplimiento de los convenios internacionales. Sin embargo, el aspecto operativo ha estado en manos de las regiones durante casi dos decenios, por lo que ahora es difícil para el Ministerio de Salud nacional, a pesar del "mando único", proporcionar incluso datos operativos básicos en tan poco tiempo, ya que en la práctica la mayoría de estos datos sólo se recogen en las regiones individuales.
Con el establecimiento del "mando único", el Ministro de Sanidad Salvador Illa ha asumido la coordinación y la responsabilidad de las decisiones de política sanitaria en las 17 Comunidades Autónomas y tiene autoridad extraordinaria para emitir directivas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), del que forman parte los ministros regionales de sanidad.
Son principalmente las regiones autónomas del País Vasco y Cataluña las que critican ahora el "mando único" como una invasión de sus competencias. Galicia y Madrid también están descontentas con la gestión del Gobierno central, que en su opinión es completamente inadecuada. Las comunidades de Galicia y Madrid, ambas dirigidas por el PP, pensaron que al asumir Illa la responsabilidad general, también se ocuparía de proveer los suministros médicos que se necesitaban con urgencia. Sin embargo, durante mucho tiempo el Gobierno central se mostró reacio a hacerlo: aunque estaban en el proceso de compra de materiales, las regiones autónomas conservaron sus competencias para actuar en el mercado por sí mismas. Los presidentes regionales Alberto Núñez Feijoo (PP, Galicia) e Isabel Díaz Ayuso (PP, Madrid) informaron que, paralelamente al "mando único", trataban de encontrar soluciones a las urgencias más graves por iniciativa propia. Por ejemplo, a través de intermediarios especiales, entre los que se encuentran grandes empresas españolas, están intentando contactar con empresas de China para importar suministros médicos para sus comunidades.
Hasta ahora no se ha producido ninguna cooperación entre las Comunidades Autónomas. Cuando se le preguntó si utilizaría sus habilidades de "mando único" para trasladar a los pacientes de los saturados hospitales de Madrid a las comunidades autónomas de los alrededores, el ministro Illa dijo el 22 de marzo que aún no existía un plan en este sentido. El Gobierno regional de Madrid criticó al Gobierno central por la falta de material principalmente, pero por lo demás, tampoco ha solicitado públicamente plazas hospitalarias en los centros de los alrededores.
Medidas del Gobierno
Entre el 10 y el 17 de marzo, el Gobierno adoptó un total de tres paquetes de medidas en forma de Reales Decretos Legislativos que fueron aprobados por el Congreso de los Diputados el 25 de marzo y que tienen como objetivo reforzar las políticas sanitarias y económicas. La medida individual más importante es la provisión de 100.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito del Oficial (ICO) en forma de avales a empresas y autónomos para amortiguar la posible escasez de liquidez como resultado de la pandemia provocada por el Coronavirus. En su presentación del paquete, el presidente de Gobierno habló de hasta 117.000 millones de euros, que además se elevaron a 200.000 millones de euros debido a la "dinamización del capital privado". Esta suma equivaldría a alrededor del 20% del PIB de España. Sin embargo, no especificó en qué medida los prestamistas privados (principalmente bancos) se habían comprometido ya a proporcionar 83.000 millones de euros en avales. En el anexo se enumeran las medidas más importantes para garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas, los cambios en la legislación laboral y para los trabajadores por cuenta propia, el apoyo a las familias y los colectivos vulnerables y los gastos adicionales en el sistema de salud pública.
Algunas de las medidas afectan al derecho presupuestario y laboral español más allá del propio estado de alarma. Cabe señalar que el Gobierno se ha permitido otorgarse ciertas facultades mucho más allá del período de vigencia del estado de alarma, por ejemplo la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria (Art. 16). El Gobierno se otorga esta competencia hasta la adopción de un nuevo presupuesto, y no sólo hasta el final del estado de alarma.
Ya después de la adopción de este paquete, el Gobierno prometió más medidas. Por ejemplo, los trabajadores autónomos que no tienen ingresos debido al estado de alarma deben recibir al menos 950 euros al mes. Además, el PSOE y Podemos quieren intervenir en el mercado inmobiliario y hacer cumplir una moratoria de alquileres para los afectados. Según el modelo propuesto, los inquilinos afectados por el Coronavirus simplemente dejarían de pagar el alquiler, y el Estado promete transferírselo a los propietarios. Es de esperar que la simple llamada del Gobierno conduzca a una suspensión de los pagos del alquiler en los próximos meses y a un aumento de la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario español.
Disputa política sobre las medidas gubernamentales
El enfrentamiento político en España tampoco se detiene por el virus. El 25 de marzo la Cámara de Diputados prorrogó el estado de alarma hasta el 11 de abril por amplia mayoría y los partidos de la oposición, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, también aprobaron ésta y otras medidas y la ampliación de las facultades del Gobierno. Sólo se abstuvieron los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, ERC, JuntsxCat, CUP y EH Bildu. Sin embargo, las críticas a la gestión de la crisis del Gobierno, algunas de las cuales fueron muy duras, se expresaron desde varios sectores.
El líder de la oposición, del Partido Popular (PP), Pablo Casado, subrayó durante la sesión parlamentaria que su grupo parlamentario está de acuerdo con la continuación del estado de alarma por un sentido de responsabilidad hacia la sociedad en su conjunto. Sin embargo, criticó severamente a Sánchez por su deficiente gestión de la crisis y dijo que el Gobierno había abandonado al personal médico a su suerte, dejando a España con las tasas de infección más altas de todo el mundo en este sector. Advirtió que exigiría la responsabilidad de Sánchez una vez que la crisis terminara. Al mismo tiempo, el PP dejó claro que las decisiones adoptadas no iban lo suficientemente lejos. En línea con el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mirás (PP), Casado pidió más medidas. "Prefiero pecar de prudente ahora, que lamentar más tarde las decisiones tomadas", dijo. Al hacerlo, se centra principalmente en la actividad económica del país, que el PP considera que debería restringirse aún más. Así pues, el PP adoptó un punto de vista diferente del de muchas asociaciones patronales y de empresarios, que temen las consecuencias económicas del estado de alarma. Tan pronto como Sánchez anunció el endurecimiento del confinamiento el 28 de marzo, el Secretario General del PP, Teodoro García Egea, señaló que su partido ya había pedido ese endurecimiento durante la sesión parlamentaria, pero que el Gobierno lo había rechazado.
El líder del partido nacional populista conservador VOX, Santiago Abascal, quien ya se ha recuperado de una infección por Coronavirus, atacó frontalmente a Sánchez. "Ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal y los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión", acusó a Sánchez. A pesar de ello, su grupo también dio el acuerdo a mantener el estado de alarma "por responsabilidad nacional", ya que una supuesta actitud de bloqueo podría tener consecuencias imprevisibles en las contramedidas médicas y económicas ya aplicadas.
Inés Arrimadas, la nueva líder del partido de centro-liberal Ciudadanos, fue más conciliadora, destacando que para su partido, a pesar de los conflictos previos con el PSOE y con Unidas Podemos, el sentido de la responsabilidad y el sentido de estado son la base para apoyar al Gobierno. En consecuencia, Ciudadanos también aceptó la continuación del estado de alarma e incluso ofreció a los socialistas la posibilidad de elaborar conjuntamente unos presupuestos de crisis.
Los partidos nacionalistas PNV, EH-Bildu, ERC, Junts y CUP se oponen a una estrategia nacional y protestan contra el "mando único" porque ven limitadas las competencias de sus comunidades. Aunque el Partido Nacionalista Vasco PNV votó por la continuación del estado de alarma, anunció que exigiría responsabilidades una vez que la crisis se superara.
El presidente regional catalán, Quim Torra, intentó internacionalizar la crisis y aumentar la presión sobre Sánchez para obtener poderes especiales que le permitieran cerrar Cataluña. Con este pretensión, escribió cartas al Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Ursula von der Leyen apoyó al Presidente Sánchez, señalando que era competencia del Jefe del Gobierno español decidir qué medidas debían tomarse en cada una de las Comunidades Autónomas del país.
Los medios de comunicación, que de todos modos son críticos con el Gobierno, tildan continuamente como tardías e inadecuadas y con la dureza habitual, la respuesta a la oleada de contagios y la gestión de la crisis por parte del Presidente y su gabinete. Motivo especial de crítica fue el hecho de que el Consejo de Ministro, en su reunión del 14 de marzo, en la que se anunció el estado de alerta, no fue capaz de llegar a un acuerdo sobre nuevas medidas incluso tras de siete horas de deliberaciones y ello debido a la nada desdeñable controversia y a la disputa sobre las competencias entre los dos partidos de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Las medidas no se acordaron hasta tres días después. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, asistió a esa reunión del Consejo de Ministros como segundo vice-primer ministro, a pesar de estar en cuarentena por el contagio de su pareja, la Ministra para asuntos de la mujer, Montero. Este hecho fue también comentado como un mal ejemplo para el público, ya que se había aconsejado a los ciudadanos que mantuvieran la cuarentena. No obstante, Iglesias luchó por sus competencias mientras los ciudadanos esperaban una decisión. Él y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, también de Unidas Podemos, hicieron varios anuncios que no habían sido votados en el Consejo de Ministros. Errores como la compra de tests de detección inadecuados y la dramática propagación del virus están enturbiando la percepción del Gobierno en relación con la gestión de la crisis. Como resultado, en algunos distritos de Madrid y en otras ciudades se hacen "caceroladas" todas las tardes a las 21 horas, después de los aplausos de las 20 horas para el personal médico y de emergencias - los ciudadanos golpean ollas y sartenes con cucharas de madera para expresar sus críticas al Gobierno. En su discurso del 19 de marzo, el rey Felipe VI pidió que se dejaran de lado las divergencias habituales y que la crisis se afrontara con unidad y objetivo común. Pero la disputa entre las partes continuará y es de esperar que se recrudezca con mayor intensidad una vez que la oleada de infección haya disminuido.
Impacto en la economía española
En enero, la Ministra de Economía, Nadia Calviño, había previsto un crecimiento económico cercano al 2% para el año 2020. Basándose en las cifras satisfactorias, quería reducir aún más la nueva deuda y la deuda pública. Estos objetivos no pueden mantenerse debido a los últimos acontecimientos.
Standard&Poor's Global Rating prevé un crecimiento negativo del PIB español del -1,8% para el año 2020 debido a la crisis del Coronavirus y al confinamiento asociado al mismo, que también debería tener un impacto muy negativo en el mercado laboral. Hasta ahora, S&P ha pronosticado un buen crecimiento moderado del +1,7% para 2020 (28 de noviembre de 2019). Sin embargo, S&P mantiene su calificación para España, ya que la agencia asume que la economía podrá compensar las pérdidas al año siguiente y crecer en un +3,1%.
Goldman Sachs publicó el 24 de marzo una previsión según la cual la economía española se desplomará un -9,7% y la nueva deuda neta aumentará hasta el +10,0% en 2020. Por otro lado, la economía crecerá de nuevo en un +8,5% el próximo año. Las previsiones actuales de Goldman Sachs para la zona euro en su conjunto están exageradas; según las mismas, la zona euro se contraerá en un -9,0% de media en 2020 y volverá a crecer un +7,8% en 2021. Según estas cifras, la nueva deuda neta de Francia, por ejemplo, también será de +7,3% este año. Aunque estos pronósticos sean posiblemente demasiado pesimistas, la Ministra de Economía Calviño ya está preparando a la población española para un descenso significativo. Resulta ya evidente que el confinamiento del mes de marzo tendrá un impacto muy negativo en la economía.
El 12 de marzo de 2020, el IBEX 35 español, el mercado de valores en el que cotizan las 35 mayores sociedades anónimas españolas, registró la mayor pérdida porcentual de cotización en un solo día hábil, el 14,06%, cayendo a 6.390,9 puntos. El índice se mantuvo en este nivel bajo en el punto álgido de la crisis económica en 2012, cuando alcanzó 10.083 puntos el 19 de febrero de 2020, lo que representaba dos tercios de su máximo histórico de noviembre de 2007. Las pérdidas en el mercado de valores de las últimas semanas también han llevado al Gobierno a insertar un pasaje en el Decreto 8/2020 para proteger a las empresas infravaloradas de una adquisición hostil.
Los representantes de las empresas temen las consecuencias del cierre de la mayoría de éstas y, si se supera el pico del contagio, esperan que se pueda reanudar el trabajo en algunos sectores después de Pascua. Javier González Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y vicepresidente de la patronal nacional CEOE, advirtió: "Si lo paramos todo griparemos el motor de la economía". La profesión médica también teme que la recesión prevista para el sistema de salud pública sea tan grave, o incluso mucho peor, que la propia pandemia.
El llamado a la solidaridad europea y a los "Coronabonos".
Durante el Consejo Europeo del 26 de marzo, España, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, Portugal y Eslovenia, entre otros, pidieron la introducción de "coronabonos" como forma de limitar las consecuencias económicas de la crisis del Coronavirus. Los jefes de gobierno de estos países creen que esto enviaría una señal de unidad, solidaridad y coordinación a los mercados. Entre los partidarios se encuentran tres de las cuatro economías más grandes de la zona euro, con alrededor de 200 millones de personas. Pedro Sánchez y el resto de los líderes argumentaron que la crisis del Covid 19 está afectando a todos los estados miembros y, por lo tanto, todos los países de la UE se beneficiarán si la crisis se supera lo antes posible en toda la UE. El Sr. Sánchez también propuso el lanzamiento de un "Plan Marshall" europeo de inversión pública y un fondo europeo para las prestaciones de desempleo que complementen las nacionales.
Los países del norte de la UE, sobre todo Alemania, Holanda y Austria, rechazaron la propuesta de introducir "coronabonos". En España este rechazo es muy criticado por los medios de comunicación cercanos al Gobierno y sus creadores de opinión. El periódico "El País", por ejemplo, en su número del sábado 28 de marzo, presentó en su portada a Pedro Sánchez como el heroico defensor de los intereses españoles, que rechazó un compromiso propuesto por el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, por considerarlo inaceptable, y dijo a la canciller alemana: "Angela, debes entender el estado de emergencia que estamos viviendo". En la página de comentarios, se acusa a los líderes europeos de indecisión en cuanto a las medidas a tomar ante la amenaza de recesión. Los países nórdicos de la UE, encabezados por los Países Bajos y Alemania, estarían a favor de la espera, mientras que los países del Sur habrían hecho la propuesta correcta y sensata de poner en común (comunitarizar) la deuda en forma de eurobonos. Se menciona, sin embargo, que la Canciller alemana, a diferencia del premier holandés Rutte, no formuló su rechazo a este instrumento de manera tan estricta y no cerró completamente la vía para ello. Aunque los países reacios del Norte no tenían ningún plan para responder a la crisis, la propuesta presentada por España, Francia e Italia era concreta y sensata: la introducción de eurobonos, un presupuesto ampliado de la UE para 2020 y 2021 y una estrategia de inversión común para revitalizar las economías de Europa. En su discurso televisado del mismo día, mencionado más arriba, Sánchez repitió el llamamiento a la emisión de los eurobonos, que ahora llamó "bonos de reconstrucción".
La ofensiva periodística del Gobierno, que también es apoyada por los medios pro-gubernamentales, tiene dos objetivos: por un lado, sirve para desviar las críticas mencionadas anteriormente a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Sin embargo, por otro lado, la iniciativa española en Bruselas es en realidad una expresión de la urgente necesidad de solidaridad europea. Es previsible que el país no disponga de los recursos financieros necesarios para evitar un colapso económico masivo con un fuerte aumento del desempleo. Por eso se necesita ahora la solidaridad europea. España, junto con Francia, Italia y otros países, aumentará la presión para que el Consejo Europeo de Jefes de Gobierno adopte un conjunto de medidas que proporcionen un apoyo masivo a los países particularmente afectados por la crisis, más allá de la oferta de recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Anexo: Medidas adoptadas en España en respuesta a la Corona-crisis
(Aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2020).Garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas
- La medida individual más importante es la provisión de 100.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en forma de avales a empresas y autónomos para amortiguar la posible escasez de liquidez como consecuencia de la pandemia del Coronavirus. En su presentación del paquete, el Presidente habló de hasta 117.000 millones de euros, que además se elevaron a 200.000 millones de euros gracias a la "dinamización del capital privado". Esta suma equivaldría a alrededor del 20% del PIB de España. Sin embargo, no especificó en qué medida los prestamistas privados (principalmente bancos) se habrían comprometido ya a proporcionar los 83.000 millones de euros en avales.
- El Gobierno tiene la facultad de controlar la adquisición de participaciones significativas en empresas de sectores estratégicos y somete las operaciones de adquisición a su aprobación. Esta medida tiene por objeto evitar la liquidación de la economía nacional en caso de que el IBEX35 se derrumbe inesperadamente.
- El límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se ampliará en 10.000 millones de euros con el fin de facilitar liquidez a las empresas y a los autónomos mediante la intermediación de las entidades financieras "de forma flexible y no burocrática".
- La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) pondrá a disposición del sector exportador 2.000 millones de euros en concepto de préstamos de puesta en marcha tan pronto como la economía vuelva a ponerse en marcha.
- Las Comunidades Autónomas y los entes locales disponen de otros 600 millones de euros para financiar las prestaciones básicas de los Servicios Sociales para los colectivos socialmente vulnerables. La mitad de esta cantidad se destinará a un fondo de contingencia de las Comunidades Autónomas para la atención a personas mayores, personas sin hogar y en residencias de mayores. El otro 50% no consiste en una entrada real de fondos. En su lugar, el Gobierno permite a los municipios gastar los excedentes generados en los últimos años hasta un total de 300 millones de euros, siempre que los inviertan en partidas de atención social.
- Las empresas pueden y deben permitir el trabajo a distancia cuando sea posible.
- Hay varias medidas de apoyo a disposición de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para ayudarlas a adaptarse al entorno digital mediante el programa "Acelera", dotado con 250 millones de euros. Este programa financia subsidios para la investigación y desarrollo en tecnologías de la información (compra de equipos o soluciones en materia de tecnología de la información).
- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprueba una línea específica de financiación de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y los trabajadores autónomos del sector turístico y actividades conexas.
- Las empresas, incluidas las PYMES, pueden aplazar la devolución de los préstamos que hayan recibido del Ministerio de Industria.
Cambios en la legislación laboral y para los los trabajadores autónomos
- A aras de conciliar la necesidad de reanudar la actividad económica lo antes posible con una reducción temporal de los costes de las empresas afectadas, se simplificará el procedimiento de suspensión temporal de los contratos de trabajo (ERTE), al tiempo que los trabajadores afectados conservarán sus derechos y garantías. Todos los ERTEs han de tener su justificación directa en los efectos del Coronavirus y en las medidas gubernamentales, de lo contrario no están permitidos.
- Los trabajadores afectados por un ERTE pero que no cumplen los requisitos para el pago de la prestación por desempleo tendrán derecho a la misma.
- Los demás derechos a la prestación por desempleo no se ven afectados por este período excepcional.
- Los empleados tienen derecho a atender a los familiares afectados por el Coronavirus, y, en casos debidamente justificados, tienen derecho a ausentarse hasta el 100% de su tiempo de trabajo sin que puedan ser despedidos.
Apoyo a las familias y colectivos vulnerables
- Una moratoria en los pagos de la hipoteca (respecto de las propiedades inmobiliarias registradas como residencia principal) para aquellos prestatarios (privados) que han sufrido pérdidas de salario como resultado de la pandemia por Coronavirus, o han perdido sus trabajos. Esta decisión afectará directamente a los balances de las instituciones de crédito.
- Un programa gubernamental de 300 millones de euros debe proporcionar apoyo presupuestario a las personas mayores y gente necesitada.
- La situación de los funcionarios y servidores públicos en aislamiento preventivo se asimilará a la baja por accidente de trabajo (según lo que se aplicó el 10 de marzo para empleados en el sector privado).
- El derecho a la prestación por desempleo está sujeto a una renovación semestral, sin necesidad de presentar una solicitud de prórroga. De la misma manera, se mantiene el pago de los subsidios por desempleo por la falta de prestación de la Declaración Anual de Rentas en el caso de personas beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.
- Incluso en caso de impago, el suministro de agua, gas y electricidad, así como los servicios de telecomunicaciones para consumidores en situación de vulnerabilidad, no puede ser interrumpido.
Gastos adicionales para el sistema de salud pública
- Anticipo de 2.800 millones de euros a las Comunidades Autónomas para que puedan satisfacer las necesidades inmediatas de sus sistemas de salud.
- Establecimiento de un fondo de emergencia de 1.000 millones de euros para el sistema de salud pública con el fin de cubrir los gastos excepcionales incurridos como consecuencia de la crisis del Coronavirus.
- Regulación de los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud (en casos excepcionales, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos puede establecer cantidades máximas para la venta de determinados medicamentos y productos).
- Subvenciones para el desarrollo de medicamentos y vacunas que contribuyan a contener los efectos de futuros brotes.
[Fuente: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., Auslandsbüro für Spanien und Portugal, Informe país marzo 2020, 30mar20. Traducción no oficial de la versión original en alemán realizada por el Equipo Nizkor el 08abr20]
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